En la senda del regreso a la normalidad

Finalmente terminó el cepo cambiario. Los grilletes de la esclavitud a la que el aparato productivo estuvo sometido cuatro años cayeron en una tarde de liberación. Obviamente, falta mucho para que la Argentina sea un país normal, no sólo en general —lo que es obvio—, sino en materia de compra y venta de divisas.

Lo que ocurrió ayer puede describirse como una enorme operación de retroactividad a las condiciones imperantes en octubre de 2011, cuando la iracundia suicida se apoderó de la señora de Kirchner. Esas condiciones estaban lejos de ser las de un país completamente libre, pero, al menos, no contenían las características de irracionalidad que siguieron al establecimiento del cepo.

Para empezar, la Argentina sigue siendo un país con control de cambios, es decir, un lugar donde todos los importadores y los exportadores del país tienen que pasar por el Banco Central (BCRA) para negociar sus dólares. Ese es un requisito de libertad condicional que también debería desaparecer con el tiempo. Continuar leyendo

Contrastes de la vida argentina

El contraste que se advierte en la Argentina de estos días respecto de la diferencia de trato entre quienes pertenecen a la casta desigual del Estado y la gente común es sencillamente notable. Parece mentira que un país organizado institucionalmente exactamente al revés (es decir, en donde los ciudadanos deberían ser los que le piden explicaciones a los funcionarios) esté siendo el escenario de citaciones de particulares al BCRA para advertirlos de que el Estado sabe las operaciones financieras que están realizando, aun cuando esas operaciones sean perfectamente legales.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

Lo económico no tiene nada que ver con la economía

En la cena inaugural del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el economista norteamericano James Robinson, autor del libro Why Nations Fall (Por qué fracasan las naciones), se despachó con una novedad rutilante: el éxito económico no depende tanto de una acertada política económica como de la vigencia de instituciones jurídicas que aseguren la vigencia de un orden de derecho y una justicia independiente del gobierno. ¡Gracias Robinson por la novedad! De no ser por nuestros benefactores de IDEA que lo trajeron para que nos desayunara con la revelación de semejante misterio, no nos hubiéramos dado cuenta.

Pero más allá de las ironías, es verdad que para una subcultura política como la Argentina, semejante perogrullada puede tener el alcance de una iluminación; de una verdad dicha por alguien que nos hace ver la luz.

En efecto, ninguno de los países exitosos en el mundo, empezando por los EEUU -el país más innovador de la historia humana-, ha fundado su suceso económico en la aplicación de una determinada teoría económica. En realidad lo que estos países han hecho es vertebrar en un orden jurídico simple algunas verdades incontrastables de la naturaleza, organizarlas de modo armónico para luego dejar que, en el clima de confianza básico que ese mismo orden había creado, el ingenio humano invente, cree e innove para que la vida mejore.

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