El desafío porteño de Larreta

Algún resabio de nuestro pasado complejo nos impide a veces manifestar nuestras preferencias electorales y hacerle saber a cada conciudadano que uno prefiere a un candidato por sobre otro, y por qué lo hace. Librado de esas ataduras, seguramente producto de los años de plomo, es importante para el suscrito contar por qué acompaño y apoyo a Horacio Rodríguez Larreta para que sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es innegable que el gobierno del PRO estableció un cambio en la ciudad de Buenos Aires. En términos institucionales generó una suerte de “isla republicana” en medio de un marasmo nacional interminable de arbitrariedades, violaciones a las normas, desconocimiento de la Constitución, etc. No ha habido en la ciudad un solo juez jaqueado por el gobierno local por dictar fallos contrarios a los intereses del oficialismo, y muchos jueces lo han hecho, en variados casos, casi como mecánica para detener obras que mejoran la vida de los ciudadanos.

El PRO ha gobernado estos ocho años sin contar con cuórum propio en la Legislatura. Las leyes necesarias para el Gobierno han tenido que ser consensuadas con la oposición. Con un sector o con otro, pero siempre han requerido de más de una fuerza política para sancionarse, y los acuerdos se han alcanzado. El Gobierno de Mauricio Macri, y hay que decirlo, que también es el de Rodríguez Larreta, ha demostrado que es posible gobernar sin vandalismo retórico, sin apretadas, cumpliendo la ley. Y que es posible hacerlo eficientemente.

Si se lo compara con los últimos 25 años de la Argentina, y con la gran mayoría de las provincias, lo que el PRO ha exhibido en esta ciudad es revolucionario. En la Argentina, gobernar con eficiencia, sin ser despiadadamente autoritario, es un cambio sustancial de cultura sociopolítica.

No voy a hacer enumeraciones en términos de infraestructura, para eso está el candidato, pero todos sabemos que vivimos mejor que antes. El Gobierno de Macri y Rodríguez Larreta ha creado la primer policía posdictadura, una fuerza de proximidad que ha generado un acercamiento entre uniformados y ciudadanos que los que tenemos cuarenta y tantos largos jamás habíamos visto. Una policía metropolitana entrenada en el conocimiento y el respeto a los derechos humanos, la asistencia al ciudadano, profundamente democrática.

Pese a lo que digan, la ciudad de Buenos Aires posee planes de asistencia para los menos favorecidos en diversas áreas, como la salud, la tercera edad, la recuperación de adicciones, propios de un Estado socialista avanzado, al estilo del norte europeo o de Canadá.

Y de todo ello, tanto como de todo lo que me niego a enumerar, es responsable Macri y lo es Rodríguez Larreta. Cambiar no es un eslogan, es una necesidad sustancial para quienes queremos un futuro para nuestros hijos, y el cambio que se ha mostrado en la ciudad lo quiero también en todo el país. Pero eso será imposible sin asegurar el bastión de esa revolución que es la ciudad de Buenos Aires.

No quisiera entrar en el nivel de disparate que implica empezar a negar el aserto inverosímil de que “este país solo puede gobernarlo determinado partido”. Eso es un dislate, un mito creado por los integrantes de ese partido para eternizarse en el poder. Y a la vez una amenaza insólita en los tiempos que corren a cualquier atisbo de cambio. Nosotros, los ciudadanos, tenemos el deber de garantizar y custodiar que el mito sea solo eso.

Pero volviendo a la ciudad, no puedo dejar de referirme a los dos principales contendientes del PRO en la elección del próximo domingo. Mariano Recalde representa un modelo que resulta diametralmente opuesto al que encarna Rodríguez Larreta. Es la transferencia del esquema kirchnerista que impera en la Nación al Gobierno porteño. No lo votaría, es justamente lo que quiero cambiar, pero debo reconocerle cierta honestidad en la propuesta: todos sabemos “qué se trae” Recalde, qué cosas haría y cómo; no hay misterios, el ciudadano decide en libertad si lo prefiere o no.

Por otro lado, lo de Martín Lousteau me resulta bastante más confuso. Dice ser aliado de Elisa Carrió y Ernesto Sanz, que a su vez son aliados del PRO a nivel nacional, pero también de Margarita Stolbizer, que se candidatea por otro espacio con propuestas e ideas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento de Lousteau? Porque no todo da lo mismo.

