El fallido falso garantismo

Una doctrina o un postulado en cualquier área de la ciencia tiene éxito cuando se impone como premisa ineludible no solamente para el restringidísimo sector social de “técnicos de laboratorio”, sino también en buena parte de la sociedad, especialmente si se trata de una ciencia social. Podríamos decir en materia de derecho, que desde los 70, la idea de la materialización jurídica de la disolución de un matrimonio era un paradigma socialmente aceptado, que el derecho plasma luego, avanzados los ’80 en la ley de divorcio vincular. Hasta tanto, la gente se las arreglaba con separaciones de hecho, y hasta casándose en países que ya aceptaban el divorcio.

Desde hace unos años a esta parte, se ha venido promoviendo el paradigma de que el derecho penal no debería existir, que las sanciones son nocivas, que estas no cumplen un rol preventivo y tampoco reeducativo, y que su existencia responde a una necesidad de los estados de canalizar el control social por parte de sectores dominantes sobre la mayoría poco influyente. A ello se lo llamó falsamente “garantismo”. Parafraseando al General Perón, garantistas somos todos. O deberíamos serlo, porque esto implica salvaguardar las garantías constitucionales para todos y cada uno, hayan hecho lo que hayan hecho, y a estas alturas, pocas personas hay en desacuerdo con semejante obviedad. La gente que desea que se sancionen los delitos no deja de ser garantista, tampoco los que pregonan que las penas deben cumplirse. Lo que los supuestos científicos del derecho no han conseguido, es imponer el abolicionismo (extinción del derecho penal por ser supuestamente nocivo socialmente), disfrazándolo bajo el mote de garantismo, cuando se trata de postulados totalmente distintos.

Una encuesta muy interesante de la empresa IPSOS en los últimos días conduce a dos conclusiones a considerar:

1)Los sectores más humildes de la población, y a la vez la franja etaria más joven, son quienes en mayor proporción aceptan la “justicia por mano propia” o los llamados linchamientos. Partamos del presupuesto que nadie quiere linchar, no es un hobby para nadie dedicarse a golpear semejantes. O al menos, es difícil conocer gente que pretenda dedicarse a eso. Es por el contrario, la resultante de la falta de respuestas sancionatorias y preventivas por parte del Estado. De tal modo, claramente, los sectores más pobres son quienes más sufren la inseguridad y necesitan más rápidas respuestas, y si el Estado no las provee, deciden dárselas a sí mismos. En este punto cae una premisa abolicionista: si las penas fuesen un modo de control social sobre los sectores menos influyentes, no habría un desesperado reclamo de aplicación de penas por parte de esos sectores, aún más que de cualquier otro, y al punto de aplicar las penas por sí mismos en reemplazo de un Estado que no lo hace. Asimismo, el hecho de que sean los jóvenes quienes están dispuestos en mayor medida a la “justicia por mano propia” indica que son quienes reclaman con mayor énfasis el establecimiento y la aplicación de sanciones. Si el postulado abolicionista no ha alcanzado a la juventud, evidentemente ha fracasado, no tiene futuro.

2)La idea del abolicionismo que establece que el derecho penal no influye en la seguridad ciudadana, tampoco ha sido receptada en la sociedad. El 99% de los encuestados ha manifestado como un principio de solución de esta problemática el “mejorar la Justicia”, frase que resume la necesidad de la aplicación de sanciones justas, eficientes y de cumplimiento efectivo. Establece además que la gente no desea linchar ni hacer justicia por mano propia, preferiría que el Estado cumpliese su rol. Es a todas luces evidente, que la prédica abolicionista de que las penas no cumplen una función social, no es aceptada por la sociedad.

Si se postulase que la educación formal es un modo de control social, especialmente sobre los sectores más desposeídos, y se les negase a estos el acceso a la educación, seguramente nos encontraríamos con una reacción similar y violenta de algún modo. Las franjas sociales numéricamente más pequeñas pero más poderosas, encontrarían el modo de educarse de todas formas (como encuentran el modo de protegerse de la inseguridad con custodios y autos blindados) y generaríamos la reacción violenta de los que no pueden hacerlo, con un postulado de laboratorio socialmente inaceptable.

Cuando una postura científica en materia de ciencias sociales, mantiene un sostenido rechazo social a lo largo de los años, y su imposición fáctica, genera reacciones masivas de rechazo y violencia, es sin más, un fracaso, un postulado falso, que retroalimenta a un reducido grupo de “iluminados” que cree poseer una verdad que nadie más acepta. Son creencias sectarias que cuando se imponen a la generalidad, resultan autoritarias. Eso es el ya fracasado abolicionismo.

