Nada es fraude

Mucho se ha debatido en los últimos días, a raíz de una serie de sucesos institucionalmente graves durante los procesos electorales, sobre si existe o no el fraude en la Argentina. Y desde el punto de vista jurídico, lo cierto es que el Código Nacional Electoral no define el fraude. Lo que hace, a partir del artículo 125 de dicho cuerpo legal, es establecer una serie de infracciones y tipificar un grupo de acciones que considera delitos electorales.

Entre ellos, por cierto, se encuentra quemar urnas. “Se penará con prisión de uno a tres años a quien: e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio”. Idéntica pena cabe a quien sustraiga, destruya o adultere boletas. Por ende, la palabra ‘fraude’ no es jurídicamente válida en el derecho penal argentino, aunque tengamos una larga tradición en la materia. Para quienes aprecian las cosas de este modo, es cierto, no ha habido fraude, ni ahora ni nunca antes, ni durante la generación del ochenta, ni en la restauración conservadora. Conste que hay para quienes el fraude no existe.

Sin embargo, la idea de fraude sí existe en el derecho general y consiste en una serie de maniobras engañosas, e incluso delictivas, tendientes a cambiar el resultado que determinado hecho hubiese tenido de no existir tales maquinaciones. Desde lo idiomático, según la Real Academia, fraude es una ‘acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete’, o bien un ‘acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros’. Desde este punto de vista, el fraude electoral en la Argentina es sistemático. Continuar leyendo

La violenta agonía del régimen

Como todo gobierno con pretensión totalitaria, la salida del poder por parte del kirchnerato se plaga de violencia contra el pueblo. Resiste en base a fraude, trampas, presiones, amenazas y el uso de la fuerza física contra la sociedad. El Tucumanazo, como la “Primavera Árabe”, prueban que la gente perdió el miedo.

Saben que se van. Que ya no hay fraude suficiente, que las prebendas no alcanzan, y la agonía del régimen, como en todos los casos se vuelve violenta. Tucumán es un caso y posiblemente no sea el último. El domingo a la noche el candidato a presidente Daniel Scioli salió abrazado entre carcajadas con los que ayer ordenaron la represión al pueblo. Simulaba festejar lo que sabe que fue una derrota.

Es claro que las maniobras fraudulentas ya no son suficientes. A José Alperovich, en Tucumán, hace cuatro años lo ayudaron a llegar al 70% de los votos, y en 2007 al 78%. El domingo apenas superó el 50%, quemando urnas, baleando gendarmes, repartiendo comida a los mismos a los que sumieron en el hambre.

Curiosos los índices de indigencia del NOA. Según en el INDEC en tal región del país se ha alcanzado el “hambre cero”, pero compran votos con bolsones de comida por un valor de $50 o $70 según el caso. Difícilmente puedan meter más de cinco paquetes de fideos: no es un bolsón, es una bolsita. Si comprás un voto con eso, el hambre y la miseria deben ser catastróficos.

La Policía tucumana ayer, por orden del gobernador, salió a golpear a un par de decenas de miles de manifestantes pacíficos que reclamaban por el evidente fraude electoral. Disparó balas de goma, arrojó gases lacrimógenos, corrió y apaleó con la caballería y la infantería, todo un dispositivo puesto en marcha reprimir al pueblo. Como todo régimen autocrático en agonía, lo que vimos ayer es casi una venganza contra la sociedad que ya no les da el sustento de los votos.

La necesidad, el espíritu del cambio que reina en la sociedad, es harto evidente. En la Provincia de Buenos Aires se impuso María Eugenia Vidal, una candidata que hace un año directamente no medía en el distrito, y que a fuerza de caminar, de estar, de ser distinta, terminó imponiéndose en las PASO, en un distrito que tampoco es ajeno al fraude, a volcar las urnas, a robar boletas. Vidal le ganó al PJ y también al fraude que lo acompaña siempre, como una característica inescindible.

