Días de preocupación

El día lunes tuvo una clara división en lo que hace a la información importante. La mañana estuvo dominada por el súbito renacimiento del apuro presidencial por sancionar el nuevo Código Civil y Comercial y la tarde por la decisión de Griesa de declarar al país en desacato. Comentaremos brevemente ambas noticias.

Empezaremos por el final (es decir lo que ocurrió por la tarde). Finalmente el juez Thomas Griesa decidió declarar en desacato a la Argentina por no cumplir con la sentencia que la obliga a pagar el juicio a los holdouts.

Se trata de una decisión en gran medida simbólica, aun cuando tendrá un impacto pecuniario en el país que aún no conocemos.

Pero sin dudas, frente a la comunidad internacional y a todos los efectos prácticos de avanzar en el mejoramiento de la situación relativa del país, es un serio paso atrás. Continuar leyendo

Una crisis agravada por la demagogia interna

No fue bueno el resultado de la audiencia de ayer en la que el juez Thomas Griesa decidió no reponer el stay que le permitiría a la Argentina liberar el pago a los acreedores de los canjes 2005 y 2010.

El Juez incluso pareció endurecer su posición al no permitir ni siquiera que los acreedores en sede no neoyorquinas y en monedas que no son el dólar (euros y yenes, por ejemplo) cobren sus acreencias de los giros argentinos.

Y volvió a tener consideraciones verbales acerca de la no contribución a la solución del problema que hacen las declaraciones del gobierno argentino. Es decir, se está dando la enorme paradoja de que las soluciones judiciales están siendo impedidas por la “política”, justamente lo contrario de lo que esperaba la Presidente y el ministro Kicillof, es decir, que la “política” finalmente pesara más que la aplicación pura y simple del Derecho.

Griesa mandó a seguir las negociaciones con el special master Dan Pollak pero no insinuó de su parte una intención de “tirarle una soga” a la Argentina.

El día lunes se produjeron algunas declaraciones en el mercado que contrastaron con los números. El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, dijo que si al 30 de julio no se arreglaba la situación con los holdouts y se caía en default “no pasaba nada”. Los mercados no pensaron lo mismo que anticiparon cierto “empiojamiento” de la cuestión y cayeron fuertemente.

Está claro que el viernes 1 de agosto no “va a ocurrir nada” puntualmente catastrófico. Ese día el país amanecerá como puede hacerlo pasado mañana. Pero a partir de la caída del periodo de gracia que está corriendo desde el 30 de junio, se podrían activar en los próximos 60 días mecanismos muy peligrosos para la situación financiera del país.

Uno de ellos es el que se conoce como “aceleración de los vencimientos” que los acreedores de los canjes podrían pedir para que se les pague de una sola vez todo lo que se les debe, sin respetar ya los plazos ofrecidos por el país. Ese peligro solo podría ser detenido si la Argentina lograra convocar la voluntad de un 50% de los acreedores reestructurados que votaran la “no-aceleración”.

Pero, como está de más aclarar, eso implicaría entrar en un proceso muy complejo y lento que no detendría el deterioro de la situación financiera y comercial exterior del país.

Lo que también parece desprenderse de la audiencia de hoy es que el juez Griesa parece haber entrado en un juego de respuestas a las bravuconadas del gobierno argentino tomando decisiones que lo perjudican (sin olvidar claro está que ese perjuicio no se verifica en las “personas” de los gobernantes, sino en la situación de cada uno de nosotros).

La desesperación local por la cláusula Rigths Upon Future Offers (RUFO) está haciendo perder de vista las mejores opciones disponibles. Si bien es cierto que la reposición de una cautelar aliviaría el pago a los bonistas, manteniendo el canal con Pollak, la siguiente mejor opción, si esa se complica, es pagar los U$S 1330 millones y terminar con la posibilidad del default. La RUFO no se gatillaría en ese caso porque claramente el pago sería la consecuencia de una sentencia obligatoria y no de la voluntad libre de la Argentina.

