Hacia un nuevo rol del Congreso

Si analizamos con cierto detenimiento la función democrática representativa del Congreso Nacional, desde un punto de vista teórico, deberíamos concluir que es el Poder donde dicha conjunción de términos se expresa en plenitud. En el Congreso, se ve reflejado el modo de votar del pueblo soberano, las preferencias ideológicas, los temas que son de su mayor interés, y de un modo equitativo, quien recibió más votos, tiene más legisladores. La votación legislativa es donde la expresión de la voluntad real deja de lado las encuestas, y los candidatos que han hecho las propuestas temáticas de mayor interés social, reciben el mandato de los ciudadanos, el aval para plasmar esas propuestas en su vida cotidiana.

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Esquizofrenia perseverante

“Las producciones más recientes sobre la temática de un cuerpo sin órganos, son un modo de aclarar algo que se llama esquizofrenia. En ella, el lenguaje no logra hincarse en el cuerpo, es decir, que no es que el cuerpo esté sin órganos, hay al menos uno que es el lenguaje, porque si hay algo en lo que nada el esquizofrénico es en ese manejo enloquecido del lenguaje, pero simplemente no logra que se hinque sobre su cuerpo”. La definición pertenece a Jacques Lacan y no es caprichosa. Se eligió la de este fundador de la escuela moderna más importante del psicoanálisis, porque Ernesto Laclau, el recientemente fallecido sociólogo y “pensador” del kirchnerismo, desarrolló su trabajo sobre “Ideología y Análisis del Discurso” en base a la teoría psicoanalítica post-estructuralista. Es decir, siendo que Laclau se basó en Lacan, por propiedad transitiva, si el kirchnerismo tuviese ideología, esta tendría base lacaniana.

Dice entonces este psiquiatra francés, que la esquizofrenia es la disociación evidente entre lo que se dice y lo que se hace. El esquizofrénico hace un uso disparatado del lenguaje, pero su cuerpo realiza acciones incongruentes con tales dichos. El kirchnerismo es esquizofrénico hasta el paroxismo, y una vez más quedó demostrado en la gesta patriótica impulsada contra los llamados fondos buitre -que no son más que inversores particulares que compraron deuda argentina y ahora quieren que les paguen- y que finalizó con la decisión presidencial, anunciada entre banderas llamando a la resistencia, de pagar hasta el último peso. Una tendencia al ridículo inexplicable.

Vale aclarar lo siguiente: la especulación financiera es un hecho indeseable. La gente con dinero debería propender a generar más dinero con actividades productivas y no rapiñando a los más pobres o necesitados, sean estos países o personas. Eso como principio ético. Ahora bien, para tener deuda con especuladores o “fondos buitres” hay que haber recurrido a ellos y haber convenido legalmente que se le pagaría lo establecido, a la fecha programada. Para que haya buitres, debe haber carroña voluntaria. Los buitres no invierten en apuestas seguras, lo hacen en aquellas de alto riesgo, pierden mucho o ganan mucho, esa es su lógica. Es la diferencia entre que usted coloque sus ahorros a plazo fijo en un banco, para sacar el 22% en un año (tasa promedio actual), o que le apueste a “La Margarita”, la yegua que corre en la quinta del Hipódromo de Palermo y paga 10 pesos por cada uno invertido, en un ratito. En el primer caso, salvo corralito sorpresa, usted se lleva su porcentaje seguro al año. En el segundo pierde todo, o se lleva diez veces más en unos 15 minutos. Esto último hacen los buitres. Como van haciéndolo por todo el mundo, obviamente el balance les da muy por encima ganancias de pérdidas.

Ahora bien, terminada la desmitificación de los fondos buitres, lo que nos ocupa es la esquizofrenia de este gobierno, esa disociación constante entre discurso y acción, que en tiempos de fin de ciclo, limita con el ridículo en el mejor de los casos, o se zambulle en él la mayor parte del tiempo. La última convocatoria a marchar contra los fondos buitre, algo que por cierto debe haber conmovido a dichos especuladores hasta sus cimientos, con frases épico-patrióticas del tipo “Patria o buitres”, se archivó el mismo día de la movilización, con el anunció de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de que se les va a pagar conforme a derecho. “Somos personas capaces de sentarse a negociar y acordar”, dijo la presidente. “Estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber”, espetó más adelante. ¿Y “Patria o buitres”? Bueno, todo indica que se si esa es la dicotomía, el gobierno nacional y popular eligió buitres.

Por cierto, no soy economista y menos especialista en finanzas internacionales. No sé si corresponde o no pagar, aunque si uno se inclina por lo dicho por todo el arco político, y por la propia formación jurídica, en general conviene cumplir con aquello a lo que uno se compromete. No se cuestiona la decisión, que parece la más lógica. Lo que se pone en tela de juicio es el disparate discursivo épico tan característico del kirchnerismo.

Este es solamente el último ejemplo. No estuve en el acto ni lo vi por televisión, apenas leí las crónicas. Uno sabe que los militantes K silbaron al gobernador de Santa Fe cuando dijo que había que cumplir los compromisos. Me los imagino después, enrollando sus banderitas y su cartelería con la que se imaginaban bajando de Sierra Maestra, y tratando de autoconvencerse que el hecho patriótico consiste en pagarle a los buitres. Debe ser bravo, porque ellos mismos y ningún otro salieron a generar esa épica.

Ya que está tan de moda manipular a Manuel Belgrano -que seguramente hubiese sido kirchnerista de acuerdo a lo dicho por la presidente y corroborado por un recontra tataranieto del prócer, que seguramente habrá conocido de algún modo misterioso el pensamiento político actual de su recontra tatarabuelo-, el disparate del viernes podría asimilarse a que el general abogado hubiese convocado a todas las fuerzas nacionales y revolucionarias para hacer frente a los realistas en Jujuy y una vez arribados todos ellos, hubiese quemado la ciudad la ciudad e iniciado el éxodo. Sin ninguna duda hubiese creado algún grado de confusión y puesto en tela de juicio su cordura.