Lo que viene no será fácil. Si esta es la reacción del kirchnerato frente a las muestras de su deceso, el final será cruento. Si como indican las encuestas encargadas por ellos mismos, Scioli registra para las generales índices de crecimiento nulos respecto a las primarias, y Macri rondaría el 33% de los votos, el fraude será masivo y escandaloso, para tratar de estirar una diferencia exigua que le asegura la derrota en segunda vuelta. Y si ese fraude no es tampoco suficiente, la violencia contra el pueblo se multiplicará.

Es complejo imaginar lo que ocurrirá en caso de una segunda vuelta, que todos los sondeos dan como totalmente segura. Posiblemente la idea sea quemar todas las urnas que encuentren y reprimir a los electores directamente en las mesas de votación.

El problema con todo esto es que no resulta tan dificultoso ver el final, incluso con todas estas maniobras de por medio, y los totalitarios lo saben. A la mala elección que Scioli hizo en las PASO (38% cuando CFK alcanzó el 50% hace cuatro años), se sumaron las inundaciones, la fuga del gobernador a sus lujosas vacaciones, la causa Hotesur que avanza contra todas las operaciones judiciales que intentan, las denuncias de los abogados en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el dólar paralelo que crece y crece sin techo y la violencia, que cumple el rol de castigo al pueblo, pero que también le impide a Scioli alcanzar ese 6 o 7 por ciento de votos de clase media que necesita para tener chances.

Se van y la agonía de los regímenes totalitarios siempre es violenta. En el Tucumanazo como en la Primavera Árabe egipcia, las protestas y manifestaciones toman el rol de revolución democrática. Las dictaduras fraudulentas del NOA, incluyendo en él a Formosa, tienen características muy similares a las de muchos países árabes, y enfrentan en el caso del “Jardín de la República” un problema serio: existe una porción de la sociedad dispuesta a reclamar sus derechos y con vuelo intelectual para hacerlo. En otra provincias, la opresión tiene la ventaja de de haber sometido al pueblo a la hambruna y la carencia de educación suficientes, como para seguir doblegándolo por un tiempo.

Lo que ocurrió ayer en Tucumán fue doloroso y triste, pero sus resultados a mediano plazo serán importantes para la república. Como en 1816, deberemos agradecer a los tucumanos su coraje, su lucha y su dignidad, como ariete fundamental de un cambio que ya es indefectible.

Macri y el social liberalismo

El liberalismo clásico como ideología política nunca fue, salvo para algunos teóricos, una idea llevada a la práctica en forma pura. Como toda teoría, tuvo sus variantes y sus matices. Cada uno por su lado y en su contexto, puede decirse que Thomas Jefferson (redactor de la constitución de los Estados Unidos), Voltaire y John Stuart Mill fueron los primeros que esbozaron lo que luego se llamó social liberalismo. ¿Qué implica esto? Sencillo, que las libertades individuales son perfectamente compatibles con la justicia social, y con la intervención estatal en la vida cotidiana y en la economía, de modo justo y equilibrado, evitando afectar dichas libertades. El social liberalismo es equilibrio.

En la política europea, el social liberalismo juega un rol protagónico, en el que puede establecerse como “punta de lanza” al primer Gobierno del premier británico Tony Blair, basado en la teoría de la tercera vía, ideada por el sociólogo Anthony Giddens. Veníamos escuchando a Mauricio Macri hace un tiempo hablar de tercera vía e intentábamos interpretaciones simples, casi lo veíamos como un eslogan.

El discurso de Macri del domingo 19 de julio, tras el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la segunda vuelta porteña, nos mostró que la frase que repetía es mucho más que eso: es el reflejo de toda una filosofía política, económica y social que se reflejará si el líder del PRO es electo presidente. Se nutre de un contenido teórico-práctico imprescindible en su proyecto político. Continuar leyendo

La falacia del vicepresidente decorativo

Desde que el oficialismo postuló a Carlos Zannini como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli, se multiplicaron las voces opinando sobre el rol político de ese cargo. Los que quieren mostrar al gobernador bonaerense como continuador del modelo K resaltan que lo acompaña un hombre muy fuerte del entorno íntimo de la actual presidenta. Los que buscan que Scioli mantenga cierto caudal de voto independiente refutan que Zannini no tendrá rol alguno, porque el vicepresidente es meramente decorativo.

