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Ingresos transitorios apuntalaron la caja de la AFIP

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, volvieron a pasar en abril el examen de la recaudación, porque lograron que se superara con creces la pauta mensual fijada en el Presupuesto, aunque más el segundo que el primero, porque la bonanza de los recursos tributarios se licúa con un gasto que parece no encontrar límite.

Sin embargo, un análisis desapasionado del desempeño de las cobranzas de la AFIP permite rápidamente advertir que el Gobierno nacional ha comprado tiempo para poder obtener más recursos que lo esperable por una coyuntura con generalizada retracción del consumo, la producción, la inversión y el comercio exterior, y para peor con suspensiones de personal y recorte de la jornada laboral en varias industrias.

Comprar tiempo es la función que cumple el acuerdo celebrado con los productores sojeros y la cadena primaria de valor para que anticipen la liquidación de sus exportaciones en casi dos meses, el cual posibilitó que en abril aportaran 64% más recursos a la AFIP vía retenciones, más el efecto del salto del tipo de cambio en poco más de 55% en los pasados doce meses. No ocurrió lo mismo con los productores de cereales, ni con las refinerías de petróleo.

Pero también se agregó en el último mes el “efecto estadístico”, o del almanaque, porque con la multiplicación de los feriados nacionales se fue alterando el cronograma de vencimientos de impuestos que se pagan casi semanalmente, como es el caso del IVA. En abril de 2013 con alza de precios de 23,7% lo percibido por ese tributo sobre la venta de productos nacionales se había elevado 13,6% respecto de doce meses antes. Un año después, con aceleración de la inflación a poco más de 35%, registró un aumento de 51,9 por ciento.

En el caso del IVA importaciones, por el contrario, el efecto de “pisar” los pagos autorizados para cuidar las reservas en divisas del Banco Central, determinó que lo recaudado pasara de crecer 96% a 35,4 por ciento.

Se trata de un singular impulso del principal impuesto al consumo que no se puede explicar por una supuesta bonanza de la demanda interna, como sostuvieron los funcionarios, habida cuenta de que la facturación del conjunto de supermercados se elevó en casi veinte puntos porcentuales menos en términos agregados por el Indec, aunque con la ayuda de haber expandido el relevamiento de datos a más de 150 puntos de venta, 7,3% del total. Es decir la venta bajó más de siete por ciento en cantidades.

Tampoco se puede explicar por la suba nominal de la capacidad nominal de gasto de los trabajadores asalariados, porque el propio Indec informó que promedió 29 por ciento, unos seis puntos porcentuales por debajo de la tasa de inflación. Y, además, la economía dejó de generar empleos netos.

Indicadores contrastantes

Y si bien año tras año la AFIP registra progresos en la administración tributaria con operativos que han conducido a reducir la informalidad, no se han mostrado razones de peso que permitan justificar por esa vía un salto de 20 puntos porcentuales en la recaudación de IVA. Existen claras evidencias de que la economía en negro se mantiene por arriba del 34% entre los asalariados, y más de 50% entre las actividades independientes. En los últimos días ARBA detectó un grado de evasión plena de 45% en los comercios de La Salada y otro 40% con irregularidades relevantes. Sólo 15% tenía los papeles en regla.

Por el contrario, los primeros indicadores relevantes de actividad correspondiente a abril dieron cuenta de que el patentamiento de automotores declinó más de 35% interanual; el de motos se derrumbó 45%; la CAME midió una baja de 7,3% en las ventas minoristas; el transporte de cargas por las rutas nacionales mantiene varios meses con disminuciones del orden de 20% al año y el comercio exterior con el principal socio comercial se contrajo más de 24 por ciento.

De ahí que una vez agotado el “efecto anticipo” de exportadores del complejo oleaginoso y corregida la recaudación por el corrimiento de vencimientos de tributos claves como IVA, se observará que los recursos estuvieron lejos de reflejar un escenario de bonanza y singular eficiencia tributaria. Para ese momento, el resultado del examen de la recaudación proyecta un claro deterioro de la nota.