Tal conducta esquizofrénica no es novedosa ni sorprendente. Estos últimos hechos son equivalentes a basar su impronta política en la protección de los Derechos Humanos, y a la vez, mandar a grupos de choque de La Cámpora a apalear a indígenas Qom en plena Avenida 9 de Julio, cuando reclamaban pacíficamente por sus tierras. La memoria es un aspecto trascendental de los Derechos Humanos. Pero es el más sencillo de ejecutar, especialmente cuando es memoria a 30 años vista y el enemigo está muerto. Pero si se tiene la convicción humanista no se puede tratar con Kadafi, ni con el angoleño Dos Santos, ni golpear aborígenes mal alimentados en las avenidas.

Otro ejemplo del comportamiento esquizoide descripto por Lacan en el primer párrafo es la descripción que los propios K hacen de su política económica. Hablan de “matriz productiva y redistributiva”, de hecho han utilizado durante sus 11 años en el poder el caballito de batalla de la redistribución. Y por cierto que la han efectuado, pero de un modo diferente al que enuncian. En los últimos tres años al menos, el sector de la economía que obtuvo mayores ganancias, no fue la producción generadora de empleo, sino el sector financiero, los bancos. En lo que va del año 2014, por ejemplo, la economía no mostró crecimiento alguno, pero los bancos incrementaron sus ingresos casi un 300%, lo que significa una verdadera redistribución: una gran masa de dinero del pueblo argentino a las arcas de los banqueros.

El kirchnerismo será un fenómeno histórico a analizar desde muchísimos aspectos. No puede no serlo un sector político que gobierna un país como el nuestro doce años. Pero este cariz esquizofrénico no puede ser dejado de lado, porque puede estar relacionados con nosotros mismos como pueblo. ¿Preferimos oír a ver? ¿Nos gusta que nos mientan? ¿No nos damos cuenta o preferimos “comprar” relatos épicos aunque sean ostensiblemente falsos? Desentrañarlo y enfrentarnos a la verdad seguramente defina nuestro futuro como país.

Pretores del pensamiento nacional

El filósofo kirchnerista Ricardo Forster ha sido nombrado en el cargo de Secretario Estratégico para el Pensamiento Nacional, o denominación similar, en el Ministerio de Cultura de la Nación. La voluntad de imponer o al menos promover determinado tipo de pensamiento por parte del Estado, es algo que se ha mostrado manifiesto, a lo largo de la historia, solamente en gobiernos poco proclives a la democrática libertad o en regímenes de tipo religioso, como la avanzada del Imperio Otomano en Europa a la caza de infieles, o a la inversa, la expediciones de las Cruzadas, buscando imponer el pensamiento católico.

Sin embargo, en las democracias, los gobiernos mantienen subyacente esa tan humana voluntad de que todos piensen como ellos. Lo natural es tratar de convencer con hechos o con agentes propagandísticos externos a los propios funcionarios a los que los ciudadanos solventamos su salario para que administren la cosa pública y no para que nos enseñen a pensar a su gusto.

Sería bueno en principio tratar de comprender qué es el pensamiento nacional, porque lo cierto es que el término puede generar múltiples interpretaciones. Podría consistir en pensar en la propia Patria por sobre las demás, pero para eso no nos hace falta una dependencia oficial de alto rango como una secretaría de Estado. En principio, todos queremos que al país en el que vivimos le vaya muy bien, porque necesariamente nos irá muy bien a todos los que habitamos en él. No resulta para eso necesario un estratega del pensamiento con semejante rango.

El problema es que uno sospecha que se le da el mote de “pensamiento nacional” al modo de pensar del sector político que circunstancialmente gobierna. Más allá de que dicho pensamiento, luego de 11 años, es para algunos un misterio todavía, dado que sistemáticamente sus dichos y sus acciones se contraponen, con lo cual uno no sabe si piensan como dicen o piensan como actúan.

Los partidos o agrupaciones políticas en el gobierno siempre tienen dos aspectos que deben mantenerse diferenciados: los funcionarios que gobiernan para todos, sean oficialistas o no, por un lado; y las usinas de pensamiento y acción política que son quienes se ocupan de convencer y obtener adhesiones puramente políticas. Para contextualizarlo: un militante K puede legítimamente buscar convencerme que su forma de ver las cosas es la más beneficiosa para el futuro del pueblo, pero los encargados de la administración de los asuntos del Estado no deben ni pueden, con las herramientas que éste les da, intentar digitar mi pensamiento de ninguna manera.

Crear una dependencia estatal para difundir un modo de pensar o vigilar como piensan otros, es propio de gobiernos autocráticos de pensamiento único. Que un filósofo administre esa dependencia es un contrasentido. Su profesión misma se nutre y enriquece del debate, del pensamiento de otros, de la propia duda y autorefutación constante.

Por propio mérito, los argentinos nos hemos ganado la posibilidad de pensar libremente, y la capacidad de hacerlo sin “vigilantes” del pensamiento. Y nos hemos ganado esa libertad con mucha sangre derramada en otras ocasiones en las que, con medios menos sutiles, se nos ha intentado indicar como pensar. Le han dado un trabajo poco feliz y también estéril a Forster.

Macri-Massa vs Massa-Macri, primaria inviable

No es la primera vez que lo escucho. Ciertos operadores de un sector del macrismo y otros del massismo pugnan porque ambos candidatos trabajen dentro de un mismo espacio político, y además proponen una especie de “fórmula de convivencia” para que enfrenten juntos las primarias. La receta reveladora consiste en presentar al electorado dos fórmulas, una Mauricio Macri-Sergio Massa y otra Sergio Massa-Mauricio Macri, para que la gente decida a quien quiere de presidente.

No puede negarse que la idea es imaginativa, pero el realismo mágico siempre es dañino en política. El derecho electoral no es un misterio, son una pocas normas, están escritas y a disposición de todos y le sería muy útil los grandes pensadores que alcanzan el nirvana político con estas ocurrencias cotejar con la ley para ver si son aplicables en el mundo terrenal.