La historia de los vicepresidentes desde la recuperación democrática puede darnos algún indicio sobre la veracidad de alguna de esas afirmaciones. Si nos remontamos al primer vicepresidente de la nación de la era posdictadura, podría afianzarse la postura de quienes dicen que este no tiene rol político. El cordobés Víctor Martínez, que secundó a Raúl Alfonsín en la fórmula, tuvo una escueta y gris participación en aquel Gobierno radical. Continuar leyendo

Los que dicen que Scioli ya ganó no hicieron las cuentas

Al domingo pasado algunos lo llamaron el superdomingo, porque la cantidad de electores que votó antes de ayer refleja un volumen enorme del padrón nacional. Las cinco provincias que acudieron a las urnas suman 6.182.000 ciudadanos con derecho a votar, de los cerca de 30 millones habilitados en todo el país. La asistencia a las urnas fue la regular: alrededor de 4.600.000 de personas, un 74,5 %. El padrón de votantes que ejerció su derecho cívico este fin de semana es el equivalente al 21,5 % del padrón nacional.

Cuando asistimos a un escrutinio y vemos que el 20 % de las mesas ya se encuentran contabilizadas, decimos que hay una tendencia. Es cierto, pueden estar contadas las urnas que más nos favorecen y faltar las que favorecen al adversario; por tal hecho, a esos niveles de recuento nadie festeja, pero sonríe animadamente. Hay una tendencia estadísticamente relevante.

El domingo 5 de julio, el frente electoral Cambiemos que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica obtuvo, contabilizando las cinco provincias (CABA, Córdoba, La Rioja, Corrientes y La Pampa) el 43,90 % de los sufragios emitidos, mientras que su inmediato perseguidor, el Frente para la Victoria, apenas alcanzó el 24,10 % de los votos. Y si consideramos los electores que prefirieron al delasotismo en Córdoba, como votos de la alianza UNA (el cordobés, más Sergio Massa), puede considerarse que esa fuerza obtuvo el 18 % de los sufragios. Continuar leyendo

El desafío porteño de Larreta

Algún resabio de nuestro pasado complejo nos impide a veces manifestar nuestras preferencias electorales y hacerle saber a cada conciudadano que uno prefiere a un candidato por sobre otro, y por qué lo hace. Librado de esas ataduras, seguramente producto de los años de plomo, es importante para el suscrito contar por qué acompaño y apoyo a Horacio Rodríguez Larreta para que sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es innegable que el gobierno del PRO estableció un cambio en la ciudad de Buenos Aires. En términos institucionales generó una suerte de “isla republicana” en medio de un marasmo nacional interminable de arbitrariedades, violaciones a las normas, desconocimiento de la Constitución, etc. No ha habido en la ciudad un solo juez jaqueado por el gobierno local por dictar fallos contrarios a los intereses del oficialismo, y muchos jueces lo han hecho, en variados casos, casi como mecánica para detener obras que mejoran la vida de los ciudadanos.

El PRO ha gobernado estos ocho años sin contar con cuórum propio en la Legislatura. Las leyes necesarias para el Gobierno han tenido que ser consensuadas con la oposición. Con un sector o con otro, pero siempre han requerido de más de una fuerza política para sancionarse, y los acuerdos se han alcanzado. El Gobierno de Mauricio Macri, y hay que decirlo, que también es el de Rodríguez Larreta, ha demostrado que es posible gobernar sin vandalismo retórico, sin apretadas, cumpliendo la ley. Y que es posible hacerlo eficientemente.

Si se lo compara con los últimos 25 años de la Argentina, y con la gran mayoría de las provincias, lo que el PRO ha exhibido en esta ciudad es revolucionario. En la Argentina, gobernar con eficiencia, sin ser despiadadamente autoritario, es un cambio sustancial de cultura sociopolítica.

No voy a hacer enumeraciones en términos de infraestructura, para eso está el candidato, pero todos sabemos que vivimos mejor que antes. El Gobierno de Macri y Rodríguez Larreta ha creado la primer policía posdictadura, una fuerza de proximidad que ha generado un acercamiento entre uniformados y ciudadanos que los que tenemos cuarenta y tantos largos jamás habíamos visto. Una policía metropolitana entrenada en el conocimiento y el respeto a los derechos humanos, la asistencia al ciudadano, profundamente democrática.