Resulta asimismo el economista severamente crítico con el actual Gobierno de la ciudad, por lo que se ha visto, especialmente en el debate, más agresivamente crítico que el propio kirchnerismo. ¿Cómo podría entonces acompañar a Carrió y Sanz en una alianza con Macri que ha hecho un gobierno tan atacable, a su criterio? ¿Carrió piensa como él? ¿Y Sanz? De ser así, ¿cómo se justifica la alianza nacional? Carrió siempre dice lo que piensa, pero no está diciendo lo que dice Lousteau. El candidato es, en sí mismo, una enorme contradicción.

En fin, flota en la Argentina una aroma similar al que tienen los autos recién comprados, “olor a nuevo”, dicen. No sé si el aroma se expandirá o no; será el pueblo en definitiva y como siempre, el que decida por democrática mayoría qué camino seguir. Pero el que quiera cambiar sepa que el derrotero de ese cambio comienza el domingo próximo, y votar a Rodríguez Larreta es la única opción posible para el que desee ese camino.

Caso Santa Fe: oficialismos e irregularidades electorales

El fraude electoral masivo está extinguido en la Argentina. No hay modo de llevarlo a cabo, no solamente por las condiciones de secreto y universalidad del sufragio, sino porque además el control social sobre el proceso es intenso y cualquier irregularidad demasiado llamativa, grosera, es expuesta a cientos de miles de personas por internet y por las redes sociales de modo que el escándalo no quede impune.

Pero lo que innegablemente existe, y es manejado por los oficialismos, casi siempre y especialmente en el interior del país, es lo que podría llamarse cuasi-minifraude, que implica una serie de acciones, casi siempre limítrofes con la ley, que generan entre un 2 % y un 3 % adicional de los sufragios a favor de ese oficialismo. No es significativo en la mayoría de los casos, casi nunca define una elección, a menos que esta sea reñida, ajustadísima, como ocurrió en Santa Fe. Continuar leyendo

Mártir o libre

La Revolución de Mayo de 1810, fue en realidad, una revolución pensada y ejecutada en pos de la libertad, de un cambio de régimen político y social y no solamente de la independencia de la corona española. Al menos por una parte de quienes celebraron el Cabildo Abierto de ese 25 de mayo. Y si bien pereció en los hechos, enmarañada entre reyertas internas, dejó el pensamiento de esos hombres como una referencia atemporal del destino que deberíamos buscar.

Bernardo de Monteagudo no participó de aquel 25 de mayo de 1810. No pudo porque estaba preso, habiendo protagonizado con solamente 19 años, exactamente 12 meses antes, el primer estallido revolucionario en Chuquisaca, la mecha que encendió la revolución en el Río de la Plata. Inevitablemente docta, Chuquisaca contaba entre sus 15 mil habitantes con mil universitarios entre profesores y alumnos de su legendaria casa de estudios. Entre estos últimos estaba Monteagudo. Aquel atisbo revolucionario fracasó y preso de grilletes el patriota pasó más de un año en la Real Cárcel de la Corte de Chuquisaca.

Allí recibió noticias de la gesta de mayo y del Cabildo Abierto del 25 en Buenos Aires, del plan del Secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno, e incluso de que este último enviaba a Juan José Castelli en expedición al norte. En noviembre de 1810 consigue fugar y alcanza a Castelli en Potosí, donde se une a sus filas.

La Revolución de Mayo se extingue en los hechos con la “muerte dudosa” de Moreno en alta mar, pocos meses después, en marzo de 1811, pero no en las ideas. Un grupo de patriotas revolucionarios continúan difundiendolas en dos periódicos: “La Gazeta de Buenos Ayres” y “Mártir o Libre” dirigido justamente por Monteagudo. Conmemorando la gesta de 1810, dos años después, (misma fecha pero de 1812) escribe en su periódico: “¿Qué razón hay para que un pueblo que desee ser libre no despliegue toda su energía sabiendo que es el único medio de salvarse?… Para dejar de ser esclavo basta muchas veces con un momento de fortuna y un golpe de intrepidez; más para ser libre, se necesita obrar con energía y fomentar la virtud… Energía y virtud: en estas dos palabras se ve el compendio de todas las máximas que forman el carácter republicano”.

