¿Existe la posibilidad de pensar en la Justicia como un poder autónomo, seguro, apartado de las decisiones políticas de un gobierno, independiente, al servicio de los ciudadanos? Es un planteo que atraviesa un núcleo de demandas, cuando los opositores al gobierno kirchnerista le reclaman que investigue las fortunas de los miembros de la Corte Suprema y la presidenta Cristina Fernández acusa a uno de los jueces del organismo por su longevidad. Unos y otros, opositores y representantes oficiales del poder del Estado, querrían una Justicia justa sólo para sí. Es un signo de los tiempos.
Es ridículo que los jueces denuncien persecusión política debido al ansia de conocer cómo llegaron a vivir, con sueldos públicos, en grandes mansiones, departamentos de edificios de Puerto Madero o palacios del Bajo Porteño. También es cierto que el Estado K ampara la riqueza de los jueces que deberían investigar la nueva riqueza de los funcionarios K, como una metáfora literaria, novelesca, pero plena de pura y enlodada realidad -paradójica-. Todo apunta a un acuerdo por fuera de estas posibilidades: esta era debe ser atravesada con gran cuidado, como si se caminara en puntas de pie, sin hacer ruidos. La era del postkirchnerismo.