El artículo 22 de la ley 26.571, que rige las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dice con claridad: “Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una sola categoría de cargos electivos”. Si se concretase la bella idea, tanto Macri como Massa, estarían compitiendo por dos cargos electivos de modo simultáneo: para presidente y para vice. Ergo, es legalmente imposible.

Dicho engendro de la imaginación solamente sería posible cambiando la ley y modificando el artículo transcripto, pero si se cuenta con la potencia legislativa para tal sanción en el Congreso, entonces tal vez sería más conveniente introducir un sistema como el vigente en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, donde el candidato a Jefe de Gobierno electo en las primarias puede elegir como su candidato a vice a quien haya salido segundo (entre otras opciones) en esos comicios, de modo que si los mencionados dirigentes compiten, el que gane pueda elegir al otro para que lo secunde en la elección general.

De otro modo, el cambio legislativo consistiría en habilitar que una misma persona se presente a más de un cargo, lo que implicaría un claro fraude al elector porque de obtener ambos seguramente no asumiría alguno de ellos.

Hace unos tres años escuché de un experimentado dirigente político, ante el planteo que determinada cosa no podía hacerse, que “el derecho electoral es flexible”. Es tan flexible como cualquier otra rama del derecho: lo que está expresamente prohibido no puede hacerse, las candidaturas las debe avalar un juez federal y no existe magistrado que vaya a avalar ningún engendro contra legem por más divertido que le parezca a algún dirigente.

El márketing legislativo de Ricardo Alfonsín

Durante la semana pasada, el diputado nacional Ricardo Alfonsín presentó un proyecto de ley con el que dice pretender “prohibir las candidaturas testimoniales”, es decir aquellas a las que determinados candidatos se presentan sin ninguna intención de asumir, con la idea de que su presencia “arrastrará votos” a favor de la lista que integran pero defraudando al electorado. El problema con el proyecto del diputado es que las “testimoniales” ya están prohibidas.

El artículo 140 del Código Electoral Nacional, inserto dentro del Capítulo “Delitos Electorales”, tipifica: “Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar de determina forma o a abstenerse de hacerlo”. Toda conducta descripta en un tipo penal, que por definición contiene una sanción, es una conducta prohibida. Y resulta evidente que presentar una candidatura que no se piensa asumir si resultase electo es un modo de inducir el voto hacia determinada lista de manera engañosa.

Difícilmente el legislador de marras no conozca la existencia de este artículo 140, dado que responde al Código Electoral Nacional original, sancionado mediante la ley 19.945 de 1972. Aunque debe reconocerse, suena bien a oídos del ciudadano que no tiene porqué conocer derecho electoral que alguien quiera “prohibir las testimoniales”, dado que casi nadie sabe que ya están prohibidas. Marketing legislativo podría llamárselo.

El radicalismo tuvo una intervención mediática bastante importante en el año 2009, cuando en las elecciones legislativas se presentó en la Justicia Electoral intentando impedir las candidaturas de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Aducían que estos no asumirían los cargos para los que se proponían, que simplemente pretendían obtener votos para su partido y que defraudarían al elector. Su pretensión fue rechaza por la Cámara Nacional Electoral, sencillamente porque como en todo proceso judicial, hacían falta pruebas para aplicar la sanción pretendida, que en este caso era, prohibirles ser candidatos.

¿Qué elementos probatorios ofreció el radicalismo?. Solamente rumores periodísticos. Citados los presuntos “candidatos testimoniales”, todos aseguraron a los jueces que asumirían sus cargos en caso de ser electos, por lo cual la Justicia no tuvo otra opción que permitirles ser candidatos. En ese caso también, la presentación fue un juego de marketing, los letrados que la efectuaron debían saber que jamás podrían probar lo que alegaban y que el destino del expediente era el que termino siendo, dado que la prueba del mismo era “diabólica”: consistía en que los jueces viajasen al futuro para asegurarse que los electos no asumirían sus cargos y volviesen al 2009 para aplicar la sanción. Es más, el planteo equivocó el cálculo al menos con un candidato: Kirchner fue electo y asumió su cargo, con los cual de habérselo prohibido como pretendía la presentación del diputado Ricardo Gil Lavedra, se hubiese privado de su derecho constitucional a ser elegido a un ciudadano que no conformó la conducta que el presentante predecía que llevaría a cabo.

Tan alejada de la real intención de hacer justicia y tan cercana al marketing electoral fue la apuesta judicial del radicalismo por entonces, que terminado el proceso electoral, y viendo que los candidatos Scioli y Massa efectivamente no asumieron los cargos para los que fueron electos, no efectuaron las denuncias correspondientes por infracción al artículo 140 del Código Electoral Nacional. En ese caso sí, habiéndose configurado el hecho, la acción delictiva podría entenderse como consumada y era pasible de sanciones. Ciertamente, luego del proceso electoral, la presentación no generaba ya efectos políticos en términos de captación de votos, sino que era una acción exclusivamente en busca de justicia efectiva y en términos de respeto al voto del ciudadano, con lo cual, jamás hubo presentación alguna.

El proyecto de ley para “prohibir” unas testimoniales que ya están prohibidas se inscribe en el mismo juego, una supuesta pretensión de protección al elector que no es tal porque al momento de promover las sanciones nadie lo hace porque no generan rédito político.

Seguramente ha de ser muy complejo, pero sería importante buscar el modo de “prohibir los proyectos de ley testimoniales”, aparte de las candidaturas. Es decir, que los legisladores electos por el pueblo no puedan usar sus bancas para proponer proyectos sobre problemáticas ya resueltas por otras normas, que tienen como único fin aprovechar el desconocimiento del ciudadano para hacerse algunos votos.

