Los kirchneristas que leyeron mal a Borges

Uno de los más célebres poemas de Borges es El golem. Allí, unos versos explican con precisión la posibilidad de que en las palabras vivan lo que ellas significan. Así comienza el poema:

Si (como afirma el griego en el Cratilo)

el nombre es arquetipo de la cosa

en las letras de ‘rosa’ está la rosa

y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.

Una posibilidad que remite a lo divino y sus cualidades ya que, como dice el texto bíblico, “En el principio fue el Verbo”. Nombrar la cosa y que la cosa sea es una prerrogativa de los dioses.

Tal parece ser la actitud política de los kirchneristas a la hora de construir esa entelequia que se ha dado a conocer como “el relato”.

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Boudou, el presidente que amaba el dinero

Ciertas veces resulta difícil visualizar el modo en que figuras de relevancia política y social serán vistas en el futuro a través de la mirada de la Historia. Lo más probable es que tal no sea el caso de Amado Boudou, quien hoy cumple funciones como presidente de la Nación, el primero en la historia procesado por la Justicia, sospechado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Todo indica que los manuales del porvenir le reservarán un lugar en los capítulos de la vergüenza de nuestra historia y será percibido como un signo efervecescente de este final del kirchnerismo.

Boudou no es una excepción al armado kirchnerista y se puede asegurar sin dudas que los presidentes de la década ganada, incluído él mismo, amaron el dinero. Ninguna persona cercana a la figura de Néstor Kirchner podría poner en duda esa afición, replicada en su esposa, la actual presidente Cristina Fernández, y que también se cuenta entre los deseos públicos y privados del vice procesado, hoy jefe de Estado, Amado Boudou.

No se trata de especulación psicologista, sino de constatación de los datos que indican el aumento de las fortunas personales de los Kirchner y de Boudou durante sus servicios en la función pública, en particular desde mayo de 2003. El patrimonio de los Kirchner creció más de mil por ciento durante el tiempo de sus presidencias. En 2002, Boudou presentaba bienes por $128.034,29 en su declaración de impuesto a las ganancias. En 2012, señalaba que su fortuna había ascendido a $1.112.132,14 ante la Oficina Anticorrupción. Un crecimiento más que notable. Y más todavía cuando para el juez Ariel Lijo, que dictó el procesamiento del hoy presidente, Boudou se había convertido en el verdadero dueño de Ciccone Calcográfica, operación para la que habría contratado al prestanombres Alejandro Vanderbroele.

Existe un rasgo que opera en ciertas personas y que se condice con las leyes de la física y la naturaleza: la transformación de cantidad en calidad. De tal modo, la acumulación física de dinero promueve que los billetes dejen de ser meros billetes -o números de cuenta en paraísos fiscales del Caribe o las Seychelles- para convertirse en cifras del poder. Un proceso que sufre una tercera transformación y que bien definió en los noventa el suicidado empresario menemista Alfredo Yabrán: “El poder es impunidad”, había dicho. Impunidad, agua en la que se mueve a gusto el vicepresidente procesado, hoy presidente, Boudou.

Desde sus tempranas épocas como animador de la noche marplatense en el boliche Frisco -nido de pseudo-bon vivants modernosos pero también de arribistas sociales-, pasando por sus veleidades militantes en la liberalísima UPAU -cuando su agrupación, y él mismo, militaban por el desprocesamiento de los militares acusados por crímenes en la dictadura-, hasta su paso kirchnerista por la ANSES, el ministerio de Economía y la vicepresidencia -regado todo por la idiosincracia millonaria de Puerto Madero y sus formas adictivas. ¿Es el hoy presidente Boudou una anomalía de este modelo nacional y popular?

Permítaseme arriesgar que, en realidad, se trata de su exponente más honesto. El modelo kirchnerista no produjo transformaciones estructurales sino que se abocó a la reconstrucción de una burguesía nacional parasitaria, a la entrega de los recursos del país a multinacionales como Chevron, al pago de la deuda usuraria y reparaciones como las que se brindaron al Banco Mundial, a Repsol y que hoy negocia en Nueva York Axel Kicillof con los fondos buitre.

Boudou es el emblema de un modelo que lleva, como señala la fábula del sapo y el escorpión, a la corrupción como constituyente de su naturaleza. A pesar de la defensa ignominiosa que pueda realizar Hebe de Bonafini sobre él -que la hunde más en la oscuridad de un rol que no debería haber tenido-, es la torpe honestidad de Boudou la que expone vehementemente sus miserias.

Aunque quiera disimular, como Remo Erdosain ante el farmacéutico Ergueta, a quien intenta conducir hacia la entrega de su dinero en un capítulo de la genial novela de Robertlo Arlt, Los siete locos. Quizás la sociedad deba imitar a Ergueta, levantarse, extender el brazo, hacer chasquear la yema de los dedos y pronunciar, mirando bien directo a los ojos del hoy presidente Amado Boudou, esa línea ejemplar: “Rajá, turrito, rajá”.

 

Un nuevo testimonio complica a Milani

La riojana Verónica Matta declaró el día de ayer en los tribunales de Comodoro Py que César Milani, actual jefe del Ejército, había sido el militar que comandó el operativo de su desaparición en 1976, cuando tenía 17 años. De este modo, la denuncia se incorporó a la causa que investiga la desaparición del conscripto Raúl Agapito Ledo y que tiene asiento judicial en Tucumán.

