Milani: más testigos y pruebas en su contra

Tal vez Cesar Milani no sospechaba que el tiempo iba realizar un trabajo socavador para sus intenciones políticas y quizás, en cambio, confiaba en que el tiempo proveería olvido e injusticia. Sin embargo, el tiempo hace su trabajo.

En la última semana una nueva testigo de crucial importancia brindó su testimonio en el Congreso: según contó, el militar que comandó su operativo ilegal de secuestro bajo la dictadura fue el teniente general Cesar Gerardo de los Santos del Corazón de Jesús Milani. El hombre elegido por Cristina Fernández para comandar el ejército.

Verónica Matta se había apersonado a la audiencia pública parlamentaria convocada por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, del Frente de Izquierda, al enterarse de que estaría presente Graciela Ledo, hermana del desaparecido Alberto Agapito Ledo, a quien Matta había conocido. La ex detenida del régimen militar contó a este cronista que reconoció a Milani cuando lo vio por primera vez en la televisión. Que reconoció en ese rostro el del joven militar que había comandado su operativo de apresamiento en La Rioja cuando ella era una estudiante secundaria y contaba con 17 años. Matta permaneció en cautiverio durante casi tres años. Después de varios meses, decidió viajar a La Rioja para que sus recuerdos fueran confirmados por el recuerdo de los otros. Y luego se decidió a hablar. Este cronista conversó con familiares y conocidos de Matta que ratificaron su historia.

“Al verlo en la televisión lo reconocí. Lo recuerdo más joven y un poco más flaquito, pero es Milani. Es el mismo rostro que guardo en mi memoria”, dijo Matta en el único contacto con la prensa que tuvo hasta el momento. Yo participaba como delegada en las actividades del Colegio Nacional Joaquín V. González, teníamos una actividad social y política importante. En esas circunstancias conocí a Alberto Ledo, que hoy está desaparecido. Compartíamos salidas, música, guitarreadas, que eran muy comunes en La Rioja”. Matta fue detenida un mes después de la desaparición de Alberto Ledo, quien era un conscripto que cumplía funciones como asistente personal de Milani en Tucumán.  La misma noche en que Matta fue detenida varios otros activistas estudiantiles cayeron en el Instituto de Rehabilitación Social, un centro clandestino riojano, en una suerte de “Noche de los lápices” local.

“Esa noche yo ya estaba durmiendo cuando el ruido de unos autos me despertó -recuerda Matta-. Salí por el balcón y vi tres autos con militares armados. Mi viejo subió a mi cuarto y me avisó que me buscaban. Me vestí con bastante parsimonia mientras los militares esperaban en la sala. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con las armas. Mi viejo preocupado hablaba con ellos. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, muy puesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: ‘No se preocupe, doctor’. Mi papá preguntaba: ‘¿Pero a dónde la llevan?’. ‘No le podemos decir, doctor’, respondía este militar jovencito. Mi viejo era abogado e hizo llamar a un vecino para que testifique que me estaban llevando. También recuerdo que le pidió al militar joven que firmara un papel y tengo el recuerdo de que lo firmó. Ese hombre era Milani. Lamentablemente, al viajar a La Rioja no encontré el papel entre los documentos de mi papá, ya fallecido. Al militar que comandó mi detención también lo vi mientras estaba detenida, cuando me trasladaban para un interrogatorio. Siempre que nos trasladaban a los interrogatorios nos vendaban y nos esposaban. Pero mi venda quedó baja y lo pude ver: era el mismo joven militar de mi detención. Milani estaba dentro del centro clandestino de detención”.

El testimonio de Matta -que se puso a disposición de la Justicia y que la convierte en la quinta testigo que implica directamente al jefe del Ejército- es muy comprometedor, pero no es el único hecho que complica su situación. En esta columna se publican por primera vez las actas que le solicitan al juez la declaración indagatoria de César Milani por los indicios que lo ligan directamente a la desaparición de Alberto Agapito Ledo.