Pese a lo que digan, la ciudad de Buenos Aires posee planes de asistencia para los menos favorecidos en diversas áreas, como la salud, la tercera edad, la recuperación de adicciones, propios de un Estado socialista avanzado, al estilo del norte europeo o de Canadá.

Y de todo ello, tanto como de todo lo que me niego a enumerar, es responsable Macri y lo es Rodríguez Larreta. Cambiar no es un eslogan, es una necesidad sustancial para quienes queremos un futuro para nuestros hijos, y el cambio que se ha mostrado en la ciudad lo quiero también en todo el país. Pero eso será imposible sin asegurar el bastión de esa revolución que es la ciudad de Buenos Aires.

No quisiera entrar en el nivel de disparate que implica empezar a negar el aserto inverosímil de que “este país solo puede gobernarlo determinado partido”. Eso es un dislate, un mito creado por los integrantes de ese partido para eternizarse en el poder. Y a la vez una amenaza insólita en los tiempos que corren a cualquier atisbo de cambio. Nosotros, los ciudadanos, tenemos el deber de garantizar y custodiar que el mito sea solo eso.

Pero volviendo a la ciudad, no puedo dejar de referirme a los dos principales contendientes del PRO en la elección del próximo domingo. Mariano Recalde representa un modelo que resulta diametralmente opuesto al que encarna Rodríguez Larreta. Es la transferencia del esquema kirchnerista que impera en la Nación al Gobierno porteño. No lo votaría, es justamente lo que quiero cambiar, pero debo reconocerle cierta honestidad en la propuesta: todos sabemos “qué se trae” Recalde, qué cosas haría y cómo; no hay misterios, el ciudadano decide en libertad si lo prefiere o no.

Por otro lado, lo de Martín Lousteau me resulta bastante más confuso. Dice ser aliado de Elisa Carrió y Ernesto Sanz, que a su vez son aliados del PRO a nivel nacional, pero también de Margarita Stolbizer, que se candidatea por otro espacio con propuestas e ideas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento de Lousteau? Porque no todo da lo mismo.

Resulta asimismo el economista severamente crítico con el actual Gobierno de la ciudad, por lo que se ha visto, especialmente en el debate, más agresivamente crítico que el propio kirchnerismo. ¿Cómo podría entonces acompañar a Carrió y Sanz en una alianza con Macri que ha hecho un gobierno tan atacable, a su criterio? ¿Carrió piensa como él? ¿Y Sanz? De ser así, ¿cómo se justifica la alianza nacional? Carrió siempre dice lo que piensa, pero no está diciendo lo que dice Lousteau. El candidato es, en sí mismo, una enorme contradicción.

En fin, flota en la Argentina una aroma similar al que tienen los autos recién comprados, “olor a nuevo”, dicen. No sé si el aroma se expandirá o no; será el pueblo en definitiva y como siempre, el que decida por democrática mayoría qué camino seguir. Pero el que quiera cambiar sepa que el derrotero de ese cambio comienza el domingo próximo, y votar a Rodríguez Larreta es la única opción posible para el que desee ese camino.

Caso Santa Fe: oficialismos e irregularidades electorales

El fraude electoral masivo está extinguido en la Argentina. No hay modo de llevarlo a cabo, no solamente por las condiciones de secreto y universalidad del sufragio, sino porque además el control social sobre el proceso es intenso y cualquier irregularidad demasiado llamativa, grosera, es expuesta a cientos de miles de personas por internet y por las redes sociales de modo que el escándalo no quede impune.

