Nunca más

La muerte del fiscal Alberto Nisman, solamente una semana después de haber denunciado una conspiración del Gobierno argentino para encubrir la responsabilidad de funcionarios iraníes en la voladura de la mutual judía AMIA, determina los próximos cien años de historia argentina, que será una o será otra, de acuerdo a los resultados y conclusiones que surjan de la investigación, de las responsabilidades que se establezcan respecto de su deceso, de cómo avance la causa que llevaba adelante, y de que ocurra con todas las pruebas que el fiscal decía tener y que lo llevó a imputar a varios funcionarios, de la presidente Cristina Fernández hacia abajo.

Nuestro país podrá ser un lugar donde la vida de nuestros hijos valga unos pocos centavos, donde ningún argentino de bien querría vivir, gobernado por mafias de una u otra ideología, da igual, que hacen y deshacen a su antojo, que asesinan a quien se interfiera con sus oscuros intereses con absoluta impunidad.

La Argentina será todo esto y seguramente cosas mucho peores si la prueba que Nisman decía tener ya no está, o indica cosas muy distintas a las denunciadas; o si se determina que se trató de un suicidio fruto de un amorío no correspondido justo el día previo a divulgar sus pruebas en el Congreso; o si debemos esperar diez años para saber que ocurrió; o si no lo sabemos nunca.

Y entonces habremos perdido la patria, el pasado y el futuro no tendrán sentido. Mariano Moreno y el General San Martín habrán perdido el tiempo y desperdiciado su vida, la lucha por el voto secreto, la recuperación democrática, los juicios a las juntas, y todo hombre que haya dado su vida, su salud o su intelecto por esta patria, habrá tirado su carne a las hienas, todo lo que hayan hecho habrá valido nada.

Nadie puede prohibirme ese optimismo casi patológico que periódicamente me atrapa sin razón alguna, de creer que por una vez algo distinto va a pasar, y que el después sea un homenaje a esta valiosa vida perdida y a tantas otras que se cegaron en distintas circunstancias. Y que la causa avance rápido, que se descubra y encarcele a los responsables del evidente homicidio, se enjuicie a los que elaboraron la patética puesta en escena, se dilucide el eventual encubrimiento del gobierno argentino que Nisman pretendió probar; y la Argentina pase a ser un país razonable, medianamente serio, donde las mafias tengan que tener cuidado en su accionar, una patria en la que uno pueda creer que hay alguna chance de que las organizaciones criminales no dominen complemente el Estado, un país que nos esperance en que si nuestros hijos se forman, trabajan con ahínco y dedicación, podrán crecer, ser felices, y vivir sin otros temores que los lógicos de cualquier persona que vive en una civilización.

“Nunca Más” fue la frase que quiso inaugurar una nueva etapa de nuestra historia, pero ¿nunca más qué?  La referencia no era una alusión exclusiva a la dictadura, eso es un torpe reduccionismo. Nunca más la muerte, nunca más el Estado vinculado o relacionado con el delito, el encubrimiento, los asesinatos en masa como en la AMIA.  Nunca más la impunidad total y vergonzosa y temible y desconcertante. “Nunca Más”, quiso decir, que el imperio de la ley empezaba a regir sobre los intereses mezquinos de los delincuentes.

El caso Nisman, su muerte y la investigación sobre el eventual encubrimiento que denunció, es un antes y un después, para bien o para mal, en la historia argentina y la vida de todos nosotros. Jamás nos imaginamos que 33 años después debíamos seguir luchando porque el espíritu del “Nunca Más” no sea pisoteado, pero hoy está al borde. Los asesinos de la democracia, de la ley, del estado de derecho, lo han llevado al filo del abismo. El “Nunca Más” está muy cerca de haber muerto con Alberto Nisman.

 

AMIA: el pacto con Irán fue espurio de origen

El 8 de marzo de 2013, apenas una semana después que el Poder Ejecutivo promulgara como ley el “Memorandum de Entendimiento” con Irán, varios letrados bajo la conducción del diputado porteño del PRO Daniel Lipovetzky, solicitamos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del pacto que conducía irremediablemente a la impunidad de los acusados por la voladura de la AMIA.

