Pacto de Olivos II

El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical han sido, sin duda, las instituciones políticas que concentraron las mayores preferencias y pasiones de los electores durante el siglo XX. De ellos, nacieron grandes referentes sociales y políticos que hicieron historia. De la buena y de la mala, como siempre, como todos, pero historia al fin. Sin embargo, ya en la última etapa del siglo pasado, por diversos fenómenos que no son materia de análisis de estas líneas, se han transformado tan solo en cunas de elites gobernantes sin sustento social, cerrando y condicionando la oferta electoral para mantenerse. Y desde dicha posición, han acordado sistemáticamente a espaldas de la gente y favor de sus propios intereses de élite. El Pacto de Olivos ha sido la muestra más flagrante. El “Núcleo de Coincidencias Básicas” que le dio origen lo cerraron no más de 10 personas, y de ellas a más de la mitad ningún ciudadano lo había elegido para nada.

El pacto que ambos sectores hoy proyectarían para “reordenar” la Corte Suprema luego de los fallecimientos de Carmen Argibay y Enrique Petracchi y la renuncia de Eugenio Zaffaroni, es el Pacto de Olivos redivivo. Un esquema de distribución de caja y poder entre un Gobierno en retirada y un sector político con remotísimas chances de gobernar la Argentina los próximos años. Las curiosidades del Congreso de la Nación y el diseño legal del Consejo de la Magistratura les da esta chance. Como la Cámara de Diputados se renueva por mitades, la derrota kirchnerista en las legislativas de 2013 no resultó demasiado significativa en términos numéricos, por el impacto de su victoria dos años antes. El poder del aparato radical y el sistema de distribución que estableció con el propio peronismo en muchas provincias hace que un partido sin capacidad de proponer un candidato presidencial que en las encuestas alcance dos dígitos de las preferencias sea el segundo de los bloques.

Si así funciona en Diputados, mucho más en el Senado, donde la renovación es por tercios, y el sistema de acuerdos provinciales para entregarle los dos senadores por la mayoría al PJ a cambio de garantizarse la UCR el de la minoría es casi invariable. El diseño de las Cámaras, y la estructuración del sistema de partidos, han sido creados y renovados para favorecer dichos acuerdos de élite a espaldas del ciudadano. Por eso no resulta sorprendente ni mucho menos imposible, que vuelvan a pactar para modificar la Corte Suprema, uno que se va y otro que no va a venir.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura tiene un amplio dominio de los sectores políticos desde la reforma de la ley 26.080 que el kirchnerismo sancionó en 2007. De sus 13 integrantes, 7 son fruto de la política pura: 1 que representa al Poder Ejecutivo y 6 al Legislativo, todos ellos kirchneristas o radicales, al menos por ahora. De los dos representantes de la abogacía, los radicales han logrado imponer a uno, el del interior del país, como históricamente lo han hecho. Y también los K han renovado al académico que selecciona el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que depende del Ministerio de Educación. En fin, sin contar uno o dos jueces cercanos a Justicia Legítima, entre peronistas y radicales hay 9 sobre 13 miembros del Consejo a disposición de un eventual Pacto de Olivos II.

En los últimos días, son insistentes las versiones de un acuerdo entre ambos espacios, que implicaría que el kirchnerismo avance en el nombramiento de un radical en reemplazo de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema, a cambio justamente de que los radicales del Consejo de la Magistratura avalen el nombramiento de cuatro kirchneristas en sendas vacancias que hoy tiene la Cámara Nacional de Casación Penal, y que además, el radicalismo apoye en el Congreso el nuevo Código Procesal Penal, que entre otras particularidades pone la investigación de los delitos en manos de los fiscales, dándole a los jueces el rol de evaluar un prueba que no han sido responsables de obtener.

