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El asalto final a la Justicia

La indisimulada embestida contra la Corte no por obvia parece tener impacto en la sociedad, al menos de una manera electoralmente decisiva o que implique un impacto en la imagen del Gobierno o de la propia presidente. Parecería que el grueso de la cuidadanía no ha alcanzado a comprender aun que una administración con poder discrecional sobre las tres jurisdicciones del Estado es en su propio perjuicio y solo en beneficio de los que mandan.

La figura del Dr. Carlos Fayt ha sido la elegida para ensayar un copamiento a como dé lugar del más alto tribunal del país. Se trata del asalto final a lo que queda como estructura semi-independiente destinada a proteger los derechos civiles contra el poder arbitrario. Parece mentira que gran parte de la gente no entienda que ese mecanismo constitucional (que el Gobierno quiere demoler) ha sido diseñado en su beneficio y para limitar el poder avasallante del presidente y de un eventual Congreso dominado por una sola fuerza.

Los constituyentes hace 162 años fueron tan inteligentes que previeron que podía pasar lo que está pasando ahora. O fueron tan observadores que quisieron evitar otro episodio como el de la dictadura rosista.

Pero parecería que una indómita fuerza idiosincrática lleva a la sociedad a caer naturalmente en estos aluviones populistas y antidemocráticos, bajo el velo, justamente, de que esa marea sin límites que todo lo atropella es la mejor definición de la democracia.

El argumento utilizado hasta ahora contra Fayt es su salud psicofísica; crear la duda de si un hombre de 97 años está en condiciones de seguir entendiendo los mecanismos de la Constitución y si cumple con la condición de idoneidad para el ejercicio del cargo

No tengo pruebas de cómo se encuentra el juez Fayt desde ese punto de vista porque no lo veo desde hace 25 años. Más allá de que son incontables los casos de lucidez –y hasta de brillantez- intelectual en gente de edad avanzada, lo que sí parece indubitable es que es nada más y nada menos que la Presidente la que ignora por completo el diseño de la letra y, sobre todo, del espíritu constitucional.

La semana pasada, en respuesta a lo que había dicho el presidente de la Corte, el Dr Ricardo Lorenzetti, en el sentido de que la misión del Poder Judicial en general y de la Corte en particular es limitar el poder de los otros dos poderes a través del control de constitucionalidad de las leyes, la Presidente dijo textualmente: “el único control es el del pueblo”.

Pocas frases pueden condensar en siete palabras una aberración tan contundente. Resulta francamente grave que la jefa de Estado trasunte semejante nivel de desconocimiento acerca de cómo funciona el sistema republicano organizado por la Constitución. Si hay algo que los constituyentes quisieron evitar fue justamente el “llamado control por el pueblo”.

La razón es muy sencilla de comprender. “El pueblo” como ente controlador no existe: no tiene una organización jurídica, no tiene procedimientos y tampoco tiene el ejercicio monopólico de la coacción. Por lo tanto la frase “el único control es el del pueblo”, no es más que un desiderátum populista. Siguiendo ese criterio también podríamos -como reemplazamos el control de constitucionalidad ejercido por la Justicia por un control único ejercido por el “pueblo”- reemplazar las cárceles convencionales por “cárceles del pueblo” como las que usaban, justamente, las organizaciones criminales de los 70 que, en la terminología de la Constitución “se arrogaban la representación del pueblo”

De todos modos, la Presidente no es la responsable última de estas inconsistencias graves con la libertad. Ella cumple con el perfecto manual del demagogo populista endulzando los oídos de la gente que parece idiotizarse cuando escucha la palabra “pueblo”. Ella  conoce perfectamente cuáles son sus limitaciones, aquellas cosas que no puede hacer y por qué no podría hacerlas. Pero también sabe que eso no le conviene a sus intereses y a sus objetivos de ir por todo, entonces se ha propuesto testear la convicción libertaria de la sociedad. Y ese examen le está dando bien. Estira y estira la soga del poder y los argentinos siguen adormecidos, embobados con alguien que les dice que “ellos” tienen el control, que no tiene de qué preocuparse porque ella está allí para defender la “voluntad popular” contra los poderes oligárquicos y concentrados.