Doscientos tres años después de aquel artículo de Monteagudo, seguimos inmersos en la batalla por el republicanismo, como si el tiempo no hubiese pasado. La lucha de los revolucionarios de mayo cayó diluida por quienes pretendían mantener los privilegios de los sectores dominantes de la sociedad, fuesen españoles o criollos, y fue superada por reyertas internas plagadas de debates de egos personales e intereses mezquinos. El interior contra Buenos Aires, federales y unitarios, caudillos contra caudillos, fraude electoral y supresión de las minorías, golpes de estado, peronistas y antiperonistas, venganzas, violencia, represión, genocidio, todo menos república, y así trascurrimos hasta 1983.

Tal vez golpeados por nuestras propias atrocidades, pueblo y gobierno, en aquella etapa de recuperación democrática, pusieron al republicanismo por sobre cualquier otra necesidad. Ya no hubo venganza sino justicia, no hubo represión sino debate de ideas, creímos sepultada la violencia como modo de hacer política y recuperamos la esperanza. Así fue unos años.

Pero la calidad democrática y republicana comenzó a degradarse después de ese cenit histórico. Desde los 90, vivimos diversas manipulaciones de los poderes del Estado y el uso del gobierno para los fines personales de quienes los ejercían, además de diversos tipos de violencia, al menos retórica, desde el poder. Agrandamos o achicamos la Corte Suprema de acuerdo a los intereses del partido gobernante, deslegitimamos el Poder Legislativo con diputados “truchos” votando en sesiones clave, sancionamos normas o aprobamos pliegos con mayorías menores a las requeridas por la Constitución, tratamos de imponer leyes abiertamente inconstitucionales y hasta buscamos reformar la carta Magna a la medida de las necesidades de los 50 tipos que nos gobiernan.

Lo cierto es que la calidad democrática y republicana entró en un tobogán sin salida los últimos 25 años, y con formas menos criminales pero igualmente eficientes, hemos sufrido un retroceso doloroso. ¿Por qué ocurrió esto? Monteagudo lo explica en el mismo artículo citado: “Mas yo no veo que ningún pueblo haya desplegado jamás este carácter, sin recibir grandes y frecuentes ejemplos del gobierno que lo dirige… Nada importará que el guerrero pelee como ciudadano, y el ciudadano obre como un héroe, si los funcionarios públicos sancionan los crímenes con su tolerancia y proscriben la virtud con el olvido”.

Y entonces entendemos que hemos elegido mal, porque cambiamos nuestras prioridades, creímos que teníamos derechos adquiridos inalienables, inviolables. Temimos y el temor nos hizo dóciles, condicionó nuestra elección.

De tal modo entendimos que no podíamos aspirar a más que al “roban pero hacen”. Esa película termina siempre igual: el ladrón cada vez hace menos y roba más, y para robarse nuestros bienes, se roba también nuestra libertad, nuestra independencia, nuestro derechos. Ha sido una mala elección, conformista, pese a lo que se diga, la sociedad argentina tiene el ego maltrecho y padece la patología de la mujer golpeada que cree que no puede aspirar a más. Y por cierto, ese sentimiento se alentó desde el poder, como herramienta de control social y ciudadano. No hay fraude electoral más eficiente que ese, ni el voto cadena, ni robarse la boletas, ni siquiera alterar el recuento de las urnas: el peor y más efectivo fraude ha sido hacer creer a la gente que no merece más, que no puede aspirar a otra cosa que a que la roben.

La carencia de calidad republicana, las instituciones deficientes, hacen que los trabajadores dejen enormes cantidades de sus salarios en manos del Estado, que la educación pública sea deficiente y la privada carísima, que no haya trabajo, que se manipule a la gente con presunta caridad estatal interesada. Elegir entre la posibilidad de pago en cuotas de un electrodoméstico o un viaje de placer al Caribe, y la plena vigencia de las instituciones de la república es una sentencia sobre el futuro de nuestros hijos.

En agosto y octubre volveremos a tener nuestra mejor arma en la mano, y se percibe, incontenible, la necesidad de cambio. Entender por dónde viene ese cambio está en nosotros. Buscar, como dice Monteagudo, un gobierno que represente los valores de lo que necesitamos, es nuestra decisión.