La escalada del dólar, algo más que estacional

La historia Argentina es muy rica en reflejar la estacionalidad de la demanda de divisas por parte de turistas que programan sus vacaciones de verano en algún lugar del resto del mundo. También la estadística recoge los efectos de la recomposición de carteras que, tras el cierre del año viejo, hacen muchas empresas. Y, por supuesto, la clara demanda de divisas para atesoramiento que hacen los particulares, en particular aquellos que tienen capacidad de ahorro para mediano plazo, tras el cobro del medio aguinaldo o algún bonus de fin de año.

Pero este 2014 arrancó con otros factores impulsores, los cuales eran esperados en forma proporcionalmente creciente a la medida en que se fue devaluando la capacidad del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ahora en la luz del ministro de Economía Axel Kicillof para corregir los severos desequilibrios macroeconómicos que se fueron acumulando en los pasados dos años y algo más, esto es. desde que rige el cepo cambiario.

La reacción de muchos agentes económicos no es caprichosa
Pese a que la sociedad ha aceptado estoicamente el aumento persistente y sostenido de los impuestos, ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ratificó que este año “vamos a salir a buscar agua en el desierto para cumplir con la meta de recaudación de impuestos”, al anunciar el aumento del cargo financiero a las empresas exportadoras que triangulan operaciones y, sobre todo, ratificar que se elevará la valuación de los inmuebles para el pago de Bienes Personales. Esto es más impuesto.

Por el contrario sigue ausente en el nuevo gabinete cualquier referencia al control del gasto público, pese a que crece a ritmo desenfrenado a más de 35% al año, cuando los recursos tributarios lo hacen a menos de 22%. El resultado es mayor dependencia del financiamiento del Banco Central con emisión, es decir, inflación.

Y en la Argentina de los últimos cincuenta años, con raras excepciones, la única alternativa de inversión de alta liquidez que posibilitó mantener el poder de compra de los ahorros de las empresas y familias fue el dólar. Ahora, naturalmente no es la excepción.

Por tanto, pretender fomentar la competitividad, conquistar mercados de exportación, mientras se fogonea la capacidad financiera y de inversión de las empresas y familias alentando la inflación, subiendo los impuestos y con un tipo de cambio oficial que corre de atrás, es una tarea no sólo infructuosa, sino que explica el acelerado enfriamiento de la actividad y, en algunos sectores como el mercado automotor, la caída de la producción a tasas de dos dígitos.

Ese cuadro explica la sostenida hemorragia de las reservas del Banco Central, las cuales se parecen cada vez más a un Pagadiós que a un reaseguro para hacer frente a inesperados acontecimientos externos, porque los adelantos al Tesoro Nacional de la autoridad monetaria ya representan más del 91% del valor de las reservas al tipo de cambio oficial y se reduce apenas a 58% al cambio libre.

De ahí que hasta tanto no aparezca un plan integral de reordenamiento macroeconómico, que sea capaz de recrear la confianza para reanimar la inversión, la creación de empleo privado y el ahorro en moneda nacional, a través de instrumentos probados, la desconfianza en la moneda no tendrá techo.

En el Gobierno culpan a los bancos de todos sus fracasos

En la última semana, el jefe de bloque del oficialismo en la Cámara alta, el senador Miguel Ángel Pichetto, en la 34ª Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas, y el titular de la AFIP lanzaron dardos contra el sistema financiero, en disconformidad con la forma y criterios con las que encaran su actividad, porque consideran que no contribuyen con el crecimiento de las empresas y con el rol esencial de canalizar el ahorro de las empresas y familias a la inversión y el consumo como deberían hacerlo.

Previamente, desde el ala económica, con el viceministro Axel Kicillof a la cabeza, y desde el propio Banco Central, la presidente de la entidad Mercedes Marcó del Pont, entre otros, justificaron la imposición de líneas de crédito subsidiadas para la inversión productiva, como el Crédito del Bicentenario y las destinadas a las PyME con un piso de 10% del total de depósitos que capten, por la reticencia de la banca de prestar para la producción.