La pena capital del peronismo

Nos acercamos a un 2015 que muy probablemente represente un cambio en el grupo político que gobierna el país. Sin posibilidad de reelección para la actual presidente, cualquier variante que acceda al poder, de entre los hoy presidenciables, generará cambios profundos en el esquema de poder. Incluso si se impusiese Daniel Scioli, el único candidato serio del kirchnerismo, tanto la impronta oficialista como el modo de gestionar el gobierno y las características de los personajes que habiten la Casa Rosada será diferente a hoy.

En dicho esquema, se prevé una puja que ya puede observarse, y que incluye maniobras, golpes de efecto, búsqueda de posicionamiento, propuestas (pocas e inconsistentes es cierto), lecturas diversas del electorado, y cálculo. Estos párrafos tienen mucho de esto último, de cálculo. No es un secreto que para cualquiera de las versiones del peronismo, la Ciudad de Buenos Aires es un territorio hostil, desconocido, poco descifrable y en la mayoría de los casos, inaccesible. Sin embargo, en la capital del país votan dos millones y medio de individuos -en porcentaje, el 7,5% del total de los electores de todo el país- que es lo que en realidad importa en una elección presidencial. Es decir, cualquier peronismo tiene serios problemas con ese porcentual de los votantes.

Hacer una buena elección en la Ciudad, casi para asegurarse ganarla, podría consistir en sacar, por ejemplo, el 40% de los votos, lo cual representaría a nivel nacional, algo así como el 3% de los votos totales, y si se lo compara con la Provincia de Buenos Aires, a la cual se le da en política el carácter de La Meca a alcanzar para definir la elección; ese 40% de la Ciudad es casi equivalente a 10% de los votos en la Provincia. Por ende, una elección presidencial pareja, reñida, puede encontrar una definición en el distrito porteño. Es más, posiblemente frente a un marco de opciones electorales atomizadas, los números de la Capital pueden determinar quién entra y quién no a una eventual segunda vuelta.

Las encuestas muestran a Sergio Massa al frente de las preferencias, seguido por Daniel Scioli. Y todo indica que, de producirse hoy la elección, “la madre de todas las batallas” se libraría en la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si esa lucha termina siendo pareja, los eventuales desniveles deberán provenir de la CABA, de Córdoba o de Santa Fe, distritos con peso electoral muy similar. Y en todos ellos el peronismo tiene problemas. Los santafesinos vienen prefiriendo al socialismo, ensombrecido de a ratos por la figura de Miguel Del Sel, crédito PRO. No hay versión del peronismo que tenga peso real. En la provincia mediterránea, la luz del gobernador José De la Sota se va apagando y lo que se enciende y crece es el radicalismo con Ramón Mestre u Oscar Aguad. Y en el distrito porteño, el control absoluto parece tenerlo el PRO de Mauricio Macri, que encima es también un candidato presidencial. El tercero en las preferencias, también según las encuestas.

Por ende Massa o Scioli deben proveer a la conquista de alguno de esos territorios y la lógica indica que por proximidad territorial con la Provincia de Buenos Aires, donde se juegan a todo o nada, la CABA es el listón a alcanzar. De hecho, si Macri logra sus tradicionales niveles de votos en la Ciudad y María Eugenia Vidal consigue consolidar, por ejemplo, un digno 20% de los votos en la Provincia, y Del Sel colabora con una buena elección en Santa Fe, el jefe de Gobierno porteño se le puede meter en la pelea a cualquiera para alcanzar la segunda vuelta.

Por eso merece un análisis especial, la imposibilidad de los peronismos de hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que por cuestiones de imagen, Massa parece tener más chances que Scioli de hacer una buena elección en este distrito. Pero las encuestas de hoy no consideran el panorama real. En una elección presidencial unas boletas traccionan y otras empujan. La del candidato a presidente tracciona a los candidatos locales para obtener más votos, y la de los candidatos locales empuja a la boleta de presidente en igual sentido. Pero bien puede ser al revés. Si en candidato presidencial no es querido en el distrito, puede arruinarle la elección a un buen candidato local. Y a la inversa, un candidato a presidente con posibilidades, puede verse afectado por no contar con candidatos locales con buenas chances. Esta segunda hipótesis es la que enfrentan Massa y Scioli. En la CABA, Macri cuenta con variedad de posibles candidatos, y el frente panradical también; pero los dos candidatos peronistas no tienen una sola figura en capacidad de conseguir tres votos para su causa. Ni estructura, ni desarrollo territorial, ni conocimiento de la idiosincrasia social, ni de los perfiles de cada barrio, ni nada.

