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Lo que fracasó fue un enfoque

El analista político Rosendo Fraga, en una entrevista que le hicimos en Infobae TV, relataba tres hechos que destruían por completo la viga maestra de la tesis argentina respecto a la deuda de los holdouts y a la crisis provocada por el fallo de la Corte Suprema de los EEUU.

Dicha postura estaba apoyada en la idea de que, de no respetarse los términos de reestructuración propuestos por la Argentina en 2005 y 2010, todos los países débiles del mundo quedarían expuestos a la extorsión de los buitres y a una condena segura al hambre y a la miseria.

Solo si de alguna manera la Justicia tenía una “interpretación política” del caso y avalaba la oferta de pago del país, las demás propuestas serían confiables en el futuro y solo así, los títulos de deudas reestructuradas seguirían teniendo valor.

Pero en el mundo financiero ocurrió todo lo contrario. Fraga relataba que los títulos de la deuda ucraniana y de la deuda griega ni siquiera registraron los episodios sucedidos en los estrados de Griesa ya que sus valores se mantuvieron estables; y que Ecuador (¡Ecuador!) el día martes -es decir un día después de conocido el rechazo de la Corte- colocaba un bono de deuda soberana de U$S 2000 al 8% (recordemos que Ecuador también declaró el default de su deuda en Diciembre de 2008 y que no es precisamente un país “amigo” del capitalismo internacional).

Este hecho tiene una enorme significación porque tira abajo todo el andamiaje político que el gobierno argentino creía más fuerte que las consideraciones meramente jurídicas.

El país ya estaba complicado desde ese punto de vista porque persistentemente venía sosteniendo la velada convicción de que en el mundo las cosas se entienden y se manejan igual que en la Argentina. El gobierno y una parte de la sociedad no logran procesar que eso no es así. Por ejemplo, ayer, el juez Griesa dijo que no iba a “permitir que la Argentina se burlara de las sentencias pronunciadas por su tribunal”, casi con un tono de incredulidad respecto de que eso pudiera siquiera ser posible.

Sin embargo, en la Argentina sí es posible. En la Argentina hay varias sentencias de la Justicia de las cuales el gobierno “se ha burlado”. Allí están las sentencias de Corte a favor del procurador santacruceño Eduardo Sosa, del Grupo Perfil por la pauta oficial y centenares de fallos a favor de los jubilados que el gobierno ignora olímpicamente. El poder hacerlo aquí, internamente, sin que pase nade, ha llevado al gobierno y a una parte de la sociedad a creer que, efectivamente, en todo el mundo es igual. Y no es así: en el mundo el derecho existe y las sentencias se respetan.

Y esta cuestión del “Derecho” remite a otro error argentino producto de volver a creer que en el mundo es posible aplicar los criterios con los que nos manejemos nosotros fronteras adentro.

Efectivamente, pese a lo dispuesto por la Constitución para el derecho de propiedad, la “práctica” argentina ha logrado menoscabar la supremacía de ese derecho y transformarlo en un masomenismo relativo cuya fortaleza real nadie conoce. En este caso a las demagogias del populismo se le han sumado, inexplicablemente, cobardías y “agachadas” de la propia Justicia que no tuvo la suficiente valentía como para defender la valía de esa garantía constitucional en las tantísimas veces en que se vio atacada.

Como consecuencia de ese accionar, que se fue haciendo natural entre nosotros, supusimos que en el mundo también los jueces iban a considerar “los factores políticos” involucrados en el caso, iban a relativizar la legitimidad de los títulos portados por los holdouts e iban a desechar sus posturas, privilegiando las “razones de Estado” por sobre los derechos individuales. Y, de nuevo, sucede que eso no es así. O por lo menos no lo es en el país cuya legislación la Argentina admitió como reguladora de su deuda, esto es, la ley norteamericana.

En EEUU los derechos individuales son aun preeminentes a las razones de Estado. Griesa se limitó a tomar los títulos de deuda, examinar su legitimidad, contrastarlos contra los protocolos firmados por las partes y emitir un fallo en consecuencia. El gobierno nunca entendió eso; nunca simuló ponerse en el lugar del otro y tratar de racionalizar el caso como se los racionaliza en el país cuya ley se aplica para resolverlo. Se empacó en aplicarle a todo el asunto una “perspectiva” argentina y así terminamos. 