Municipios y subdemocracia

El primer rasgo palpable y escrito de un contrato social, aparece con el surgimiento de las Constituciones nacionales escritas. Esto en lo atinente a un esquema autonormativo genérico, que brinda los principios básicos y elementales bajo los cuales debemos regir nuestras conductas. Una Constitución difícilmente sea más que eso: no establece, en la mayoría de los casos, mecanismos ni procesos; brinda un marco general para que sean las leyes las que luego articulen el funcionamiento social.

Y la base del republicanismo democrático es la sumisión de todos a esa Constitución. Ni siquiera la voluntad mayoritaria recurrente puede cambiarla. En el caso puntual de la reelección del Presidente de la Nación, aun cuando las mayorías populares quisiesen votar tres veces consecutivas a la misma persona para ejercer el cargo, no podrían hacerlo. Debería resultar tan abrumadora dicha mayoría, como para modificar el texto constitucional, porque el contrato social habría cambiado de ese modo, sus términos de funcionamiento.

El sistema establecido por la Constitución Nacional Argentina hasta la reforma de 1994 no preveía la posibilidad de una reelección consecutiva, es decir, el presidente gobernaba por un período de seis años y si pretendía intentarlo nuevamente, debía dejar pasar otro período igual en el medio. Dicho sistema, fue tomado de “Las Bases” de Juan Bautista Alberdi, y el mismo jurista, muestra luego su arrepentimiento al respecto: “Todos los trastornos presentes y venideros se habrían evitado con solo quitar al que ha sido presidente la esperanza y el derecho de volver a serlo, después de un intervalo de seis años. Usando de un influjo durante su período, cuidará de darse un sucesor apropiado, no a la importancia del primer puesto de la Nación, sino a la mirada de emplearle como instrumento para subir de nuevo”, explica.

Más tarde, la reforma de 1994, reduce el período presidencial a 4 años y permite una sola reelección consecutiva (posibles 8 años de gobierno), pero haciendo caso omiso a la crítica de Alberdi, dado que mantiene la posibilidad de volver a la primera magistratura, dejando un período de cuatro años en medio. Tal reforma, se toma en parte de la XXII enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1951, salvo que esta última explicita claramente que quien haya gobernado dos períodos, sean estos o no, consecutivos, jamás podrá volver a ejercer la presidencia.

Tanto el mecanismo norteamericano, como el de la Constitución Nacional vigente (aunque en menor medida), lo que imponen es el sistema republicano y democrático, por sobre el coyuntural deseo popular de sufragar a favor de un autócrata en forma reiterada y continuada. El sistema sobre los hombres.

Sin embargo esta imposición democrática, no ha logrado imponerse en todas las provincias argentinas, siendo que en algunas de ellas todavía se permite la reelección indefinida del gobernador. Curiosamente, o no tanto, son aquellas donde el desarrollo económico y cultural se niega a llegar. Y lo mismo ocurre en los municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde las reelecciones son materia corriente, se han registrado hasta seis mandatos consecutivos de la misma persona, e incluso dinastías familiares que se suceden en el gobierno al estilo: tres períodos del padre, continuado por el hijo por otros tantos, dando lugar a verdaderas autocracias cuasi hereditarias.

Ahora bien, un municipio es una minirepública. Tiene su Poder Ejecutivo concentrado en el intendente, su Legislativo en el Consejo Deliberante, y hasta un Poder Judicial con limitaciones, que impone sanciones ante las violaciones al Código de Faltas, que pueden ir desde un incumplimiento de tránsito, hasta uno en materia de salubridad.

Asimismo en esas minirepúblicas muchas veces se rigen buena parte de los aspectos de la vida de muchas personas. El municipio de La Matanza, por caso, está habitado por casi dos millones de personas, cerca del doble que la Provincia del Chaco y casi cuatro veces la población de la Provincia de San Luis.

En tal inteligencia, ¿cuál es la lógica imperante que permite que los habitantes de dichos municipios vivan una realidad republicana y democrática en el contexto macro político (es decir a nivel nacional y provincial) y una autocracia encubierta en las cuestiones de su vida cotidiana fijada por el municipio? Sin dudas es una lógica que beneficia exclusivamente a la clase política dirigente y a nadie más.

Resulta evidente que desde la administración del poder, un candidato tiene ventajas estructurales por sobre otro. La rotación impuesta constitucionalmente, lo que hace es obligar a que los dirigentes que intenten revalidar sus mandatos por más de dos períodos consecutivos deban postular su regreso sin contar con la ventaja de estar administrando el gobierno, de modo tal que puedan existir más garantías de que tal retorno es verdadero fruto de la voluntad popular, y no de la administración de prebendas o de una maquinaria de pequeños fraudes.

De tal modo, y entrando de lleno en el debate sobre la limitación de la reelección indefinida de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, parece ser que actualmente, en tales municipios existe un pacto social para aplicar un republicanismo democrático más o menos puro a nivel macro (nacional), y una autocracia encubierta en su vida cotidiana. Uno debe concluir que esto no es así. Simplemente la ley de municipalidades no se ha adaptado a los cambios que, a nivel provincial, sí se ha autoimpuesto la Provincia de Buenos Aires, cuyo Gobernador tiene el mismo régimen electoral que el Presidente de la Nación en materia de reelección.

Antes de concluir debe hacerse un breve análisis sobre el esquema dinástico que puede sobrevivir a la reforma, y que ya se ha mencionado. Resultaría inconstitucional buscar un modo de prohibición de que los hijos o los esposos, sucedan a sus padres o cónyuges. Los derechos políticos son individuales y no familiares, y el derecho a ser elegido es propio, personal e inviolable. Es cierto, que teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, en caso de una reforma, el padre que legalmente ha concluido sus dos mandatos legales, puede poner al servicio de su hijo, candidato a reemplazarlo, todo el andamiaje del aparato estatal para favorecerlo. Pero la ley no puede evitar eso, sin ingresar en el escabroso y antidemocrático terreno de la proscripción. Dicho caso ya queda a merced de la cultura política del pueblo y no es posible regularlo.