Muchos leen, no sin razones, que todo esto es un pacto de garantía de impunidad: Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación y jefe de todos los fiscales, ha demostrado un férreo control sobre gran parte de los mismos; y por otro lado, el fin último de las causas penales, incluídas aquellas por corrupción, concluyen en la Cámara de Casación. El combo parece perfecto para los K y su futuro. Pero no se trata solamente de esto. También resulta un condicionante peligroso para el gobierno que venga. Sus funcionarios quedarán a merced de un esquema penal parcial y politizado, y además presionado desde el Congreso.

Como en todas las conclusiones de largos ciclos, la gente percibe la necesidad de dar un giro y romper la encerrona de la política tradicional peronista-radical y buscar variantes más modernas que saquen a la Argentina del caos en que tal bipartidismo la sumió durante todo el siglo XX. Y como es evidente, la política tradicional, acuerdista y espontáneamente oligárquica, tiende a coaligarse para resistir el mantenimiento de sus espacios de poder al margen del deseo social. Desde el ciudadano, analizándolo de esta forma o de otra, o solamente desde lo intuitivo, la gente sabe que ha sido inserta en un laberinto de acuerdos oscuros de los que no participa, y empieza a mostrar que desde 2015, elegirá mandatarios de otras vertientes, alejadas de esas élites, novedosos, modernos. Pero que seguramente estén lo bastante amarrados por esa oligarquía política oculta pero omnipresente, que bien podría condicionarle la Justicia, y manipularle el Congreso. Y si “la novedad” electa por la gente no mantiene un fuerte respaldo social al menos hasta 2017, en que vuelven a renovarse las Cámaras, puede quedar presa de esos sectores a los que ya nada les queda de democráticos.

Una ciudadanía alerta, analítica y despierta es la única chance de salir lentamente de ese nudo tan cuidadosamente tejido para que nunca podamos saber quién maneja las cosas, quién controla nuestras vidas. A fines de 2015 asumirá un nuevo Gobierno, si la Corte Suprema tiene vacancias, los argentinos deben estar alerta para impedir que se completen apenas unos meses antes, por parte de estos sectores que alguna vez Mauricio Macri llamó el “círculo rojo”. Vienen tiempos de romper las viejas estructuras. El humor social y las preferencias que exhiben las encuestas son muestra clara de ello. Pero para custodiar el cambio hay que estar muy atentos. No transen más, ya no hay margen.

Fayt, la reserva intelectual de la Corte

Carlos Santiago Fayt es, sin lugar a dudas, el más importante jurista vivo de la Argentina. Su presencia en el tribunal de máxima jerarquía de cualquier país del mundo, es un lujo que pocos Estados pueden darse. Lo es por sus antecedentes académicos, por su profusa obra doctrinaria plasmada en cientos de obras que arrojaron luz sobre infinidad de problemáticas legales que han sido cruciales para la vida de los argentinos; y lo es porque desde su llegada a la Corte Suprema de Justicia en 1983 resultó autor de muchos votos fundamentales en temas clave como libertad de prensa y expresión y las garantías constitucionales. Continuar leyendo

Disparate jurídico y abuso propagandístico

En los últimos tiempos, diversos dirigentes políticos pusieron sobre la palestra la presunta necesidad de declarar imprescriptible la acción penal sobre los sujetos imputados por delitos de corrupción administrativa. La sucesión de gobiernos cuyo final se ve envuelto en una marea de corruptelas diversas ha generado un intenso reclamo social, y la respuesta política parece vincularse con la derogación del instituto de la prescripción respecto de tales delitos.

Debo adelantar que tal propuesta es un disparate jurídico de proporciones. Es cierto que la jurisprudencia internacional penal ha declarado imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como el genocidio, pero el fundamento de tal imprescriptibilidad se basa en la profundidad y generalidad del daño causado, y es relativo a las altas penas que les correspondería. Digamos que si por un homicidio simple pueden corresponder 25 años de prisión, un genocidio requiere el homicidio de muchas personas, y que se fundamente en razones religiosas o étnicas o políticas o raciales, es decir consistiría en una suma de homicidios agravados penados con prisión perpetua, por ende si la prescripción operase transcurrido del tiempo del máximo de todas esas condenas sumadas no operaría jamás.