Pero lo que innegablemente existe, y es manejado por los oficialismos, casi siempre y especialmente en el interior del país, es lo que podría llamarse cuasi-minifraude, que implica una serie de acciones, casi siempre limítrofes con la ley, que generan entre un 2 % y un 3 % adicional de los sufragios a favor de ese oficialismo. No es significativo en la mayoría de los casos, casi nunca define una elección, a menos que esta sea reñida, ajustadísima, como ocurrió en Santa Fe. Continuar leyendo

Mártir o libre

La Revolución de Mayo de 1810, fue en realidad, una revolución pensada y ejecutada en pos de la libertad, de un cambio de régimen político y social y no solamente de la independencia de la corona española. Al menos por una parte de quienes celebraron el Cabildo Abierto de ese 25 de mayo. Y si bien pereció en los hechos, enmarañada entre reyertas internas, dejó el pensamiento de esos hombres como una referencia atemporal del destino que deberíamos buscar.

Bernardo de Monteagudo no participó de aquel 25 de mayo de 1810. No pudo porque estaba preso, habiendo protagonizado con solamente 19 años, exactamente 12 meses antes, el primer estallido revolucionario en Chuquisaca, la mecha que encendió la revolución en el Río de la Plata. Inevitablemente docta, Chuquisaca contaba entre sus 15 mil habitantes con mil universitarios entre profesores y alumnos de su legendaria casa de estudios. Entre estos últimos estaba Monteagudo. Aquel atisbo revolucionario fracasó y preso de grilletes el patriota pasó más de un año en la Real Cárcel de la Corte de Chuquisaca.

Allí recibió noticias de la gesta de mayo y del Cabildo Abierto del 25 en Buenos Aires, del plan del Secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno, e incluso de que este último enviaba a Juan José Castelli en expedición al norte. En noviembre de 1810 consigue fugar y alcanza a Castelli en Potosí, donde se une a sus filas.

La Revolución de Mayo se extingue en los hechos con la “muerte dudosa” de Moreno en alta mar, pocos meses después, en marzo de 1811, pero no en las ideas. Un grupo de patriotas revolucionarios continúan difundiendolas en dos periódicos: “La Gazeta de Buenos Ayres” y “Mártir o Libre” dirigido justamente por Monteagudo. Conmemorando la gesta de 1810, dos años después, (misma fecha pero de 1812) escribe en su periódico: “¿Qué razón hay para que un pueblo que desee ser libre no despliegue toda su energía sabiendo que es el único medio de salvarse?… Para dejar de ser esclavo basta muchas veces con un momento de fortuna y un golpe de intrepidez; más para ser libre, se necesita obrar con energía y fomentar la virtud… Energía y virtud: en estas dos palabras se ve el compendio de todas las máximas que forman el carácter republicano”.

Doscientos tres años después de aquel artículo de Monteagudo, seguimos inmersos en la batalla por el republicanismo, como si el tiempo no hubiese pasado. La lucha de los revolucionarios de mayo cayó diluida por quienes pretendían mantener los privilegios de los sectores dominantes de la sociedad, fuesen españoles o criollos, y fue superada por reyertas internas plagadas de debates de egos personales e intereses mezquinos. El interior contra Buenos Aires, federales y unitarios, caudillos contra caudillos, fraude electoral y supresión de las minorías, golpes de estado, peronistas y antiperonistas, venganzas, violencia, represión, genocidio, todo menos república, y así trascurrimos hasta 1983.

Tal vez golpeados por nuestras propias atrocidades, pueblo y gobierno, en aquella etapa de recuperación democrática, pusieron al republicanismo por sobre cualquier otra necesidad. Ya no hubo venganza sino justicia, no hubo represión sino debate de ideas, creímos sepultada la violencia como modo de hacer política y recuperamos la esperanza. Así fue unos años.

Pero la calidad democrática y republicana comenzó a degradarse después de ese cenit histórico. Desde los 90, vivimos diversas manipulaciones de los poderes del Estado y el uso del gobierno para los fines personales de quienes los ejercían, además de diversos tipos de violencia, al menos retórica, desde el poder. Agrandamos o achicamos la Corte Suprema de acuerdo a los intereses del partido gobernante, deslegitimamos el Poder Legislativo con diputados “truchos” votando en sesiones clave, sancionamos normas o aprobamos pliegos con mayorías menores a las requeridas por la Constitución, tratamos de imponer leyes abiertamente inconstitucionales y hasta buscamos reformar la carta Magna a la medida de las necesidades de los 50 tipos que nos gobiernan.

