¿Existe la posibilidad de pensar en la Justicia como un poder autónomo, seguro, apartado de las decisiones políticas de un gobierno, independiente, al servicio de los ciudadanos? Es un planteo que atraviesa un núcleo de demandas, cuando los opositores al gobierno kirchnerista le reclaman que investigue las fortunas de los miembros de la Corte Suprema y la presidenta Cristina Fernández acusa a uno de los jueces del organismo por su longevidad. Unos y otros, opositores y representantes oficiales del poder del Estado, querrían una Justicia justa sólo para sí. Es un signo de los tiempos.

Es ridículo que los jueces denuncien persecusión política debido al ansia de conocer cómo llegaron a vivir, con sueldos públicos, en grandes mansiones, departamentos de edificios de Puerto Madero o palacios del Bajo Porteño. También es cierto que el Estado K ampara la riqueza de los jueces que deberían investigar la nueva riqueza de los funcionarios K, como una metáfora literaria, novelesca, pero plena de pura y enlodada realidad -paradójica-. Todo apunta a un acuerdo por fuera de estas posibilidades: esta era debe ser atravesada con gran cuidado, como si se caminara en puntas de pie, sin hacer ruidos. La era del postkirchnerismo.

Por todo esto hace ruido la revelación con pruebas documentales de la participación del juez kirchnerista Eugenio Zaffaroni en el programa del estatuto de la dictadura del ‘76, que el mismo Zaffaroni reconoció y afirmó haber jurado. La figura de Zaffaroni siempre fue separada del accionar general del gobierno militar y, luego de la dictadura, estuvo ligada al progresismo, más allá del dato concreto de su participación como juez penal federal durante el Proceso de Reorganización Nacional. Hoy, la revisión de los archivos que el Estado ocultó deja ver la complicidad de funcionarios como el “progre” Zaffaroni, que actuó de acuerdo con los objetivos de la dictadura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de la discusión planteada, es posible que la ciudadanía intente una posición tercera. Que señale un camino que indique que una parte del poder judicial, al menos, sea elegida en elecciones democráticas, tal como sucede en esa sociedad a la vez fundadora de la democracia como derrumbada por la crisis económica y su imperialismo: los Estados Unidos, un país, donde se elige a los fiscales. No debería sorprender al lector que en la gran nación del norte los fiscales -esos abogados que litigan contra los culpables, contra los Estados, en defensa de los derechos y a favor del principio de inocencia- sean elegidos cada cuatro años por la población. El incidente entre oficialistas y opositores sobre la Justicia debería hacernos pensar a los ciudadanos sobre el rol de la justicia que queremos. Y en la posibilidad real -es decir, histórica- de su independencia.