Es que dicho pacto estaba viciado ab initio, de ilegalidad y de sospechas. Por cierto, no contábamos con la información que llevó al fiscal Alberto Nisman a imputar a la Presidenta de la Nación y a otro grupo de sus colaboradores cercanos, pero del análisis jurídico del Memorandum, de la forma en que se lo sancionó en el Congreso y de la premura del Ejecutivo, surgía evidente que se trataba de un “perdón”, de la consagración de la impunidad y por cierto, todo ello no podía ser gratuito. Continuar leyendo

El 2015 será una oportunidad si terminamos con los mitos que nos condicionan

El próximo año electoral ofrece a los argentinos una nueva oportunidad, de ésas que se presentan cada tanto, cuando uno de los prolongadísimos ciclos políticos de nuestro país llega a su fin. Así, 2015 puede ser una bisagra en la historia, o simplemente el inicio de otra etapa de ilusión inicial y extenso desencanto final, de chatura y de miras cortas. Pero depende de nosotros, los que ponemos el voto en la urna. Depende de si apostamos por lo de siempre, por las dudas, de si aceptamos que somos un pueblo de módicas expectativas, sometido al gobierno de un único grupo que nos maltrata y manipula una y otra vez; o de si nos rebelamos contra eso, si corajeamos y apostamos por algo distinto, a ver si esta vez torcemos un destino que no debería ser. Para eso sería fundamental terminar con ciertos mitos políticos que suelen condicionarnos, o al menos funcionar como excusa a la hora de justificar el sufragio.

“Este país solamente puede gobernarlo el peronismo”. Falso de falsedad absoluta. Ninguna versión de las autoproclamadas peronistas nos ha dejado un país exitoso, coherente o en crecimiento. El peronismo suele abandonar el poder con una crisis en marcha, sea ésta económica o institucional o ambas. A la Argentina puede gobernarla cualquier espacio político con ideas y valentía, sólido, articulado y con buena fe. ¿Cuál sería la característica distintiva del peronismo que lo hace la única opción posible?. Suelo escuchar argumentos vinculados al carácter, una decisión atrevida es calificada de “peronismo puro”. Si la identidad de un partido se resume en el carácter personal de sus integrantes estamos atravesando el límite de la pavada. Hay peronistas decididos como hay dirigentes decididos en todos los partidos, y hay mequetrefes en todas las expresiones políticas. Continuar leyendo

La reforma procesal, inaplicable en la Ciudad de Buenos Aires

Un nuevo Código Procesal Penal, sancionado por parte del Congreso de la Nación, podría resultar inaplicable en la Justicia Penal ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, e incluso ser declarada inconstitucional, dado que el Poder Legislativo Nacional perdió su capacidad para legislar en materia procesal en territorio de la Ciudad, desde la reforma constitucional de 1994, y a partir del establecimiento de la Legislatura local en 1997.

El artículo 129 de la Constitución Nacional de 1994 expresa: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno Autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción…”.

Cuando el constituyente menciona sus facultades propias de legislación, no lo hace menoscabando las mismas en relación a otros estados autónomos a los que llama provincias. No establece limitaciones a las materias sobre las que puede legislar, y la omisión de tales límites, no permite otra interpretación que la paridad de condiciones en cuanto a las potestades provinciales, por ende la Constitución Nacional le otorga la facultad de dictar, como a cualquier otra provincia, sus propios códigos de procedimiento y exigir su cumplimiento en territorio de la Ciudad. Continuar leyendo

Pacto de Olivos II

El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical han sido, sin duda, las instituciones políticas que concentraron las mayores preferencias y pasiones de los electores durante el siglo XX. De ellos, nacieron grandes referentes sociales y políticos que hicieron historia. De la buena y de la mala, como siempre, como todos, pero historia al fin. Sin embargo, ya en la última etapa del siglo pasado, por diversos fenómenos que no son materia de análisis de estas líneas, se han transformado tan solo en cunas de elites gobernantes sin sustento social, cerrando y condicionando la oferta electoral para mantenerse. Y desde dicha posición, han acordado sistemáticamente a espaldas de la gente y favor de sus propios intereses de élite. El Pacto de Olivos ha sido la muestra más flagrante. El “Núcleo de Coincidencias Básicas” que le dio origen lo cerraron no más de 10 personas, y de ellas a más de la mitad ningún ciudadano lo había elegido para nada.