Una maniobra descabellada carente de base jurídica

Si no se tratase de un manoseo descabellado de las instituciones de la República, la pantomima de ayer de la Comisión de Juicio Político podría formar de una comedia de enredos en la que el autor del guion trata de graficar los dislates que ocurren en un exótico país del quinto mundo.

Observando los acontecimientos ocurridos por el televisor, uno podría creer que en realidad estaba presenciando un debate en la Corea del Norte del “Querido Líder” Kim Jong-un, en la Indonesia de Suharto, o en el Túnez de Ben Alí que solía llamar a elecciones y obtener el 98% de los votos.

Yendo a lo concreto, el dictamen emitido ayer por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es solamente un disparate mediático que carece de ningún valor jurídico. Tiene el mismo efecto que si nos juntásemos el suscripto y cuatro amigos y decidiésemos que el próximo domingo “ganó Independiente”. Un mamarracho por el que seguramente nos acusarían de haber abusado del tinto de la casa.

La Constitución Nacional en su artículo 110 establece con meridiana claridad que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta”. ¿A qué se refiere con ello? Simplemente a que los magistrados no incurran en las causales de Juicio Político, claramente establecidas en el artículo 53: “Solo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

El juego de ambos artículos es sencillo. La mala conducta que quita la perpetuidad al cargo es la que describe el artículo 53 como causales de juicio: mal desempeño y comisión de delitos. Pero además, deben considerarse otros elementos. El primero de ellos es que la Constitución exige “causas de responsabilidad”, es decir una inconducta concreta en un acto en particular o una sucesión ellas, pero no el achaque genérico que implica la acusación de “viejo”.

Si la Comisión de Juicio Político quisiera ser seria, debería encontrar un expediente mal despachado por el juez Fayt, iniciar un proceso de juicio político, y en el marco del mismo, como elemento de prueba, solicitar un examen psicofísico del juez para determinar si está en condiciones de llevar adelante su magistratura. Pero ocurre que no existe un expediente concreto por el cual acusarlo, ni tienen cómo iniciar un proceso de juicio político, y mucho menos como alcanzar los dos tercios de los votos para concretar la acusación.

La Cámara de Diputados tiene “comisiones de asesoramiento”, así las llama el propio artículo 61 de su Reglamento. Esas comisiones elaboran dictámenes que cumplen el rol, como todo cuerpo asesor, de recomendar la aprobación de determinado dictamen al pleno del cuerpo. La Cámara tiene sus facultades constitucionales como tal, y sus decisiones son obligatorias en tanto se toman en el recinto, con sesiones convocadas de acuerdo a la ley y el reglamento interno y por las mayorías constitucionales. Las decisiones de una porción de la Cámara, como una comisión, no son obligatorias para nadie, no constituyen absolutamente nada hasta no ser aprobadas en Sesión, y ayer no la hubo. La Comisión de Juicio Político es una “comisión de asesoramiento” más, no tiene facultades para pedirle un psicofísico a Fayt ni tampoco para pedirle el boletín de quinto grado a mi sobrino.

Por otra parte, el artículo 90 del Reglamento citado establece las competencias de tal comisión, es decir, las cuestiones por las cuales puede expedirse: “Compete a la Comisión de Juicio Político investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara. Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente”. La norma es armónica con la Constitución: exige otra vez que existan “causas de responsabilidad” y menciona los “pedidos de remoción”. Esta flagrantemente fuera del alcance de la Comisión de Juicio Político,investigar a los funcionarios públicos, fuera del marco de un proceso, justamente y obviamente, de juicio político.

Por ende, el “proceso investigativo” que se aprobó ayer no es más que la argucia de alguna mente febril para presionar a un Ministro de la Corte, pero sin efecto jurídico alguno.

¿Qué ocurre si Fayt se niega a ser investigado, no acude a las citaciones, y se niega a que lo examinen psicofísicamente? Nada. La Comisión de Juicio Político carece de facultades para conminarlo por la fuerza pública, ni para tomar ninguna medida que no consista en ver fracasar su ridícula maniobra. Tampoco implica presunción contra el juez no someterse a semejante parodia, y en definitiva, nunca contarán con los dos tercios de los votos para acusar.