“Para mí es sanador contar esto ante la justicia -aseguró Matta a Infobae-. Era un tema sobre el que no quería volver, que quería dejar en el pasado. Pero cuando vi la foto de Milani en los diarios, todo el pasado volvió sobre mí. Él había sido el hombre que dirigió el operativo de mi detención ilegal”.

Matta se presentó en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan a raíz de un exhorto realizado por el fiscal tucumano Carlos Brito tras las declaraciones que había realizado la ex detenida desaparecida a la prensa. Brito envió una serie de preguntas que fueron realizadas en Comodoro Py.

“Ratifiqué que reconocí a Milani como el hombre que comandó el operativo de mi detención el 16 de julio de 1976. Al verlo en la televisión lo reconocí. Lo recuerdo más joven y un poco más flaquito, pero es Milani. Yo participaba como delegada en las actividades del Colegio Nacional Joaquín V. González. En esas circunstancias conocí a Alberto Ledo, que hoy está desaparecido. La noche del 16 de julio de 1976 yo ya estaba durmiendo cuando el ruido de unos autos me despertó. Salí por el balcón y vi tres autos con militares armados. Mi viejo me avisó que me buscaban. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con las armas. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, muy puesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: ‘No se preocupe, doctor’. Mi papá preguntaba: ‘¿Pero a dónde la llevan?’. ‘No le podemos decir, doctor’, respondía este militar jovencito. Mi viejo era abogado e hizo llamar a un vecino para que testifique que me estaban llevando. También recuerdo que le pidió al militar joven que firmara un papel y tengo el recuerdo de que lo firmó. Ese hombre era Milani. También lo vi mientras estaba detenida, cuando me trasladaban para un interrogatorio. Siempre que nos trasladaban a los interrogatorios nos vendaban y nos esposaban. Pero mi venda quedó baja y lo pude ver: era el mismo joven militar de mi detención. Milani estaba dentro del centro clandestino de detención. En esos interrogatorios me preguntaron por Ledo”.

Quien es ahora una testigo clave de la causa Milani permaneció en el centro clandestino de detención riojano varios meses hasta que fue legalizada. Fue liberada dos años y medio después, a principios de 1979.

Para su declaración judicial, Matta fue acompañada por la abogada María Elisa Reynoso, una de las querellantes en la causa Ledo y que fuera apartada de su rol como directora del AFSCA riojano por su rol en este proceso, perjudicial para Milani.

“El aporte de Matta es muy importante para la causa, ya que ratificó e identificó a la persona que la detuvo como César Milani -explica la letrada Reynoso-. También aportó que los militares tenían fichado a Ledo, ya que durante su detención ilegal fue interrogada sobre su vínculo con el conscripto desaparecido. Y por otro lado, contra los argumentos de la defensa de Milani, que aduce que obedecía órdenes o que era muy jovencito, ella lo identificó como la voz cantante en su detención. Era el jefe de ese operativo”.
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A la audiencia judicial también concurrió el abogado Adolfo Bertini, que defiende a Milani en esta causa. Durante la audiencia, Bertini objetó que Matta se refiriera a Ledo como desaparecido. “Es una presunta desaparición”, cuenta Matta que la interrumpió.

“No es así -aclaró la abogada Reynoso-. Está certificado que Ledo está desaparecido. Estamos intentando en la Justicia que se castigue a los culpables”.

El testimonio de Matta es el cuarto que señala la participación de Milani en los operativos represivos de la dictadura. Y complica aún más su situación.

Jujuy: prisión para mujeres por un aborto

El edificio que alberga las leyes argentinas está construido con ladrillos de opresión. Este concepto es experimentado ahora mismo por tres mujeres jujeñas, oriundas de la localidad de Calilegua, presas en una comisaría de la capital provincial por haber realizado un aborto. Los hechos remiten al caso de Romina Tejerina, quien permaneció nueve años presa en la misma provincia debido a la carencia del derecho al aborto legal en la Argentina y, por el contrario, la criminalización de tal práctica.

Susana D., una mujer de 37 años cuyo apellido preserva el secreto de sumario, concurrió a una posta sanitaria en su norteño pueblo debido a fuertes dolores abdominales, pero ante la gravedad de su estado, los médicos decidieron trasladarla al hospital Oscar Arias, de Libertador General San Martín. Allí, la ginecóloga que la atendió constató un cuadro de septicemia aguda que podía haber sido provocado por la realización de un aborto en condiciones precarias.

La profesional llamó entonces a la policía, que dio parte a la Justicia. La fiscal Silvia del Valle Farral tomó cartas en el asunto y decidió poner custodia en la puerta del cuarto. Apenas estabilizado su estado de salud, Susana D. fue trasladada a una dependencia policial, donde se quebró y confesó entre llantos que se había realizado un aborto con la ayuda de dos amigas, que el embarazo era fruto de una violación y que le habían dado sepultura a los restos del feto en el cementerio de Calilegua. La fiscal Del Valle Farral ordenó la detención de las otras dos mujeres, María C. y María G., y las acusó por “homicidio”. En el caso de Susana D., la acusación es de “homicidio agravado por el vínculo”, que podría ser penado hasta con prisión perpetua. Las tres mujeres permanecen encerradas en una celda de la comisaría 24 del Barrio Ledesma.

