El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días

En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas.

Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de muy poco tiempo, porque está aceptado que para evaluar la performance de la actividad agregada y a partir de ahí de sus derivados el consumo, el comercio exterior, las finanzas públicas, el empleo, la inversión y la situación monetaria y el nivel de pobreza de la población, se requieren al menos de dos trimestres o tres para advertir si se está frente a más de lo mismo agravado, o de un cambio de carácter permanente, sustentable, o meramente accidental o débil.

Pero además, en la Argentina, por esas cosas de las crisis institucionales recurrentes desde la vuelta a la democracia en 1983 los presidentes asumen el 10 de diciembre, con la excepción de la crisis de fines de 2001-2002 que determinó reiniciar el ciclo por única vez el 25 de mayo de 2003, pero con finalización el 10 de diciembre de 2007, cuando antes de los golpes de estado de los 70 y 80 las asunciones ocurrían al comienzo del último trimestre, un 12 de octubre, o a mitad de año, entre junio y julio.

Este no es un punto menor, que debería ser revisado con la votación legislativa de una addenda a la Constitución Nacional, porque no es lo mismo comenzar un gobierno a comienzos de un tercer trimestre en el que casualmente empiezan los trabajos de elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el período entrante y las pautas plurianuales para los tres años siguientes de mandato, que hacerlo sobre el filo del cierre del año calendario y fiscal en el que, además, hereda un Presupuesto aprobado por el oficialismo viejo, como ocurre ahora en que la ciudadanía votó el recambio.

Pero además, desde la óptica meramente del análisis económico no es lo mismo hacer un balance de los primeros 180 en el período de alza estacional de la actividad, que hacerlo justo en el de baja, y para peor en un contexto de una conocida herencia de destrucción de las estadísticas básicas que impiden no sólo conocer los números reales y contrastarlos con las estimaciones de las consultoras privadas, sino tampoco contar con series ajustadas por estacionalidad.

De ahí que luego de una acelerada etapa de normalización de las estadísticas y de las relaciones internacionales, tanto comerciales, como financieras, para lo cual el 14 de abril se ha fijado como punto de partida del antes y después, habrá que esperar el desempeño de las variables económicas de lo que resta del segundo trimestre y todo el tercero, para poder evaluar con números concretos, más que con sensaciones y percepciones sesgadas, según lugares de residencia, bandera política o situación de ingreso, sobre los progresos o fracasos registrados.

Eso nos lleva, como mínimo, al 10 de diciembre próximo, que es la fecha en la que el Indec podrá mostrar los datos relevantes de actividad, empleo, inversión, deuda pública al 30 de septiembre, que se informan cada tres meses con amplia desagregación, y el Gobierno presentar sus metas revisadas para el nuevo año en que a través de la renovación parcial de las cámaras legislativas podrá percibir la real evaluación de la población de su primer año y medio de gestión.

Segundo trimestre clave
El primer trimestre de Gobierno, a contramano de la estacionalidad baja de la actividad productiva y comercial, ha sido singularmente intenso en el flanco político, tanto en lo que respecta a la construcción de poder interno a una velocidad que sorprendió tanto a propios como más aún extraños, como en las relaciones diplomáticas, y en especial en espinoso terreno de las finanzas internacionales con holdouts que aparecían como intransigentes e indomables.

Ahora se espera que adquiera mayor protagonismo el frente económico y social, en lo que por la elección del gradualismo gran parte de la sociedad deberá enfrentar el dolor de las recomposiciones de los cuadros tarifarios de gas, agua, transporte y comunicaciones, y las empresas ajustar sus presupuestos a las definiciones de subas salariales que se acuerden en paritarias, la mayoría concentradas en ese período; mientras que el Banco Central no podrá sostener una política de tasas de interés en torno a 40% anual, si quiere contribuir a recomponer los índices de bancarización y de crédito al consumo de corto plazo, como de inversión productiva y en especial hipotecario y prendario.

Eso requerirá también replantear las modestas previsiones de Hacienda y Finanzas de baja del déficit fiscal, porque con un rojo heredado de más de 7% del PBI, equivalente a más de dos meses de ingresos fiscales genuinos, reducirlo a cerca de 5% del PBI implicará que el Tesoro nacional continúe dependiendo del auxilio financiero del Banco Central y del uso del fondo de ahorro de los jubilados, esto es del impuesto inflacionario, aunque sea atenuado en las metas a un rango aún inquietante de 20 a 25% anual.