Sin embargo, resultaría un extraordinario paso adelante en términos de la consolidación de una república democrática coherente, limitar la reelección indefinida de intendentes, algo que debería ser incluso, un mandato constitucional de las Cartas Magnas provinciales. El desarrollo de una cultura política democrática y sinceramente republicana, es otro proceso, pero para que éste tenga lugar, el marco regulatorio debe sentar las bases.

Fundar la Tercera República

Puede considerarse que la Primera República en la Argentina, nació el 15 de enero de 1863 cuando se estableció la composición inicial y se puso en funcionamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a que la misma fue creada por la Constitución Nacional de 1853, no se consiguió hacerla operativa sino 10 años después. Allí la realidad fáctica nos entregó la plena articulación entre los tres poderes del Estado, independientes, pero basados en un esquema de controles el uno al otro, la Primera República.

Sin embargo esa República fracasó. Desde 1880 se sucedieron una serie de gobiernos basados en el fraude electoral, la supresión del peso de las mayorías en las decisiones que afectaban a todos, y el sistema de gobierno fue republicano por enunciación y oligárquico en los hechos. Pudo haberse considerado la ley Sanz Peña de 1912 y su primera aplicación en 1916, como el inicio de una segunda república, pero lo cierto es que el período de vigencia real fue demasiado breve: ya en 1930, comenzó una sucesión de gobiernos de facto a cargo de fuerzas militares que hicieron trizas el republicanismo. La interrupción más larga de dicho proceso fue el gobierno del General Perón entre 1946 y 1955, en la cual además, se introdujeron cambios constitucionales profundos, pero nuevamente se trató de una fase muy breve y casi todos los cambios mencionados fueron derogados por el gobierno de hecho que lo desplazó del poder.

Por ende, podemos establecer que la Segunda República nació el 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Como primera medida porque el sistema republicano que restituye ya lleva más de 30 años de vigencia. Desde entonces la división de poderes funciona, con tropiezos pero lo hace; el soberano pueblo impone su voluntad sin mayores inconvenientes, no ha habido elecciones presidenciales formalmente fraudulentas; y la libertad de expresión, los derechos civiles, sociales y políticos están presentes en la cotidianeidad argentina. Se puede decir que la Segunda República inaugurada por Alfonsín, generó la certeza y conciencia social de la necesidad impostergable de que el sistema se mantenga vigente y pleno.

Ahora bien, desde el fin del gobierno del líder radical a nuestros días, esta Segunda República se ha ido deteriorando sustancialmente. A diferencia de lo que era previsible, el sistema republicano y democrático ha perdido intensidad y plenitud a medida que pasaron los gobiernos. Un ejemplo claro son los decretos de necesidad y urgencia. En 5 años y medio de mandato, Alfonsín firmó 10 de ellos; pero en un decenio de ejercicio, su sucesor Carlos Menem impuso su voluntad por decreto en 545 ocasiones; Fernando de la Rúa los utilizó 73 veces; pero quien completó su mandato, Eduardo Duhalde, rubricó 158 en un año y medio; y su sucesor Néstor Kirchner, 270 en solamente cuatro años. Esto es ni más ni menos que el uso de violencia jurídica sobre la división de poderes y la voluntad popular de modo masivo, un comportamiento autocrático. Que si bien es cierto, mermó con el gobierno de Cristina Fernández, bien puede creerse que esto ocurre por el control que la misma ha tenido del Congreso Nacional, dado que su marido y antecesor, también disminutó la cantidad de decretos firmados a partir de 2006, cuando se hizo se control casi absoluto de ambas Cámaras parlamentarias.

No es el único dato que prueba la descomposición republicana. Los organismos de control, como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que ocupaba el centro de la escena en 1983 (los memoriosos recordarán al fiscal Ricardo Molinas en acción) ya casi no existen. Se ha cambiado el número de miembros y la composición de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente de acuerdo a las necesidades del gobierno de turno. Desde la creación del Consejo de la Magistratura, el mismo también ha sufrido variaciones con idénticos fines e intentos gravísimos de cambiar el régimen a una elección directa de sus componentes jueces, que no han prosperado, pero el mero intento implica una muestra de “desentendimiento” republicano.

A todo ello puede sumársele la supresión de fiscales “molestos” que han pretendido controlar al poder, la manipulación de la pauta publicitaria del Estado a los medios como un modo sofisticado de censura, la aprobación de concursos irregulares de origen en la designación de magistrados, y los más variados etcéteras. Por eso es que la Segunda República ya ha transitado la decadencia y se encuentra en estado terminal.

La sociedad buscará, en las elecciones del año próximo, al grupo político que sea capaz de fundar la Tercera República. Algo que no implica mucho más que demostrar que se puede gobernar eficientemente y a la vez cumplir la ley y respetar las instituciones. Que acepte que “democratizar” en muchos casos implica intensificar los controles sobre los organismos y agentes públicos, y que aún controlado, pueda gobernar. La Tercera República deberá demostrar que se puede combatir el delito y respetar los derechos humanos de todos, al mismo tiempo; y también que los intentos de eternización en el poder son nocivos para la sociedad. En síntesis, deberá mantener la esencia de la Segunda República pero en la práctica y prolongándola en el tiempo. Con instituciones sólidas y controles férreos, la corrupción se diluye, la educación, la salud y el trabajo cobran la dimensión que deberían tener, me veo tentado a decir que “se come, se cura y se educa”, porque es cierto. Los franceses van por su quinta república, nosotros podemos concretar nuestros sueños fundando la Tercera.

El fallido falso garantismo

Una doctrina o un postulado en cualquier área de la ciencia tiene éxito cuando se impone como premisa ineludible no solamente para el restringidísimo sector social de “técnicos de laboratorio”, sino también en buena parte de la sociedad, especialmente si se trata de una ciencia social. Podríamos decir en materia de derecho, que desde los 70, la idea de la materialización jurídica de la disolución de un matrimonio era un paradigma socialmente aceptado, que el derecho plasma luego, avanzados los ’80 en la ley de divorcio vincular. Hasta tanto, la gente se las arreglaba con separaciones de hecho, y hasta casándose en países que ya aceptaban el divorcio.