La Constitución quería otra cosa: quería investirnos de derechos inviolables para que, con su ejercicio, las decisiones de nuestras vidas las tomemos nosotros. Para garantizarnos esos derechos puso a nuestra disposición un Poder Judicial encargado de decirle al Gobierno: “Señor, no puede traspasar esta línea”. Pero a nosotros nos ha resultado más cómodo vivir como soldados.

El peso de las instituciones

La jugada presidencial que se supone realizaría con la Corte Suprema puede arrojar paradojas notorias en los años por venir. Como se sabe, la idea que amasa el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y la Presidente es aumentar el número de miembros del máximo tribunal para luego llenar esos cargos con jueces adictos.

Hoy en día la Corte está integrada por cuatro miembros. De acuerdo a la ley que patrocinó la propia Presidente cuando era senadora, el número de jueces debía estabilizarse en 5 por la vía de no reemplazar las vacantes que se fueran produciendo desde que tenía nueve.

En su actual composición, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Fayt suelen votar en el mismo sentido (en contra de los intereses del Gobierno, aunque esto es solo una aproximación genérica, como demostró el crucial fallo de la ley de medios) y Highton de Nolasco en sentido diferente (más cercano al oficialismo).

La primera carta del gobierno se llamaba Roberto Carlés. Pero esa carta no pasará el corte del Senado. El voto para la ampliación en un voto simple del Congreso. El Gobierno tiene los votos para eso, aunque luego le volverán a faltar los dos tercios para llenar los cargos con jueces nuevos. La idea entonces sería colocar conjueces de la larga lista aprobada el año pasado en el Senado por simple mayoría, en una jugada considerada anticonstitucional por gran parte de la doctrina.

¿Cual es el objetivo de estas jugadas? Por supuesto, seguir teniendo el control de constitucionalidad de las leyes bajo manos confiables.

Si lograra eso y perdiera las elecciones a nivel presidencial, podríamos entrar en el escenario casi paradójico de ver al kirchnerismo llenarse la boca con la teoría de la independencia del Poder Judicial para defender una Corte “independiente” de un Poder Ejecutivo en manos de otro partido.

Veamos la cuestión desde el otro punto de vista. Supongamos que el Gobierno no logra ese ideal, que la Corte llega con cuatro miembros al 10 de diciembre y que el próximo presidente puede llenar esa vacante con un juez definitivo.

Esa posibilidad volverá a depender de que el que resulte electo tenga los dos tercios de los votos en el senado para aprobar a su candidato. Resulta muy difícil que eso vaya a ocurrir. Hay que tener en cuenta que ni siquiera el kirchnerismo con su actual situación de privilegio en el Congreso llega a cumplir ese requerimiento con votos propios. De modo que puede darse el caso de que el cuerpo funcione con uno o cinco conjueces, dependiendo de que el proyecto de ampliación efectivamente se presente y apruebe.

Una Corte de nueve jueces con cinco conjueces adictos y una jueza con votos históricos cercanos al gobierno, vuelve a presentarnos el escenario de la paradoja o el cinismo que describíamos más arriba.

Un horizonte mucho mas lejano es que el Gobierno no pueda imponer su criterio y que el nuevo presidente, por las razones que fueran, lograra designar jueces de su elección. Esa situación -lejana de por sí- sería, a su vez, diferente, si el número de jueces fuera de 5 o 9.

Si fuera de 5 estaríamos frente a una situación de virtual equilibrio. Nadie sabe cómo comenzaría a votar el juez Maqueda, por ejemplo, con un Macri presidente. Tampoco es seguro lo que hará Fayt después del 10 de diciembre si quien gana no es kirchnerista. Algunos dicen que el juez de 97 años finalmente se retiraría. Eso volvería a darle una oportunidad al futuro mandatario, pero con todas las restricciones que ya apuntamos.

Si fuera de nueve miembros, el nuevo presidente podría hacer dos cosas: enviar un proyecto para derogar la ley que elevó el número y enviar el pliego de un solo candidato propio; o mantener la ley y enviar cinco pliegos. Si milagrosamente, (de nuevo, por las razones que fueran) lograra nombrar esos magistrados y estos fueran realmente impecables, se podría estar frente a la inauguración de una especie de milagro en la Argentina, esto es, que comience a funcionar un atisbo de institucionalidad y de justicia independiente, aquella que muchos (no nosotros) creyeron ver en la Corte designada por Kirchner en 2003.