En su visita a Buenos Aires el presidente Barack Obama dijo que una de las claves de sus buenos resultados económicos, con 72 meses consecutivos de crecimiento del empleo y reducción del déficit fiscal, fue el haber tomado las medidas duras, antipáticas, de una sola vez: “A veces el dolor a corto plazo y el tener que tomar acciones decisivas en una etapa temprana es lo más oportuno, en lugar de dejar las cosas para mañana y terminar con una serie de problemas que se perpetúan”, dijo.

El gradualismo que eligió Alfonso Prat-Gay, sostenido y alentado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar no sólo en metas más ambiciosas de disciplina fiscal, sobre todo a la luz del desmadre encontrado en todas las reparticiones públicas en materia de sobre dotación de personal no sólo física, sino también nominal, esto es inexistente para justificar movimientos de fondos a destinos desconocidos pero sospechados, presupuestos descabellados tanto de obras públicas no hechas pero pagadas, como de bienes y servicios, deudas no registradas con proveedores del estado; sino también en la normalización de todos los cuadros tarifarios, pero también de los planes asistenciales y régimen tributario integral, para asalariados, autónomos, monotributistas y empresas (ajustes por inflación), explica el deterioro de las expectativas inflacionarias y con ello de las posibilidades de rápida maduración de las esperadas inversiones productivas, dado que la mayoría no pasan del estado de los anuncios y promesas, a la espera de gran parte de esas soluciones.

Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta avanzar con la revisión del mínimo no imponible sobre los bienes personales y también con la aplicación de un IVA diferenciado para la compra de alimentos para jubilados y sectores de bajos ingresos, probablemente a través de un sistema de devoluciones hasta cierto nivel de compra, parece haber generado más rechazos que adhesiones, tanto de altos dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, hasta encumbrados economistas y periodistas supuestamente especializados.

Semejante reacción, al punto de que se insiste en que “con la suba del mínimo no imponible, pero sin cambiar las escalas, se sigue cobrando el impuesto al trabajo”, dijo Hugo Moyano, pero también lo sostuvo una amplia legión de comunicadores, analistas, políticos de oposición y encumbrados artistas y personalidades de la televisión abierta, parece exagerada si se tiene en cuenta que en la Argentina los asalariados alcanzados por Ganancias representan menos de 7% del total de los trabajadores, o dicho de otro modo, 1 por cada 15 ocupados en una tarea rentada, en blanco y negro. Continuar leyendo

10 factores que debería contemplar la discusión paritaria

¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional?

No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación, una siempre optimista por parte de las autoridades nacionales, y otras basadas en criterios que se asumen realistas a la luz del ritmo de expansión histórico de la cantidad de dinero o de los efectos del sinceramiento de algunas variables, singularmente atrasadas respecto de cualquier comparación histórica o internacional, como las tarifas. Sino simplemente de advertir que, a priori, se está frente a un cambio sustancial, tanto en lo político como en lo económico respecto de los doce años precedentes que no debieran ser desestimados.

Si realmente empresarios, trabajadores y Gobierno aspiran a un país que avance hacia una rápida desaceleración virtuosa de la inflación, esto es que no sea a costa de provocar mayor recesión, aumento de la pobreza y aislamiento del mundo, sino con crecimiento y mejora de la calidad de vida general de sus habitantes, la perspectiva de negociación no deberá ignorar el pasado, pero tampoco subestimar el futuro. La posibilidad de revertir una historia pendular y de crisis cada siete a 10 años, con un primer año malo de fuerte ajuste, como pasó en 1990 o 2002, para no ir más lejos, siempre es viable, aunque no necesariamente probable que se repita.

Una incompleta lista de factores que las partes participantes en las negociaciones paritarias de salarios, sea entre trabajadores dependientes del estado y sus empleados, como los docentes, o entre privados, para aumentar la posibilidad de un escenario de ganar- ganar, cada una de las partes, debería contemplar:

1. El cambio de signo político de Gobierno, pero fundamentalmente de estilo, claramente abierto al diálogo, dispuesto a comenzar a revertir los severos desequilibrios monetario, cambiario, fiscal y la realidad social, y fundamentalmente el objetivo de exterminar las decisiones discrecionales y por tanto arbitrarias;

2. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, previo a la supresión del cepo cambiario, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, economías regionales, y leve baja para el complejo sojero. A partir de ahí, algunos analistas, pero principalmente sindicalistas, alertaron por la inmediata transferencia de ingresos al sector más poderoso de la economía, el cual representa dos de cada tres dólares que generan las ventas totales de la producción nacional al resto del mundo, pero menos de 10 dólares por cada 100 dólares de riqueza que genera el conjunto de residentes en un año: trabajadores, empresarios y Gobierno. Sin embargo, si bien muchos precios al consumo se han elevado en respuesta a esos cambios, la transferencia de ingresos no se produce de una vez, sino que de ocurrir lo hará gradualmente, en la medida que se vendan primero los productos que estaban retenidos en los campos, menos de 10% de la producción total, y luego gradualmente al ritmo que madure el ciclo productivo que según los casos va de seis meses a tres años como la actividad ganadera; luego de las severas pérdidas que provocó en el último cuatrienio el atraso cambiario y la baja de las cotizaciones internacionales, con la excepción de los combustibles;

3. Lo mismo puede decirse del efecto del sinceramiento cambiario que implicó el fin del cepo. Para algunos dirigentes interesados en llevar agua para su molino, como ciertos líderes sindicales que buscan validar sus pergaminos, hablan de un salto de más de 40% respecto del nivel que tenía la paridad oficial entre el peso y el dólar antes del 17 de diciembre. Pero no sólo a aquella paridad de referencia accedían los que participaban del comercio exterior, entre exportaciones e importaciones no más de un cuarto de los que generan riqueza; más unos 7 de cada 100 trabajadores que la AFIP validó hasta el 16 de diciembre para comprar divisas para ahorro y otro tanto que recibían un reintegro del pago a cuenta del 35% de sus gastos con tarjeta en el resto del mundo. El resto, entre el 70% de los generadores de riqueza y más de 90% de los trabajadores que querían o necesitaban comprar un dólar deberían acudir al sofisticado sistema de compra por el canal bursátil (dólar liqui y MEP), en su amplia mayoría al circuito libre, marginal o blue a valores superiores a los actuales. De ahí que para la mayoría de la sociedad la devaluación del peso, o lo que es lo mismo, la caída de los salarios en dólares se produjo a lo largo de los pasados cuatro años. Por tanto, si se consideraba que con los ajustes en paritarias y la movilidad jubilatoria en ese período se compensaba ese efecto, queda invalidado el argumento de la necesidad de recuperar poder adquisitivo por una devaluación que no fue tal;

4. Aún no se definieron las correcciones que tendrán las tarifas de los servicios de gas, agua y del transporte público de pasajeros, además de los movimientos estacionales de los precios de los artículos y servicios escolares y la ropa de la nueva temporada, los cuales como la energía eléctrica, absorberán una parte creciente del salario de los trabajadores, porque en los últimos años fueron aumentados muy por debajo de cualquier pauta salarial y de inflación, y sólo se sostuvieron con la transferencia de subsidios de la Nación, los cuales a la postre alimentaban la inflación, porque el déficit de las finanzas públicas requería del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esa política no sólo derivó en estancamiento del PBI, sino peor aún en la escalada de la pobreza, que ahora se aspira a extinguir en cuatro años;

5. Desde la crisis de 2001, los datos informados por el Indec hasta noviembre 2015, el promedio de salarios de los trabajadores registrados en el sector privado aumentó 1.450%, mucho más que el 922% que experimentó la nómina del sector público en su conjunto, y también, aunque con menor brecha, que el 1.390% de la inflación que midió el Indec hasta diciembre de 2006 y el empalme con el consenso de las estimaciones de las consultoras privadas hasta el cierre de 2015. En ese tramo, la jubilación mínima se incrementó 2.766%, aunque se mantiene en un nivel absoluto indudablemente bajo: 4.299 pesos. De ahí que, en promedio, no se está frente a un singular desfase en la relación precios y salarios, al menos respecto de la situación prevaleciente en los últimos 15 años;

6. Las finanzas de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas no pasan por un buen momento, porque si bien nominalmente, en promedio, subieron sus precios y actualizaron los salarios de la nómina para minimizar la conflictividad laboral, enfrentan los efectos del estancamiento del mercado interno en los últimos cuatro años, contracción del negocio de exportación por el atraso cambiario en ese período; más la pérdida de productividad que provocó la discrecional política de aprobación de importaciones, tanto de insumos básicos, como de máquinas y repuestos que no se fabrican localmente. Ese cuadro luce congruente con el anuncio de la AFIP de que decidió diseñar un plan de financiación permanente de deudas que reglamentará en los próximos días;