Antes de continuar hay que profundizar sobre el origen, espíritu y naturaleza de la prescripción. Dicho instituto se basa en la necesidad de certezas jurídicas para los justiciables. El Estado tiene una herramienta punitiva extraordinaria consistente en la sanción penal y su aplicación, pero en el estado de derecho los poderes encuentran siempre límites y uno de estos es el temporal. Habiendo cometido una persona determinado delito, y luego transcurrido todo el plazo de una eventual condena sin cometer otro, y siendo en esta hipótesis que el Estado se mostró incapaz de determinar en ese lapso las responsabilidades del caso, sería ilógico que el Estado traslade a los particulares el costo de tal incapacidad, creando un estado de inseguridad jurídica eterno, que resulta repulsivo a cualquier concepto de Justicia.

De hecho, la noción de “plazo razonable” de un proceso podemos encontrarla en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, todas convenciones internacionales incorporadas a nuestro cuerpo constitucional en la reforma de 1994. Por ende, en caso de intentar derogar el delito de prescripción de nuestro ordenamiento para los delitos de “corrupción”, debería modificarse la Constitución Nacional.

Ahora bien, al margen de tal impedimento, deberíamos analizar la razonabilidad de la iniciativa. En principio los delitos de corrupción administrativa son socialmente lacerantes de modo masivo. Es decir, en tal aspecto resultan similares a un genocidio, puesto que el dinero común mal habido por unos pocos, resulta una perdida sustancial en los derechos de muchos, que concluyen en muertes por deficiente atención médica, carencia de expectativas por falta de educación, o deficiencias de por vida por no haber incorporado los alimentos adecuados.

No obstante, dichas consecuencias son mucho más indirectas que en el caso del genocidio. Por otro parte ¿cuánto más dañoso para la sociedad es un acto de corrupción que la violación de una menor o el homicidio de un anciano? Y sin embargo ambos delitos prescriben. En principio podría creerse que solo se trata en tales casos, de un particular damnificado y no de toda la sociedad, aunque también puede leerse que tales actos nos afectan a todos.

Siguiendo la lógica de la masividad del daño, ¿por qué sería imprescriptible un “prevaricato” y no lo sería una “traición a la patria”? O en todo caso ¿por qué sería imprescriptible una “negociación incompatible con la función pública” y no lo sería alzarse en armas contra los poderes constitucionales? Parece carecer de toda lógica jurídica y tratarse de un abuso propagandístico de quienes proclaman la idea.

De hecho, el legislador ha encontrado como mucho más grave un “homicidio simple” que un “incumplimiento de deberes de funcionario público”, puesto que lo ha penado con mucha más severidad en cuanto a los montos de condena. ¿Cómo podemos seriamente pretender transformar en imprescriptible un delito cuya pena mayor alcanza los dos años de prisión?

Bien posible resulta incrementar las penas para tales delitos de corrupción y con dicho incremento, se prolongaría de hecho el plazo de la prescripción de los mismos, otorgando así más tiempo a la Justicia para hacerse de las pruebas necesarias.

Pero lo más efectivo sería generar los mecanismos para contar con una Poder Judicial activo y eficiente para dilucidar los casos de corrupción, menos influido por el poder político, menos preocupado por seguir los tiempos de otros poderes; en síntesis, más independiente. Un Consejo de la Magistratura con concursos totalmente transparentes, y procesos de sanción y destitución que juzguen adecuadamente los desempeños, al margen si se investigó a tal o a cual. Lo que es necesario es madurez institucional y una sociedad preocupada por alcanzar tal madurez, como requisito sine qua non para el desarrollo social y económico.

En tanto, los políticos que utilizan discursos con propuestas inaplicables, basándose en las necesidades sociales para abusarse de la buena fe del pueblo, haciéndole creer que es posible algo que no lo es, flaco favor le hacen esa imprescindible madurez.

