Transcurría  2006 y Matías Cuesta tenía 18 años, Atlanta era su pasión. El sábado 18 de marzo se levantó temprano para subirse a uno de los micros que salían de Villa Crespo hasta Jáuregui, a la cancha de Flandria. El colectivo se descompuso a mitad de camino y tomó el tren Sarmiento para volver a su casa. A la altura de Caballito parte de la barra brava de Talleres de Córdoba, que volvía de la cancha de Ferro, lanzó piedras al tren. Una de esas piedras pegó en la cabeza de Matías, que murió seis días después.

Desde hace siete años la mamá de Matías, Norma Roldán, lucha para que se haga justicia pero también para que no haya un solo muerto más por la violencia de las barras. Muchas veces se siente sola. Muchas veces siente el dolor que causa la indiferencia. Pero ese dolor se profundizó cuando leyó que la Legislatura de la Provincia de Córdoba le otorgó una distinción a la “Fiel”, nombre por el que se conoce a la barra brava de Talleres, por el ascenso del equipo a la primera B Nacional. Su sorpresa se incrementó y volvió a revivir su dolor cuando escuchó que en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación estos personajes fueron disertantes de un evento contra la “Violencia en el Fútbol” impulsado por la diputada del PRO Cornelia Schmidt-Liermann. Esta diputada dijo conocer el caso de Matías pero no escuchó ni ayudó a su madre en su reclamo de justicia.

La política y la violencia de las barras comparten todo. Esto se sabe desde hace mucho tiempo pero el Estado se desentiende, como si la violencia, la muerte y el crimen le fuera ajeno. Quienes tenemos responsabilidad como funcionarios públicos debemos ser conscientes del daño a nuestra sociedad que desde hace años llevan adelante estos delincuentes disfrazados de hinchas de fútbol. Asesinos que nunca actúan solos, sino que lo hacen amparados por los dirigentes de sus clubes, políticos, policías y funcionarios judiciales. Hay que terminar ya con esa trenza criminal. Romper todos los lazos de complicidad y poner las instituciones al servicio de pacificar el fútbol y no de reconocer a los violentos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido desmantelar el Parque de la Ciudad. En lo que fue un amplio espacio verde que funcionaba hasta poco tiempo como parque de diversiones, y en cuyas instalaciones se realizan las colonias de vacaciones que dependen del Ministerio de Educación, se ha instalado un negocio llamado Ciudad Rock, con un gasto a cargo del presupuesto comunal de más de cincuenta y seis millones de pesos, en el que los porteños cedemos la tierra y al que algunos podrán asistir como espectadores.

Durante una visita realizada hace una semana en forma conjunta con otros legisladores y vecinos de esta ciudad, pudimos observar las enormes deficiencias y los peligros para la seguridad e integridad de las personas que asistan a este festival. Un claro ejemplo es que las salidas de emergencia, fundamentales en caso de producirse un siniestro, carecen de los mínimos elementos de seguridad y señalización. Todavía permanecen allí los restos de los juegos que pertenecieron al Parque de la Ciudad, hoy torpe e indiscriminadamente destruidos, lo que exhibe el estado de abandono del predio pese al formidable negocio que implica el festival. Pese a esta situación y a las advertencias realizadas y acciones judiciales presentadas, ya se realizaron allí dos conciertos.

Todo esto vuelve a exponer esa gestión desprolija, atolondrada y poco inteligente que caracteriza al Gobierno de la Ciudad, que actúa como un depredador voraz, hambriento de negocios y negociados. Para esta Ciudad Rock, la importante inversión del Gobierno de la Ciudad (de los porteños) beneficiará exclusivamente a la empresa Siberia SA, que por un ridículo canon de ciento ochenta mil pesos accede a un negocio por el que obtendrá, como mínimo, una recaudación de veinticuatro millones de nuestra moneda de acuerdo con sus propios cálculos. Por su parte, los vecinos de la ciudad deberán pagar también su ticket para asistir al festival.

Como vecina y defensora adjunta del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta nueva obra del gobierno de Mauricio Macri me deja este triste inventario: destrucción de bienes públicos, reducción de los espacios verdes, negociados con privados a exclusivo beneficio de éstos y los vecinos como clientes.

El comienzo del año trajo consigo una nueva mala noticia para los usuarios bancarios. La entidades decidieron implementar otro aumento. No conformes con el incremento de hasta un 150% que tuvieron las comisiones bancarias en 2012, ahora van por más y plantean aumentos para el primer trimestre de hasta un 25%.

Esto llevará, por ejemplo, a que tener una caja de ahorro va a salir sesenta pesos mensuales. Es evidente que estos aumentos no tienen justificación alguna y son el resultado propio del desborde inflacionario en el que algunos vivos aprovechan la falta de un índice creíble para seguir engrosando sus arcas con incrementos que no tienen una estructura de costos fiable. En efecto, si tenemos en cuenta que el índice de inflación más creíble en 2012 fue de un 25%, no hay ninguna razón para que los bancos hayan tenido aumentos en sus comisiones bancarias que llegaron hasta un 150%.

Frente a esto, el Banco Central propuso imponerles un límite a esos aumentos de comisiones a lo que las entidades respondieron con un recorte de promociones y descuentos. Nunca quieren perder, siempre quieren más.

Montados sobre estos constantes abusos y con un Estado que en muchas ocasiones  se hace el distraído y los avala con su inacción, los bancos son las empresas que más han ganado en los últimos años, sin que esto haya redundado en una mejor atención y en un respeto por el usuario que sufre sus avances y sus maltratos en la vida cotidiana, tal como lo demuestra el informe que elabora nuestra Defensoría año a año.

Los banqueros  justifican sus aumentos con el argumento de las cuentas bonificadas -como las que se le da a los jubilados- y con el hecho de estar en medio de las paritarias. Son sólo excusas que con sólo analizarlas se vuelven insostenibles. Todos los que utilizamos el sistema bancario sabemos que aunque la cuenta sea bonificada siempre los bancos se las arreglan para vender otro servicio que tiene un gasto de mantenimiento y que nos lo meten por la ventana; es por eso que los usuarios no debemos tener distracciones y revisar muy bien el resumen de cuenta y los “ofrecimientos” que nos hacen.

Es verdad que hay bancos que son más baratos que otros pero no es menos cierto que las personas deben enterarse sesenta días antes para poder iniciar el trámite engorroso de cambiarse de institución bancaria.

Es hora de comenzar a discutir que los bancos deberían ser un servicio público y no sólo buscar el beneficio económico sin respetar los derechos de los usuarios.