De todos modos, el solo hecho de que hayamos utilizado todas estas líneas para especular lo que podría pasar en uno y otro caso con la Coste Suprema de Justicia es suficiente evidencia de que la Argentina no es un país institucional y que el diseño de la Constitución para equilibrar el poder ha sido salteado por la política que, evidentemente, ha encontrado la manera de sujetar el balance judicial a sus gustos y conveniencias.

Esa debilidad institucional es el sello más distintivo del país. El hecho de que los gobernantes no sean esclavos de las instituciones sino que, al contrario, hayan encontrado la vuelta para atar las instituciones a sus preferencias, es lo que ha transformado al país de una nación desarrollada en el comienzo del siglo XX a un país subdesarrollado en el siglo XXI. Los flujos de capital que se precisan para multiplicar la abundancia huyen de países gobernados por caprichos y prefieren dirigirse a aquellos en donde el Derecho y la Ley imperan sobre la voluntad de los caudillos.

Resulta curioso cómo, finalmente, la pobreza y el nivel de vida de la sociedad no termina definiéndose por la aplicación de una u otra teoría económica sino por la vigencia o no de instituciones libres e independientes. En la propia región se demuestra que países que aplican teorías económicas que podrían decirse no son “capitalistas” de todos modos progresan porque garantizan la vigencia de instituciones imparciales. Es el caso de Chile (en manos de una alianza socialista), de Uruguay y de Perú, todos en manos de gobiernos de centro-izquierda.

Es el populismo caudillista el que genera pobreza y condena el empleo y el progreso económico de los países. Es la mentalidad militarista de las decisiones verticales impuestas por un “conductor” y obedecidas por una manada de sumisos lo que aleja el desarrollo y la multiplicación de la riqueza.

El intento de seguir cooptando la Corte bajo el ala de un caudillo es una muestra más de la rebeldía que el país tiene para con la modernidad institucional. Sin ella seguiremos hundiéndonos en una pobreza generalizada más allá de los esfuerzos que se hagan para que ella aparezca como mejor repartida.

El gran plan del kirchnerismo

De todas las estrategias tendientes a cumplir la máxima de Máximo (“eventualmente entregaremos el gobierno pero no entregaremos el poder”) la que empieza a desarrollarse en la Justicia es, sin dudas, la más ambiciosa de todas las ya emprendidas (y algunas ejecutadas) por el kirchnerismo.

En efecto, ni el copamiento de la ex SIDE, los órganos de control, la Procuraduría General, gran parte de la administración central a través del nombramiento de miles y miles de empleados, de varias fiscalías y estamentos inferiores de la Justicia, se compara contra el intento de colonizar la Corte Suprema.

El primer round de esa batalla está por empezar a ejecutarse en los próximos días, cuando comience el debate en la comisión de acuerdos del Senado del pliego de Roberto Carlés para ser designado juez del tribunal máximo.

Como se sabe, la Constitución establece que ese acuerdo necesite de los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara para que el postulante sea respaldado. Por otro lado, es de público conocimiento que los 28 senadores de la oposición han firmado un documento en el que se comprometen a no aprobar ningún candidato que el gobierno proponga en lo que le queda de mandato.

Un primer “lance” que el oficialismo se estaría tirando, dicen algunos, es repetir la estrategia “Reposo”. Esto es, mandar al frente -a propósito- a un impresentable para que sea efectivamente rechazado y con ello conmover la conciencia de algún senador de la oposición que no se atreva a rechazar dos candidatos consecutivos.

Esa táctica consistiría en tener, por detrás de Carlés, al verdadero candidato que el gobierno quiere colocar en la Corte (en este caso “candidata”), la jueza de Casación Ana María Figueroa, actualmente en Cuba, de vacaciones. Es lo que siempre sospechamos desde estas columnas respecto de Gils Carbo: ella era la destinataria final de la Procuración; Reposo fue una marioneta que se prestó a un juego humillante exponiéndose a que lo echaran a patadas para que, luego, un currículum más presentable fuera aprobado.

Otros entienden que no, que el sacapresos Carlés podría ser, en efecto, el candidato final y que la Casa Rosada estaría trabajando para hacer que de los 28 senadores opositores que firmaron el compromiso de no aprobar candidatos del gobierno den quorum pero misteriosamente se ausenten de la sesión una vez comenzada. Como la Constitución pide 2/3 de los miembros presentes, con 4 ausentes el oficialismo podría intentar tener el mínimo que precisa.