En el invisible inframundo político que el votante real no conoce (y lo bien que hace en no perder el tiempo), existen unos cuantos pretendidos dirigentes que se adjudican ser “los hombres” de Massa y de Scioli en la Capital, pero son gente de peso político irrelevante y con nulas posibilidades lograr relevancia en el plazo que sea. Algunos podrán tener dinero, otros podrán tener partidos, y otros más ambas cosas, lo que no posible que consigan es votos. Las encuestas que miden imagen e intención de voto incluso, no están considerando todavía a un año del comienzo del proceso electoral 2015, variables que realmente pueden condicionar el resultado, en un escenario que inevitablemente lleva a una segunda vuelta electoral. Pero para estar en ese todo o nada, hay que entrar y cada voto cuenta, especialmente para quien salga segundo, que seguramente sea perseguido de muy cerca por otro candidato. Y en tal esquema, la CABA es un distrito trascendental, donde los que hoy aparecen como los dos candidatos que gozan del más alto porcentaje de preferencias, se encaminan a hacer un papel poco decoroso y nada contributivo a su objetivo final.

Los mini narcoestados

El narcotráfico comenzó a jugar un rol en la Argentina bastante antes que su influencia mermara en Colombia. Se decía que eramos un “país de paso”. Esto implicaba que nuestro Estado ofrecía las suficientes facilidades para que, la droga producida en otros territorios de América Latina, alcanzase mercados “compradores” con mayor facilidad saliendo de nuestro país que de cualquier otro. Es decir, para vender droga a Europa, era complejo hacerlo desde Uruguay (por ejemplo) y sencillo sacarla por Argentina. Ese fue el primer paso.

El Plan Colombia acorraló a los narcos en ese país, que se vieron obligados a emigrar. Muchos de ellos recalaron en México, pero con cierta dificultad, porque allí el fenómeno ya se encontraba bastante desarrollado. Es decir, los narcos colombianos encontraron una fuerte competencia local y entrar en el “mercado” implicaba iniciar una “guerra” inmediata. Debilitados en términos bélicos, como venían de las sucesivas derrotas en Colombia, la mayoría decidió que el mejor destino era al sur, justamente ese país que ofrecía grandes facilidades para “exportar” a Europa y Estados Unidos, que también resultaba lo suficientemente flexible y maleable para instalarse, producir y aprovechar además el potencial “consumo interno”.

Para empezar, el arribo de delincuentes internacionales de este tipo a nuestro país es al menos fácil. Por una interpretación radicalmente laxa del Preámbulo constitucional, cualquier extranjero ingresa a la Argentina sin que se le pregunte qué viene a hacer. Se instala y comienza sus actividades sin control ninguno, y el Estado le pierde el rastro en cuestión de minutos. La Constitución Nacional en su Preámbulo, menciona a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es una política constitucional de “fronteras abiertas”, pero no eso no implica que no se trate de un derecho a regular, y tal regulación debe basarse en la coyuntura política y social de acuerdo a la naturaleza de los tiempos. Pero el control migratorio en nuestro país es nulo.

Las facilidades en Argentina no solamente son en términos legales e institucionales. Es decir, no se trata únicamente de que las normas son deficientes, se aplican mal o no se aplican, y además el Estado es débil. Existe además un orden social creado a lo largo del tiempo por esa debilidad, que ha generado que sectores territoriales no sean controlados por el “Estado formal”. En nuestro país existen “estados paralelos” o si queremos llamarlos a la colombiana, “mini territorios liberados”. Cuando todos sabemos que “la policía no entra a la Villa X” en el conurbano bonaerense, también deberíamos saber que allí rige otro Estado, con otras normas diferentes, cuyos “administradores” no son conocidos mucho más allá de la frontera territorial que controlan (al menos no lo son por el ciudadano común), pero que dictan las reglas, imparten su particular justicia e imponen el sistema económico del territorio.