Por eso ahora, lo más probable (y también lo más lamentable) es que se empiece a teñir la cuestión con una intencionalidad política nacionalista (que ya empezó a despuntar ayer con todo el centro de la ciudad empapelado con carteles que decían “Patria o Buitres” con la bandera norteamericana como fondo) para seguir arrastrando a más franjas sociales al convencimiento de que existen fuerzas que nos quieren destruir. La pregunta es ¿por qué solamente a nosotros?, ¿por qué a los ucranianos, a los griegos, a los ecuatorianos y a otras decenas de países no les pasa lo mismo?

Mandar a una imprenta a fabricar carteles con la “Stars & Stripes” de fondo y con el perfil de buitre adelante es fácil. Pero esas estupideces no solo no resuelven el problema sino que ni siquiera debieran ser creídas por la gente.

El gobierno de los EEUU tuvo innumerables gestos de apoyo para con la Argentina, aun cuando la Sra de Kirchner siempre mantuvo una postura agria y distante con Barack Obama. Es el imperio del Derecho el que se ha expresado aquí. Y ese imperio es más fuerte que la presidente de la Argentina y el presidente de los EEUU juntos. Es independiente de ellos. Y con esa independencia garantiza la libertad de los pueblos.

Haber entendido ese detalle antes nos habría ahorrado muchos dolores de cabeza. Embarcarse ahora (y pretender embarcar a algunos incautos) en una gesta nacionalista de “la Argentina contra todo y contra todos”, quemando banderas yanquis y prohibiendo el inglés en los colegios, no va a arreglar nada. Esas juvenilias solo pueden ser tomadas como bombas de humo para tapar una notable impericia en el manejo de un asunto trascendente, al que siempre se le imprimió la épica de las bravuconadas y nunca la picardía y la inteligencia de la racionalidad.

La hora de la Corte Suprema

Finalmente la esperada decisión de la Corte norteamericana sobre la deuda argentina con los holdouts se dará a conocer en la jornada de hoy.

Recordemos que por “fallo favorable” se pueden entender dos decisiones de la Corte: que se quede con el caso para entender ella en la cuestión y revisar lo decidido por Griesa (alternativa de máxima) o que haga una consulta derivada al gobierno del presidente Obama por la vía del “Solicitor General”, un equivalente a nuestro Procurador General.

La peor de las alternativas para la Argentina sería que una mayoría decisiva de los nueve jueces supremos remita las actuaciones nuevamente al tribunal que ya entendió en ellas, en una suerte de respaldo a lo fallado en primera instancia.

Recordemos que Griesa dispuso que la Argentina debía pagar a los demandantes de los fondos que no entraron en los canjes de deuda. ¿El total de lo reclamado en ese juicio? Unos 1330 millones de dólares.

A partir de ese fallo se suscitaron distintas interpretaciones –más allá de activarse las apelaciones que aún están en danza, la primera de las cuales respaldó lo fallado por el juez del circuito sur de New York- que plantearon interrogantes sobre cuál sería la situación del país frente a los acreedores que sí se acogieron a las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.

Si el país a consecuencia del fallo debía pagarles a los holdouts el 100% de sus acreencias, entonces muchos supusieron que, por los protocolos de los bonos emitidos como consecuencia de los canjes, la Argentina debería igualar esas condiciones a los tenedores de los bonos nuevos, es decir, aquellos que entraron voluntariamente a los canjes. Obviamente semejante opción sería catastrófica porque implicaría tener que pagar los valores originales de la deuda al 100%.

Otros entendieron que semejante alternativa no sería aplicable porque las condiciones bajo las cuales el país se obligó a igualar ofertas tenían que ver con mejoras voluntarias ofrecidas por la Argentina y no aquellas derivadas de la obligación de cumplir un fallo judicial. Esto es, el país se vería en la obligación de tratar a los acreedores del canje igual que a los holdouts en la medida en que las mejores condiciones dadas a éstos fueran otorgadas voluntariamente por el país y no por el cumplimiento de una sentencia.