Otro conjunto de interpretadores considera que se puede estar frente a una combinación de todas estas opciones e incluso de un plan más ambicioso que tienda a aumentar el número de miembros del tribunal de cinco a nueve.

Resultaría una paradoja, porque el proyecto para reducir el número de jueces de 9 a 5 fue justamente una iniciativa de la entonces senadora Kirchner, que, ahora, por las razones políticas inversas impulsaría la idea contraria.

Si los senadores de la oposición que firmaron el documento de compromiso se mantuvieran fieles a él, entonces Carlés no será juez, y, por los mismos motivos, Figueroa tampoco. En ese caso el proyecto alternativo de aumentar el número de jueces cobraría más fuerza.

Para aprobar un proyecto como ese, el oficialismo no necesita mayorías especiales porque se trataría de un proyecto de ley común y silvestre, pero luego, obviamente, volvería a encontrarse con la dificultad de los senadores que firmaron el documento de compromiso y no podría designar los nuevos jueces para llegar a 9 miembros.

En ese caso, la especulación dice que el gobierno estaría en condiciones de argumentar que la Corte está en franca minoría (cuatro jueces activos contra nueve que la eventual nueva ley estaría disponiendo) y que por lo tanto es necesario nombrar conjueces.

Como se sabe, hace poco, el oficialismo aprobó en el Senado una larga lista de conjueces adictos con mayoría simple bajo el argumento de que, como justamente, no son “jueces” sino “conjueces”, entonces no se necesitaban los 2/3 de los miembros presentes.

Esta teoría fue discutida con fundamentos más que suficientes por varios constitucionalistas por el hecho de que lo que debe tomarse en cuenta es la función que esos jueces van a estar llamados a cumplir en el caso de que se los necesite: si van a sentarse en un escaño de la Corte, pues entonces precisan de los mismos requisitos que un juez de la Corte, por lo que un nombramiento con menos de los 2/3 de los votos no sería válido.

Naturalmente, como era de esperarse, los aprobaron de todos modos. Esos conjueces serían ubicados ahora en los sillones del más alto tribunal en el caso de que el proyecto de elevación del número prospere.

Obviamente de todos los planes tendientes a no entregar el poder, éste es el más importante, duradero y ambicioso. Si tiene éxito la próxima administración, escuchará como nunca el argumento de que la Justicia es un poder independiente y de que está allí para controlar y limitar la acción del Poder Ejecutivo. Delicias del kirchnerismo, que le dicen.

De víctimas a responsables

La Argentina daría un paso enorme hacia la confiabilidad, la normalidad y, en suma, hacia la tranquilidad, si la presidente Cristina Fernández de Kirchner dejara de hacer comentarios llenos de indirectas, demagogias baratas, pero especialmente victimizaciones infundadas.

El lunes, en ocasión de anunciar un plan (Pro.Cre.Auto) por el cual se otorgan condiciones especiales para comprar autos 0 KM en cuotas de hasta 60 meses, la Presidente no se privó de hacer algunos comentarios como de soslayo -que justamente es lo peor del caso- respecto al tema de la deuda con los holdouts.

Primero dijo: “Siempre estamos en la cancha, aunque algún árbitro nos quiera bombear”, una obvia indirecta al juez de la causa, Thomas Griesa, quien prácticamente, por los términos que la propia Argentina escribió en los protocolos de los bonos de aquella deuda vieja y por cómo se comportó luego del default y –particularmente- con las disposiciones unilaterales que decretó en los canjes de 2005 y 2010, tenía la sentencia escrita aun antes de abocarse al estudio del caso.

La legitimidad de los títulos era tan clara y la discriminación consumada por la Argentina tan obvia que al “arbitro” (como metafóricamente lo denomina la Sra. de Kirchner) no le quedaba otra salida más que fallar como lo hizo. Nadie bombeó a nadie aquí. O, al menos, no lo hizo el juzgado de Griesa de acuerdo a las pruebas documentales que tenía enfrente.

El gobierno sí intentó “bombear” a parte de aquellos a los que ahora sugestivamente ya no llama “buitres” sino “acreedores” o “holdouts”, con la inconcebible -pero muy sugestiva- “ley cerrojo”. Sugestiva porque su sanción puso de manifiesto hasta donde el país creía realmente que podía ponerse en posición de establecer las condiciones en las que iba a pagar. Se trató de un monumental acto de soberbia: “Te sanciono la ‘ley cerrojo’ y listo, si no entraste al canje no existís, no te registro, no te voy a pagar nunca porque para mi pasaste a estar directamente borrado del mapa”.