El pacto que ambos sectores hoy proyectarían para “reordenar” la Corte Suprema luego de los fallecimientos de Carmen Argibay y Enrique Petracchi y la renuncia de Eugenio Zaffaroni, es el Pacto de Olivos redivivo. Un esquema de distribución de caja y poder entre un Gobierno en retirada y un sector político con remotísimas chances de gobernar la Argentina los próximos años. Las curiosidades del Congreso de la Nación y el diseño legal del Consejo de la Magistratura les da esta chance. Como la Cámara de Diputados se renueva por mitades, la derrota kirchnerista en las legislativas de 2013 no resultó demasiado significativa en términos numéricos, por el impacto de su victoria dos años antes. El poder del aparato radical y el sistema de distribución que estableció con el propio peronismo en muchas provincias hace que un partido sin capacidad de proponer un candidato presidencial que en las encuestas alcance dos dígitos de las preferencias sea el segundo de los bloques.

Si así funciona en Diputados, mucho más en el Senado, donde la renovación es por tercios, y el sistema de acuerdos provinciales para entregarle los dos senadores por la mayoría al PJ a cambio de garantizarse la UCR el de la minoría es casi invariable. El diseño de las Cámaras, y la estructuración del sistema de partidos, han sido creados y renovados para favorecer dichos acuerdos de élite a espaldas del ciudadano. Por eso no resulta sorprendente ni mucho menos imposible, que vuelvan a pactar para modificar la Corte Suprema, uno que se va y otro que no va a venir.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura tiene un amplio dominio de los sectores políticos desde la reforma de la ley 26.080 que el kirchnerismo sancionó en 2007. De sus 13 integrantes, 7 son fruto de la política pura: 1 que representa al Poder Ejecutivo y 6 al Legislativo, todos ellos kirchneristas o radicales, al menos por ahora. De los dos representantes de la abogacía, los radicales han logrado imponer a uno, el del interior del país, como históricamente lo han hecho. Y también los K han renovado al académico que selecciona el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que depende del Ministerio de Educación. En fin, sin contar uno o dos jueces cercanos a Justicia Legítima, entre peronistas y radicales hay 9 sobre 13 miembros del Consejo a disposición de un eventual Pacto de Olivos II.

En los últimos días, son insistentes las versiones de un acuerdo entre ambos espacios, que implicaría que el kirchnerismo avance en el nombramiento de un radical en reemplazo de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema, a cambio justamente de que los radicales del Consejo de la Magistratura avalen el nombramiento de cuatro kirchneristas en sendas vacancias que hoy tiene la Cámara Nacional de Casación Penal, y que además, el radicalismo apoye en el Congreso el nuevo Código Procesal Penal, que entre otras particularidades pone la investigación de los delitos en manos de los fiscales, dándole a los jueces el rol de evaluar un prueba que no han sido responsables de obtener.

Muchos leen, no sin razones, que todo esto es un pacto de garantía de impunidad: Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación y jefe de todos los fiscales, ha demostrado un férreo control sobre gran parte de los mismos; y por otro lado, el fin último de las causas penales, incluídas aquellas por corrupción, concluyen en la Cámara de Casación. El combo parece perfecto para los K y su futuro. Pero no se trata solamente de esto. También resulta un condicionante peligroso para el gobierno que venga. Sus funcionarios quedarán a merced de un esquema penal parcial y politizado, y además presionado desde el Congreso.

Como en todas las conclusiones de largos ciclos, la gente percibe la necesidad de dar un giro y romper la encerrona de la política tradicional peronista-radical y buscar variantes más modernas que saquen a la Argentina del caos en que tal bipartidismo la sumió durante todo el siglo XX. Y como es evidente, la política tradicional, acuerdista y espontáneamente oligárquica, tiende a coaligarse para resistir el mantenimiento de sus espacios de poder al margen del deseo social. Desde el ciudadano, analizándolo de esta forma o de otra, o solamente desde lo intuitivo, la gente sabe que ha sido inserta en un laberinto de acuerdos oscuros de los que no participa, y empieza a mostrar que desde 2015, elegirá mandatarios de otras vertientes, alejadas de esas élites, novedosos, modernos. Pero que seguramente estén lo bastante amarrados por esa oligarquía política oculta pero omnipresente, que bien podría condicionarle la Justicia, y manipularle el Congreso. Y si “la novedad” electa por la gente no mantiene un fuerte respaldo social al menos hasta 2017, en que vuelven a renovarse las Cámaras, puede quedar presa de esos sectores a los que ya nada les queda de democráticos.