No es cierto que de esa jugada se deriven una catarata de juicios millonarios ipso facto. Pagado Singer y el fondo Elliott, quedaría algo menos del 6% de deuda sin verificar. Gran parte de esos acreedores jamás dieron muestras de vida. Es más, en el mercado financiero se cree que muchos han muerto en posesión de los bonos y que otros se han olvidado simplemente de la existencia del país y de sus acreencias. Aunque pueda parecer raro, esto es lo que se sabe y comenta en los mercados financieros internacionales. De modo que las cifras tremendistas que el gobierno maneja en algunos medios cercanos a sus posiciones son irreales.

Por otra parte, el pago detendría los intereses diarios que Griesa ha establecido por cada 24hs que pasan sin pagar. Se tratan de U$S 200000 por día. A este ritmo no se sabe que actitud sería la más inteligente, si seguir pateando esto hacia el futuro o darlo por terminado con un pago.

Para un país cuyo PBI es de U$S 500.000 millones, U$S 1330 millones no parece ser una cifra que vaya a desequilibrarlo, más teniendo en cuenta los beneficios que se abrirían y, fundamentalmente, los perjuicios que se evitarían.

Que el Gobierno no esté haciendo esto para pagar menos no es posible por el ajuste de intereses que ya vimos y por los antecedentes de las conductas oficiales frente a Repsol y frente al Club de París.

Con lo cual cada vez más se afianza más la idea de que la Presidente ha hecho de ésta otra causa para desarrollar una estrategia de demagogia interna. Sabe que ciertos sondeos arrojan como resultado que la gente se ha comido el “caramelito” de los “buitres” y todo ese verso nacionalista y patriotero y está decidida a explotarlo. Como si fuera poco le envía señales al mundo de que su alianza es con las autocracias sin Estado de Derecho de Rusia y China y no con las democracias de Poder Judicial independiente. Nada bueno saldrá de esto.

No se sabe muy bien por qué la Argentina entró en esta espiral (o tal vez sí) pero lo cierto es que los platos rotos los pagaremos todos.

De nuevo ante la realidad

Terminó el Mundial y con él se fue el magnetismo, aunque sea temporal, que provocaba el avance de la selección argentina hacia la final. Durante un mes los problemas del país se agudizaron. Tanto desde el punto de vista económico como desde el político, los inconvenientes por los que atraviesa la Argentina están hoy peor que cuando Brasil y Croacia dieron comienzo a la Copa del Mundo en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

El gobierno especuló con que la anestesia futbolística de un equipo que se afianzaba en el torneo iba a ser suficiente para que los problemas desaparecieran o, al menos, fueran dejados en un segundo plano. Pero cometió el error de caer él mismo en la ensoñación y, en lugar de trabajar para cortar el deterioro, también pareció caer en la tentación de que todo se solucionaría por la inspiración de Messi y el sacrificio inacabable de Mascherano.

Durante el Mundial se consumió la mitad del tiempo que el país tenía para no caer el default. El 31 de julio ocurrirá esa debacle si antes no se llega a un acuerdo de ejecución de sentencia del fallo del juez Griesa con los holdouts, que ganaron el juicio en New York.

El ánimo negociador del gobierno no ha sido hasta ahora el mejor. Aferrado a una visión ilusionista del asunto, sigue vociferando la parcialidad del juzgado y juntando apoyos “políticos” como si creyera que eso efectivamente producirá algún resultado que tuerza la suerte judicial. Kicillof y la Presidente parecería que no entienden que la Justicia ya se ha expedido y que ese hecho no podrá ser cambiado por discursos efectistas. Si bien el gobierno tiene una larga tradición de no acatar las decisiones condenatorias de la Justicia argentina, esa conducta no es trasladable a lo que sucede en Estados Unidos y en el mundo. Nadie concibe la idea de que, simplemente, un “condenado” diga “no voy a cumplir lo fallado por el juez”.

El gobierno podrá reunir voces de simpatía de la OEA, de Putin, de Maduro, de la UNASUR, de quien sea, pero eso no lo eximirá de entregar alguna salida que le permita decidir a Griesa que lo fallado en su sentencia se ha cumplido. Y los avances en ese sentido son lentos. El gobierno entiende que cualquier movida suya que dé la imagen de que los holdouts se salieron con la suya es una especie de capitulación final, una derrota en una guerra que fue el propio gobierno quien la inventó.