7. Diferencia entre el cambio del nivel de precios de un bien o servicio y la inflación. Esta última se define como “el aumento persistente y generalizado de los precios de la economía”, mientras que la corrección de una vez del valor de las tarifas de luz, o gas, o agua, que según dijo el ministro Juan José Aranguren, será por única vez en el corriente año; no puede proyectarse como la tasa de inflación a un año vista;

8. Expectativas y realidad. Uno de los reaseguros que tomó el Banco Central de la República Argentina como parte de su objetivo de reducir la inflación a un dígito en cuatro años y contribuir a la recreación del ahorro y el crédito en moneda nacional fue subir la tasa de interés de las Lebac de 28 a 38% anual. A poco más de 50 días de esa medida, la renta que ofrece por esos títulos bajó a 30,5% anual, y se aproximó al nivel previo. La otra, fue iniciar un proceso de sacar del mercado el excedente de pesos que presiona sobre la inflación: la base monetaria que acusaba un ritmo de aumento de más de 45% anual hasta el 9 de diciembre, ahora se atenuó a 32%. Y en la medida en que las autoridades de Hacienda decidan actuar con mayor ímpetu en la reducción del abultado déficit fiscal, la tasa de emisión podrá converger más temprano que tarde a la zona de 20 por ciento;

9. Un rápido encuadramiento de las finanzas públicas permitiría una mayor velocidad de desaceleración de la expansión monetaria y con ello de las expectativas de inflación, fenómeno que se considera clave para reanimar la inversión productiva, local y extranjera, y de ese modo impulsar el empleo privado y absorber la destrucción de puestos improductivos e incluso no comprobados pero altamente remunerados que ya comenzó en el sector público nacional; de ahí la importancia de no sólo mostrar audacia y fortaleza para recuperar la disciplina fiscal, sino fundamentalmente de apoyarla desde todos los sectores;

10. Suba del mínimo no imponible de Ganancias a un salario de bolsillo de $29.266, se argumenta como un factor de compensación de una menor tasa de negociación de suba salarial por parte de las empresas. Sin embargo, ese beneficio recaerá sobre no más del 10% de los asalariados registrados y menos del 5% del total de los trabajadores, de ahí que si ese fuera el criterio para calmar las demandas de los gremios más poderosos y de altas remuneraciones relativas como petroleros, camioneros y bancarios; también debiera pensarse en una medida compensatoria para el resto de los trabajadores, ocupados y más aún desempleados, como suba de las asignaciones familiares y de los planes asistenciales.

Cambio de estrategia
Frente a semejante escenario, de arrastre y proyectado, bien podría plantearse que las partes, empresas y sindicatos, pero también el Gobierno, evalúen la posibilidad de definir un criterio de pauta anual para las negociaciones de salarios en paritarias, pero sin fijar ni montos ni tasas de ajuste.

Claramente, en un ambiente de alta inflación por más de ocho años, pero que también se proyecta para 2016, algunos con desaceleración, otros con intensificación, es impensable, encontrar un punto de acuerdo para fijar una tasa de referencia, aunque luego se la dividida en dos o tres partes. Pero existe una alternativa que ya han comenzado a seguir algunos sectores, como el del mercado de venta de automotores: acordar un aumento de salarios cada tres meses sobre la base de la tasa de inflación real de los últimos tres meses.

Un avance lo dio el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al reconocer como factor de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los títulos de la deuda pública ajustables por inflación, las mediciones que hacen las Direcciones de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, las cuales determina mes a mes.

Si esa referencia fuese aceptada y el período de ajuste pactarlo de modo trimestral, aunque para la primera actualización podría partirse de la última suba de los salarios, en algunos gremios fue en julio, en otros agosto, septiembre u octubre, y en los siguientes cada tres meses, se podría contribuir al objetivo de converger a una menor tasa de inflación sin que nadie pierda.

Y dado que se está frente a una situación excepcional de cambio de Gobierno y de políticas, también se podría acordar que la actualización de los salarios se pacte para todos a partir del corriente mes o a lo sumo del próximo, para equiparar las aguas con las medidas que favorecieron a algunas empresas productoras de bienes y servicios.