Una ciudadanía alerta, analítica y despierta es la única chance de salir lentamente de ese nudo tan cuidadosamente tejido para que nunca podamos saber quién maneja las cosas, quién controla nuestras vidas. A fines de 2015 asumirá un nuevo Gobierno, si la Corte Suprema tiene vacancias, los argentinos deben estar alerta para impedir que se completen apenas unos meses antes, por parte de estos sectores que alguna vez Mauricio Macri llamó el “círculo rojo”. Vienen tiempos de romper las viejas estructuras. El humor social y las preferencias que exhiben las encuestas son muestra clara de ello. Pero para custodiar el cambio hay que estar muy atentos. No transen más, ya no hay margen.

Fayt, la reserva intelectual de la Corte

Carlos Santiago Fayt es, sin lugar a dudas, el más importante jurista vivo de la Argentina. Su presencia en el tribunal de máxima jerarquía de cualquier país del mundo, es un lujo que pocos Estados pueden darse. Lo es por sus antecedentes académicos, por su profusa obra doctrinaria plasmada en cientos de obras que arrojaron luz sobre infinidad de problemáticas legales que han sido cruciales para la vida de los argentinos; y lo es porque desde su llegada a la Corte Suprema de Justicia en 1983 resultó autor de muchos votos fundamentales en temas clave como libertad de prensa y expresión y las garantías constitucionales. Continuar leyendo

Disparate jurídico y abuso propagandístico

En los últimos tiempos, diversos dirigentes políticos pusieron sobre la palestra la presunta necesidad de declarar imprescriptible la acción penal sobre los sujetos imputados por delitos de corrupción administrativa. La sucesión de gobiernos cuyo final se ve envuelto en una marea de corruptelas diversas ha generado un intenso reclamo social, y la respuesta política parece vincularse con la derogación del instituto de la prescripción respecto de tales delitos.

Debo adelantar que tal propuesta es un disparate jurídico de proporciones. Es cierto que la jurisprudencia internacional penal ha declarado imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como el genocidio, pero el fundamento de tal imprescriptibilidad se basa en la profundidad y generalidad del daño causado, y es relativo a las altas penas que les correspondería. Digamos que si por un homicidio simple pueden corresponder 25 años de prisión, un genocidio requiere el homicidio de muchas personas, y que se fundamente en razones religiosas o étnicas o políticas o raciales, es decir consistiría en una suma de homicidios agravados penados con prisión perpetua, por ende si la prescripción operase transcurrido del tiempo del máximo de todas esas condenas sumadas no operaría jamás.

Antes de continuar hay que profundizar sobre el origen, espíritu y naturaleza de la prescripción. Dicho instituto se basa en la necesidad de certezas jurídicas para los justiciables. El Estado tiene una herramienta punitiva extraordinaria consistente en la sanción penal y su aplicación, pero en el estado de derecho los poderes encuentran siempre límites y uno de estos es el temporal. Habiendo cometido una persona determinado delito, y luego transcurrido todo el plazo de una eventual condena sin cometer otro, y siendo en esta hipótesis que el Estado se mostró incapaz de determinar en ese lapso las responsabilidades del caso, sería ilógico que el Estado traslade a los particulares el costo de tal incapacidad, creando un estado de inseguridad jurídica eterno, que resulta repulsivo a cualquier concepto de Justicia.

De hecho, la noción de “plazo razonable” de un proceso podemos encontrarla en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, todas convenciones internacionales incorporadas a nuestro cuerpo constitucional en la reforma de 1994. Por ende, en caso de intentar derogar el delito de prescripción de nuestro ordenamiento para los delitos de “corrupción”, debería modificarse la Constitución Nacional.

Ahora bien, al margen de tal impedimento, deberíamos analizar la razonabilidad de la iniciativa. En principio los delitos de corrupción administrativa son socialmente lacerantes de modo masivo. Es decir, en tal aspecto resultan similares a un genocidio, puesto que el dinero común mal habido por unos pocos, resulta una perdida sustancial en los derechos de muchos, que concluyen en muertes por deficiente atención médica, carencia de expectativas por falta de educación, o deficiencias de por vida por no haber incorporado los alimentos adecuados.

No obstante, dichas consecuencias son mucho más indirectas que en el caso del genocidio. Por otro parte ¿cuánto más dañoso para la sociedad es un acto de corrupción que la violación de una menor o el homicidio de un anciano? Y sin embargo ambos delitos prescriben. En principio podría creerse que solo se trata en tales casos, de un particular damnificado y no de toda la sociedad, aunque también puede leerse que tales actos nos afectan a todos.