Hacia un nuevo rol del Congreso

Si analizamos con cierto detenimiento la función democrática representativa del Congreso Nacional, desde un punto de vista teórico, deberíamos concluir que es el Poder donde dicha conjunción de términos se expresa en plenitud. En el Congreso, se ve reflejado el modo de votar del pueblo soberano, las preferencias ideológicas, los temas que son de su mayor interés, y de un modo equitativo, quien recibió más votos, tiene más legisladores. La votación legislativa es donde la expresión de la voluntad real deja de lado las encuestas, y los candidatos que han hecho las propuestas temáticas de mayor interés social, reciben el mandato de los ciudadanos, el aval para plasmar esas propuestas en su vida cotidiana.

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Esquizofrenia perseverante

“Las producciones más recientes sobre la temática de un cuerpo sin órganos, son un modo de aclarar algo que se llama esquizofrenia. En ella, el lenguaje no logra hincarse en el cuerpo, es decir, que no es que el cuerpo esté sin órganos, hay al menos uno que es el lenguaje, porque si hay algo en lo que nada el esquizofrénico es en ese manejo enloquecido del lenguaje, pero simplemente no logra que se hinque sobre su cuerpo”. La definición pertenece a Jacques Lacan y no es caprichosa. Se eligió la de este fundador de la escuela moderna más importante del psicoanálisis, porque Ernesto Laclau, el recientemente fallecido sociólogo y “pensador” del kirchnerismo, desarrolló su trabajo sobre “Ideología y Análisis del Discurso” en base a la teoría psicoanalítica post-estructuralista. Es decir, siendo que Laclau se basó en Lacan, por propiedad transitiva, si el kirchnerismo tuviese ideología, esta tendría base lacaniana.

Dice entonces este psiquiatra francés, que la esquizofrenia es la disociación evidente entre lo que se dice y lo que se hace. El esquizofrénico hace un uso disparatado del lenguaje, pero su cuerpo realiza acciones incongruentes con tales dichos. El kirchnerismo es esquizofrénico hasta el paroxismo, y una vez más quedó demostrado en la gesta patriótica impulsada contra los llamados fondos buitre -que no son más que inversores particulares que compraron deuda argentina y ahora quieren que les paguen- y que finalizó con la decisión presidencial, anunciada entre banderas llamando a la resistencia, de pagar hasta el último peso. Una tendencia al ridículo inexplicable.

Vale aclarar lo siguiente: la especulación financiera es un hecho indeseable. La gente con dinero debería propender a generar más dinero con actividades productivas y no rapiñando a los más pobres o necesitados, sean estos países o personas. Eso como principio ético. Ahora bien, para tener deuda con especuladores o “fondos buitres” hay que haber recurrido a ellos y haber convenido legalmente que se le pagaría lo establecido, a la fecha programada. Para que haya buitres, debe haber carroña voluntaria. Los buitres no invierten en apuestas seguras, lo hacen en aquellas de alto riesgo, pierden mucho o ganan mucho, esa es su lógica. Es la diferencia entre que usted coloque sus ahorros a plazo fijo en un banco, para sacar el 22% en un año (tasa promedio actual), o que le apueste a “La Margarita”, la yegua que corre en la quinta del Hipódromo de Palermo y paga 10 pesos por cada uno invertido, en un ratito. En el primer caso, salvo corralito sorpresa, usted se lleva su porcentaje seguro al año. En el segundo pierde todo, o se lleva diez veces más en unos 15 minutos. Esto último hacen los buitres. Como van haciéndolo por todo el mundo, obviamente el balance les da muy por encima ganancias de pérdidas.

Ahora bien, terminada la desmitificación de los fondos buitres, lo que nos ocupa es la esquizofrenia de este gobierno, esa disociación constante entre discurso y acción, que en tiempos de fin de ciclo, limita con el ridículo en el mejor de los casos, o se zambulle en él la mayor parte del tiempo. La última convocatoria a marchar contra los fondos buitre, algo que por cierto debe haber conmovido a dichos especuladores hasta sus cimientos, con frases épico-patrióticas del tipo “Patria o buitres”, se archivó el mismo día de la movilización, con el anunció de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de que se les va a pagar conforme a derecho. “Somos personas capaces de sentarse a negociar y acordar”, dijo la presidente. “Estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber”, espetó más adelante. ¿Y “Patria o buitres”? Bueno, todo indica que se si esa es la dicotomía, el gobierno nacional y popular eligió buitres.