Es ni más ni menos que una operación mediática vacía de contenido jurídico. Con otros letrados analizamos la posibilidad de presentarnos a la Justicia con el fin de pedir la nulidad del dictamen alcanzado ayer en la Comisión de Juicio, pero llegamos a la conclusión que se trata de un hecho ajeno al Derecho, no judiciable por carecer de relevancia y consecuencias jurídicas.

Tal vez, en algunos casos, sería más beneficioso darle menos espacio en los medios a estas farsas que tienen como único fin ganar centímetros en las portadas, para ejercer la valiente presión nacional y popular con el objetivo de quebrar a un prócer del Derecho.

Sobre Fayt y su resistencia. El juicio de la historia

Hay un proceso que no suele guardar las habituales garantías de los estados de derecho. Por eso, en ellos no juega la prescripción ni tampoco el instituto de la “cosa juzgada”. Son los juicios de la historia, esos espacios en la memoria o en los libros donde, los que llegaron a lugares cuya presencia cambió, de un modo u otro, el curso de los acontecimientos, serán juzgados.

Todo lo que hayan hecho a lo largo de los años, será puesto en una balanza. Se sopesaran pros y contras, se destacarán virtudes y defectos y, naturalmente, habrá un modo en que en el futuro, se reconocerá a dicho personaje. O simplemente será olvidado, sólo mencionado en una cena multitudinaria en una casa de barrio, por alguno de esos memoriosos: “-¿Te acordás de Aníbal?. -¿Quién?. – ¡El de los bigotes!. –Qué sé yo, ni había nacido”. El que uno no recuerda porque “no había nacido”, no quedó en la historia. Continuar leyendo

Golpe de Estado al Poder Judicial

La constante presión ejercida desde diversos agentes del poder político sobre los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, especialmente sobre Carlos Fayt y también Ricardo Lorenzetti, no puede entenderse de otra manera que como un intento de golpe de estado sobre uno de los poderes constitucionales, para doblegarlo y dominarlo.

Tienen en realidad los mismos efectos de los antiguos “planteos militares” del siglo XX, desgastan, agobian y buscan que los jueces dejen sus cargos. Intentan generar una falsa noción de acefalía del Poder Judicial, o una acefalía real si logran las dimisiones que pretenden.

Debe decirse que el modo en que los esbirros oficiales disparan contra Fayt es de cobardes, aunque en el barrio los llamaríamos de un modo más gráfico. Y de descarados también. Algunos de ellos no solamente son charlatanes de toda ocasión, opinólogos iletrados que repiten una frase de algún libro del que ocasionalmente leyeron un resumen y definiciones de Wikipedia, sino que además han tenido severos problemas con la Justicia. Otros se han cobrado vidas inocentes durante la “lucha armada”. Continuar leyendo

En legítima defensa de la institucionalidad

El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la lista de conjueces que el Gobierno aprobó en el Senado hace un año y medio por simple mayoría es un acto de defensa propia y de los terceros, los ciudadanos, que esperan mantener un grado mínimo de institucionalidad en vigencia.

El Alto Tribunal, en su rol de cabeza del Poder Judicial, no puede verse sometido a un golpe de Estado institucional desde otros poderes, sin ejercer tal derecho, y lo ha hacho seleccionando el modo y la oportunidad, para declarar la inconstitucionalidad de la lista de conjueces oficialistas.

El plan para destrozar a la Corte, descripto hace pocos días en este mismo medio, incluía la utilización de esa irregular nómina, cambiando el orden de prelación para la ocupar las vacancias en el Alto Cuerpo, para luego ampliar el número de miembros e “invadirla” con conjueces a la medida del kirchnerismo.

Por cierto, la ampliación del número de miembros está entre las facultades del Congreso, es una medida que se ha tomado de modo reiterado de acuerdo a las necesidades políticas del Gobierno de turno; y también se encuentra entre las prerrogativas del Poder Legislativo, modificar la ley de ordenamiento del Poder Judicial, de modo de alterar el mecanismo de cobertura de vacancias actualmente vigente.