En esa línea, el senador Pichetto dijo que “hay que replantear el rol de los bancos, porque no están prestando todo lo que le pide al sector productivo, porque dicen que las empresas no ofrecen suficientes garantías, que no califican, y eso no es siempre así”.

Incluso fue más allá el senador por el FpV y remarcó ante la atónita mirada de más de 200 ejecutivos de finanzas y medios periodísticos que “ha sido una imbecilidad creer que el Banco Central de la República Argentina debía ser independiente del poder político y por tanto tener una autoridad superior a la del propio Poder Ejecutivo Nacional”.

Luego fue el turno del titular de la AFIP al destacar, primero en una entrevista casual que le hice en su ingreso a Aeroparque en la avanzada noche del sábado y luego el martes en conferencia de prensa para anunciar la recaudación de septiembre, que “los bancos no han colaborado una vez más para alentar la adhesión a la Ley de Exteriorización de Moneda Extranjera fuera del país, porque se ampararon infundadamente en que podían violar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

Saludable limitación de las normas prudenciales
En todos los casos, se omitió hacer mención a que gran parte, por no decir todo, del comportamiento cauteloso de las entidades responde a la catarata de medidas prudenciales que desde hace más de 20 años se fueron implementando en el país para que no se repitieran las crisis financieras con cierre de entidades y asistencia hipermillonarias por parte del Banco Central, como ocurrieron en los ’80. De hecho, la propia presidente de la Nación, Cristina Kirchner, ha resaltado en repetidos discursos y por cadena nacional la fortaleza del sistema financiero que se vio reflejada en la ausencia de cierres en las crisis de 2001 y 2002, y más reciente de 2008 a 2009, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, en los EEUU.

Se trata de normas prudenciales y preventivas, para resguardar al extremo los fondos que los confían los ahorristas, familias y empresas argentinas, principalmente, que en el mercado se conocen como Basilea II, III y las más recientes IV, las cuales exigen evaluar adecuadamente las garantías que ofrecen los potenciales tomadores de crédito, la capacidad de flujo de fondos para repagarlo, previo análisis del destino real de los recursos, para que no sean desviados a operaciones ilegales, como lavado de dinero, vínculos con el financiamiento al terrorismo, entre otras atrocidades.

Sin embargo, lejos están de tomar en cuenta todas de esas consideraciones instrumentales y el propio artículo 14 de la ley 26.860, promulgada el 31 de mayo de 2013, que estipula: “Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”, que explican la actitud precavida de los banqueros.

Es más, sobre el final de ese artículo, el legislador habilitó a las entidades a tomar recaudos adicionales, antes de aceptar la exteriorización de capitales fuera del país al destacar que “las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente”.

Sobre esa base, y ante la supuesta falta de respaldo de la documentación presentada por quienes querían regularizar su situación tributaria “muchos bancos terminaron reportando la mayoría de las operaciones de blanqueo para cubrirse de futuras investigaciones sobre lavado de dinero, lo que podría derivar en multas para las entidades de uno a diez veces el monto del dinero exteriorizado. La medida era inevitable, porque la experiencia del sector es que sólo 30% de las operaciones de blanqueo se podrían justificar el día de mañana”, justificaron analistas del sector.

Trabajadores y jubilados cobrarán $1.100 millones más pero les sacarán $12.300 millones

A través del decreto 1.242 el Poder Ejecutivo resolvió unilateralmente, usurpando una potestad del Poder Legislativo Nacional otorgada por el artículo 99 de la Constitución Nacional, inyectar en el bolsillo de una pequeña franja de asalariados y jubilados unos $1.100 millones por mes, hasta diciembre, a través de la suba arbitraria y selectiva de las exenciones del Impuesto a las Ganancias.

Sin duda que la iniciativa recogió una clara expresión de las urnas en las PASO, dado que la mayoría de los candidatos enarbolaron la bandera de la actualización del mínimo no imponible, para corregir el efecto del impuesto inflacionario sobre Ganancias en debate en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Pero el Gobierno nacional no sólo se hizo propia esa propuesta, sino que llegó al extremo de introducir cambios discrecionales y parciales, violando facultades constitucionales, según advierten expertos tributaristas como Raúl Cuello.