Desde hace unos años a esta parte, se ha venido promoviendo el paradigma de que el derecho penal no debería existir, que las sanciones son nocivas, que estas no cumplen un rol preventivo y tampoco reeducativo, y que su existencia responde a una necesidad de los estados de canalizar el control social por parte de sectores dominantes sobre la mayoría poco influyente. A ello se lo llamó falsamente “garantismo”. Parafraseando al General Perón, garantistas somos todos. O deberíamos serlo, porque esto implica salvaguardar las garantías constitucionales para todos y cada uno, hayan hecho lo que hayan hecho, y a estas alturas, pocas personas hay en desacuerdo con semejante obviedad. La gente que desea que se sancionen los delitos no deja de ser garantista, tampoco los que pregonan que las penas deben cumplirse. Lo que los supuestos científicos del derecho no han conseguido, es imponer el abolicionismo (extinción del derecho penal por ser supuestamente nocivo socialmente), disfrazándolo bajo el mote de garantismo, cuando se trata de postulados totalmente distintos.

Una encuesta muy interesante de la empresa IPSOS en los últimos días conduce a dos conclusiones a considerar:

1)Los sectores más humildes de la población, y a la vez la franja etaria más joven, son quienes en mayor proporción aceptan la “justicia por mano propia” o los llamados linchamientos. Partamos del presupuesto que nadie quiere linchar, no es un hobby para nadie dedicarse a golpear semejantes. O al menos, es difícil conocer gente que pretenda dedicarse a eso. Es por el contrario, la resultante de la falta de respuestas sancionatorias y preventivas por parte del Estado. De tal modo, claramente, los sectores más pobres son quienes más sufren la inseguridad y necesitan más rápidas respuestas, y si el Estado no las provee, deciden dárselas a sí mismos. En este punto cae una premisa abolicionista: si las penas fuesen un modo de control social sobre los sectores menos influyentes, no habría un desesperado reclamo de aplicación de penas por parte de esos sectores, aún más que de cualquier otro, y al punto de aplicar las penas por sí mismos en reemplazo de un Estado que no lo hace. Asimismo, el hecho de que sean los jóvenes quienes están dispuestos en mayor medida a la “justicia por mano propia” indica que son quienes reclaman con mayor énfasis el establecimiento y la aplicación de sanciones. Si el postulado abolicionista no ha alcanzado a la juventud, evidentemente ha fracasado, no tiene futuro.

2)La idea del abolicionismo que establece que el derecho penal no influye en la seguridad ciudadana, tampoco ha sido receptada en la sociedad. El 99% de los encuestados ha manifestado como un principio de solución de esta problemática el “mejorar la Justicia”, frase que resume la necesidad de la aplicación de sanciones justas, eficientes y de cumplimiento efectivo. Establece además que la gente no desea linchar ni hacer justicia por mano propia, preferiría que el Estado cumpliese su rol. Es a todas luces evidente, que la prédica abolicionista de que las penas no cumplen una función social, no es aceptada por la sociedad.

Si se postulase que la educación formal es un modo de control social, especialmente sobre los sectores más desposeídos, y se les negase a estos el acceso a la educación, seguramente nos encontraríamos con una reacción similar y violenta de algún modo. Las franjas sociales numéricamente más pequeñas pero más poderosas, encontrarían el modo de educarse de todas formas (como encuentran el modo de protegerse de la inseguridad con custodios y autos blindados) y generaríamos la reacción violenta de los que no pueden hacerlo, con un postulado de laboratorio socialmente inaceptable.

Cuando una postura científica en materia de ciencias sociales, mantiene un sostenido rechazo social a lo largo de los años, y su imposición fáctica, genera reacciones masivas de rechazo y violencia, es sin más, un fracaso, un postulado falso, que retroalimenta a un reducido grupo de “iluminados” que cree poseer una verdad que nadie más acepta. Son creencias sectarias que cuando se imponen a la generalidad, resultan autoritarias. Eso es el ya fracasado abolicionismo.

La pena capital del peronismo

Nos acercamos a un 2015 que muy probablemente represente un cambio en el grupo político que gobierna el país. Sin posibilidad de reelección para la actual presidente, cualquier variante que acceda al poder, de entre los hoy presidenciables, generará cambios profundos en el esquema de poder. Incluso si se impusiese Daniel Scioli, el único candidato serio del kirchnerismo, tanto la impronta oficialista como el modo de gestionar el gobierno y las características de los personajes que habiten la Casa Rosada será diferente a hoy.

En dicho esquema, se prevé una puja que ya puede observarse, y que incluye maniobras, golpes de efecto, búsqueda de posicionamiento, propuestas (pocas e inconsistentes es cierto), lecturas diversas del electorado, y cálculo. Estos párrafos tienen mucho de esto último, de cálculo. No es un secreto que para cualquiera de las versiones del peronismo, la Ciudad de Buenos Aires es un territorio hostil, desconocido, poco descifrable y en la mayoría de los casos, inaccesible. Sin embargo, en la capital del país votan dos millones y medio de individuos -en porcentaje, el 7,5% del total de los electores de todo el país- que es lo que en realidad importa en una elección presidencial. Es decir, cualquier peronismo tiene serios problemas con ese porcentual de los votantes.

Hacer una buena elección en la Ciudad, casi para asegurarse ganarla, podría consistir en sacar, por ejemplo, el 40% de los votos, lo cual representaría a nivel nacional, algo así como el 3% de los votos totales, y si se lo compara con la Provincia de Buenos Aires, a la cual se le da en política el carácter de La Meca a alcanzar para definir la elección; ese 40% de la Ciudad es casi equivalente a 10% de los votos en la Provincia. Por ende, una elección presidencial pareja, reñida, puede encontrar una definición en el distrito porteño. Es más, posiblemente frente a un marco de opciones electorales atomizadas, los números de la Capital pueden determinar quién entra y quién no a una eventual segunda vuelta.