No se entiende la diferente actitud que la Presidente ha tenido en este asunto respecto de la que tuvo con el CIADI, con Repsol y con el Club de París. En todos esos casos terminó pagando más de que lo que podría haberse conseguido bajo otras condiciones de negociación con tal de terminar con el asunto y desligarse de su vinculación con esos organismos o empresas. El caso del Club de París, por ejemplo, con el capricho de que no intervenga el FMI nos costó más de U$S 3000 millones sin ton ni son.

El el ámbito interno, la situación del vicepresidente Boudou que, justo es decirlo, no fue abandonada desde el punto de vista informativo por la influencia de la fiebre mundialista, tampoco alcanza a ser abordada con altura y conciencia.

La Sra. de Kirchner ha dispuesto un férreo sostenimiento del Vicepresidente con el acto cúlmine de hacerlo presidir los festejos del 198 aniversario de la Declaración de la Independencia, provocando la incomodidad de todos, propios y extraños.

La situación judicial de Boudou empeorará en los próximos días con otro probable procesamiento y con mayores revelaciones en el caso Ciccone. Dos hechos que aparecían vinculados por alguno de sus protagonistas pero que hasta ahora no tenían una relación causal -Ciccone y el caso de la renegociación de la deuda de Formosa con la Nación- parecen finalmente conectarse con la ruta del dinero: la Justicia tendría probado que fueron los fondos formoseños los que justamente se usaron para hacer el primer depósito que produjo el levantamiento de la quiebra de la imprenta a favor de su nuevo dueño, The Old Fund, la misma firma que había “asesorado” a Insfrán para que renegocie su deuda con el ministerio de economía que, por entonces, presidía Boudou.

Al mismo tiempo, el deterioro económico cotidiano, las trabas al fluir operativo del trabajo de las personas comunes, la inflación, el cerramiento cambiario, la falta de pago de importaciones, la caída del mercado de autos, inmobiliario, del consumo de la clase media, el aumento de las suspensiones y despidos, la caída del precio de la soja y una proyección de conflictividad gremial creciente, hacen ver lejano el horizonte electoral de 2015. La velocidad del empeoramiento de las condiciones tiene una discordancia evidente con el tiempo que falta para que el pueblo sea llamado a expresarse.

Por eso es preciso que la Presidente tome conciencia rápida de los tiempos y de los valores en juego para disponer acciones que resuelvan la cuestión de los holdouts y deje de proteger políticamente a quien le está causando un serio daño a las instituciones. Del mismo modo, sería ideal que utilizara el tiempo que le queda en el gobierno para deshacer la enorme maraña de trabas en que ha transformado al simple hecho de trabajar en el país, para que, quien tenga que sucederla, encuentre parte del camino hacia esa liberación ya iniciado y en consecuencia la carga para todos nosotros sea más liviana.

Pero, obviamente, sabemos que esperar esto es ingenuo. La presidente sostendrá hasta último momento un modelo colonial de administración que nos ha condenado a la escasez, al aumento de las villas miseria y a la pérdida de una enorme oportunidad mundial. Una oportunidad tan grande como la que tuvimos el domingo en el Maracaná de Río de Janeiro, con la única diferencia que esa se escapó no por nuestras propias torpezas.

De víctimas a responsables

La Argentina daría un paso enorme hacia la confiabilidad, la normalidad y, en suma, hacia la tranquilidad, si la presidente Cristina Fernández de Kirchner dejara de hacer comentarios llenos de indirectas, demagogias baratas, pero especialmente victimizaciones infundadas.

El lunes, en ocasión de anunciar un plan (Pro.Cre.Auto) por el cual se otorgan condiciones especiales para comprar autos 0 KM en cuotas de hasta 60 meses, la Presidente no se privó de hacer algunos comentarios como de soslayo -que justamente es lo peor del caso- respecto al tema de la deuda con los holdouts.