Nada de esto pudo haberlo impedido la Corte Suprema. Pero sí estaba en sus manos que esas vacancias fueran ocupadas por conjueces habilitados para ello por fuera de la ley, y así lo ha hecho. Los ministros tienen esta causa en sus manos desde que la lista se aprobó, en diciembre del 2013, durante una prórroga de sesiones ordinarias, pero ha decidido declarar su inconstitucionalidad ahora, cuando el Gobierno acechaba, buscando utilizarla para “ocupar” la Corte.

El uso de mecanismos ilegales para manipular o directamente dominar uno de los poderes constitucionales no es otra cosa que un golpe de Estado, debe detentar tal denominación, tanto como si se ordenara al Ejército entrar a ocupar el Palacio de Justicia, y eso es lo que intentaba el oficialismo.

La mentada lista de conjueces, poblada por diez juristas de pertenencia definidamente kirchnerista, fue aprobada por mayoría simple en el Senado. El problema es que su objetivo es ejercer, eventualmente, como Ministro de la Corte Suprema, y a tal fin, la Constitución Nacional establece la necesidad de los dos tercios de los miembros de la Cámara Alta.

Del mismo modo que no se puede ser Presidente de la Nación de otro modo que mediante el voto popular, obteniendo determinados porcentajes o yendo a una segunda vuelta; ni se puede tampoco detentar la calidad de legislador nacional sin ser electo por el pueblo; no se puede ejercer ni un minuto el rol de Ministro de la Corte Suprema sin los dos tercios de los respaldos de los miembros del Senado. Cualquier otro mecanismo es inconstitucional.

Es cierto, la Corte eligió el momento para resolver en esta causa, y lo hizo en su carácter de tribunal político, como cabeza de uno de los poderes del Estado, el que define el sistema republicano, y en defensa de los derechos propios y de terceros, preservando la tan agraviada institucionalidad.

Buscan destrozar la Corte Suprema

El Gobierno quiere modificar la ley que organiza la justicia para que su lista de conjueces, irregularmente designados, ocupe los espacios vacantes en el máximo tribunal una vez que amplíe el número de miembros.

Es el Plan B por si el pliego de Roberto Carlés no pasa por el Senado. El Gobierno presentaría primero un proyecto de modificación del Decreto Ley 1285, que cuenta con diversas modificaciones -especialmente la de la ley 23498 de 1987, que en su artículo 22 establece los mecanismos para que la Corte Suprema de Justicia pueda llevar adelante sus funciones en caso de que su integración quede disminuida en número.

La previsión de dicha norma es aplicable para cuando exista “recusación, excusación, vacancia o licencia” de alguno de los miembros del Tribunal y establece el siguiente mecanismo: los cargos serán cubiertos mediante un sorteo entre los presidentes de la Cámaras Federales de todo el país, y solamente en caso no poder completarse el Cuerpo de este modo, se realizará otro sorteo entre una lista de conjueces que es permanente, esta integrada por diez abogados, y debe ser propuesta por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Lo que el proyecto oficial pretende es suprimir de este orden de suplencias a los presidentes de las Cámaras Federales, es decir, que ante una vacancia en la Corte, se pase directamente al sorteo de la lista de conjueces. ¿Por qué? Simple, la lista ya esta armada, fue postulada por el Ejecutivo y avalada por mayoría simple del Senado el año pasado, y esta integrada en su totalidad, por personas absolutamente afines y controlables por el Gobierno.

El paso siguiente es ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de los 5 que actualmente prevé la ley hasta 9 ministros. Como con la renuncia de Eugenio Zaffaroni, hoy quedan en sus cargos 4 magistrados, para cada sentencia se sortearían 5 conjueces para alcanzar la formación completa de 9, y siempre inevitablemente, el kirchnerismo tendría mayoría.

Los conjueces actualmente designados son: León Carlos Arslanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Alberto Marcer, Héctor María García Cuerva, Arístides Horacio María Corti, Carlos María Carcova, Walter Mario Huggias, Raúl Gustavo Ferreyra, Ricardo Augusto Nissen y José Rolando Chirico. Alcanzaron ese lugar con una votación en el Senado que se decidió por mayoría simple, es decir que una vez más, se violaría la Constitución, porque la mayoría de la Corte Suprema quedaría integrada por miembros que no tienen el aval de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, como establece la Carta Magna.

