La declaración del vicepresidente ante el juez Lijo tuvo su capítulo más inquietante en los dos minutos que Amado Boudou cruzó con los periodistas a la salida de los tribunales federales.

Allí, el vicepresidente resumió las siete horas que pasó en el juzgado de un modo particular. Dijo que finalmente la audiencia no se había podido ni grabar ni filmar y que su contenido iba a ser subido a su página de Facebook; que él había hecho una declaración y que luego el juez le había hecho algunas preguntas. Pero lo más significativo fue algo que Boudou dijo al pasar y sobre lo que no contestó repreguntas, aunque, respecto de eso solo se pudieron percibir algunos balbuceos desprolijos de los periodistas que no alcanzaron a tener la forma de la interrogación.

El vicepresidente dijo que ayer se había limitado a hacer una declaración “técnica”, “jurídica” y que se “había guardado” algunas “declaraciones políticas” para más adelante, en un momento en donde vaya ampliar su declaración, tema que ya habían “convenido” con el juez.

Se trata de un párrafo sencillamente extraordinario. Tanto por lo que dice Boudou allí por cómo lo dice, esto es, por las palabras que eligió para elaborarlo.

El vicepresidente dice que se “había guardado” (“me las guardé para más adelante”, fueron sus palabras textuales) algunos elementos de naturaleza política que evidentemente obran en su conocimiento, porque ayer no era el momento oportuno para comentarlos ni darlos a conocer.

Las palabras “me las guardé” tienen una connotación táctica evidente. Quien las dice anticipa que sabe cosas pero que prefiere no revelarlas ahora, buscando que su conocimiento surta efecto en un momento procesalmente más conveniente para su situación personal.

Además Boudou informó que esta decisión fue de alguna manera “consensuada” con Lijo: el vicepresidente contó que le pidió al magistrado ampliar su declaración en el futuro y que el juez había accedido. Este es un cambio sustancial respecto del trato y de la aproximación que Boudou había tenido a la persona y a la figura del juez hasta ahora.

Sin embargo, Boudou, por lo que se supo, algo adelantó sobre las consideraciones políticas del caso. El vicepresidente dijo que luego de la muerte de Néstor Kirchner se lanzó un enorme movimiento especulativo contra la moneda que, eventualmente, tenía por objetivo, voltear al gobierno.

En ese sentido recordó las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que había dicho que el gobierno se “caía solo o por knock out”.

Todos sabían de las supuestas conexiones de Duhalde con la empresa Boldt (también imprenta con la capacidad de fabricar billetes) y la furia que esa circunstancia causaba en el fallecido ex presidente. Resulta evidente que en un “avance” de las declaraciones políticas que Boudou “se guardó para más adelante” ya fueron cursadas anoche.

Boudou dijo que la familia Ciccone había accedido a vender parte de su paquete a Boldt en contra de las “recomendaciones” de la AFIP, lo que es casi una confesión de la animadversión oficial por Boldt y de la paranoia que imperaba en el entorno de los Kirchner respecto de Duhalde.

A todo esto cabe aclarar que, como defensa de su situación personal, la insinuación de Boudou de que poderes ocultos y golpistas querían usar el dinero impreso para voltear al gobierno es muy débil cuando no directamente risible. El único con capacidad real y legal de arruinar el valor de la moneda es el gobierno por la vía de su política económica. Ninguna imprenta, sea Boldt o Ciccone, tienen capacidad para destruir el poder adquisitivo de los salarios o para hacer desaparecer la capacidad de actuar como unidad de cuenta o reserva de valor del peso si no es porque el gobierno ordena su impresión a destajo para financiar con papeles pintados un déficit incontrolable.

De modo que ese cuento de que Kirchner estaba preocupado porque Duhalde -a través de Boldt- se quedara con la posibilidad de imprimir los billetes de la Argentina es eso, un cuento. Nadie puede creer que esa cuestión constituyera una amenaza institucional como para armar el desbarajuste que se armó para destruir aquella operación de la familia Ciccone que Boudou contó ayer y hacer que la empresa de la familia italiana quedara en manos kirchneristas.

Si el gobierno estaba preocupado por mantener el valor de moneda -lo cual hubiera sido una buena preocupación- debería haberle prestado atención a la política económica, no a quién fuera a ser el dueño final de una imprenta.

Por último, un detalle sobre el que Boudou volvió a insistir ayer una vez más en la parte más rica de su aparición (los dos minutos frente a los periodistas en las escalinatas de Comodoro Py). El vicepresidente volvió a cargar sobre las “informaciones que aparecen en los medios concentrados”. Obviamente no es la primera vez que Boudou (y el gobierno en general) se refieren al caso como un invento de la prensa sin fundamento alguno.

A esta altura sería bueno aclararle al vicepresidente, a Agustin Rossi, Axel Kicillof, Diana Conti y a la mismísima presidente que todo lo publicado hasta ahora son pruebas: elementos documentales, declaraciones de testigos, indicios concordantes y relaciones entre personas que sí, efectivamente, han tomado la forma de un artículo periodístico o de un informe de televisión o radio, pero que son pruebas, evidencias de cargo que no han sido inventadas, a punto tal que hoy forman el cuerpo central de la acusación contra el vicepresidente, la primera en la historia del país contra un funcionario de esa envergadura.

Sería interesante que se prestara atención a ese detalle porque uno siempre puede defenderse mejor si tiene conciencia clara de que lo hay enfrente son elementos ciertos y reales y no meros inventos de confabulaciones tan irreales como las fábulas golpistas.