Por: Carlos Mira
Finalmente la esperada decisión de la Corte norteamericana sobre la deuda argentina con los holdouts se dará a conocer en la jornada de hoy.
Recordemos que por “fallo favorable” se pueden entender dos decisiones de la Corte: que se quede con el caso para entender ella en la cuestión y revisar lo decidido por Griesa (alternativa de máxima) o que haga una consulta derivada al gobierno del presidente Obama por la vía del “Solicitor General”, un equivalente a nuestro Procurador General.
La peor de las alternativas para la Argentina sería que una mayoría decisiva de los nueve jueces supremos remita las actuaciones nuevamente al tribunal que ya entendió en ellas, en una suerte de respaldo a lo fallado en primera instancia.
Recordemos que Griesa dispuso que la Argentina debía pagar a los demandantes de los fondos que no entraron en los canjes de deuda. ¿El total de lo reclamado en ese juicio? Unos 1330 millones de dólares.
A partir de ese fallo se suscitaron distintas interpretaciones –más allá de activarse las apelaciones que aún están en danza, la primera de las cuales respaldó lo fallado por el juez del circuito sur de New York- que plantearon interrogantes sobre cuál sería la situación del país frente a los acreedores que sí se acogieron a las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.
Si el país a consecuencia del fallo debía pagarles a los holdouts el 100% de sus acreencias, entonces muchos supusieron que, por los protocolos de los bonos emitidos como consecuencia de los canjes, la Argentina debería igualar esas condiciones a los tenedores de los bonos nuevos, es decir, aquellos que entraron voluntariamente a los canjes. Obviamente semejante opción sería catastrófica porque implicaría tener que pagar los valores originales de la deuda al 100%.
Otros entendieron que semejante alternativa no sería aplicable porque las condiciones bajo las cuales el país se obligó a igualar ofertas tenían que ver con mejoras voluntarias ofrecidas por la Argentina y no aquellas derivadas de la obligación de cumplir un fallo judicial. Esto es, el país se vería en la obligación de tratar a los acreedores del canje igual que a los holdouts en la medida en que las mejores condiciones dadas a éstos fueran otorgadas voluntariamente por el país y no por el cumplimiento de una sentencia.
Una tercera alternativa de interpretación –que es a la que parece apuntar el gobierno- es a un plazo establecido en los protocolos del canje que indica que la obligación de la cláusula “pari pasu”, caduca en diciembre de 2014. Es decir, si el país lograra que a diciembre de este año los holdouts no tuvieran un fallo definitivo favorable a que se les pague el 100%, no cabrían ya dudas de ninguna especie de que la Argentina no debería pagar el total que los acreedores que entraron al canje resignaron por el hecho de acogerse a ese ofrecimiento. A partir de allí, el gobierno podría mejorar incluso voluntariamente las condiciones de cobro de los holdouts sin que los acreedores que entraron al canje pudieran reclamar nada.
La postergación de la decisión de la Corte Suprema cobra importancia a la luz de lo declarado por el juez Griesa hace unas semanas. En esa ocasión, el juez dijo que la Argentina no había mostrado ninguna voluntad de pago y que al contrario, había amenazado con rebelarse contra lo dispuesto por la Justicia; que en ningún caso se había acercado al juzgado para explicar las razones por las cuales no podía pagar en los términos del fallo y para ofrecer distintas opciones que, por otro lado, habrían sido recibidas y analizadas con gusto.
Si la Corte estuviera cerca de interpretar la cuestión en términos parecidos, esto es, que si bien se comprende que el país no pueda pagar de modo perentorio todo lo que se le reclama, sí sería ajustado a derecho que presentara opciones para tratar de solucionar el problema, no caben dudas de que esa decisión sería interpretada como un duro golpe judicial para el gobierno y para los planes financieros del equipo que preside Axel Kicillof.
Más allá de estas especulaciones, lo más probable es que los jueces pidan el auxilio del Procurador para terminar de decidir esta cuestión más adelante. En ese caso un primer objetivo del gobierno –el ganar tiempo- se habría cumplido. Una vez que el tema deje una órbita estrictamente judicial (en donde el país lleva claramente las de perder) para pasar a otra más política, en donde las consideraciones fácticas cobren un peso del que carecen en los estrados judiciales, las posibilidades de un final que favorezca a la Argentina crecen.
La presidente el otro día se refirió a la declaración británica en el sentido de lo negativo que sería un fallo que desconociera un proceso de renegociación de deuda como el que la Argentina abrió en 2005 y 2010. En efecto, la confianza en la validez final de lo acordado en procesos como ese entraría seriamente en dudas, sea cuales sean los países que de ahora en más pudieran verse en una situación similar.
Hay que esperar un poco más entonces para develar el misterio. Aunque la reacción de los mercados locales a mitad de semana fue muy sintomática como para que, de golpe, todo se vuelva tan oscuro.