Primero dijo: “Siempre estamos en la cancha, aunque algún árbitro nos quiera bombear”, una obvia indirecta al juez de la causa, Thomas Griesa, quien prácticamente, por los términos que la propia Argentina escribió en los protocolos de los bonos de aquella deuda vieja y por cómo se comportó luego del default y –particularmente- con las disposiciones unilaterales que decretó en los canjes de 2005 y 2010, tenía la sentencia escrita aun antes de abocarse al estudio del caso.

La legitimidad de los títulos era tan clara y la discriminación consumada por la Argentina tan obvia que al “arbitro” (como metafóricamente lo denomina la Sra. de Kirchner) no le quedaba otra salida más que fallar como lo hizo. Nadie bombeó a nadie aquí. O, al menos, no lo hizo el juzgado de Griesa de acuerdo a las pruebas documentales que tenía enfrente.

El gobierno sí intentó “bombear” a parte de aquellos a los que ahora sugestivamente ya no llama “buitres” sino “acreedores” o “holdouts”, con la inconcebible -pero muy sugestiva- “ley cerrojo”. Sugestiva porque su sanción puso de manifiesto hasta donde el país creía realmente que podía ponerse en posición de establecer las condiciones en las que iba a pagar. Se trató de un monumental acto de soberbia: “Te sanciono la ‘ley cerrojo’ y listo, si no entraste al canje no existís, no te registro, no te voy a pagar nunca porque para mi pasaste a estar directamente borrado del mapa”.

El kirchnerismo no entiende que el mundo no se maneja así. Cree que puede ir con estas bravuconadas y el mundo se lo va a tolerar. No lo va a hacer y no lo hizo. Entonces, cuando esos jueces llegan a las sentencias lógicas que se desprenden de los propios documentos firmados por la Argentina en uso de sus facultades soberanas, dice que el “arbitro es un ‘bombero’”.

¿Por qué en lugar de seguir utilizando el tiempo para hacer demagogia no instruimos a la gente sobre cómo son las cosas en el mundo? En la Argentina hemos malacostumbrado a todos a una suerte de interpretación “elástica” de la ley y de la Constitución.

Anteyer, el abogado especializado Horacio Liendo planteó el tema directamente en términos de que en la Argentina está suspendida la vigencia de la Constitución para varios sectores desde la crisis de 2001, y que su validez plena no ha sido repuesta; que seguimos viviendo bajo un estado de excepción en donde son las razones de Estado y no las garantías constitucionales las que gobiernan el país.

En efecto, la Corte de nuestro país perdió la oportunidad de reponer la vigencia de esa arquitectura cuando declaró que el reconocimiento de derechos a acreedores que no entraron al canje iba en contra del “orden público argentino”, consolidando la concepción de la supremacía del Estado sobre los derechos individuales.

Parte de la sentencia de Griesa sobre la arbitrariedad de la discriminación entre acreedores -según el bono que tuvieran- se basó precisamente en que la postura argentina no era algo sostenido “solo” por el gobierno sino que los otros dos poderes (el Legislativo con la ley cerrojo y el Judicial con decisiones como ésa) habían dado señales claras de que el Estado de Derecho, como sistema protector de garantían individuales, no estaba vigente en el país, por lo que los individuos que se veían afectados debían contar con la protección de su corte.

En el mismo sentido de creer que la victimización sigue siendo una opción discursiva válida, la Presidente -siguiendo con las analogías futboleras- dijo: “Necesitamos salir a la cancha con un equipo, yo puedo ser la arquera y acá estamos atajando goles”.

Esos “goles” hubieran sido completamente innecesarios si el país y el gobierno de esta última década hubieran encarado su relación con el mundo de otra manera, tratando de integrarnos y de restaurar las relaciones normales con la comunidad internacional, en lugar de asumir el papel de un mojador serial de orejas, creyendo que con eso pasábamos a ocupar el sitial de los “vivos”.

La vocación de la Sra. de Kirchner por trasmitir la idea de que su misión al frente del país es una especie de sacerdocio sacrificado que nadie comprende y en el que está dejando la vida mientras la bombardean de todos lados es persistente y pertinaz. Sin embargo, es su propensión política la que la colocó allí, y convengamos que la inclinación beligerante siempre ha salido más bien del poder antes que de otro lado. Las referencias a que “el hombro lo tenemos que poner todos, porque nadie se salva solo” parecen a esta hora un chiste de mal gusto cuando durante años fue el gobierno el que se cortó solo, sin incluir a nadie que no pensar como ellos.