El kirchnerismo no entiende que el mundo no se maneja así. Cree que puede ir con estas bravuconadas y el mundo se lo va a tolerar. No lo va a hacer y no lo hizo. Entonces, cuando esos jueces llegan a las sentencias lógicas que se desprenden de los propios documentos firmados por la Argentina en uso de sus facultades soberanas, dice que el “arbitro es un ‘bombero’”.

¿Por qué en lugar de seguir utilizando el tiempo para hacer demagogia no instruimos a la gente sobre cómo son las cosas en el mundo? En la Argentina hemos malacostumbrado a todos a una suerte de interpretación “elástica” de la ley y de la Constitución.

Anteyer, el abogado especializado Horacio Liendo planteó el tema directamente en términos de que en la Argentina está suspendida la vigencia de la Constitución para varios sectores desde la crisis de 2001, y que su validez plena no ha sido repuesta; que seguimos viviendo bajo un estado de excepción en donde son las razones de Estado y no las garantías constitucionales las que gobiernan el país.

En efecto, la Corte de nuestro país perdió la oportunidad de reponer la vigencia de esa arquitectura cuando declaró que el reconocimiento de derechos a acreedores que no entraron al canje iba en contra del “orden público argentino”, consolidando la concepción de la supremacía del Estado sobre los derechos individuales.

Parte de la sentencia de Griesa sobre la arbitrariedad de la discriminación entre acreedores -según el bono que tuvieran- se basó precisamente en que la postura argentina no era algo sostenido “solo” por el gobierno sino que los otros dos poderes (el Legislativo con la ley cerrojo y el Judicial con decisiones como ésa) habían dado señales claras de que el Estado de Derecho, como sistema protector de garantían individuales, no estaba vigente en el país, por lo que los individuos que se veían afectados debían contar con la protección de su corte.

En el mismo sentido de creer que la victimización sigue siendo una opción discursiva válida, la Presidente -siguiendo con las analogías futboleras- dijo: “Necesitamos salir a la cancha con un equipo, yo puedo ser la arquera y acá estamos atajando goles”.

Esos “goles” hubieran sido completamente innecesarios si el país y el gobierno de esta última década hubieran encarado su relación con el mundo de otra manera, tratando de integrarnos y de restaurar las relaciones normales con la comunidad internacional, en lugar de asumir el papel de un mojador serial de orejas, creyendo que con eso pasábamos a ocupar el sitial de los “vivos”.

La vocación de la Sra. de Kirchner por trasmitir la idea de que su misión al frente del país es una especie de sacerdocio sacrificado que nadie comprende y en el que está dejando la vida mientras la bombardean de todos lados es persistente y pertinaz. Sin embargo, es su propensión política la que la colocó allí, y convengamos que la inclinación beligerante siempre ha salido más bien del poder antes que de otro lado. Las referencias a que “el hombro lo tenemos que poner todos, porque nadie se salva solo” parecen a esta hora un chiste de mal gusto cuando durante años fue el gobierno el que se cortó solo, sin incluir a nadie que no pensar como ellos.

La negociación de la deuda fue otro capítulo de ese autismo. Nunca estuvo dispuesto el gobierno a escuchar otras voces, a las que, si expresaban algo distinto a su voluntad, calificaban de “agentes al servicio de los intereses de los buitres”.

Las frases de juvenilias del secundario o de los primeros años de la facultad ya nos quedan lejanas. Todos hemos crecido y esas épicas suenan desfasadas en las bocas y en los oídos de gente grande. Es preciso ganar rápidamente en adultez y parte de ese crecimiento debe consistir en archivar para siempre el discurso que nos pone como víctimas en lugar de ponernos como responsables.

La hora de la Corte Suprema

Finalmente la esperada decisión de la Corte norteamericana sobre la deuda argentina con los holdouts se dará a conocer en la jornada de hoy.

Recordemos que por “fallo favorable” se pueden entender dos decisiones de la Corte: que se quede con el caso para entender ella en la cuestión y revisar lo decidido por Griesa (alternativa de máxima) o que haga una consulta derivada al gobierno del presidente Obama por la vía del “Solicitor General”, un equivalente a nuestro Procurador General.