Lo cierto es que la calidad democrática y republicana entró en un tobogán sin salida los últimos 25 años, y con formas menos criminales pero igualmente eficientes, hemos sufrido un retroceso doloroso. ¿Por qué ocurrió esto? Monteagudo lo explica en el mismo artículo citado: “Mas yo no veo que ningún pueblo haya desplegado jamás este carácter, sin recibir grandes y frecuentes ejemplos del gobierno que lo dirige… Nada importará que el guerrero pelee como ciudadano, y el ciudadano obre como un héroe, si los funcionarios públicos sancionan los crímenes con su tolerancia y proscriben la virtud con el olvido”.

Y entonces entendemos que hemos elegido mal, porque cambiamos nuestras prioridades, creímos que teníamos derechos adquiridos inalienables, inviolables. Temimos y el temor nos hizo dóciles, condicionó nuestra elección.

De tal modo entendimos que no podíamos aspirar a más que al “roban pero hacen”. Esa película termina siempre igual: el ladrón cada vez hace menos y roba más, y para robarse nuestros bienes, se roba también nuestra libertad, nuestra independencia, nuestro derechos. Ha sido una mala elección, conformista, pese a lo que se diga, la sociedad argentina tiene el ego maltrecho y padece la patología de la mujer golpeada que cree que no puede aspirar a más. Y por cierto, ese sentimiento se alentó desde el poder, como herramienta de control social y ciudadano. No hay fraude electoral más eficiente que ese, ni el voto cadena, ni robarse la boletas, ni siquiera alterar el recuento de las urnas: el peor y más efectivo fraude ha sido hacer creer a la gente que no merece más, que no puede aspirar a otra cosa que a que la roben.

La carencia de calidad republicana, las instituciones deficientes, hacen que los trabajadores dejen enormes cantidades de sus salarios en manos del Estado, que la educación pública sea deficiente y la privada carísima, que no haya trabajo, que se manipule a la gente con presunta caridad estatal interesada. Elegir entre la posibilidad de pago en cuotas de un electrodoméstico o un viaje de placer al Caribe, y la plena vigencia de las instituciones de la república es una sentencia sobre el futuro de nuestros hijos.

En agosto y octubre volveremos a tener nuestra mejor arma en la mano, y se percibe, incontenible, la necesidad de cambio. Entender por dónde viene ese cambio está en nosotros. Buscar, como dice Monteagudo, un gobierno que represente los valores de lo que necesitamos, es nuestra decisión.

Una maniobra descabellada carente de base jurídica

Si no se tratase de un manoseo descabellado de las instituciones de la República, la pantomima de ayer de la Comisión de Juicio Político podría formar de una comedia de enredos en la que el autor del guion trata de graficar los dislates que ocurren en un exótico país del quinto mundo.

Observando los acontecimientos ocurridos por el televisor, uno podría creer que en realidad estaba presenciando un debate en la Corea del Norte del “Querido Líder” Kim Jong-un, en la Indonesia de Suharto, o en el Túnez de Ben Alí que solía llamar a elecciones y obtener el 98% de los votos.

Yendo a lo concreto, el dictamen emitido ayer por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es solamente un disparate mediático que carece de ningún valor jurídico. Tiene el mismo efecto que si nos juntásemos el suscripto y cuatro amigos y decidiésemos que el próximo domingo “ganó Independiente”. Un mamarracho por el que seguramente nos acusarían de haber abusado del tinto de la casa.

La Constitución Nacional en su artículo 110 establece con meridiana claridad que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta”. ¿A qué se refiere con ello? Simplemente a que los magistrados no incurran en las causales de Juicio Político, claramente establecidas en el artículo 53: “Solo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

El juego de ambos artículos es sencillo. La mala conducta que quita la perpetuidad al cargo es la que describe el artículo 53 como causales de juicio: mal desempeño y comisión de delitos. Pero además, deben considerarse otros elementos. El primero de ellos es que la Constitución exige “causas de responsabilidad”, es decir una inconducta concreta en un acto en particular o una sucesión ellas, pero no el achaque genérico que implica la acusación de “viejo”.