Por cierto, no soy economista y menos especialista en finanzas internacionales. No sé si corresponde o no pagar, aunque si uno se inclina por lo dicho por todo el arco político, y por la propia formación jurídica, en general conviene cumplir con aquello a lo que uno se compromete. No se cuestiona la decisión, que parece la más lógica. Lo que se pone en tela de juicio es el disparate discursivo épico tan característico del kirchnerismo.

Este es solamente el último ejemplo. No estuve en el acto ni lo vi por televisión, apenas leí las crónicas. Uno sabe que los militantes K silbaron al gobernador de Santa Fe cuando dijo que había que cumplir los compromisos. Me los imagino después, enrollando sus banderitas y su cartelería con la que se imaginaban bajando de Sierra Maestra, y tratando de autoconvencerse que el hecho patriótico consiste en pagarle a los buitres. Debe ser bravo, porque ellos mismos y ningún otro salieron a generar esa épica.

Ya que está tan de moda manipular a Manuel Belgrano -que seguramente hubiese sido kirchnerista de acuerdo a lo dicho por la presidente y corroborado por un recontra tataranieto del prócer, que seguramente habrá conocido de algún modo misterioso el pensamiento político actual de su recontra tatarabuelo-, el disparate del viernes podría asimilarse a que el general abogado hubiese convocado a todas las fuerzas nacionales y revolucionarias para hacer frente a los realistas en Jujuy y una vez arribados todos ellos, hubiese quemado la ciudad la ciudad e iniciado el éxodo. Sin ninguna duda hubiese creado algún grado de confusión y puesto en tela de juicio su cordura.

Tal conducta esquizofrénica no es novedosa ni sorprendente. Estos últimos hechos son equivalentes a basar su impronta política en la protección de los Derechos Humanos, y a la vez, mandar a grupos de choque de La Cámpora a apalear a indígenas Qom en plena Avenida 9 de Julio, cuando reclamaban pacíficamente por sus tierras. La memoria es un aspecto trascendental de los Derechos Humanos. Pero es el más sencillo de ejecutar, especialmente cuando es memoria a 30 años vista y el enemigo está muerto. Pero si se tiene la convicción humanista no se puede tratar con Kadafi, ni con el angoleño Dos Santos, ni golpear aborígenes mal alimentados en las avenidas.

Otro ejemplo del comportamiento esquizoide descripto por Lacan en el primer párrafo es la descripción que los propios K hacen de su política económica. Hablan de “matriz productiva y redistributiva”, de hecho han utilizado durante sus 11 años en el poder el caballito de batalla de la redistribución. Y por cierto que la han efectuado, pero de un modo diferente al que enuncian. En los últimos tres años al menos, el sector de la economía que obtuvo mayores ganancias, no fue la producción generadora de empleo, sino el sector financiero, los bancos. En lo que va del año 2014, por ejemplo, la economía no mostró crecimiento alguno, pero los bancos incrementaron sus ingresos casi un 300%, lo que significa una verdadera redistribución: una gran masa de dinero del pueblo argentino a las arcas de los banqueros.

El kirchnerismo será un fenómeno histórico a analizar desde muchísimos aspectos. No puede no serlo un sector político que gobierna un país como el nuestro doce años. Pero este cariz esquizofrénico no puede ser dejado de lado, porque puede estar relacionados con nosotros mismos como pueblo. ¿Preferimos oír a ver? ¿Nos gusta que nos mientan? ¿No nos damos cuenta o preferimos “comprar” relatos épicos aunque sean ostensiblemente falsos? Desentrañarlo y enfrentarnos a la verdad seguramente defina nuestro futuro como país.