Siguiendo la lógica de la masividad del daño, ¿por qué sería imprescriptible un “prevaricato” y no lo sería una “traición a la patria”? O en todo caso ¿por qué sería imprescriptible una “negociación incompatible con la función pública” y no lo sería alzarse en armas contra los poderes constitucionales? Parece carecer de toda lógica jurídica y tratarse de un abuso propagandístico de quienes proclaman la idea.

De hecho, el legislador ha encontrado como mucho más grave un “homicidio simple” que un “incumplimiento de deberes de funcionario público”, puesto que lo ha penado con mucha más severidad en cuanto a los montos de condena. ¿Cómo podemos seriamente pretender transformar en imprescriptible un delito cuya pena mayor alcanza los dos años de prisión?

Bien posible resulta incrementar las penas para tales delitos de corrupción y con dicho incremento, se prolongaría de hecho el plazo de la prescripción de los mismos, otorgando así más tiempo a la Justicia para hacerse de las pruebas necesarias.

Pero lo más efectivo sería generar los mecanismos para contar con una Poder Judicial activo y eficiente para dilucidar los casos de corrupción, menos influido por el poder político, menos preocupado por seguir los tiempos de otros poderes; en síntesis, más independiente. Un Consejo de la Magistratura con concursos totalmente transparentes, y procesos de sanción y destitución que juzguen adecuadamente los desempeños, al margen si se investigó a tal o a cual. Lo que es necesario es madurez institucional y una sociedad preocupada por alcanzar tal madurez, como requisito sine qua non para el desarrollo social y económico.

En tanto, los políticos que utilizan discursos con propuestas inaplicables, basándose en las necesidades sociales para abusarse de la buena fe del pueblo, haciéndole creer que es posible algo que no lo es, flaco favor le hacen esa imprescindible madurez.

Hacia un nuevo rol del Congreso

Si analizamos con cierto detenimiento la función democrática representativa del Congreso Nacional, desde un punto de vista teórico, deberíamos concluir que es el Poder donde dicha conjunción de términos se expresa en plenitud. En el Congreso, se ve reflejado el modo de votar del pueblo soberano, las preferencias ideológicas, los temas que son de su mayor interés, y de un modo equitativo, quien recibió más votos, tiene más legisladores. La votación legislativa es donde la expresión de la voluntad real deja de lado las encuestas, y los candidatos que han hecho las propuestas temáticas de mayor interés social, reciben el mandato de los ciudadanos, el aval para plasmar esas propuestas en su vida cotidiana.

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Esquizofrenia perseverante

“Las producciones más recientes sobre la temática de un cuerpo sin órganos, son un modo de aclarar algo que se llama esquizofrenia. En ella, el lenguaje no logra hincarse en el cuerpo, es decir, que no es que el cuerpo esté sin órganos, hay al menos uno que es el lenguaje, porque si hay algo en lo que nada el esquizofrénico es en ese manejo enloquecido del lenguaje, pero simplemente no logra que se hinque sobre su cuerpo”. La definición pertenece a Jacques Lacan y no es caprichosa. Se eligió la de este fundador de la escuela moderna más importante del psicoanálisis, porque Ernesto Laclau, el recientemente fallecido sociólogo y “pensador” del kirchnerismo, desarrolló su trabajo sobre “Ideología y Análisis del Discurso” en base a la teoría psicoanalítica post-estructuralista. Es decir, siendo que Laclau se basó en Lacan, por propiedad transitiva, si el kirchnerismo tuviese ideología, esta tendría base lacaniana.

Dice entonces este psiquiatra francés, que la esquizofrenia es la disociación evidente entre lo que se dice y lo que se hace. El esquizofrénico hace un uso disparatado del lenguaje, pero su cuerpo realiza acciones incongruentes con tales dichos. El kirchnerismo es esquizofrénico hasta el paroxismo, y una vez más quedó demostrado en la gesta patriótica impulsada contra los llamados fondos buitre -que no son más que inversores particulares que compraron deuda argentina y ahora quieren que les paguen- y que finalizó con la decisión presidencial, anunciada entre banderas llamando a la resistencia, de pagar hasta el último peso. Una tendencia al ridículo inexplicable.