Una tercera alternativa de interpretación –que es a la que parece apuntar el gobierno- es a un plazo establecido en los protocolos del canje que indica que la obligación de la cláusula “pari pasu”, caduca en diciembre de 2014. Es decir, si el país lograra que a diciembre de este año los holdouts no tuvieran un fallo definitivo favorable a que se les pague el 100%, no cabrían ya dudas de ninguna especie de que la Argentina no debería pagar el total que los acreedores que entraron al canje resignaron por el hecho de acogerse a ese ofrecimiento. A partir de allí, el gobierno podría mejorar incluso voluntariamente las condiciones de cobro de los holdouts sin que los acreedores que entraron al canje pudieran reclamar nada.

La postergación de la decisión de la Corte Suprema cobra importancia a la luz de lo declarado por el juez Griesa hace unas semanas. En esa ocasión, el juez dijo que la Argentina no había mostrado ninguna voluntad de pago y que al contrario, había amenazado con rebelarse contra lo dispuesto por la Justicia; que en ningún caso se había acercado al juzgado para explicar las razones por las cuales no podía pagar en los términos del fallo y para ofrecer distintas opciones que, por otro lado, habrían sido recibidas y analizadas con gusto.

Si la Corte estuviera cerca de interpretar la cuestión en términos parecidos, esto es, que si bien se comprende que el país no pueda pagar de modo perentorio todo lo que se le reclama, sí sería ajustado a derecho que presentara opciones para tratar de solucionar el problema, no caben dudas de que esa decisión sería interpretada como un duro golpe judicial para el gobierno y para los planes financieros del equipo que preside Axel Kicillof.

Más allá de estas especulaciones, lo más probable es que los jueces pidan el auxilio del Procurador para terminar de decidir esta cuestión más adelante. En ese caso un primer objetivo del gobierno –el ganar tiempo- se habría cumplido. Una vez que el tema deje una órbita estrictamente judicial (en donde el país lleva claramente las de perder) para pasar a otra más política, en donde las consideraciones fácticas cobren un peso del que carecen en los estrados judiciales, las posibilidades de un final que favorezca a la Argentina crecen.

La presidente el otro día se refirió a la declaración británica en el sentido de lo negativo que sería un fallo que desconociera un proceso de renegociación de deuda como el que la Argentina abrió en 2005 y 2010. En efecto, la confianza en la validez final de lo acordado en procesos como ese entraría seriamente en dudas, sea cuales sean los países que de ahora en más pudieran verse en una situación similar.

Hay que esperar un poco más entonces para develar el misterio. Aunque la reacción de los mercados locales a mitad de semana fue muy sintomática como para que, de golpe, todo se vuelva tan oscuro.

¡Que alguien le saque el Twitter, por favor!

El problema no son los contenidos, sino las dudas. Lo que preocupa no es lo que dice sino quien lo dice. El asombro no está causado por las palabras, sino por las responsabilidades que supuestamente asumió.

Los tuits de la señora de Kirchner revelan una notoria escasez de altura. Su exagerado personaje de mujer “común” denotan una actuación impostada -no porque Cristina no sea una mujer común (que lo es), sino porque no aprendió a aceptar que no puede hacer de eso un uso desubicado y pendenciero como si realmente se tratara de una señora discutiendo con su cuñada, haciendo uso de la tecnología.

La verborragia tuitera de ayer contra LAN, contra el presidente chileno, contra Brito, contra los medios, contra los holdouts, trasmite una formación pobre y, fundamentalmente, una enorme desubicación.

La presidente cree que esos arranques la acercan al hombre de a pie, cree que con eso entra en empatía cultural con él y que, por eso, cautivará su voto y su apoyo.

Y es posible que durante un tiempo esa táctica haya funcionado. Es posible, efectivamente, que mucha gente se haya comido el verso de tener a “una de ellos” en el gobierno. Pero ya no. Hasta la gente menos formada está ávida de tener una referencia respetuosa de las formas en el vértice más alto del poder. Las vulgaridades han hartado a medio mundo. La chabacanería ya no iguala a la presidente con el pueblo; ahora la pone en el lugar de los grotescos.