Pretores del pensamiento nacional

El filósofo kirchnerista Ricardo Forster ha sido nombrado en el cargo de Secretario Estratégico para el Pensamiento Nacional, o denominación similar, en el Ministerio de Cultura de la Nación. La voluntad de imponer o al menos promover determinado tipo de pensamiento por parte del Estado, es algo que se ha mostrado manifiesto, a lo largo de la historia, solamente en gobiernos poco proclives a la democrática libertad o en regímenes de tipo religioso, como la avanzada del Imperio Otomano en Europa a la caza de infieles, o a la inversa, la expediciones de las Cruzadas, buscando imponer el pensamiento católico.

Sin embargo, en las democracias, los gobiernos mantienen subyacente esa tan humana voluntad de que todos piensen como ellos. Lo natural es tratar de convencer con hechos o con agentes propagandísticos externos a los propios funcionarios a los que los ciudadanos solventamos su salario para que administren la cosa pública y no para que nos enseñen a pensar a su gusto.

Sería bueno en principio tratar de comprender qué es el pensamiento nacional, porque lo cierto es que el término puede generar múltiples interpretaciones. Podría consistir en pensar en la propia Patria por sobre las demás, pero para eso no nos hace falta una dependencia oficial de alto rango como una secretaría de Estado. En principio, todos queremos que al país en el que vivimos le vaya muy bien, porque necesariamente nos irá muy bien a todos los que habitamos en él. No resulta para eso necesario un estratega del pensamiento con semejante rango.

El problema es que uno sospecha que se le da el mote de “pensamiento nacional” al modo de pensar del sector político que circunstancialmente gobierna. Más allá de que dicho pensamiento, luego de 11 años, es para algunos un misterio todavía, dado que sistemáticamente sus dichos y sus acciones se contraponen, con lo cual uno no sabe si piensan como dicen o piensan como actúan.

Los partidos o agrupaciones políticas en el gobierno siempre tienen dos aspectos que deben mantenerse diferenciados: los funcionarios que gobiernan para todos, sean oficialistas o no, por un lado; y las usinas de pensamiento y acción política que son quienes se ocupan de convencer y obtener adhesiones puramente políticas. Para contextualizarlo: un militante K puede legítimamente buscar convencerme que su forma de ver las cosas es la más beneficiosa para el futuro del pueblo, pero los encargados de la administración de los asuntos del Estado no deben ni pueden, con las herramientas que éste les da, intentar digitar mi pensamiento de ninguna manera.

Crear una dependencia estatal para difundir un modo de pensar o vigilar como piensan otros, es propio de gobiernos autocráticos de pensamiento único. Que un filósofo administre esa dependencia es un contrasentido. Su profesión misma se nutre y enriquece del debate, del pensamiento de otros, de la propia duda y autorefutación constante.

Por propio mérito, los argentinos nos hemos ganado la posibilidad de pensar libremente, y la capacidad de hacerlo sin “vigilantes” del pensamiento. Y nos hemos ganado esa libertad con mucha sangre derramada en otras ocasiones en las que, con medios menos sutiles, se nos ha intentado indicar como pensar. Le han dado un trabajo poco feliz y también estéril a Forster.

Macri-Massa vs Massa-Macri, primaria inviable

No es la primera vez que lo escucho. Ciertos operadores de un sector del macrismo y otros del massismo pugnan porque ambos candidatos trabajen dentro de un mismo espacio político, y además proponen una especie de “fórmula de convivencia” para que enfrenten juntos las primarias. La receta reveladora consiste en presentar al electorado dos fórmulas, una Mauricio Macri-Sergio Massa y otra Sergio Massa-Mauricio Macri, para que la gente decida a quien quiere de presidente.

No puede negarse que la idea es imaginativa, pero el realismo mágico siempre es dañino en política. El derecho electoral no es un misterio, son una pocas normas, están escritas y a disposición de todos y le sería muy útil los grandes pensadores que alcanzan el nirvana político con estas ocurrencias cotejar con la ley para ver si son aplicables en el mundo terrenal.