El caso muestra, una vez más, el sometimiento sobre las mujeres que comete el aparato legislativo y represivo del Estado. Sólo en la provincia de Jujuy se atiende diariamente a seis mujeres en los hospitales por abortos clandestinos mal realizados. En abril de este año, una joven de 19 años falleció en el hospital Pablo Soria de San Salvador debido a las consecuencias de una intervención quirúrgica mal realizada. Las complicaciones por aborto constituyen la principal causa de muertes maternas en la Argentina y, según cifras oficiales, las mujeres fallecidas por esta causa alcanzan a 100 por año, aunque otros estudios elevan esa cifra. Una guía editada por el ministerio de Salud de la Nación cita el estudio de las doctoras Silvia Mario y Edith Pantelides que estima que se realizan 460 mil abortos clandestinos por año en el país.

La magnitud del problema plantea no sólo la inutilidad de la prohibición del aborto, sino el rol criminal del Estado, que al obligar a las mujeres que determinan realizarlo a hacerlo en condiciones clandestinas, plantea diferencias definitorias de acuerdo a su rol de clase. Los abortos realizados en clínicas o consultorios ginecológicos con condiciones seguras cuestan entre 20 mil y 35 mil pesos. Cifras imposibles para las mujeres de los sectores populares que recurren a los métodos más precarios para ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

El aparato del Estado impide ese derecho a las mujeres. La Iglesia católica, sostenida por el Estado, es un agente activo de esta posición. Y su influencia es enorme y fatídica. La misma presidenta Cristina Fernández se opone ferréamente al aborto. La oposición de derecha -y la de centroizquierda encabezada por la clerical Elisa Carrió- también. Un signo de la hipocresía generalizada, porque las amigas con las que la Presidente y Carrió toman el té pueden realizarse abortos en clínicas asépticas. No así la mayoría de la población femenina, que no sólo se ve enfrentada a consecuencias físicas de diverso tipo por someterse a estas intervenciones clandestinas, sino también a la muerte. Sólo la izquierda apoya firmemente el reclamo de la legalización del aborto. Incluso algunos sectores del oficialismo y de la oposición de centroizquierda también lo harían, pero prefieren la cautela a los principios.

Hay tres mujeres presas -tres mujeres, como toda mujer perseguida por abortar, pertenecientes a los sectores postergados de la población- encerradas en una celda, porque una de ellas -Susana D- decidió legítimamente sobre su cuerpo y sobre su vida que no podía traer y sostener un nuevo hijo en este mundo. Este es su crimen, para la ley argentina. Esta es la triste postal de nuestra era.

Milani: más testigos y pruebas en su contra

Tal vez Cesar Milani no sospechaba que el tiempo iba realizar un trabajo socavador para sus intenciones políticas y quizás, en cambio, confiaba en que el tiempo proveería olvido e injusticia. Sin embargo, el tiempo hace su trabajo.

En la última semana una nueva testigo de crucial importancia brindó su testimonio en el Congreso: según contó, el militar que comandó su operativo ilegal de secuestro bajo la dictadura fue el teniente general Cesar Gerardo de los Santos del Corazón de Jesús Milani. El hombre elegido por Cristina Fernández para comandar el ejército.

Verónica Matta se había apersonado a la audiencia pública parlamentaria convocada por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, del Frente de Izquierda, al enterarse de que estaría presente Graciela Ledo, hermana del desaparecido Alberto Agapito Ledo, a quien Matta había conocido. La ex detenida del régimen militar contó a este cronista que reconoció a Milani cuando lo vio por primera vez en la televisión. Que reconoció en ese rostro el del joven militar que había comandado su operativo de apresamiento en La Rioja cuando ella era una estudiante secundaria y contaba con 17 años. Matta permaneció en cautiverio durante casi tres años. Después de varios meses, decidió viajar a La Rioja para que sus recuerdos fueran confirmados por el recuerdo de los otros. Y luego se decidió a hablar. Este cronista conversó con familiares y conocidos de Matta que ratificaron su historia.

“Al verlo en la televisión lo reconocí. Lo recuerdo más joven y un poco más flaquito, pero es Milani. Es el mismo rostro que guardo en mi memoria”, dijo Matta en el único contacto con la prensa que tuvo hasta el momento. Yo participaba como delegada en las actividades del Colegio Nacional Joaquín V. González, teníamos una actividad social y política importante. En esas circunstancias conocí a Alberto Ledo, que hoy está desaparecido. Compartíamos salidas, música, guitarreadas, que eran muy comunes en La Rioja”. Matta fue detenida un mes después de la desaparición de Alberto Ledo, quien era un conscripto que cumplía funciones como asistente personal de Milani en Tucumán.  La misma noche en que Matta fue detenida varios otros activistas estudiantiles cayeron en el Instituto de Rehabilitación Social, un centro clandestino riojano, en una suerte de “Noche de los lápices” local.