Vale aclarar lo siguiente: la especulación financiera es un hecho indeseable. La gente con dinero debería propender a generar más dinero con actividades productivas y no rapiñando a los más pobres o necesitados, sean estos países o personas. Eso como principio ético. Ahora bien, para tener deuda con especuladores o “fondos buitres” hay que haber recurrido a ellos y haber convenido legalmente que se le pagaría lo establecido, a la fecha programada. Para que haya buitres, debe haber carroña voluntaria. Los buitres no invierten en apuestas seguras, lo hacen en aquellas de alto riesgo, pierden mucho o ganan mucho, esa es su lógica. Es la diferencia entre que usted coloque sus ahorros a plazo fijo en un banco, para sacar el 22% en un año (tasa promedio actual), o que le apueste a “La Margarita”, la yegua que corre en la quinta del Hipódromo de Palermo y paga 10 pesos por cada uno invertido, en un ratito. En el primer caso, salvo corralito sorpresa, usted se lleva su porcentaje seguro al año. En el segundo pierde todo, o se lleva diez veces más en unos 15 minutos. Esto último hacen los buitres. Como van haciéndolo por todo el mundo, obviamente el balance les da muy por encima ganancias de pérdidas.

Ahora bien, terminada la desmitificación de los fondos buitres, lo que nos ocupa es la esquizofrenia de este gobierno, esa disociación constante entre discurso y acción, que en tiempos de fin de ciclo, limita con el ridículo en el mejor de los casos, o se zambulle en él la mayor parte del tiempo. La última convocatoria a marchar contra los fondos buitre, algo que por cierto debe haber conmovido a dichos especuladores hasta sus cimientos, con frases épico-patrióticas del tipo “Patria o buitres”, se archivó el mismo día de la movilización, con el anunció de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de que se les va a pagar conforme a derecho. “Somos personas capaces de sentarse a negociar y acordar”, dijo la presidente. “Estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber”, espetó más adelante. ¿Y “Patria o buitres”? Bueno, todo indica que se si esa es la dicotomía, el gobierno nacional y popular eligió buitres.

Por cierto, no soy economista y menos especialista en finanzas internacionales. No sé si corresponde o no pagar, aunque si uno se inclina por lo dicho por todo el arco político, y por la propia formación jurídica, en general conviene cumplir con aquello a lo que uno se compromete. No se cuestiona la decisión, que parece la más lógica. Lo que se pone en tela de juicio es el disparate discursivo épico tan característico del kirchnerismo.

Este es solamente el último ejemplo. No estuve en el acto ni lo vi por televisión, apenas leí las crónicas. Uno sabe que los militantes K silbaron al gobernador de Santa Fe cuando dijo que había que cumplir los compromisos. Me los imagino después, enrollando sus banderitas y su cartelería con la que se imaginaban bajando de Sierra Maestra, y tratando de autoconvencerse que el hecho patriótico consiste en pagarle a los buitres. Debe ser bravo, porque ellos mismos y ningún otro salieron a generar esa épica.

Ya que está tan de moda manipular a Manuel Belgrano -que seguramente hubiese sido kirchnerista de acuerdo a lo dicho por la presidente y corroborado por un recontra tataranieto del prócer, que seguramente habrá conocido de algún modo misterioso el pensamiento político actual de su recontra tatarabuelo-, el disparate del viernes podría asimilarse a que el general abogado hubiese convocado a todas las fuerzas nacionales y revolucionarias para hacer frente a los realistas en Jujuy y una vez arribados todos ellos, hubiese quemado la ciudad la ciudad e iniciado el éxodo. Sin ninguna duda hubiese creado algún grado de confusión y puesto en tela de juicio su cordura.

Tal conducta esquizofrénica no es novedosa ni sorprendente. Estos últimos hechos son equivalentes a basar su impronta política en la protección de los Derechos Humanos, y a la vez, mandar a grupos de choque de La Cámpora a apalear a indígenas Qom en plena Avenida 9 de Julio, cuando reclamaban pacíficamente por sus tierras. La memoria es un aspecto trascendental de los Derechos Humanos. Pero es el más sencillo de ejecutar, especialmente cuando es memoria a 30 años vista y el enemigo está muerto. Pero si se tiene la convicción humanista no se puede tratar con Kadafi, ni con el angoleño Dos Santos, ni golpear aborígenes mal alimentados en las avenidas.