Si la Comisión de Juicio Político quisiera ser seria, debería encontrar un expediente mal despachado por el juez Fayt, iniciar un proceso de juicio político, y en el marco del mismo, como elemento de prueba, solicitar un examen psicofísico del juez para determinar si está en condiciones de llevar adelante su magistratura. Pero ocurre que no existe un expediente concreto por el cual acusarlo, ni tienen cómo iniciar un proceso de juicio político, y mucho menos como alcanzar los dos tercios de los votos para concretar la acusación.

La Cámara de Diputados tiene “comisiones de asesoramiento”, así las llama el propio artículo 61 de su Reglamento. Esas comisiones elaboran dictámenes que cumplen el rol, como todo cuerpo asesor, de recomendar la aprobación de determinado dictamen al pleno del cuerpo. La Cámara tiene sus facultades constitucionales como tal, y sus decisiones son obligatorias en tanto se toman en el recinto, con sesiones convocadas de acuerdo a la ley y el reglamento interno y por las mayorías constitucionales. Las decisiones de una porción de la Cámara, como una comisión, no son obligatorias para nadie, no constituyen absolutamente nada hasta no ser aprobadas en Sesión, y ayer no la hubo. La Comisión de Juicio Político es una “comisión de asesoramiento” más, no tiene facultades para pedirle un psicofísico a Fayt ni tampoco para pedirle el boletín de quinto grado a mi sobrino.

Por otra parte, el artículo 90 del Reglamento citado establece las competencias de tal comisión, es decir, las cuestiones por las cuales puede expedirse: “Compete a la Comisión de Juicio Político investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara. Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente”. La norma es armónica con la Constitución: exige otra vez que existan “causas de responsabilidad” y menciona los “pedidos de remoción”. Esta flagrantemente fuera del alcance de la Comisión de Juicio Político,investigar a los funcionarios públicos, fuera del marco de un proceso, justamente y obviamente, de juicio político.

Por ende, el “proceso investigativo” que se aprobó ayer no es más que la argucia de alguna mente febril para presionar a un Ministro de la Corte, pero sin efecto jurídico alguno.

¿Qué ocurre si Fayt se niega a ser investigado, no acude a las citaciones, y se niega a que lo examinen psicofísicamente? Nada. La Comisión de Juicio Político carece de facultades para conminarlo por la fuerza pública, ni para tomar ninguna medida que no consista en ver fracasar su ridícula maniobra. Tampoco implica presunción contra el juez no someterse a semejante parodia, y en definitiva, nunca contarán con los dos tercios de los votos para acusar.

Es ni más ni menos que una operación mediática vacía de contenido jurídico. Con otros letrados analizamos la posibilidad de presentarnos a la Justicia con el fin de pedir la nulidad del dictamen alcanzado ayer en la Comisión de Juicio, pero llegamos a la conclusión que se trata de un hecho ajeno al Derecho, no judiciable por carecer de relevancia y consecuencias jurídicas.

Tal vez, en algunos casos, sería más beneficioso darle menos espacio en los medios a estas farsas que tienen como único fin ganar centímetros en las portadas, para ejercer la valiente presión nacional y popular con el objetivo de quebrar a un prócer del Derecho.

Sobre Fayt y su resistencia. El juicio de la historia

Hay un proceso que no suele guardar las habituales garantías de los estados de derecho. Por eso, en ellos no juega la prescripción ni tampoco el instituto de la “cosa juzgada”. Son los juicios de la historia, esos espacios en la memoria o en los libros donde, los que llegaron a lugares cuya presencia cambió, de un modo u otro, el curso de los acontecimientos, serán juzgados.

Todo lo que hayan hecho a lo largo de los años, será puesto en una balanza. Se sopesaran pros y contras, se destacarán virtudes y defectos y, naturalmente, habrá un modo en que en el futuro, se reconocerá a dicho personaje. O simplemente será olvidado, sólo mencionado en una cena multitudinaria en una casa de barrio, por alguno de esos memoriosos: “-¿Te acordás de Aníbal?. -¿Quién?. – ¡El de los bigotes!. –Qué sé yo, ni había nacido”. El que uno no recuerda porque “no había nacido”, no quedó en la historia. Continuar leyendo