“Esa noche yo ya estaba durmiendo cuando el ruido de unos autos me despertó -recuerda Matta-. Salí por el balcón y vi tres autos con militares armados. Mi viejo subió a mi cuarto y me avisó que me buscaban. Me vestí con bastante parsimonia mientras los militares esperaban en la sala. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con las armas. Mi viejo preocupado hablaba con ellos. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, muy puesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: ‘No se preocupe, doctor’. Mi papá preguntaba: ‘¿Pero a dónde la llevan?’. ‘No le podemos decir, doctor’, respondía este militar jovencito. Mi viejo era abogado e hizo llamar a un vecino para que testifique que me estaban llevando. También recuerdo que le pidió al militar joven que firmara un papel y tengo el recuerdo de que lo firmó. Ese hombre era Milani. Lamentablemente, al viajar a La Rioja no encontré el papel entre los documentos de mi papá, ya fallecido. Al militar que comandó mi detención también lo vi mientras estaba detenida, cuando me trasladaban para un interrogatorio. Siempre que nos trasladaban a los interrogatorios nos vendaban y nos esposaban. Pero mi venda quedó baja y lo pude ver: era el mismo joven militar de mi detención. Milani estaba dentro del centro clandestino de detención”.

El testimonio de Matta -que se puso a disposición de la Justicia y que la convierte en la quinta testigo que implica directamente al jefe del Ejército- es muy comprometedor, pero no es el único hecho que complica su situación. En esta columna se publican por primera vez las actas que le solicitan al juez la declaración indagatoria de César Milani por los indicios que lo ligan directamente a la desaparición de Alberto Agapito Ledo.

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Señalan que está probado que Milani era subteniente en el Batallón de Ingenieros de La Rioja. Que fue afectado a Tucumán a partir de mayo de 1976 y que integraba el área de Inteligencia. Que Ledo era su asistente personal. Que Milani confeccionó el sumario que acusó a Ledo de deserción, cuando en realidad había sido desaparecido y la falsedad de la afirmación vertida por Milani en ese documento sobre la sustracción de Ledo de su equipo, que testigos aseguran el propio Milani retiró luego de la desaparición del soldado. Que Milani participaba en la así llamada “lucha contra la subversión”, continuidad del Operativo Independencia. Y -lo más importante- que Ledo estaba sindicado por informes de inteligencia como un militante del PRT-ERP y que por eso había sido trasladado de La Rioja a Tucumán junto a Milani: para ejecutar su desaparición.

Informes de inteligencia encontrados en la causa que investiga la muerte del soldado Roberto Villafañe en 1976 describen a Ledo como “marxista trotskysta, perteneciente a la zona La Rioja del PRT-ERP y responsable del frente político en la Universidad Nacional de Tucumán, partícipe del copamiento del Regimiento R17 Catamarca, de haberse conocido con Villafañe antes de su incorporación al Ejército y llevar a cabo con éste la misión de realizar actividades de captación de soldados en la unidad”. Los abogados querellantes deducen que Milani, que cumplía tareas de inteligencia, no podía ignorar el informe que sindicaba a su asistente personal como militante del ERP. Para los representantes de la familia Ledo, existe semiplena prueba de su participación en la desaparición del conscripto. Le queda a la Justicia actuar.

Testigos contra Milani denuncian a la Justicia

“La causa no avanza, el fiscal Britos se limita a cumplir con lo mínimo indispensable, pero no investiga, no avanza en las líneas de investigación, tal como indica su deber. De cualquier manera, hoy nuestros abogados pidieron que se cite a indagatoria a Milani”, anuncia a este cronista Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, desaparecido en 1976 mientras cumplía funciones como asistente personal del entonces teniente César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, el hombre elegido por la presidenta Cristina Fernández para regir los destinos del ejército.

“Las presiones que realiza el gobierno nacional para que la causa judicial no avance son impresionantes -denuncia Álvaro “Yopo” Illanes, testigo clave en la acusación contra Milani-. Y nos presionan a nosotros también: por apoyar la huelga docente, somos cinco los procesados en mi familia por ‘privación ilegítima de la libertad’. Mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi sobrina, y yo. Así nos quieren intimidar por los testimonios sobre Ledo”.

“Sabemos que por mucha menos carga probatoria que la que hay en el caso Milani se mandó a prisión a militares por sus crímenes durante la dictadura -explica Gabriela Shaller, hija de Plutarco Shaller, fotógrafo del diario El independiente arrestado por los militares que reconoció a Milani como uno de sus captores-. Mi hermano mismo fue liberado de un campo clandestino de concentración por el propio Milani, pero la justicia no lo llama a declarar”.

Con estas palabras estas tres personas explican la impotencia que produce un proceso judicial detenido debido a que el poder político kirchnerista tomó partido por el acusado y desechó los testimonios de las víctimas. Hoy, en las vísperas de un nuevo aniversario de la desaparición de Ledo, sus palabras se escucharán en el Congreso, en una audiencia convocada por el Frente de Izquierda para denunciar una vez más al jefe del Ejército. Y, como se ve, para apreciar cómo se aplica en la justicia la ley del doble standard.

Tres casos indicarían la participación de Milani en episodios de la represión ilegal durante la última dictadura. Ramón Olivera declaró en la Conadep riojana realizada en 1984 los hechos que ratificó recientemente ante la Justicia y que acusan a Milani por la detención ilegal de su padre en marzo de 1976 y la suya propia posterior. Según el testimonio de Olivera, al tiempo de arrestarlo, Milani se habría presentado como el militar que había detenido a su padre con anterioridad. Olivera denunció que durante su detención hubo un simulacro de fusilamiento. Y que luego Milani lo llevó hasta el despacho de un juez donde fue interrogado hostilmente, con la participación activa del actual jefe del ejército. En el camino hacia el juzgado, Milani lo habría chicaneado anunciándole “el fin de su carrera en el ERP”. El juez ante el que Olivera había sido trasladado no es otro que Roberto Catalán, que actualmente cumple prisión efectiva debido a delitos de lesa humanidad durante la dictadura -el ex juez fue condenado por propiciar tormentos a los detenidos-. Ante el mismo Catalán, Milani declaró en 1979 que sólo había llevado a declarar a Olivera y que lo había dejado en la puerta de su despacho. Allí donde se podría ver una red criminal de complicidades, la justicia riojana ve un descargo válido de Milani.