Ese grupo que “administra” tal “Estado” dentro del Estado formal es quien tiene la potencia económica que otorga el narcotráfico, las armas y la decisión de hacer uso de la violencia. Los habitantes de esos territorios pueden vivir y alcanzar cierto estándar si forman parte del sistema económico del “adentro”, obtienendo incluso status social en ese “adentro”, si participan de las actividades económicas del grupo dominante, es decir, si son parte del negocio narco. Las diferencias o conflictos internos que se producen dentro del grupo social son dirimidos justamente por ese sector dominante, dueño de la potencia económica, las armas y la violencia. Si dos vecinos se enfrentan, recurren a ese grupo para que ajusticie a quien crea conveniente y reestablezca el “orden”.

Si bien esto funciona de tal modo, al menos desde los ’90, el arribo de los poderosos narcos colombianos, incrementó el negocio. Los líderes originales se “asociaron” con los colombianos, que elevaron la cantidad y el nivel de las operaciones con capital propio, generaron producción local, y aportaron “compradores” externos de un volumen que los argentinos ni soñaban antes de su llegada. Esto generó que el negocio se amplíe territorialmente y en volumen de ciudadanos participantes. Cada vez hace falta más gente para llevar adelante el emprendimiento y, a la vez, hay cada vez más consumo interno, incluso en muchos sectores sociales que para mantener la adicción, deben trabajar para el sistema narco. En términos de consumo interno, el sistema se retroalimenta: trabajo para ellos vendiendo, para poder con el fruto de mi trabajo, comprar. Para ello debo ampliar la clientela, porque si no quiero desatar la violencia no puedo inmiscuirme en los grupos compradores de otro.

El primer origen de este estado de cosas, se produce porque, en algún momento, el Estado se ha retirado de ciertos sectores territoriales, sea por causas políticas, económico-financieras o ideológicas. El poder estatal relacionado con el monopolio del uso de la fuerza no existe, por ejemplo, en buena parte del conurbano bonaerense, donde otros actores sociales, la mayor parte relacionados con la delincuencia, ejercen ese monopolio y por ende el poder estatal de hecho. Vayamos más puntualmente a un simple ejemplo. En la figura geométrica que dibujan la Avenida General Paz, el Camino de Cintura, la Ruta 8 y la Autopista Panamericana, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires, hay ocho asentamientos de emergencia o villas.

Esos territorios no gozan del mismo poder estatal orgánico que se observa apenas cruzando la general Paz o en La Plata, o en Córdoba capital. En cada una de esos asentamientos, no ingresa la policía del Estado. Con variadas excusas, válidas o no, el órgano estatal encargado de ejercer la violencia legítima interna, se ha retirado. Pero también lo han hecho todos los demás aspectos del Estado: no hay escuelas, ni hospitales, ni salas de primeros auxilios, ni ninguna versión del Estado. El diseño urbano de dichos asentamientos complica el accionar policial y facilita el delictivo, por lo que la opción tomada por el Estado fue abandonar sus funciones en tales territorios. Así las cosas el poder estatal no de derecho pero si de hecho, es ejercido en cada una de esas “villas” por bandas de delincuentes.

Así como aquellos que se insertan en la mecánica del grupo dominante obtienen prestigio y expectativas de crecimiento, quien pretende mantenerse fuera, e intenta mantener los principios sociales del Estado formal que abandonó su lugar y respetar sus leyes, es marginado por el pequeño estado de su asentamiento y también por el Estado exterior de derecho, y carece de toda aspiración. Conseguir trabajo en el afuera es una aventura teniendo domicilio en el adentro (vgr: en un asentamiento con “mala fama”) es casi imposible.  Por lo tanto el abandono del Estado de Derecho de sus funciones específicas que le son inherentes y que hacen que un Estado sea tal, no solo libera las manos de los delincuentes actuales, sino que genera un impulso hacia el delito, aún de quienes se resisten a abrazarlo.

Estas bandas que implican el poder estatal en cada uno de tales asentamientos y que han crecido descomunalmente con el “aporte colombiano”, empiezan a tener la necesidad de expansión territorial como producto de la expansión económica y del grupo de gente que trabaja para ellos. Así las cosas, las bandas que manejan las villas empiezan a chocar entre ellas, con el objetivo de dominarse. Eso es lo que vemos cuando se producen los enfrentamientos que últimamente la televisión nos muestra un poco más, simplemente porque cada vez son más visibles, incluso al ojo desatento.