Las encuestas muestran a Sergio Massa al frente de las preferencias, seguido por Daniel Scioli. Y todo indica que, de producirse hoy la elección, “la madre de todas las batallas” se libraría en la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si esa lucha termina siendo pareja, los eventuales desniveles deberán provenir de la CABA, de Córdoba o de Santa Fe, distritos con peso electoral muy similar. Y en todos ellos el peronismo tiene problemas. Los santafesinos vienen prefiriendo al socialismo, ensombrecido de a ratos por la figura de Miguel Del Sel, crédito PRO. No hay versión del peronismo que tenga peso real. En la provincia mediterránea, la luz del gobernador José De la Sota se va apagando y lo que se enciende y crece es el radicalismo con Ramón Mestre u Oscar Aguad. Y en el distrito porteño, el control absoluto parece tenerlo el PRO de Mauricio Macri, que encima es también un candidato presidencial. El tercero en las preferencias, también según las encuestas.

Por ende Massa o Scioli deben proveer a la conquista de alguno de esos territorios y la lógica indica que por proximidad territorial con la Provincia de Buenos Aires, donde se juegan a todo o nada, la CABA es el listón a alcanzar. De hecho, si Macri logra sus tradicionales niveles de votos en la Ciudad y María Eugenia Vidal consigue consolidar, por ejemplo, un digno 20% de los votos en la Provincia, y Del Sel colabora con una buena elección en Santa Fe, el jefe de Gobierno porteño se le puede meter en la pelea a cualquiera para alcanzar la segunda vuelta.

Por eso merece un análisis especial, la imposibilidad de los peronismos de hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que por cuestiones de imagen, Massa parece tener más chances que Scioli de hacer una buena elección en este distrito. Pero las encuestas de hoy no consideran el panorama real. En una elección presidencial unas boletas traccionan y otras empujan. La del candidato a presidente tracciona a los candidatos locales para obtener más votos, y la de los candidatos locales empuja a la boleta de presidente en igual sentido. Pero bien puede ser al revés. Si en candidato presidencial no es querido en el distrito, puede arruinarle la elección a un buen candidato local. Y a la inversa, un candidato a presidente con posibilidades, puede verse afectado por no contar con candidatos locales con buenas chances. Esta segunda hipótesis es la que enfrentan Massa y Scioli. En la CABA, Macri cuenta con variedad de posibles candidatos, y el frente panradical también; pero los dos candidatos peronistas no tienen una sola figura en capacidad de conseguir tres votos para su causa. Ni estructura, ni desarrollo territorial, ni conocimiento de la idiosincrasia social, ni de los perfiles de cada barrio, ni nada.

En el invisible inframundo político que el votante real no conoce (y lo bien que hace en no perder el tiempo), existen unos cuantos pretendidos dirigentes que se adjudican ser “los hombres” de Massa y de Scioli en la Capital, pero son gente de peso político irrelevante y con nulas posibilidades lograr relevancia en el plazo que sea. Algunos podrán tener dinero, otros podrán tener partidos, y otros más ambas cosas, lo que no posible que consigan es votos. Las encuestas que miden imagen e intención de voto incluso, no están considerando todavía a un año del comienzo del proceso electoral 2015, variables que realmente pueden condicionar el resultado, en un escenario que inevitablemente lleva a una segunda vuelta electoral. Pero para estar en ese todo o nada, hay que entrar y cada voto cuenta, especialmente para quien salga segundo, que seguramente sea perseguido de muy cerca por otro candidato. Y en tal esquema, la CABA es un distrito trascendental, donde los que hoy aparecen como los dos candidatos que gozan del más alto porcentaje de preferencias, se encaminan a hacer un papel poco decoroso y nada contributivo a su objetivo final.

Los mini narcoestados

El narcotráfico comenzó a jugar un rol en la Argentina bastante antes que su influencia mermara en Colombia. Se decía que eramos un “país de paso”. Esto implicaba que nuestro Estado ofrecía las suficientes facilidades para que, la droga producida en otros territorios de América Latina, alcanzase mercados “compradores” con mayor facilidad saliendo de nuestro país que de cualquier otro. Es decir, para vender droga a Europa, era complejo hacerlo desde Uruguay (por ejemplo) y sencillo sacarla por Argentina. Ese fue el primer paso.

El Plan Colombia acorraló a los narcos en ese país, que se vieron obligados a emigrar. Muchos de ellos recalaron en México, pero con cierta dificultad, porque allí el fenómeno ya se encontraba bastante desarrollado. Es decir, los narcos colombianos encontraron una fuerte competencia local y entrar en el “mercado” implicaba iniciar una “guerra” inmediata. Debilitados en términos bélicos, como venían de las sucesivas derrotas en Colombia, la mayoría decidió que el mejor destino era al sur, justamente ese país que ofrecía grandes facilidades para “exportar” a Europa y Estados Unidos, que también resultaba lo suficientemente flexible y maleable para instalarse, producir y aprovechar además el potencial “consumo interno”.

Para empezar, el arribo de delincuentes internacionales de este tipo a nuestro país es al menos fácil. Por una interpretación radicalmente laxa del Preámbulo constitucional, cualquier extranjero ingresa a la Argentina sin que se le pregunte qué viene a hacer. Se instala y comienza sus actividades sin control ninguno, y el Estado le pierde el rastro en cuestión de minutos. La Constitución Nacional en su Preámbulo, menciona a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es una política constitucional de “fronteras abiertas”, pero no eso no implica que no se trate de un derecho a regular, y tal regulación debe basarse en la coyuntura política y social de acuerdo a la naturaleza de los tiempos. Pero el control migratorio en nuestro país es nulo.