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“El fiscal Michel Salman actúa como un defensor de los represores y no como un fiscal”, señala Gabriela Shaller. Salman tomó como pertinente el testimonio de Milani ante el condenado ex juez Catalán y pidió que se cierre la investigación sobre los sucesos denunciados. Gabriela es hija de Plutarco Shaller, que era fotógrafo del diario El Independiente, el primer diario cooperativo de América que fue apropiado por los militares apenas sucedido el golpe de Estado. Plutarco fue uno de los detenidos en el operativo. En cierto momento fue trasladado detenido al hospital. Una de esas noches, según declaró en 2009, un militar irrumpió violentamente en su habitación: “Este hijo de puta sigue acá”, habría dicho el militar. Al día siguiente Plutarco preguntó quién había sido la persona que lo había zamarreado en su cama hospitalaria: “Es el tenientito Milani”, le habría respondido el conscripto de guardia. Luego del episodio, Ariel Shaller, hijo de Plutarco, fue detenido, acusado de haber intentado fugar a su padre del hospital. Tenía 18 años. Fue conducido a un campo de concentración, donde fue torturado. Fue liberado por el propio Milani. “Mi hermano reconoció a Milani, que lo despidió del campo de concentración donde había sido detenido -explica Gabriela Shaller-. Milani sabía de las actividades que se realizaban en ese campo y sabía que había menores detenidos. Mi hermano, que reconoció a Milani como el hombre que lo despidió del centro de detención, no fue llamado por la justicia a declarar todavía”.

El tercer caso es el de Ledo, quien mientras cumplía funciones como asistente personal de Milani en un campamento en Tucumán, fue desaparecido. Le habían ordenado integrar un grupo que salió de expedición al monte, y nunca más regresó. Milani se encargó de escribir el informe que lo daba por “desertor”, en una flagrante falsificación de documento público. “Con el flaco Ledo nosotros hicimos la colimba en La Rioja -cuenta a este cronista Álvaro “Yopo” Illanes-. Yo era presidente de la JP de Chilecito, y Ledo era militante del PRT. Estuve pocos días haciendo la conscripción antes de que me detuvieran por mi actividad política. Fueron quince días, pero esos quince días bastaron para saber que Milani nos tenía marcados a mí y a Ledo. Por las tardes nos juntaba a los conscriptos para tener charlas distendidas. Milani empezaba hablando de fútbol, de mujeres, y después pasaba a hablar de la situación política, del Operativo Independencia, de la guerrilla. Con Ledo nos dijimos que estábamos siendo marcados, que estaba haciendo ‘inteligencia’ y decidimos evitar participar de esos diálogos”. Illanes fue apresado y permaneció tres años prisionero de la dictadura, mientras Ledo era designado como asistente personal de Milani. Hasta que desapareció. Hoy, Illanes y varios de sus familiares se encuentran procesados por la justicia debido a su participación en las protestas docentes de la última huelga en Chilecito, y podría ser condenado a prisión. Paradoja de paradojas que los Illanes interpretan como un intento de intimidación.

“La Cámara Federal ordenó que se investigue a Milani por las denuncias en su contra, pero eso no está sucediendo”, dice Graciela Ledo. Para que se conozcan estos caminos inversos de la justicia Ledo se hará presente en el Congreso de la Nación, donde también se escucharán los otros testimonios de la injusticia. El mismo gobierno que se jacta de haber apresado a muchos de los criminales que ejercieron el terror durante el último gobierno militar no cesa en su intención de defender a Milani de las acusaciones de las víctimas. Oscuro signo de una época en la que la búsqueda de la verdad se ve obstruida si interfiere con los designios del poder.

Un alto funcionario K fue espía civil de la dictadura

Así lo revelan los documentos oficiales desclasificados que dan cuenta de los miembros del tristemente célebre Batallón 601 del Ejército. Héctor Mario Espina revistió en el organismo de los espías durante la dictadura. Su nombre y documento -concordantes con los de los decretos oficiales actuales que lo acreditan como Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación- lo señalan fehacientemente.

Es necesario recordar que el Batallón 601 es triste y famoso porque allí se organizaban a las tropas civiles que se infiltrarían en organismos sindicales, sociales y de derechos humanos durante la dictadura, y desde esos recintos señalarían a los activistas que pasarían a engrosas las filas de desaparecidos y detenidos durante el último gobierno militar. El listado desclasificado con los nombres de más de 5000 espías fue entregado personalmente por César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani en 2010 a la secretaría de Derechos Humanos, entonces regida por el fallecido Eduardo Luis Duhalde.

Milani en aquel entonces revestía como jefe de inteligencia del Ejército y su nombre mismo aparecía entre los espías del Batallón 601. Hoy está acusado ante la Justicia de haber participado en la desaparición de personas durante la dictadura y ha sido nombrado como jefe del Ejército por la presidenta Cristina Fernández.