Para completar el penoso panorama, debe agregarse que ciertos sectores estatales, de la política y la policía, ante la imposibilidad de controlar el desarrollo de estas actividades y teniendo a la vista las enormes ganancias que genera, se han asociado de un modo u otro con los líderes narco. Estos nuevos socios cumplen distintos roles dependiendo del territorio de que se trate: pueden simplemente requerir una porción de las ganancias por “mirar para otro lado”, o participar más activamente, incluso al punto de ser “administradores” de alguna “cocina” donde se genera cocaína y paco.

Este es el cuadro real de situación. Puede profundizarse en la relación del narcotráfico con la política y las fuerzas de seguridad, puede analizarse como Colombia salió de una situación más grave que la nuestra actual y podemos proponer cambios en el sistema normativo para facilitar el control de la delincuencia organizada. Pero hay que entender con claridad que el problema se agrava minimizándolo, y que el camino de “no retorno” esta solamente a unos pasos. Hoy es tarde, mañana es tardísimo.

Sanción penal y seguridad pública

Es frecuente escuchar de quienes proponen modificaciones a la ley penal, que la misma no tiene relación con la seguridad pública. Cierto sector de doctrinarios y un amplio grupo de advenedizos a la doctrina, sostienen que las modificaciones que propenden a la laxitud de la norma de carácter sancionatorio, no modifican la coyuntura de seguridad, y que quienes viven del delito, no moderan sus conductas por lo que diga el Código Penal.

Abstrayéndonos de la polémica actual sobre el Anteproyecto de Reforma a dicho cuerpo legal, debemos decir que dicha aseveración que suele postularse como una verdad absoluta, está muy lejos de ser cierta, al menos se encuentra muy distante del pensamiento de la doctrina penal tradicional e histórica, y las más diversas escuelas de pensamiento, han relacionado al derecho penal con la seguridad pública.

Continuar leyendo

El dilema del ucraniano

El discurso político, o politiquero mejor, es recurrentemente utilizado por buena parte de la dirigencia, y si bien todavía hace mella en algunos sectores de la sociedad (hay quienes se sienten impactados por él), a veces resulta sorprendente cuando se escucha de quien además tiene una especialidad profesional, y que debería poder adaptar ese discurso a tal especialidad. En mi caso me refiero al derecho, simplemente porque es lo que conozco.

En una entrevista publicada el domingo al secretario de Justicia y novel miembro del Consejo de la MagistraturaAlejandro Julián Álvarez, al margen de una serie de afirmaciones con las que puede coincidir o no, dice: “Ojalá pueda convencer a los jueces de este país. No quiero convencerlos de que sean kirchneristas, quiero convencerlos de que un país inclusivo y pensar en el otro es importante; venimos de un país demasiado ensimismado, del sálvese quien pueda, quisiera que los jueces hagan política a través de sus sentencias mirando al más débil”.

Continuar leyendo

La fecha olvidada de los derechos humanos

En estos tiempos, parece que la frase derechos humanos se ha reducido a algo así como la acumulación de gestos improductivos y palabras grandilocuentes sin efecto práctico. Pero hubo un tiempo en que se realizaron acciones concretas y reales en pos de garantizar los derechos humanos en nuestro país, épocas en que, además, la cosa no era tan sencilla.

La fecha olvidada es el 13 de febrero de 1984, hace exactamente 30 años, en la que el Congreso de la Nación, por iniciativa e impulso del presidente Raúl Alfonsín, sancionó la ley 23.049 que reformaba el Código de Justicia Militar, para evitar que las juntas responsables del genocidio de fines de los 70 y principios de los 80 sean juzgadas por tribunales militares.

Dicha norma estableció que la Justicia Militar solo atendería los delitos que afectasen su propia actividad, mientras que todo otro delito cometido por un militar debería ser juzgado por la Justicia ordinaria, la de todos. Asimismo, se estableció que los fallos de los tribunales militares podían ser objeto de apelación ante la Cámara Federal, y que además, en caso de que la Justicia Militar demorase excesivamente una sentencia, dicha Cámara podía tomar el expediente en sus manos y tramitarlo por su cuenta.

Continuar leyendo

El Mesías

Si prestamos atención a ciertas conversaciones sobre la realidad de nuestro país, los problemas y las fallas de los gobiernos, detectaremos que muchos de nuestros interlocutores usan la siguiente frase: “acá tiene que venir alguien que…”. En ese formato o similar, el concepto se repite. Quienes ya tienen mentalmente definido quién es ese “alguien”, se aventuran un poco más y dicen: “si estuviera Fulano, tal cosa sería distinta”.