El artículo 22 de la ley 26.571, que rige las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dice con claridad: “Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una sola categoría de cargos electivos”. Si se concretase la bella idea, tanto Macri como Massa, estarían compitiendo por dos cargos electivos de modo simultáneo: para presidente y para vice. Ergo, es legalmente imposible.

Dicho engendro de la imaginación solamente sería posible cambiando la ley y modificando el artículo transcripto, pero si se cuenta con la potencia legislativa para tal sanción en el Congreso, entonces tal vez sería más conveniente introducir un sistema como el vigente en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, donde el candidato a Jefe de Gobierno electo en las primarias puede elegir como su candidato a vice a quien haya salido segundo (entre otras opciones) en esos comicios, de modo que si los mencionados dirigentes compiten, el que gane pueda elegir al otro para que lo secunde en la elección general.

De otro modo, el cambio legislativo consistiría en habilitar que una misma persona se presente a más de un cargo, lo que implicaría un claro fraude al elector porque de obtener ambos seguramente no asumiría alguno de ellos.

Hace unos tres años escuché de un experimentado dirigente político, ante el planteo que determinada cosa no podía hacerse, que “el derecho electoral es flexible”. Es tan flexible como cualquier otra rama del derecho: lo que está expresamente prohibido no puede hacerse, las candidaturas las debe avalar un juez federal y no existe magistrado que vaya a avalar ningún engendro contra legem por más divertido que le parezca a algún dirigente.

El márketing legislativo de Ricardo Alfonsín

Durante la semana pasada, el diputado nacional Ricardo Alfonsín presentó un proyecto de ley con el que dice pretender “prohibir las candidaturas testimoniales”, es decir aquellas a las que determinados candidatos se presentan sin ninguna intención de asumir, con la idea de que su presencia “arrastrará votos” a favor de la lista que integran pero defraudando al electorado. El problema con el proyecto del diputado es que las “testimoniales” ya están prohibidas.

El artículo 140 del Código Electoral Nacional, inserto dentro del Capítulo “Delitos Electorales”, tipifica: “Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar de determina forma o a abstenerse de hacerlo”. Toda conducta descripta en un tipo penal, que por definición contiene una sanción, es una conducta prohibida. Y resulta evidente que presentar una candidatura que no se piensa asumir si resultase electo es un modo de inducir el voto hacia determinada lista de manera engañosa.

Difícilmente el legislador de marras no conozca la existencia de este artículo 140, dado que responde al Código Electoral Nacional original, sancionado mediante la ley 19.945 de 1972. Aunque debe reconocerse, suena bien a oídos del ciudadano que no tiene porqué conocer derecho electoral que alguien quiera “prohibir las testimoniales”, dado que casi nadie sabe que ya están prohibidas. Marketing legislativo podría llamárselo.

El radicalismo tuvo una intervención mediática bastante importante en el año 2009, cuando en las elecciones legislativas se presentó en la Justicia Electoral intentando impedir las candidaturas de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Aducían que estos no asumirían los cargos para los que se proponían, que simplemente pretendían obtener votos para su partido y que defraudarían al elector. Su pretensión fue rechaza por la Cámara Nacional Electoral, sencillamente porque como en todo proceso judicial, hacían falta pruebas para aplicar la sanción pretendida, que en este caso era, prohibirles ser candidatos.

¿Qué elementos probatorios ofreció el radicalismo?. Solamente rumores periodísticos. Citados los presuntos “candidatos testimoniales”, todos aseguraron a los jueces que asumirían sus cargos en caso de ser electos, por lo cual la Justicia no tuvo otra opción que permitirles ser candidatos. En ese caso también, la presentación fue un juego de marketing, los letrados que la efectuaron debían saber que jamás podrían probar lo que alegaban y que el destino del expediente era el que termino siendo, dado que la prueba del mismo era “diabólica”: consistía en que los jueces viajasen al futuro para asegurarse que los electos no asumirían sus cargos y volviesen al 2009 para aplicar la sanción. Es más, el planteo equivocó el cálculo al menos con un candidato: Kirchner fue electo y asumió su cargo, con los cual de habérselo prohibido como pretendía la presentación del diputado Ricardo Gil Lavedra, se hubiese privado de su derecho constitucional a ser elegido a un ciudadano que no conformó la conducta que el presentante predecía que llevaría a cabo.

