Por: Daniel Sticco
En la última semana, el jefe de bloque del oficialismo en la Cámara alta, el senador Miguel Ángel Pichetto, en la 34ª Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas, y el titular de la AFIP lanzaron dardos contra el sistema financiero, en disconformidad con la forma y criterios con las que encaran su actividad, porque consideran que no contribuyen con el crecimiento de las empresas y con el rol esencial de canalizar el ahorro de las empresas y familias a la inversión y el consumo como deberían hacerlo.
Previamente, desde el ala económica, con el viceministro Axel Kicillof a la cabeza, y desde el propio Banco Central, la presidente de la entidad Mercedes Marcó del Pont, entre otros, justificaron la imposición de líneas de crédito subsidiadas para la inversión productiva, como el Crédito del Bicentenario y las destinadas a las PyME con un piso de 10% del total de depósitos que capten, por la reticencia de la banca de prestar para la producción.
En esa línea, el senador Pichetto dijo que “hay que replantear el rol de los bancos, porque no están prestando todo lo que le pide al sector productivo, porque dicen que las empresas no ofrecen suficientes garantías, que no califican, y eso no es siempre así”.
Incluso fue más allá el senador por el FpV y remarcó ante la atónita mirada de más de 200 ejecutivos de finanzas y medios periodísticos que “ha sido una imbecilidad creer que el Banco Central de la República Argentina debía ser independiente del poder político y por tanto tener una autoridad superior a la del propio Poder Ejecutivo Nacional”.
Luego fue el turno del titular de la AFIP al destacar, primero en una entrevista casual que le hice en su ingreso a Aeroparque en la avanzada noche del sábado y luego el martes en conferencia de prensa para anunciar la recaudación de septiembre, que “los bancos no han colaborado una vez más para alentar la adhesión a la Ley de Exteriorización de Moneda Extranjera fuera del país, porque se ampararon infundadamente en que podían violar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
Saludable limitación de las normas prudenciales
En todos los casos, se omitió hacer mención a que gran parte, por no decir todo, del comportamiento cauteloso de las entidades responde a la catarata de medidas prudenciales que desde hace más de 20 años se fueron implementando en el país para que no se repitieran las crisis financieras con cierre de entidades y asistencia hipermillonarias por parte del Banco Central, como ocurrieron en los ’80. De hecho, la propia presidente de la Nación, Cristina Kirchner, ha resaltado en repetidos discursos y por cadena nacional la fortaleza del sistema financiero que se vio reflejada en la ausencia de cierres en las crisis de 2001 y 2002, y más reciente de 2008 a 2009, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, en los EEUU.
Se trata de normas prudenciales y preventivas, para resguardar al extremo los fondos que los confían los ahorristas, familias y empresas argentinas, principalmente, que en el mercado se conocen como Basilea II, III y las más recientes IV, las cuales exigen evaluar adecuadamente las garantías que ofrecen los potenciales tomadores de crédito, la capacidad de flujo de fondos para repagarlo, previo análisis del destino real de los recursos, para que no sean desviados a operaciones ilegales, como lavado de dinero, vínculos con el financiamiento al terrorismo, entre otras atrocidades.
Sin embargo, lejos están de tomar en cuenta todas de esas consideraciones instrumentales y el propio artículo 14 de la ley 26.860, promulgada el 31 de mayo de 2013, que estipula: “Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”, que explican la actitud precavida de los banqueros.
Es más, sobre el final de ese artículo, el legislador habilitó a las entidades a tomar recaudos adicionales, antes de aceptar la exteriorización de capitales fuera del país al destacar que “las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente”.
Sobre esa base, y ante la supuesta falta de respaldo de la documentación presentada por quienes querían regularizar su situación tributaria “muchos bancos terminaron reportando la mayoría de las operaciones de blanqueo para cubrirse de futuras investigaciones sobre lavado de dinero, lo que podría derivar en multas para las entidades de uno a diez veces el monto del dinero exteriorizado. La medida era inevitable, porque la experiencia del sector es que sólo 30% de las operaciones de blanqueo se podrían justificar el día de mañana”, justificaron analistas del sector.