Otro ejemplo del comportamiento esquizoide descripto por Lacan en el primer párrafo es la descripción que los propios K hacen de su política económica. Hablan de “matriz productiva y redistributiva”, de hecho han utilizado durante sus 11 años en el poder el caballito de batalla de la redistribución. Y por cierto que la han efectuado, pero de un modo diferente al que enuncian. En los últimos tres años al menos, el sector de la economía que obtuvo mayores ganancias, no fue la producción generadora de empleo, sino el sector financiero, los bancos. En lo que va del año 2014, por ejemplo, la economía no mostró crecimiento alguno, pero los bancos incrementaron sus ingresos casi un 300%, lo que significa una verdadera redistribución: una gran masa de dinero del pueblo argentino a las arcas de los banqueros.

El kirchnerismo será un fenómeno histórico a analizar desde muchísimos aspectos. No puede no serlo un sector político que gobierna un país como el nuestro doce años. Pero este cariz esquizofrénico no puede ser dejado de lado, porque puede estar relacionados con nosotros mismos como pueblo. ¿Preferimos oír a ver? ¿Nos gusta que nos mientan? ¿No nos damos cuenta o preferimos “comprar” relatos épicos aunque sean ostensiblemente falsos? Desentrañarlo y enfrentarnos a la verdad seguramente defina nuestro futuro como país.

Pretores del pensamiento nacional

El filósofo kirchnerista Ricardo Forster ha sido nombrado en el cargo de Secretario Estratégico para el Pensamiento Nacional, o denominación similar, en el Ministerio de Cultura de la Nación. La voluntad de imponer o al menos promover determinado tipo de pensamiento por parte del Estado, es algo que se ha mostrado manifiesto, a lo largo de la historia, solamente en gobiernos poco proclives a la democrática libertad o en regímenes de tipo religioso, como la avanzada del Imperio Otomano en Europa a la caza de infieles, o a la inversa, la expediciones de las Cruzadas, buscando imponer el pensamiento católico.

Sin embargo, en las democracias, los gobiernos mantienen subyacente esa tan humana voluntad de que todos piensen como ellos. Lo natural es tratar de convencer con hechos o con agentes propagandísticos externos a los propios funcionarios a los que los ciudadanos solventamos su salario para que administren la cosa pública y no para que nos enseñen a pensar a su gusto.

Sería bueno en principio tratar de comprender qué es el pensamiento nacional, porque lo cierto es que el término puede generar múltiples interpretaciones. Podría consistir en pensar en la propia Patria por sobre las demás, pero para eso no nos hace falta una dependencia oficial de alto rango como una secretaría de Estado. En principio, todos queremos que al país en el que vivimos le vaya muy bien, porque necesariamente nos irá muy bien a todos los que habitamos en él. No resulta para eso necesario un estratega del pensamiento con semejante rango.

El problema es que uno sospecha que se le da el mote de “pensamiento nacional” al modo de pensar del sector político que circunstancialmente gobierna. Más allá de que dicho pensamiento, luego de 11 años, es para algunos un misterio todavía, dado que sistemáticamente sus dichos y sus acciones se contraponen, con lo cual uno no sabe si piensan como dicen o piensan como actúan.

Los partidos o agrupaciones políticas en el gobierno siempre tienen dos aspectos que deben mantenerse diferenciados: los funcionarios que gobiernan para todos, sean oficialistas o no, por un lado; y las usinas de pensamiento y acción política que son quienes se ocupan de convencer y obtener adhesiones puramente políticas. Para contextualizarlo: un militante K puede legítimamente buscar convencerme que su forma de ver las cosas es la más beneficiosa para el futuro del pueblo, pero los encargados de la administración de los asuntos del Estado no deben ni pueden, con las herramientas que éste les da, intentar digitar mi pensamiento de ninguna manera.

Crear una dependencia estatal para difundir un modo de pensar o vigilar como piensan otros, es propio de gobiernos autocráticos de pensamiento único. Que un filósofo administre esa dependencia es un contrasentido. Su profesión misma se nutre y enriquece del debate, del pensamiento de otros, de la propia duda y autorefutación constante.

Por propio mérito, los argentinos nos hemos ganado la posibilidad de pensar libremente, y la capacidad de hacerlo sin “vigilantes” del pensamiento. Y nos hemos ganado esa libertad con mucha sangre derramada en otras ocasiones en las que, con medios menos sutiles, se nos ha intentado indicar como pensar. Le han dado un trabajo poco feliz y también estéril a Forster.