Buscar a “alguien”, o adjudicarle propiedades mágicas a un Fulano, sin analizar qué piensa sobre los más variados aspectos de la realidad que nos envuelve o condiciona, es un pensamiento mesiánico y a la vez mágico, que nunca o casi nunca, tienen ninguna relación con la realidad. Es más, en el primero de los casos, el “tiene que venir”, la quita todo carácter decisivo a la voluntad popular, y a la vez nos refugia psicológicamente del eventual fracaso, porque ese alguien “vino”, no es que seamos responsables de que haya venido.

La espera “del salvador” no es saludable, revela características impropias de una sociedad evolucionada y madura. Es sustancial comprender que nadie “viene” a rescatarnos, que quienes circunstancialmente ocupen el gobierno han sido puestos por nosotros mismos en uso de nuestra soberanía, y su éxito o fracaso nos involucra directamente. Y tan importante como ello es entender que no hay quien pueda gobernar solo o sin proyecto. Votar a una persona por tal es entender que se trata de un mesías, un ser superior al resto que tiene características sobrenaturales para resolver nuestros problemas, es otorgarle condimentos religiosos a la política.

Continuar leyendo

Decoro y delicadeza

Cada uno de nosotros tiene derecho a festejar su cumpleaños cómo y con quien le plazca. Y bien podríamos tener algún amigote en problemas con la ley, al cual le otorgásemos el beneficio de la duda y hasta creyésemos su historia de inocencia. Es humano y está bien, le damos margen a la inocencia de aquellos a quienes apreciamos.

Pero ni usted ni yo somos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cabeza del Poder Judicial y tribunal superior de la Nación. Si lo fuéramos, deberíamos tener otros cuidados en la celebración de nuestros onomásticos, dado que ese amigo “erróneamente” imputado en 50 expedientes penales bien podría caer con alguno de ellos en el tribunal que eventualmente integraríamos, y eso afectaría nuestro buen juicio y nos obligaría a excusarnos de sentenciar en tal causa.

Cuando por casualidad los jueces reciben el expediente donde se ventila el conflicto judicial de alguna persona relacionada, los magistrados de buena fe suelen excusarse de intervenir en ellos “por razones de decoro y delicadeza”, dejando que dichos autos sean evaluados por otro juez sin vínculos con los involucrados, para que pueda aplicarse la ley conforme a un razonamiento equilibrado sin influencias emocionales.

Continuar leyendo

Sólo Francisco

Recomponer las instituciones, hacer un Estado viable que cumpla sus funciones, disminuir el proceso inflacionario, combatir la marginalidad estructural; todos ellos son desafíos por venir, muy importantes, trascendentales, pero no los únicos, ni siquiera los más importantes. La sociedad argentina necesita además una recomposición cultural, ética, una reformulación de su escala de valores, si se pretende construir un futuro.

Hay diferentes formas de graficar el problema, pero debemos iniciar diciendo que los dirigentes, tanto los que nos gobiernan como los que aspiran a hacerlo y muchos sobre los cuales tenemos grandes sospechas, no son húngaros ni bielorrusos: son argentinos, emergieron de esta sociedad y no de otra, su forma de comportarse y la prioridad exclusiva de enriquecer sus bolsillos cuando arriban al poder venían con ellos al llegar a la cima, no nacieron allí, el poder corrompe al esencialmente corrupto.

Durante el desesperante diciembre de 2013, pudimos observar un fenómeno extraordinariamente preocupante: cuando las fuerzas de seguridad se acuartelaron por problemas salariales, inmediatamente, muchos argentinos salieron a saquear, a robar a otros argentinos, a romper. Las imágenes muestran gente humilde llevándose comida, pero principalmente, a gente de clase media robando objetos suntuarios, a veces en vehículos que los más humildes no poseen.

Continuar leyendo

El círculo rojo

El círculo rojo es un círculo de sangre. No apunta a las referencias que hizo Mauricio Macri hace unos meses, en las que se refería a sectores de poder real que no resultan conocidos para el gran público. Este círculo es otro, es el que comienza con la constitución de la Conadep en 1983 y termina de cerrarse con la designación del general César Milani como jefe oficial del Ejército, con aval del Senado de la Nación. Es un círculo de dolor, de tragedia, de persecución y muerte que no puede resolverse volviendo hacia atrás.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Continuar leyendo