Los riesgos de una política económica con diferentes sintonías

Por tercera semana consecutiva la autoridad monetaria dispuso un nuevo recorte de la tasa de referencia para el costo del dinero en el mercado entre privados, porque quiere transmitir que las tensiones inflacionarias que generaron las expectativas del fin del cepo cambiario tienden a disiparse.

Así, el interés ofrecido por las Letras del BCRA que tuvo un pico del 38% anual antes del 17 de diciembre pasó a 35% en la primera semana sin cepo; luego se ajustó a 33% siete días después y ahora a 32% para el plazo de 35 días y descendió a 28,9% anual para el tramo más largo de 252 días.

De ese modo no sólo el directorio de la autoridad monetaria refleja un aumento de la confianza en que avanza firme hacia el sendero de tender a un objetivo de inflación para todo el año en un rango de 20 a 25%, como dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sino que lo está logrando pese a haber retirado del circuito financiero otros $23.000 millones, casi 4% de la base monetaria. Continuar leyendo

Suba del salario mínimo, vital y móvil: buenas y malas noticias

Empresarios y sindicalistas acordaron rápidamente el último martes aumentar 28,5%, en dos cuotas, el salario mínimo, vital y móvil de los actuales $4.716 por mes que rige desde enero tras una nueva reunión del Consejo del Salario reunido en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alcanzará a $5.590 desde agosto hasta diciembre y a $6.060 desde enero, casi punto de partida del nuevo gobierno.

La primera buena noticia es que a la hora de “cuidar” el salario base de los trabajadores el gobierno de Cristina Kirchner no se basa en los números que publica el Indec, ni en los Precios Cuidados, o el Ahora 12, sino se muestra flexible para que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologue un aumento alineado con la inflación que detecta el promedio de las consultoras privadas que informan sus datos a un conjunto de legisladores de la oposición.

La otra buena noticia, aunque más no sea porque se está en un año electoral en el que es común jugar con las necesidades de mucha gente para brindarles una alegría a cambio de conquistar o asegurar la fidelidad de su voto, fue el adelanto del incremento del haber mínimo a agosto, cuando en los últimos tiempos se aplicó en septiembre y enero.

No hay mucho más para destacar por el lado positivo, pese a que la larga lista del lado negativo ameritaba hacer varias tachaduras para transformarlas en hechos concretos y positivos.

Cristina Kirchner destacó al fin del encuentro de las partes en el Ministerio de Trabajo que el salario mínimo aumentó 2.930% desde el 2003, cuando se retomó el funcionamiento del Consejo del Salario, y que en ese período el Gobierno “nunca debió laudar”, porque siempre se llegó a un acuerdo entre gremios y cámaras empresariales.

Sin embargo, omitió hacer referencia que pese a semejante corrección en doce años, el salario mínimo vital y móvil ha sido un umbral muy difícil de alcanzar para más del 40% de los trabajadores que aún se mantienen en la economía informal y un número también importante debe trabajar como contratista independiente, tanto de un privado como del sector público, por la persistencia de elevadas cargas laborales que no pueden ser soportadas por los empleadores.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cabo del primer trimestre de 2015 más del 40% del ingreso de la ocupación principal (jefe de hogar) recibía por todo concepto: salarios, asignaciones familiares y algún otro subsidio monetario, menos de un salario mínimo, vital y móvil que entonces era de 4.716 pesos. Mientras que poco más del 20% de los hogares urbanos no lograba reunir esa suma con los ingresos de todo el grupo familiar.

Si se tiene en cuenta que en el caso de los trabajadores convencionados, los cuales representan una mínima parte del total de empleados asalariados formales, los acuerdos de aumento de salarios homologados en los últimos meses se ubicó en el rango del 28,5% que se acordó para el SMVM pero pocos parten de una cuota de 18,5% y otra de 10% cinco meses después, ya que predominaron los ajustes escalonados en tres partes, la brecha negativa entre el ingreso real y mínimo lejos de achicarse seguirá ampliándose.

Otra mala noticia es para el caso de las empresas y, en particular pequeños empleadores, que el aumento casi por decreto del SMVM eleva sus costos de producción de bienes o servicios, sin que en contrapartida reciban un alivio impositivo o el derivado del incremento de las ventas, porque una economía con alta inflación y creciente presión tributaria sólo conduce al empobrecimiento del país, más allá de que siempre existan nichos que constituyen la excepción a la regla, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra mala noticia, que aumenta la carga de la mochila que recibirá el próximo gobierno, es que al homologar el Ministerio de Trabajo un nuevo aumento del SMVM del 28,5% a tono con la Inflación Congreso para los últimos doce meses, otra vez con la presencia de la Presidente de la Nación, no hizo más que volver a poner al descubierto el default técnico que el Gobierno incurre con los bonistas que aceptaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, de títulos ajustables por CER. Es que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se nutre de la variación del Índice de Precios Nacional Urbano del Indec, el cual sube casi la mitad que la tasa que arroja la inflación real, que una vez más se consideró para ajustar el salario mínimo, vital y móvil.