La negociación de la deuda fue otro capítulo de ese autismo. Nunca estuvo dispuesto el gobierno a escuchar otras voces, a las que, si expresaban algo distinto a su voluntad, calificaban de “agentes al servicio de los intereses de los buitres”.

Las frases de juvenilias del secundario o de los primeros años de la facultad ya nos quedan lejanas. Todos hemos crecido y esas épicas suenan desfasadas en las bocas y en los oídos de gente grande. Es preciso ganar rápidamente en adultez y parte de ese crecimiento debe consistir en archivar para siempre el discurso que nos pone como víctimas en lugar de ponernos como responsables.

Lo que la presidente realmente quisiera negociar

Para el gobierno argentino la puesta en escena es fundamental. Muchas veces le asigna mayor valor a esas escenografías que a la propia sustancia de lo que se discute. El caso de la deuda impaga con los holdouts no ha sido la excepción.

Desde la presidencia de Néstor Kirchner trató de transmitir la imagen de que la intransigencia con esos grupos era una forma de la épica nacional, una gesta que enfrentaba a los malvados que tenían por objetivo la destrucción de la Argentina.

Esa concepción fue mantenida y aumentada por la Sra de Kirchner, mucho más dogmática que su marido y mucho más proclive a creer de verdad que protagoniza una epopeya de dimensiones colosales en la historia del país.

Esta postura enroscó al gobierno en un laberinto gratuito del que ahora le resulta difícil salir. Tanto infló el parche del nacionalismo haciendo de la resistencia a los holdouts uno de los capítulos preferidos del relato popular que ahora, cuando un fallo judicial seguido de dos confirmaciones de instancias superiores, nos pone en el lugar de encontrar una solución para no caer en default, nos encontramos encerrados entre la espada y la pared, obligados a elegir entre quedar como alguien que debe meterse todo lo que dijo en el bolsillo y pagar o volver a producir una quiebra nacional con las consiguientes consecuencias de escasez, pobreza y crisis.

En las primeras horas luego de conocido el rechazo de la Corte norteamericana a entender en el caso, la impresión general era que el gobierno iba a elegir lo que se llamó la “malvinización” del proceso, es decir, un endurecimineto nacionalista de la postura que, apelando a lo más rancio del mensaje aislacionista iba a proponer una guerra sin cuartel contra el mundo financiero, haciendo de las consecuencias nefastas que ello iba a traer una especie de trofeo pírrico de las banderas nacionales y populares.

Fue la sensación que se tuvo luego de escuchar sucesivamente a la presidente y al ministro Axel Kicillof el lunes y martes de la semana pasada.

Pero luego, a partir del Día de la Bandera -en donde muchos consideraban que estaban dadas todas las condiciones para que la presidente subiera la apuesta del desafío- el tono y las perspectivas cambiaron.

A la vera del Paraná la presidente dijo que en la Argentina sobraba la buena fe y que quería pagarles al 100% de los acreedores, reestructurados o no; que solo necesitaba que el juez generara condiciones justas y equitativas de negociación.

La presidente parecía decir a gritos “quiero pagar, les voy a pagar; les voy a pagar a todos… Pero ¡por favor ábranme una puerta para que yo internamente pueda seguir presentándome como una revolucionaria, aunque sea una actuación, una mentira, no importa, pero necesito que me permitan eso!”

Esa es la instancia de “negociación” que el gobierno pide. Margen para negociar el tema pago, tiene poco y depende más bien de la voluntad del Sr. Singer que de condiciones que pueda generar el juez Griesa. Es más, las apelaciones de la presidente al juzgado no parecen procesalmente pertinentes: Griesa ya terminó de ver caso y tomó una decisión. Su postura fue apelada y lo que él decidió fue refrendado en la Corte de Apelaciones y también en la instancia máxima. Son las partes -el gobierno argentino y el fondo NML- los que tienen que acercar al juzgado un convenio de cumplimiento de la sentencia. Si ese convenio es satisfactorio para las partes, Griesa lo homologará y todo habrá terminado.