La peor de las alternativas para la Argentina sería que una mayoría decisiva de los nueve jueces supremos remita las actuaciones nuevamente al tribunal que ya entendió en ellas, en una suerte de respaldo a lo fallado en primera instancia.

Recordemos que Griesa dispuso que la Argentina debía pagar a los demandantes de los fondos que no entraron en los canjes de deuda. ¿El total de lo reclamado en ese juicio? Unos 1330 millones de dólares.

A partir de ese fallo se suscitaron distintas interpretaciones –más allá de activarse las apelaciones que aún están en danza, la primera de las cuales respaldó lo fallado por el juez del circuito sur de New York- que plantearon interrogantes sobre cuál sería la situación del país frente a los acreedores que sí se acogieron a las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.

Si el país a consecuencia del fallo debía pagarles a los holdouts el 100% de sus acreencias, entonces muchos supusieron que, por los protocolos de los bonos emitidos como consecuencia de los canjes, la Argentina debería igualar esas condiciones a los tenedores de los bonos nuevos, es decir, aquellos que entraron voluntariamente a los canjes. Obviamente semejante opción sería catastrófica porque implicaría tener que pagar los valores originales de la deuda al 100%.

Otros entendieron que semejante alternativa no sería aplicable porque las condiciones bajo las cuales el país se obligó a igualar ofertas tenían que ver con mejoras voluntarias ofrecidas por la Argentina y no aquellas derivadas de la obligación de cumplir un fallo judicial. Esto es, el país se vería en la obligación de tratar a los acreedores del canje igual que a los holdouts en la medida en que las mejores condiciones dadas a éstos fueran otorgadas voluntariamente por el país y no por el cumplimiento de una sentencia.

Una tercera alternativa de interpretación –que es a la que parece apuntar el gobierno- es a un plazo establecido en los protocolos del canje que indica que la obligación de la cláusula “pari pasu”, caduca en diciembre de 2014. Es decir, si el país lograra que a diciembre de este año los holdouts no tuvieran un fallo definitivo favorable a que se les pague el 100%, no cabrían ya dudas de ninguna especie de que la Argentina no debería pagar el total que los acreedores que entraron al canje resignaron por el hecho de acogerse a ese ofrecimiento. A partir de allí, el gobierno podría mejorar incluso voluntariamente las condiciones de cobro de los holdouts sin que los acreedores que entraron al canje pudieran reclamar nada.

La postergación de la decisión de la Corte Suprema cobra importancia a la luz de lo declarado por el juez Griesa hace unas semanas. En esa ocasión, el juez dijo que la Argentina no había mostrado ninguna voluntad de pago y que al contrario, había amenazado con rebelarse contra lo dispuesto por la Justicia; que en ningún caso se había acercado al juzgado para explicar las razones por las cuales no podía pagar en los términos del fallo y para ofrecer distintas opciones que, por otro lado, habrían sido recibidas y analizadas con gusto.

Si la Corte estuviera cerca de interpretar la cuestión en términos parecidos, esto es, que si bien se comprende que el país no pueda pagar de modo perentorio todo lo que se le reclama, sí sería ajustado a derecho que presentara opciones para tratar de solucionar el problema, no caben dudas de que esa decisión sería interpretada como un duro golpe judicial para el gobierno y para los planes financieros del equipo que preside Axel Kicillof.

Más allá de estas especulaciones, lo más probable es que los jueces pidan el auxilio del Procurador para terminar de decidir esta cuestión más adelante. En ese caso un primer objetivo del gobierno –el ganar tiempo- se habría cumplido. Una vez que el tema deje una órbita estrictamente judicial (en donde el país lleva claramente las de perder) para pasar a otra más política, en donde las consideraciones fácticas cobren un peso del que carecen en los estrados judiciales, las posibilidades de un final que favorezca a la Argentina crecen.

La presidente el otro día se refirió a la declaración británica en el sentido de lo negativo que sería un fallo que desconociera un proceso de renegociación de deuda como el que la Argentina abrió en 2005 y 2010. En efecto, la confianza en la validez final de lo acordado en procesos como ese entraría seriamente en dudas, sea cuales sean los países que de ahora en más pudieran verse en una situación similar.

Hay que esperar un poco más entonces para develar el misterio. Aunque la reacción de los mercados locales a mitad de semana fue muy sintomática como para que, de golpe, todo se vuelva tan oscuro.