La presidente, además, ha herido gratuitamente al presidente de un país amigo que se desprendió de las acciones de la compañía LAN cuando dejó la vida privada. La señora de Kirchner eligió, para colmo, la vía de la ironía indirecta -que tanto aprecia- para poner en duda la venta de esas acciones. Usando un ácido entrecomillando en la palabra “vendido” dio a entender que no creía en esa operación. Detrás de las elucubraciones de Racalde están las convicciones de Cristina.

En cuanto a la deuda y los holdouts la presidente insiste en el concepto de que “el mundo” se quiere “llevar puesta a la Argentina”, como si realmente la dirigencia política y los popes de las finanzas mundiales estuvieran todo el día elaborando planes maléficos para hundir al país por la clara amenaza que su rotundo éxito significa. Señora presidente, con todo respeto, pero nadie se ocupa de nosotros; Usted hizo bastante para generar mucha de esa indiferencia y hoy la Argentina es un país básicamente intrascendente; nadie quiere producirle daños adicionales a los que ya se genera solo, sin que nadie lo mande; no existe ninguna confabulación mundial contra la Argentina; nosotros –en mucha medida gracias a Usted- no somos tan importantes. Creer que hay poderes ocultos que “nos quieren llevar puestos” es inventar una fábula enferma de importancia que ya nadie cree. Usted, señora, no es la Generala al frente de ninguna guerra. Es solo la presidente de un país endeudado cuyo acreedor ha demandado. No importa si ese acreedor fue el que confió originalmente en el país o un tenedor actual del bono. Su acreencia es legítima y el juzgado interviniente es el competente. No hay ninguna guerra y mucho menos una confabulación.

En lo que sí tiene razón la presidente es en cómo quedó en evidencia el grado de concentración mediática en las audiencias que organizó la Corte por la ley de medios. No hay dudas de que el aparato millonario que desplegó el gobierno con las señales directamente estatales más las que se encuentran en manos de sus amigos es tan abarcativo que la sola utilización de la palabra “monopolio” para referirse a una empresa privada de medios resulta francamente ridícula.

Está claro que los millones de la caja pública que fondean todos los argentinos no incluye el rating. Esos medios que nos cuestan millones a todos no los mira y no los escucha nadie, pero la torta de propiedad en manos del aparato de propaganda del gobierno asusta de solo verla.

Respecto del tema mínimo no imponible, la presidente no puede alardear. Las circunstancias electorales la forzaron a tomar una medida que nadie sabe si se prolongará más allá de diciembre. El límite de $ 15000 fue fijado por decreto. Para superar el límite del año fiscal precisaría de una ley. La ley aun no está, con lo que ese mínimo también es inseguro.

Finalmente la mención de la señora de Kirchner al “vaciamiento” de YPF por Repsol es más una imputación propia que una denuncia. ¿De haber existido semejante atropello quién fue el responsable de permitirlo? ¿Acaso no fue Néstor Kirchner quien ideó la alquimia financiera que permitió a los Eskenazi comprar parte de las acciones de la española con las propias utilidades de la empresa? ¿Quién era el dueño de YPF cuando sus acciones valían U$S 50 en NYSE y el país exportaba gas y petróleo, además de autoabastecerse? ¿Acaso esos “enemigos” de la Argentina que querían “llevarse puesta a la empresa” se habían tomado por aquellos años una vacación de su maldad?

La demagogia nunca es útil. Pero lo es menos cuando esconde una realidad vacía. No puede gobernarse sin un anclaje mínimo con la realidad y en guerra permanente con las mínimas formalidades que impone el ejercicio de un cargo.

Los avances de las comunicaciones de la era digital deben ser manejados con cuidado cuando uno es la autoridad máxima de un país. Los estragos que pueden ocasionarse creyendo que uno es un “igual” que puede hablar igual, escribir igual, comunicar igual y hacer un uso igual de la tecnología al que hace el hombre de pie, son de una magnitud tal que pueden herir las relaciones del país con sus vecinos, caer en el ridículo de la ignorancia y propagar le terminología de la vulgaridad.

La presidente debe saber ocupar su lugar. Ella no es una señora cualquiera tratando de hacerse la canchera simpática tuiteando con sus amigas del club. Sería bueno que contenga su verborragia en la red. No le queda bien.