Cómo hará la presidente para cumplir al mismo tiempo con lo que NML aspira del fallo y con el frente revolucionario interno que ya planteó la opción “Patria o Buitres”, es una incógnita aun por develar.

Pero en el mientras tanto, lo inteligente sería ir bajando los decibeles de aquellos extremismos para que las diferencias con la realidad no se noten tanto. Escuchar en Rosario a la presidente decir “quiero pagar, voy a pagar” y ver la tribuna con banderas norteamericanas cruzadas por pájaros carroñeros o carteles proponiendo la opción de elegir entre la “Patria” o los “Buitres” no es bueno para la salud mental de todos nosotros. Desde ese punto de vista siempre es mejor vivir con la verdad y no con ensoñaciones altisonantes.

También es hora de dejar de etiquetar con términos visualmente repugnantes a los que “especulan”: en geografías más cercanas hay muchos que podrían dar cátedra de esas prácticas y quizás en condiciones de transparencia menos evidentes que la que puede exhibir el fondo Elliot u otros que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Esas agachadas populistas le cortan a la gente el camino a entender la verdad a la vez que encumbran a algunos a sitiales que no merecen y entierran a otros a infiernos injustos. ¿Qué pasará cuando sean los jubilados los que le reclamen al Estado cobrar lo que les corresponde? ¿Serán “buitres” también? ¿O el BCRA cuando quiera monetizar los papelitos con que el gobierno lo ha forrado será otro pájaro desagradable? ¿O acaso lo fueron los propios Kirchner cuando abiertamente confesaron comprar tierras fiscales por centavos y venderlas por millones?

Pese a todas estas dudas, la palabra presidencial debe ser tomada como un paso positivo en la buena dirección. No se sabe cuánto margen quedará para hacer una cosa en el terreno de los hechos y decir otra para la tribuna “de la liberación”. Pero en gran medida esa será una cuestión que tendrá más que ver con ésta última que con la presidente. Si hay personas a las que les encanta vivir engañadas, creídas de un verso insostenible, que cree estar ataviada con las armaduras de Don Quijote y que lucha por la justicia contra enemigos crueles, allá ellos. Un político puede aprovecharse, abusarse y hasta tratar de profundizar esas estupideces para su propia conveniencia, pero llega un momento que su lugar en la Historia debe independizarse de la bullanguería para centrar su mirada solo en el bienestar de las futuras generaciones. En ese exacto lugar está la presidente hoy. Y desde allí debe decidir qué hace. Lo que haga, como ella misma dijo, afectará no solo la temporalidad insignificante de su gobierno sino la suerte de sus hijos, de sus nietos y la de los hijos y los nietos de todos.

Llegó la hora de cambiar

Finalmente, la Corte Suprema de los EEUU rechazó in límine el caso argentino. Ni siquiera consideró su tratamiento. Devolvió el caso al juez Thomas Griesa para que implemente los pormenores de una decisión ya tomada en sus estrados. Esos “pormenores” significan instrumentar lo que haga falta para que los acreedores, que ganaron el juicio en las dos instancias, cobren.

Hace unos 10 días Griesa dijo que la Argentina nunca se había acercado a su juzgado para ofrecer una plan. Que de haberlo hecho se la habría atendido con mucho gusto y se hubieran analizado las opciones que el país proponía.

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La hora de la Corte Suprema

Finalmente la esperada decisión de la Corte norteamericana sobre la deuda argentina con los holdouts se dará a conocer en la jornada de hoy.

Recordemos que por “fallo favorable” se pueden entender dos decisiones de la Corte: que se quede con el caso para entender ella en la cuestión y revisar lo decidido por Griesa (alternativa de máxima) o que haga una consulta derivada al gobierno del presidente Obama por la vía del “Solicitor General”, un equivalente a nuestro Procurador General.

La peor de las alternativas para la Argentina sería que una mayoría decisiva de los nueve jueces supremos remita las actuaciones nuevamente al tribunal que ya entendió en ellas, en una suerte de respaldo a lo fallado en primera instancia.