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Como se ve, Héctor Mario Espina no es el primer alto personaje del kirchnerismo que integró el Batallón. No sólo Milani, también así lo hizo el jefe de la UOCRA y sindicalista ultraK Gerardo Martínez, que formaba parte del Batallón 601, usaba  el nombre de guerra Gabriel Antonio Mansilla y era elogiado en partes oficiales por los servicios prestados como buchón de los militares. ¿Qué rol cumplió Héctor Mario Espina, actual Jefe de Gabinete del ministerio que ordena los quehaceres del agro en el país?

Espina nació en 1956. Al comenzar la dictadura tenía 20 años. En los registros oficiales figura que en el Batallón 601 cumplía con el rol de “Apoyo y Proc.”, denominación usada para quienes brindaban cobertura en operaciones y se dedicaban al análisis de la información. Espina podría aducir que era muy joven cuando comenzó el Proceso que dejó un tendal de muertos y desaparecidos y que la Justicia denomina como “genocida”. La juventud no debería eximirlo: asesinos como Alfredo Astiz apenas le llevaba unos años y el investigado por desapariciones Milani tenía casi su misma edad.

La dictadura, un gobierno totalitario, había instalado espías en los más recónditos espacios, y para ello necesitaba agentes de todo tipo, edad, credo y color. ¿Participó el alto funcionario kirchnerista Héctor Mario Espina de operativos de señalamiento de opositores al régimen, de operativos de desaparición de personas? Si así no fuera, ¿cuál fue el rol que cumplió en el Batallón? Si sólo hubiera sido el del análisis de la información que proveían otros espías -un acto ilegal bajo un gobierno ilegítimo, de todas maneras-, ¿no debería informar qué tipo de información analizaba, explicar los mecanismos de los procedimientos realizados, señalar sobre qué grupos se focalizaban los espionajes y cómo era el organigrama para dilucidar cómo actuaba el aparato de inteligencia de la dictadura? Debería ser un deber moral de Espina, por lo menos.

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Y exigir que Espina lo explique es, por lo menos, un deber moral y político del gobierno que se reclama como el garante de los “derechos humanos” debido al encarcelamiento de varios ejecutores de los delitos de último gobierno militar. ¿No debería el gobierno de la presidenta Fernández pedir explicaciones sobre su rol en el régimen dictatorial a Espina?

El jefe de gabinete de Agricultura es un hombre cercano a los Kirchner: en 2006 fue uno de los pocos funcionarios premiados por el gobierno que pudo comprar a precio vil terrenos en El Calafate, ciudad que la presidente califica como su “lugar en el mundo”. Ella misma y su fallecido esposo compraron terrenos a 7 pesos y medio el metro cuadrado.

¿Qué hizo Espina bajo la dictadura? Este cronista intentó comunicarse con el funcionario sin resultados positivos. Si no contesta estos interrogantes ante la prensa, Héctor Mario Espina debería responderlos ante la Justicia.

Caza de brujas en el SMATA

Apenas habían pasado unas horas desde que la empresa Gestamp y los trabajadores que ocupaban sus instalaciones firmaran la conciliación obligatoria cuando un operativo conjunto del gobierno kirchnerista, el sindicato SMATA y los empresarios se lanzó para desconocer el acuerdo. La ministra de Industria criticó la conciliación por permitir que los despedidos -quienes habrían sido protagonistas de la “permanente extorsión de grupos minúsculos que defienden sus intereses en detrimento de la mayoría”- recuperen su trabajo; Ricardo Pignanelli desconoció la medida del ministerio de Trabajo bonaerense, culpó por la medida “a la complicidad de algunos partidos políticos y sus dirigentes, en particular del Partido Obrero” y convocó a un plenario de delegados de su sindicato -”si no se soluciona esto pongo 15 mil mecánicos en la Panamericana para resolverlo a nuestro modo”, había dicho y voceros de la empresa declararon a la agencia oficial Télam que no acatarían la conciliación. La amenaza de Pignanelli de resolver el asunto con sus propios métodos plantea una grave situación y constituye una “salida a la Pedraza” del conflicto. El sindicato ferroviario ejecutó un plan asesino, ideado por sus dirigentes, para resolver un conflicto sindical.

El antecedente directo que marcó la posibilidad de la “salida a la Pedraza” fue constituido por una solicitada publicada el viernes 30 en el diario Crónica en la que el sindicato mecánico acusaba por la “anarquía” a “quienes quieren imponer representatividad a través de la violencia”, además de acusar a “los legisladores del partido obrero y la izquierda en general” (sic) por incentivar tal ejercicio anárquico. Pedían la acción de la Justicia para solucionar el conflicto antes de amenazar con “ejercer nuestro derecho a la defensa”. La pieza responsabilizaba con gravedad a la izquierda, que en el último periodo ganó posiciones en comisiones internas, delegados y activistas en una clara cacería de brujas contemporánea. En el conflicto de Gestamp intervinieron activamente trabajadores que pertenecen al PTS y al MAS.