Para peor, el creciente desequilibrio de las finanzas públicas y su desbordado financiamiento con emisión de pesos, no sólo alimenta la inflación que erosiona con singular rapidez la capacidad de compra de los nuevos salarios, sino que además amplía la brecha entre la variación de las remuneraciones en el sector privado, en torno a 28%, y las del sector público, que en el caso de la administración central saltó a 46% en mayo último 39% en el promedio de los primeros cinco meses.

También se suma a la lista de las malas noticias que una vez más el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se concentró en el último punto y volvió a postergar la discusión de políticas que contribuyan a incrementar la oferta de trabajo, la innovación y la productividad, y de ese modo contribuir al crecimiento sustentable de la generación de riqueza y a una mejor distribución de la riqueza.

Paritarias e ilusión monetaria

A la luz del comienzo de las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores, con la intermediación del Ministerio de Trabajo para homologar lo que se convenga, muchos economistas y políticos se esperanzan en que ese proceso derive en la mejora del clima de negocios y consecuentemente del humor de las familias, porque inmediatamente proyectan una resurrección del consumo.

Claramente, que es el mejor deseo que esas expectativas no se vean defraudadas y que la economía empiece a salir más temprano que tarde de la faz recesiva que ya acumula más de 18 meses y cuya tendencia afianza su divorcio de lo que se prevé para el promedio mundial.

Sin embargo, pensar que el escenario puede cambiar de un día para otro por el mero hecho de que comenzará a cerrarse otra ronda de paritarias en los diferentes gremios, porque asumen que muchos trabajadores (los convencionados) van a recuperar capacidad de consumo, parece subestimar la magnitud del deterioro de los presupuestos personales, en forma generalizada por el efecto de la inflación diaria, y agravada en muchos casos por la vuelta de las suspensiones y despidos, y la acumulación de deudas, no necesariamente con el sistema financiero.

De ahí que en muchos casos, a medida que mejoren los haberes, los cuales como es práctica no tendrá lugar de “una vez”, sino en dos y hasta tres cuotas hasta fin de año e incluso principios del siguiente, sólo podrán cancelar compromisos pendientes, al tiempo que parte del aumento volverá a diluirse con una inflación que no sólo se manifiesta firme en el rango de 2% mensual, sino que además en muchos casos una porción variable de la suba nominal será absorbida inmediatamente por la AFIP porque considera a salarios que superan en más de dos veces al promedio como Ganancias, pese a que esa referencia no asegura esa condición, y menos aún capacidad de ahorro.

Sólo la ilusión monetaria que genera la nominalidad en una economía altamente inflacionaria, que mantiene a la Argentina en los primeros puestos del ránking mundial, como acaba de mostrar el Fondo Monetario Internacional con estimaciones tomadas de los organismos oficiales de cada país, puede hacer creer que el mero aumento de los salarios posibilitará elevar el poder de compra. Pero la realidad está muy lejos de avalar esa probabilidad.

Los primeros datos de actividad del primer trimestre, sea de recaudación, como de estimaciones privadas de la actividad manufacturera, revelan una recesión que ya acumula entre 13 y 18 meses, según el sector que se tome, mientras no se advierten señales de modificación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, que justifiquen esperar un cambio de tendencia.

Incluso, en los mercados financiero y cambiario, que como es costumbre operan con la mira en el futuro, también se percibe un punto de giro, porque las perspectivas de cambio que percibían hasta una semana atrás se vieron alcanzadas por la incertidumbre que prevalece en la economía real.

Por tanto es deseable que ocurra un cambio y que la inversión, el consumo, la producción y el comercio exterior retomen la senda del crecimiento, pero eso no podrá ocurrir de modo sustentable y por tanto sostenido, sino viene acompañado de un giro hacia la disciplina fiscal y monetaria y desanudar las ataduras que afectan a la economía real, es decir tanto a la producción, como al empleo y consecuentemente al real poder de compra de los salarios.