La maniobra es la precarización absoluta de la cabeza del Poder Judicial, para fines personal del grupo de gobierno. El sistema actual, que prevé el primer reemplazo de entre los presidentes de las Cámaras Federales, cuenta con la legitimidad de que estos han pasado por el proceso de selección del Consejo de la Magistratura previamente a ser designados en sus cargos y tienen desde su nombramiento, estabilidad constitucional: duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Esta estabilidad es la que los hace independientes del poder político.

El kirchnerismo ha jugado y manipulado la Justicia a gusto, desde su inicio. En el año 2006 los miembros del Alto Tribunal eran 9, pero el gobierno decidió sancionar una ley que reducía el número primero a 7, hasta llegar por renuncias o vacancias a los 5 ministros. Ese número, que constituyó la finalidad última de aquella ley de 2006, se alcanzó hace menos de un año, en mayo de 2014, tras el fallecimiento de Carmen Argibay. Tan solo 11 meses después, el gobierno pretende llevar el número otra vez a 9 miembros.

Es cierto que la jugada es de corto vuelo. Este gobierno termina su mandato solamente en unos meses y no son muchas las causas que en ese plazo deba resolver la Corte. Cualquier otra administración que lo preceda volverá al sistema anterior, o al menos tendrá la legitimidad necesaria para designar juristas en los cargos vacantes, con el mecanismo marcado por la Constitución, con el aval de los dos tercios del Senado. Entonces ¿por qué este apuro?

En Tribunales especulan con que el Gobierno quiere dejar cerrada, con el carácter de “cosa juzgada”, para que no pueda ser revisada en el futuro, la denuncia del extinto fiscal Alberto Nisman. Más allá de lo que vaya a hacer la Cámara de Casación Penal con el recurso del fiscal Moldes, todavía queda la instancia de la Corte Suprema para que revise el fallo y determine si la denuncia debe o no investigarse. El oficialismo cree que esta Corte ordenará reabrir la investigación, lo que mantendrá la causa abierta hasta el recambio presidencial y su suerte quedará en manos de una Justicia independiente, el kirchnerismo ya sin la capacidad de presión que le da detentar el gobierno, quedará expuesto a ser investigado por tal conspiración con el regimen iraní. Pero si el grupo de conjueces irregularmente designados copa la Corte, seguramente dicte un fallo definitivo e irrevocable, que cierre la causa y que permita que jamás vuelva a abrirse por imperio de la “cosa juzgada”.

En tanto, la Justicia termina siendo tierra arrasada. Con el Ministerio Público politizado y manipulado, el Poder Judicial corrompido, atemorizado e ilegítimo; la recuperación institucional de la Argentina de este decenio de maltrato llevará, al menos, unos 20 años.

Lo que las encuestas no miden

La medición puede ser muy buena, el método evolucionado y moderno, la cantidad de consultados enorme, disminuyendo así el margen de error, y de todos modos la encuesta estar muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Cuando el encuestador realiza las preguntas al encuestado lo hace como si todas las categorías por las que deberemos sufragar fuesen independientes y no se continuasen unas a otras, en la misma boleta.

Vamos a un sencillo ejemplo. Las elecciones simultáneas con las de cargos nacionales mas importantes, son las de la Provincia de Buenos Aires, por el volumen de votantes. El mismo encuestador le otorga siguiendo el ejemplo, el 27,2% de intención de voto a Mauricio Macri a nivel país, lo que debería representar al menos un 20% en la Provincia de Buenos Aires. Pero a su vez, la confiere a su principal candidata en dicho distrito, María Eugenia Vidal, un 9,4% de las preferencias, lo que nos pondría frente a un inédito escenario de corte de boleta en la provincia que superaría el 10% cuando la media histórica no alcanza el 2%. ¿Alguien puede creer tal cosa?. Lo veo complejo. Continuar leyendo

Empatía y responsabilidad

Todos sabemos que con nuestro voto elegimos a quienes van a administrar parte de nuestro dinero, el espacio donde vivimos, las condiciones sociales en las que coexistiremos como sociedad los próximos años. A nivel personal, cuando otorgamos un poder a alguien para que administre nuestras cosas, confiamos en su “don de gentes” pero también su capacidad, en su pericia para hacerlo, no alcanza con una sola de ambas virtudes, porque puede enterrarnos en la bancarrota, con total buena fe.