“Acá puede haber activistas más picantes o menos picantes, pero el problema real que tenemos nosotros es el Partido Obrero”. Estas fueron las palabras que pronunció hace quince días Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata, en una reunión que contó con la participación de la Comisión Directiva del sindicato y delegados de la oficialista lista Verde, según uno de los asistentes que concurrió al encuentro y que por seguridad prefirió mantener en reserva su identidad. Pignanelli focaliza a la oposición, que cuenta con activistas de diversas tendencias, en “La Naranja Mecánica” que auspicia el PO, que actúa en varias fábricas del gremio y que ya fue objeto varias veces de ataques por parte de esa directiva. En el acto de traspaso de mando de “Paco” Manrique a Pignanelli, realizado en el Luna Park a fines de septiembre de 2011, el secretario general saliente dijo: “Que vengan esos de la Naranja Mecánica a ver si pueden sacarnos”. Miembros del Smata llegaron a revisar, en estos últimos días, la página de Facebook de la agrupación para increpar a sus “amigos” de la red social en las fábricas Mercedes Benz, Toyota y Ford. Los activistas opositores, que pertenecen al clasismo, actúan en secreto para evitar represalias de las empresas como del sindicato.

El 16 de mayo en la puerta de Volskwagen, ante una volanteada para pedir la solidaridad con Gestamp, una patota de varias decenas de hombres que se identificaban vivando a la lista Verde había atacado a golpes a ocho trabajadores de la autopartista. Dos trabajadores de Volkswagen contaron a este cronista que la los delegados opositores no tienen permitida la entrada a las reuniones del plenario de delegados de la fábrica, acusados de ser “traidores a SMATA”. “Tienen temor del crecimiento de la oposición en la fábrica y por eso suspendieron las elecciones sindicales que se deberían haber hecho en abril”, afirmaron

El SMATA vive, por obra de su dirección burocrática, un estado de cacería de brujas, fruto del crecimiento de las tendencias clasistas en los lugares de trabajo. El acuerdo del gobierno nacional en la persecusión a los trabajadores que luchan los alinea en una peligrosa formación. Si la amenaza de Pignanelli de resolver la situación en Gestamp con sus propios métodos prospera, una etapa nefasta se repetiría en el sector laborioso metalmecánico. No se debe olvidar que la excusa para perpetrar el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra fue “la inacción de la Justicia” que habría obligado a los sindicalistas ferroviarios a actuar “a su manera”. Esa fue la justificación que brindaron los asesinos. La misma que hoy levanta Pignanelli en el SMATA.

Milani y la Justicia: el mundo del revés

Muchas veces se ha postulado el carácter independiente de la Justicia, como si tal poder orbitara en el vacío y sus ejecutores no pertenecieran a ninguna clase o fracción política. Los acontecimientos contradictorios que se produjeron o producen en estos días no sólo desmienten tal noción, sino que resultan altamente pedagógicos sobre el carácter de la época que vivimos.

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani es un militar de carrera especializado en el área de Inteligencia, miembro del Batallón 601 -cueva de los espías del ejército durante la última dictadura- y actual jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, designado por recomendación de la presidenta Cristina Kirchner. Su participación en la desaparición de ciudadanos durante el último gobierno militar consta de indicios muy potentes y ha provocado que los querellantes de los familiares de esas víctimas del genocidio requieran a la Justicia que se lo investigue.

En los tribunales tucumanos se investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que el 17 de junio de 1976 participó de una expedición ordenada por sus superiores, y de la que nunca más volvió. Ledo, que en ese momento participaba de un campamento junto a sus compañeros en Tucumán, era asistente personal de Milani, en ese momento un joven subteniente que se encargó de dictaminar que Ledo no había regresado debido a una deserción. Ledo forma parte hoy de la larga lista de desaparecidos. La Justicia investiga la falsificación del documento que lo califica como “desertor” y la cadena de complicidades en su desaparición.

El fiscal Pablo Camuña, designado directamente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, había desestimado en varias oportunidades que se investigue a Milani -de pública adhesión al gobierno nacional. Sin embargo, la nueva prueba surgida en el último período determinó que la Cámara Federal de Tucumán recomendara “gravemente” a los fiscales que investiguen el rol de Milani en esos acontecimientos. La nueva prueba tiene como base los testimonios de los hermanos Álvaro y Juan Carlos Illanes.

Álvaro era compañero de conscripción de Ledo y había sido presidente de la Juventud Peronista de Chilecito, La Rioja. Según declaró en los tribunales, era testigo de la relación de subordinación directa que tenía Ledo con Milani, a la vez que ambos habían advertido una actitud sospechosa por parte del entonces subteniente. Según contó Illanes, Milani tenía la costumbre de intentar sacar “información”. “Se acercaba a nosotros, charlaba primero sobre fútbol y películas, y después preguntaba cosas como: ‘¿Qué piensan sobre el Operativo Independencia?’, ‘¿Qué piensan sobre la guerrilla?’. Ni Ledo ni yo, que éramos militantes, respondíamos, pero era ostensible que estaba haciendo inteligencia entre nosotros”. Juan Carlos Illanes reafirmó el vínculo entre Ledo y Milani en Tucumán. Es la primera vez que Milani podría ser investigado directamente por los hechos represivos. En los pasillos de Tribunales tucumanos se aguarda cuál será la respuesta del fiscal Camuña de repetida, como se dijo, tendencia a exculpar al jefe militar.