Son discrecionales, porque la suba de las exenciones para reducir el universo de los asalariados y jubilados alcanzados por Ganancias es plena hasta el umbral de $15.000 de remuneración bruta mensual, esto es, antes de cualquier descuento legal que se haya aplicado en algún momento de los pasados ocho meses, de 20% para la franja siguente, hasta $25.000, mientras que no se movieron los mínimos no imponibles y las escalas fijas de alícuotas, en este caso en los últimos trece años.

Además, es discrecional porque el cambio no se hizo extensivo a los trabajadores autónomos, ni se actualizaron las escalas para los monotributistas, y se excluyó a los asalariados que perciben ingresos superiores a $25.000 brutos por mes, pero que en términos netos se licuan singularmente por la aplicación de tasas de imposición superiores, en términos relativos, a la que pagan las empresas.

Y es parcial, porque también viola una vez más una característica propia del Impuesto a las Ganancias, que es de base anual. La suba de las exenciones se aplica a partir de los ingresos de salarios y jubilaciones que se liquiden desde el 1° de septiembre, y por tanto no se habilita la restitución de las retenciones que los empleadores hicieron en los ocho meses previos.

Financiamiento inflacionario
También, recogiendo iniciativas de los candidatos a sumarse al cuerpo legislativo a partir del 10 de diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el 27 de agosto el proyecto de ley que gravará con 10% el pago de dividendos por parte de las empresas que no cotizan en Bolsa y con 15% la renta por la transferencia de acciones y títulos valores de empresas no cotizantes.

La propuesta no hace referencia a la coparticipación con las provincias de los eventuales ingresos estimados con esos impuestos, $2.056 millones para el último cuatrimestre de 2013, pese a que surgieron como fuente de compensación de la renuncia al cobro parcial de un gravamen que cobra la Nación pero que luego comparte las 24 grandes jurisdicciones.

Además, no existen antecedentes y registros que avalen la previsión de cobro de esos impuestos, más aún en una economía inflacionaria en la que no se actualizan los valores de los balances de las empresas.

No sólo eso, el Gobierno nacional ha desalentado al extremo la práctica del pago de dividendos, en particular a las empresas con accionistas radicados fuera del país. Por tanto se busca imponer un cargo a una política empresaria que previamente prácticamente se la prohíbe o restringe.

El Poder Ejecutivo Nacional niega la relevancia del impuesto inflacionario, pero surge de gravar valores nominales en ascenso, como ocurre tanto con los salarios, como las jubilaciones y las ganancias de las empresas, amén del pasaje de monotributistas al régimen general de Ganancias e IVA, pese a que en la mayoría de los casos se pierde capacidad de compra de bienes y servicios por la suba del promedio de precios de la economía.

El Estado nacional ha podido sortear parte de ese efecto acudiendo al senoriaje, que es la capacidad de emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central para financiar la escalada del gasto público.

Sólo en agosto los adelantos transitorios del Banco Central al Gobierno Nacional se elevaron en $12.300 millones, en contraste con apenas $5.074 millones que lo hizo la base monetaria. Totalizan más de $152.000 millones y equivalen a 47% del total de la base monetaria y casi 67% del total de billetes y monedas en manos de toda la población y de las empresas.

Semejante inyección de pesos explica que la Argentina haya recaído en un estadio inflacionario a ritmo de dos dígitos altos al año, más de 20% según el consenso de las mediciones privadas que difunden mes a mes legisladores de la oposición al Gobierno y más de 30% en las expectativas de la población.

De ahí que si bien es aplaudible y saludable que se actualicen las exenciones de Ganancias, para que surtan efecto y no violen principios básicos de equidad de la tributación es necesario que no sólo se actualice en forma automática el mínimo no imponible y las escalas de imposición, sino que, previamente, o al menos simultáneamente, se cambien las políticas que han llevado a la Argentina a los primeros puestos en materia de inflación, desalentado la inversión productiva y la creación de puestos en el sector privado, fenómenos que han llevado a la vuelta de los denominados déficit gemelos de las finanzas públicas y de las cuentas externas.