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Señalan que está probado que Milani era subteniente en el Batallón de Ingenieros de La Rioja. Que fue afectado a Tucumán a partir de mayo de 1976 y que integraba el área de Inteligencia. Que Ledo era su asistente personal. Que Milani confeccionó el sumario que acusó a Ledo de deserción, cuando en realidad había sido desaparecido y la falsedad de la afirmación vertida por Milani en ese documento sobre la sustracción de Ledo de su equipo, que testigos aseguran el propio Milani retiró luego de la desaparición del soldado. Que Milani participaba en la así llamada “lucha contra la subversión”, continuidad del Operativo Independencia. Y -lo más importante- que Ledo estaba sindicado por informes de inteligencia como un militante del PRT-ERP y que por eso había sido trasladado de La Rioja a Tucumán junto a Milani: para ejecutar su desaparición.

Informes de inteligencia encontrados en la causa que investiga la muerte del soldado Roberto Villafañe en 1976 describen a Ledo como “marxista trotskysta, perteneciente a la zona La Rioja del PRT-ERP y responsable del frente político en la Universidad Nacional de Tucumán, partícipe del copamiento del Regimiento R17 Catamarca, de haberse conocido con Villafañe antes de su incorporación al Ejército y llevar a cabo con éste la misión de realizar actividades de captación de soldados en la unidad”. Los abogados querellantes deducen que Milani, que cumplía tareas de inteligencia, no podía ignorar el informe que sindicaba a su asistente personal como militante del ERP. Para los representantes de la familia Ledo, existe semiplena prueba de su participación en la desaparición del conscripto. Le queda a la Justicia actuar.

Milani y la Justicia: el mundo del revés

Muchas veces se ha postulado el carácter independiente de la Justicia, como si tal poder orbitara en el vacío y sus ejecutores no pertenecieran a ninguna clase o fracción política. Los acontecimientos contradictorios que se produjeron o producen en estos días no sólo desmienten tal noción, sino que resultan altamente pedagógicos sobre el carácter de la época que vivimos.

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani es un militar de carrera especializado en el área de Inteligencia, miembro del Batallón 601 -cueva de los espías del ejército durante la última dictadura- y actual jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, designado por recomendación de la presidenta Cristina Kirchner. Su participación en la desaparición de ciudadanos durante el último gobierno militar consta de indicios muy potentes y ha provocado que los querellantes de los familiares de esas víctimas del genocidio requieran a la Justicia que se lo investigue.

En los tribunales tucumanos se investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que el 17 de junio de 1976 participó de una expedición ordenada por sus superiores, y de la que nunca más volvió. Ledo, que en ese momento participaba de un campamento junto a sus compañeros en Tucumán, era asistente personal de Milani, en ese momento un joven subteniente que se encargó de dictaminar que Ledo no había regresado debido a una deserción. Ledo forma parte hoy de la larga lista de desaparecidos. La Justicia investiga la falsificación del documento que lo califica como “desertor” y la cadena de complicidades en su desaparición.

El fiscal Pablo Camuña, designado directamente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, había desestimado en varias oportunidades que se investigue a Milani -de pública adhesión al gobierno nacional. Sin embargo, la nueva prueba surgida en el último período determinó que la Cámara Federal de Tucumán recomendara “gravemente” a los fiscales que investiguen el rol de Milani en esos acontecimientos. La nueva prueba tiene como base los testimonios de los hermanos Álvaro y Juan Carlos Illanes.

Álvaro era compañero de conscripción de Ledo y había sido presidente de la Juventud Peronista de Chilecito, La Rioja. Según declaró en los tribunales, era testigo de la relación de subordinación directa que tenía Ledo con Milani, a la vez que ambos habían advertido una actitud sospechosa por parte del entonces subteniente. Según contó Illanes, Milani tenía la costumbre de intentar sacar “información”. “Se acercaba a nosotros, charlaba primero sobre fútbol y películas, y después preguntaba cosas como: ‘¿Qué piensan sobre el Operativo Independencia?’, ‘¿Qué piensan sobre la guerrilla?’. Ni Ledo ni yo, que éramos militantes, respondíamos, pero era ostensible que estaba haciendo inteligencia entre nosotros”. Juan Carlos Illanes reafirmó el vínculo entre Ledo y Milani en Tucumán. Es la primera vez que Milani podría ser investigado directamente por los hechos represivos. En los pasillos de Tribunales tucumanos se aguarda cuál será la respuesta del fiscal Camuña de repetida, como se dijo, tendencia a exculpar al jefe militar.