Las facilidades en Argentina no solamente son en términos legales e institucionales. Es decir, no se trata únicamente de que las normas son deficientes, se aplican mal o no se aplican, y además el Estado es débil. Existe además un orden social creado a lo largo del tiempo por esa debilidad, que ha generado que sectores territoriales no sean controlados por el “Estado formal”. En nuestro país existen “estados paralelos” o si queremos llamarlos a la colombiana, “mini territorios liberados”. Cuando todos sabemos que “la policía no entra a la Villa X” en el conurbano bonaerense, también deberíamos saber que allí rige otro Estado, con otras normas diferentes, cuyos “administradores” no son conocidos mucho más allá de la frontera territorial que controlan (al menos no lo son por el ciudadano común), pero que dictan las reglas, imparten su particular justicia e imponen el sistema económico del territorio.

Ese grupo que “administra” tal “Estado” dentro del Estado formal es quien tiene la potencia económica que otorga el narcotráfico, las armas y la decisión de hacer uso de la violencia. Los habitantes de esos territorios pueden vivir y alcanzar cierto estándar si forman parte del sistema económico del “adentro”, obtienendo incluso status social en ese “adentro”, si participan de las actividades económicas del grupo dominante, es decir, si son parte del negocio narco. Las diferencias o conflictos internos que se producen dentro del grupo social son dirimidos justamente por ese sector dominante, dueño de la potencia económica, las armas y la violencia. Si dos vecinos se enfrentan, recurren a ese grupo para que ajusticie a quien crea conveniente y reestablezca el “orden”.

Si bien esto funciona de tal modo, al menos desde los ’90, el arribo de los poderosos narcos colombianos, incrementó el negocio. Los líderes originales se “asociaron” con los colombianos, que elevaron la cantidad y el nivel de las operaciones con capital propio, generaron producción local, y aportaron “compradores” externos de un volumen que los argentinos ni soñaban antes de su llegada. Esto generó que el negocio se amplíe territorialmente y en volumen de ciudadanos participantes. Cada vez hace falta más gente para llevar adelante el emprendimiento y, a la vez, hay cada vez más consumo interno, incluso en muchos sectores sociales que para mantener la adicción, deben trabajar para el sistema narco. En términos de consumo interno, el sistema se retroalimenta: trabajo para ellos vendiendo, para poder con el fruto de mi trabajo, comprar. Para ello debo ampliar la clientela, porque si no quiero desatar la violencia no puedo inmiscuirme en los grupos compradores de otro.

El primer origen de este estado de cosas, se produce porque, en algún momento, el Estado se ha retirado de ciertos sectores territoriales, sea por causas políticas, económico-financieras o ideológicas. El poder estatal relacionado con el monopolio del uso de la fuerza no existe, por ejemplo, en buena parte del conurbano bonaerense, donde otros actores sociales, la mayor parte relacionados con la delincuencia, ejercen ese monopolio y por ende el poder estatal de hecho. Vayamos más puntualmente a un simple ejemplo. En la figura geométrica que dibujan la Avenida General Paz, el Camino de Cintura, la Ruta 8 y la Autopista Panamericana, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires, hay ocho asentamientos de emergencia o villas.

Esos territorios no gozan del mismo poder estatal orgánico que se observa apenas cruzando la general Paz o en La Plata, o en Córdoba capital. En cada una de esos asentamientos, no ingresa la policía del Estado. Con variadas excusas, válidas o no, el órgano estatal encargado de ejercer la violencia legítima interna, se ha retirado. Pero también lo han hecho todos los demás aspectos del Estado: no hay escuelas, ni hospitales, ni salas de primeros auxilios, ni ninguna versión del Estado. El diseño urbano de dichos asentamientos complica el accionar policial y facilita el delictivo, por lo que la opción tomada por el Estado fue abandonar sus funciones en tales territorios. Así las cosas el poder estatal no de derecho pero si de hecho, es ejercido en cada una de esas “villas” por bandas de delincuentes.

Así como aquellos que se insertan en la mecánica del grupo dominante obtienen prestigio y expectativas de crecimiento, quien pretende mantenerse fuera, e intenta mantener los principios sociales del Estado formal que abandonó su lugar y respetar sus leyes, es marginado por el pequeño estado de su asentamiento y también por el Estado exterior de derecho, y carece de toda aspiración. Conseguir trabajo en el afuera es una aventura teniendo domicilio en el adentro (vgr: en un asentamiento con “mala fama”) es casi imposible.  Por lo tanto el abandono del Estado de Derecho de sus funciones específicas que le son inherentes y que hacen que un Estado sea tal, no solo libera las manos de los delincuentes actuales, sino que genera un impulso hacia el delito, aún de quienes se resisten a abrazarlo.

Estas bandas que implican el poder estatal en cada uno de tales asentamientos y que han crecido descomunalmente con el “aporte colombiano”, empiezan a tener la necesidad de expansión territorial como producto de la expansión económica y del grupo de gente que trabaja para ellos. Así las cosas, las bandas que manejan las villas empiezan a chocar entre ellas, con el objetivo de dominarse. Eso es lo que vemos cuando se producen los enfrentamientos que últimamente la televisión nos muestra un poco más, simplemente porque cada vez son más visibles, incluso al ojo desatento.

Para completar el penoso panorama, debe agregarse que ciertos sectores estatales, de la política y la policía, ante la imposibilidad de controlar el desarrollo de estas actividades y teniendo a la vista las enormes ganancias que genera, se han asociado de un modo u otro con los líderes narco. Estos nuevos socios cumplen distintos roles dependiendo del territorio de que se trate: pueden simplemente requerir una porción de las ganancias por “mirar para otro lado”, o participar más activamente, incluso al punto de ser “administradores” de alguna “cocina” donde se genera cocaína y paco.

Este es el cuadro real de situación. Puede profundizarse en la relación del narcotráfico con la política y las fuerzas de seguridad, puede analizarse como Colombia salió de una situación más grave que la nuestra actual y podemos proponer cambios en el sistema normativo para facilitar el control de la delincuencia organizada. Pero hay que entender con claridad que el problema se agrava minimizándolo, y que el camino de “no retorno” esta solamente a unos pasos. Hoy es tarde, mañana es tardísimo.