Una situación que se replica en La Rioja, donde también se investiga otra desaparición que involucraría a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Se trata del secuestro de Ramón Olivera. Según la víctima, cuando fue conducido hacia el despacho del juez Roberto Catalón para su “legalización”, su entregador fue el propio Milani, quien además lo habría hostigado con dureza recriminándole su condición política durante todo el procedimiento y una vez llegados al despacho del juez. Dicho magistrado, debe recordarse, hoy se encuentra preso investigado por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

El fiscal Michel Salman pidió el sobreseimiento de Milani con argumentos propios de abogados de militares. Que los testimonios de los familiares de las víctimas estaban viciados de nulidad por parcialidad, que el procedimiento ante el juez correspondía a la legalidad -argumento rebatido ya en el juicio a las Juntas en 1985-, que Milani no estuvo esos días allí donde se lo menciona y que por eso se daba por probada su inocencia. Salman incumple de esta manera todo deber del fiscal en su rol de funcionario público, ya que se niega a investigar desde el comienzo, y para ello recurre a los mismos razonamientos que la defensa del acusado. No debería olvidarse que la justicia de La Rioja acaba de encausar por privación ilegítima de la libertad a docentes y activistas ambientales protagonistas de las movilizaciones de la última huelga de los maestros. Álvaro Illanes, denunciante de Milani en la causa Ledo, y su hermana. Un mundo del revés.

El mismo mundo del revés que se manifiesta en el accionar de la justicia en Santiago del Estero, donde por primera vez se intenta aplicar la Ley Antiterrorista, votada a mano alzada por el kirchnerismo en noviembre de 2011, a un periodista. Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, fue acusado por el fiscal Pedro Simón por el delito de sedición agravado por el intento de coaccionar a una autoridad mediante el terror por publicar las imágenes de un policía que protestaba y por informar sobre el estado de los levantamientos policiales en Santiago del Estero durante diciembre de 2013. Si fuera encontrado culpable, debería pasar entre 6 y 12 años tras las rejas.

El fiscal Simón había sido objetado en su designación en 2009 por el CELS, que denunciaba su falta de apego a la defensa de los derechos humanos y su tendencia a seguir los dictados del poder político. Un grave hecho que muestra el modo de acompañar, por parte de la justicia, los caminos del poder. Un poder en retirada. Pero que en su final muestra su verdadera naturaleza fascistizante. No debería sorprender que el ciclo abierto con una ilusoria “revolución” que habría de producir la Ley de Medios termina con uno de sus impulsores votando la Ley Antiterrorista. Que, como se señaló, podría ser aplicada a un periodista. Una imagen que bien da cuenta del fin del ciclo K.

Postales del fin de ciclo K

La retirada siempre es caótica. Sirvan estos dos ejemplos como muestra.

En el Chaco, a pesar de la llegada del otoño, las temperaturas siguen rondando los veinticinco grados. O aún más. Como cuando durante estos días la represión se vivió en sus calles. Este último miércoles 7 de mayo yo estaba en esa provincia, por razones periodísticas ajenas a la protesta social, cuando se realizó en el centro de Resistencia una multitudinaria movilización contra el ajuste gubernamental y por paritarias libres para los gremios estatales, docentes y de la salud. Fue entonces cuando la temperatura aumentó.El gobierno de la provincia del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, decidió no permitir que las calles sean cortadas. Por eso las pobló de policías -que cortaban las calles- y, antes de que la manifestación llegara a casa de Gobierno, emprendió la represión.

Palos, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma. Esos fueron los elementos que se usaron para dispersar a los manifestantes, a los que se persiguió por cinco cuadras. Luego del acto de repudio, el gobernador Juan Carlos Ivanoff Bacileff -que había compartido el estrado con Capitanich el primero de mayo- reafirmó su política de mano dura y señaló que ese sería el método para normalizar la provincia. Una muestra de kirchnerismo explícito, ya que en su discurso ante el Parlamento la presidenta Cristina Kirchner había pedido despejar de las calles la protesta social.

En Santiago del Estero dieron un paso más: por primera vez, la Justicia puso a su disposición el aparato represivo de la Ley Antiterrorista, impulsada y votada por el kirchnerismo en diciembre de 2011. La causa que investiga el accionar del periodista Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, durante los levantamientos policiales que sacudieron al país el pasado diciembre, cobró nueva vida -y significados- al conocerse que la tipificación de la carátula no solamente lo acusaba de “sedición”, sino que agravaba la figura con los artículos 212 y el artículo 41 quinquies del Código Penal.

Esto quiere decir que la Justicia lo investiga por “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”, a la vez que dobla las penas en función de la reforma concretada por la Ley Antiterrorista. Suárez, cuyo delito fue filmar la detención de un policía que se intentaba encadenar en la plaza central de Santiago e informar sobre la situación aquellos días tenebrosos de diciembre, podría cumplir de seis a doce años de prisión. Esto sucede en la provincia de Santiago del Estero, cuya gobernadora es la esposa del ex gobernador, Gerardo Zamora, quien hoy es el tercero en la cadena de sucesión presidencial al ocupar la presidencia del Senado. Claudia Ledesma, tal el nombre de la mandataria provincial, es conocida por ser un títere de Zamora, a la vez que en este último periodo intentó fortalecer su halo gubernamental con una serie de medidas represivas contra manifestaciones -las últimas: contra la marcha del día de la mujer y contra estudiantes del Normal santiagueño.

Se sabe que frente a los fines de ciclo ciertos órdenes internos se desbordan y muestran su intimidad. El fin de ciclo kirchnerista pone al desnudo sus herramientas represivas y el modo de usar su legislación para acallar las manifestaciones que intentan mostrar su carácter de independencia.