Una situación que se replica en La Rioja, donde también se investiga otra desaparición que involucraría a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Se trata del secuestro de Ramón Olivera. Según la víctima, cuando fue conducido hacia el despacho del juez Roberto Catalón para su “legalización”, su entregador fue el propio Milani, quien además lo habría hostigado con dureza recriminándole su condición política durante todo el procedimiento y una vez llegados al despacho del juez. Dicho magistrado, debe recordarse, hoy se encuentra preso investigado por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

El fiscal Michel Salman pidió el sobreseimiento de Milani con argumentos propios de abogados de militares. Que los testimonios de los familiares de las víctimas estaban viciados de nulidad por parcialidad, que el procedimiento ante el juez correspondía a la legalidad -argumento rebatido ya en el juicio a las Juntas en 1985-, que Milani no estuvo esos días allí donde se lo menciona y que por eso se daba por probada su inocencia. Salman incumple de esta manera todo deber del fiscal en su rol de funcionario público, ya que se niega a investigar desde el comienzo, y para ello recurre a los mismos razonamientos que la defensa del acusado. No debería olvidarse que la justicia de La Rioja acaba de encausar por privación ilegítima de la libertad a docentes y activistas ambientales protagonistas de las movilizaciones de la última huelga de los maestros. Álvaro Illanes, denunciante de Milani en la causa Ledo, y su hermana. Un mundo del revés.

El mismo mundo del revés que se manifiesta en el accionar de la justicia en Santiago del Estero, donde por primera vez se intenta aplicar la Ley Antiterrorista, votada a mano alzada por el kirchnerismo en noviembre de 2011, a un periodista. Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, fue acusado por el fiscal Pedro Simón por el delito de sedición agravado por el intento de coaccionar a una autoridad mediante el terror por publicar las imágenes de un policía que protestaba y por informar sobre el estado de los levantamientos policiales en Santiago del Estero durante diciembre de 2013. Si fuera encontrado culpable, debería pasar entre 6 y 12 años tras las rejas.

El fiscal Simón había sido objetado en su designación en 2009 por el CELS, que denunciaba su falta de apego a la defensa de los derechos humanos y su tendencia a seguir los dictados del poder político. Un grave hecho que muestra el modo de acompañar, por parte de la justicia, los caminos del poder. Un poder en retirada. Pero que en su final muestra su verdadera naturaleza fascistizante. No debería sorprender que el ciclo abierto con una ilusoria “revolución” que habría de producir la Ley de Medios termina con uno de sus impulsores votando la Ley Antiterrorista. Que, como se señaló, podría ser aplicada a un periodista. Una imagen que bien da cuenta del fin del ciclo K.

Interrogantes sobre la justicia

¿Existe la posibilidad de pensar en la Justicia como un poder autónomo, seguro, apartado de las decisiones políticas de un gobierno, independiente, al servicio de los ciudadanos? Es un planteo que atraviesa un núcleo de demandas, cuando los opositores al gobierno kirchnerista le reclaman que investigue las fortunas de los miembros de la Corte Suprema y la presidenta Cristina Fernández acusa a uno de los jueces del organismo por su longevidad. Unos y otros, opositores y representantes oficiales del poder del Estado, querrían una Justicia justa sólo para sí. Es un signo de los tiempos.

Es ridículo que los jueces denuncien persecusión política debido al ansia de conocer cómo llegaron a vivir, con sueldos públicos, en grandes mansiones, departamentos de edificios de Puerto Madero o palacios del Bajo Porteño. También es cierto que el Estado K ampara la riqueza de los jueces que deberían investigar la nueva riqueza de los funcionarios K, como una metáfora literaria, novelesca, pero plena de pura y enlodada realidad -paradójica-. Todo apunta a un acuerdo por fuera de estas posibilidades: esta era debe ser atravesada con gran cuidado, como si se caminara en puntas de pie, sin hacer ruidos. La era del postkirchnerismo.

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