Sin embargo, muchas veces al votar perdemos de algún modo ese grado de racionalidad que manejamos en lo cotidiano. Padecemos confusiones donde se mixturan sentimientos que resultan ajenos a nuestras reales necesidades, como si apoyásemos a un personaje de “Bailando por un sueño” o a un equipo de fútbol.

Si somos activos televidentes del programa de Marcelo Tinelli y se nos ocurre que queremos participar de una votación telefónica para apoyar a su primo “el Tirri”, a fin de que se mantenga en la pantalla más tiempo que, por ejemplo, Eleonora Cassano, seguramente sea porque el personaje nos divierte más, porque su incapacidad para los desplazamientos armónicos nos haga sentir identificados con nuestra propia torpeza, etc. Pero son criterios que no son aplicables a una elección de representantes y mucho menos a una donde se seleccionan cargos ejecutivos de quien debe administrar nuestros intereses; y sin embargo, solemos confundir tales criterios.

Puede ocurrir también que los futboleros, mirando un partido de la liga española sonriamos satisfechos con algún gol del Rayo Vallecano en el último minuto frente al Real Madrid, por esa tendencia humana lógica a sentir inclinación por el débil, el menos dotado.

Son señales de empatía que se relacionan con nuestra predisposición psicológica y que por supuesto, los consultores de imagen que manipulan la de los candidatos, conocen a la perfección, juegan con ella y la transforman en sufragios poco racionales, pero que suman en el recuento.

Los especialistas que diseñan la imagen de los candidatos buscan generar esa empatía, creando un personaje “como nosotros”. En la mayoría de los casos, los ciudadanos comunes nos sentimos relegados por los poderosos, débiles frente al Estado o frágiles ante situaciones que escapan a nuestro control. Por ende diseñar la imagen de un candidato apoyándose en cierta presunta debilidad, lo “humaniza” y dispara la empatía necesaria como para generar votos.

Estos últimos son los votos de aquellos ciudadanos en los que prima, en su disputa interna entre razón y pasión, el apoyo al “Tirri” o a Rayo Vallecano, por sobre la exquisitez de Eleonora Cassano o el juego lucido del Real Madrid. El problema es que en ambos casos, terminado el baile o el partido, seguimos con nuestros problemas cotidianos, con la inseguridad, las complicaciones en la vía pública y las dificultades para llegar a fin de mes.

Cuando los consultores de imagen nos venden un producto sin otras virtudes que la empatía generada por la publicidad y el marketing de imagen para una elección en donde se disputa un cargo Ejecutivo, de administrador de nuestros fondos comunes y nuestra vida social en general, la cosa no se termina cuando metemos el voto en apoyo al “Tirri”. Porque de ahí en adelante, su torpeza de desplazamientos, su imposibilidad de realizar una danza eficiente, empieza a perjudicarnos y al poco tiempo, a complicarnos gravemente la vida cotidiana.

Todos tenemos ese litigio interno entre razón y pasión que nos hace lo que somos según el aspecto que predomine. Pero el futuro depende de imponer la razón al momento de votar a los responsables de conducir los instrumentos que hacen a nuestro presente y futuro. Una elección no es una simpatía futbolera sino la definición del camino que vamos a tomar. Siguiendo con el ejemplo, seguramente votemos al “Tirri” para que se mantenga en el Bailando, pero difícilmente lo contratemos si montamos un espectáculo de ballet para exhibirlo en el Teatro Colón.

Una votación de administrador, de quien va a ocupar un Ejecutivo, es nuestra producción en el Colón, es a nuestra costa. Si elegimos bien, podremos mantener el espectáculo y tal vez ganar algún dinero; pero si lo hacemos mal, terminaremos con serias dificultades.

Es cierto, el representante o el equipo de comunicación del “Tirri” van a jugar el rol que desempeñan los consultores de imagen de los políticos, nos querrán vender su producto. Nuestro grado de madurez como empresarios de espectáculos o como ciudadanos electores, estará dado por saber elegir al protagonista de la obra para que sea un éxito, al margen de la empatía que nos pueda generar la estrategia de los gurúes de la comunicación.