Recordemos que Griesa dispuso que la Argentina debía pagar a los demandantes de los fondos que no entraron en los canjes de deuda. ¿El total de lo reclamado en ese juicio? Unos 1330 millones de dólares.

A partir de ese fallo se suscitaron distintas interpretaciones –más allá de activarse las apelaciones que aún están en danza, la primera de las cuales respaldó lo fallado por el juez del circuito sur de New York- que plantearon interrogantes sobre cuál sería la situación del país frente a los acreedores que sí se acogieron a las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.

Si el país a consecuencia del fallo debía pagarles a los holdouts el 100% de sus acreencias, entonces muchos supusieron que, por los protocolos de los bonos emitidos como consecuencia de los canjes, la Argentina debería igualar esas condiciones a los tenedores de los bonos nuevos, es decir, aquellos que entraron voluntariamente a los canjes. Obviamente semejante opción sería catastrófica porque implicaría tener que pagar los valores originales de la deuda al 100%.

Otros entendieron que semejante alternativa no sería aplicable porque las condiciones bajo las cuales el país se obligó a igualar ofertas tenían que ver con mejoras voluntarias ofrecidas por la Argentina y no aquellas derivadas de la obligación de cumplir un fallo judicial. Esto es, el país se vería en la obligación de tratar a los acreedores del canje igual que a los holdouts en la medida en que las mejores condiciones dadas a éstos fueran otorgadas voluntariamente por el país y no por el cumplimiento de una sentencia.

Una tercera alternativa de interpretación –que es a la que parece apuntar el gobierno- es a un plazo establecido en los protocolos del canje que indica que la obligación de la cláusula “pari pasu”, caduca en diciembre de 2014. Es decir, si el país lograra que a diciembre de este año los holdouts no tuvieran un fallo definitivo favorable a que se les pague el 100%, no cabrían ya dudas de ninguna especie de que la Argentina no debería pagar el total que los acreedores que entraron al canje resignaron por el hecho de acogerse a ese ofrecimiento. A partir de allí, el gobierno podría mejorar incluso voluntariamente las condiciones de cobro de los holdouts sin que los acreedores que entraron al canje pudieran reclamar nada.

La postergación de la decisión de la Corte Suprema cobra importancia a la luz de lo declarado por el juez Griesa hace unas semanas. En esa ocasión, el juez dijo que la Argentina no había mostrado ninguna voluntad de pago y que al contrario, había amenazado con rebelarse contra lo dispuesto por la Justicia; que en ningún caso se había acercado al juzgado para explicar las razones por las cuales no podía pagar en los términos del fallo y para ofrecer distintas opciones que, por otro lado, habrían sido recibidas y analizadas con gusto.

Si la Corte estuviera cerca de interpretar la cuestión en términos parecidos, esto es, que si bien se comprende que el país no pueda pagar de modo perentorio todo lo que se le reclama, sí sería ajustado a derecho que presentara opciones para tratar de solucionar el problema, no caben dudas de que esa decisión sería interpretada como un duro golpe judicial para el gobierno y para los planes financieros del equipo que preside Axel Kicillof.

Más allá de estas especulaciones, lo más probable es que los jueces pidan el auxilio del Procurador para terminar de decidir esta cuestión más adelante. En ese caso un primer objetivo del gobierno –el ganar tiempo- se habría cumplido. Una vez que el tema deje una órbita estrictamente judicial (en donde el país lleva claramente las de perder) para pasar a otra más política, en donde las consideraciones fácticas cobren un peso del que carecen en los estrados judiciales, las posibilidades de un final que favorezca a la Argentina crecen.

La presidente el otro día se refirió a la declaración británica en el sentido de lo negativo que sería un fallo que desconociera un proceso de renegociación de deuda como el que la Argentina abrió en 2005 y 2010. En efecto, la confianza en la validez final de lo acordado en procesos como ese entraría seriamente en dudas, sea cuales sean los países que de ahora en más pudieran verse en una situación similar.

Hay que esperar un poco más entonces para develar el misterio. Aunque la reacción de los mercados locales a mitad de semana fue muy sintomática como para que, de golpe, todo se vuelva tan oscuro.