Tan alejada de la real intención de hacer justicia y tan cercana al marketing electoral fue la apuesta judicial del radicalismo por entonces, que terminado el proceso electoral, y viendo que los candidatos Scioli y Massa efectivamente no asumieron los cargos para los que fueron electos, no efectuaron las denuncias correspondientes por infracción al artículo 140 del Código Electoral Nacional. En ese caso sí, habiéndose configurado el hecho, la acción delictiva podría entenderse como consumada y era pasible de sanciones. Ciertamente, luego del proceso electoral, la presentación no generaba ya efectos políticos en términos de captación de votos, sino que era una acción exclusivamente en busca de justicia efectiva y en términos de respeto al voto del ciudadano, con lo cual, jamás hubo presentación alguna.

El proyecto de ley para “prohibir” unas testimoniales que ya están prohibidas se inscribe en el mismo juego, una supuesta pretensión de protección al elector que no es tal porque al momento de promover las sanciones nadie lo hace porque no generan rédito político.

Seguramente ha de ser muy complejo, pero sería importante buscar el modo de “prohibir los proyectos de ley testimoniales”, aparte de las candidaturas. Es decir, que los legisladores electos por el pueblo no puedan usar sus bancas para proponer proyectos sobre problemáticas ya resueltas por otras normas, que tienen como único fin aprovechar el desconocimiento del ciudadano para hacerse algunos votos.

Municipios y subdemocracia

El primer rasgo palpable y escrito de un contrato social, aparece con el surgimiento de las Constituciones nacionales escritas. Esto en lo atinente a un esquema autonormativo genérico, que brinda los principios básicos y elementales bajo los cuales debemos regir nuestras conductas. Una Constitución difícilmente sea más que eso: no establece, en la mayoría de los casos, mecanismos ni procesos; brinda un marco general para que sean las leyes las que luego articulen el funcionamiento social.

Y la base del republicanismo democrático es la sumisión de todos a esa Constitución. Ni siquiera la voluntad mayoritaria recurrente puede cambiarla. En el caso puntual de la reelección del Presidente de la Nación, aun cuando las mayorías populares quisiesen votar tres veces consecutivas a la misma persona para ejercer el cargo, no podrían hacerlo. Debería resultar tan abrumadora dicha mayoría, como para modificar el texto constitucional, porque el contrato social habría cambiado de ese modo, sus términos de funcionamiento.

El sistema establecido por la Constitución Nacional Argentina hasta la reforma de 1994 no preveía la posibilidad de una reelección consecutiva, es decir, el presidente gobernaba por un período de seis años y si pretendía intentarlo nuevamente, debía dejar pasar otro período igual en el medio. Dicho sistema, fue tomado de “Las Bases” de Juan Bautista Alberdi, y el mismo jurista, muestra luego su arrepentimiento al respecto: “Todos los trastornos presentes y venideros se habrían evitado con solo quitar al que ha sido presidente la esperanza y el derecho de volver a serlo, después de un intervalo de seis años. Usando de un influjo durante su período, cuidará de darse un sucesor apropiado, no a la importancia del primer puesto de la Nación, sino a la mirada de emplearle como instrumento para subir de nuevo”, explica.

Más tarde, la reforma de 1994, reduce el período presidencial a 4 años y permite una sola reelección consecutiva (posibles 8 años de gobierno), pero haciendo caso omiso a la crítica de Alberdi, dado que mantiene la posibilidad de volver a la primera magistratura, dejando un período de cuatro años en medio. Tal reforma, se toma en parte de la XXII enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1951, salvo que esta última explicita claramente que quien haya gobernado dos períodos, sean estos o no, consecutivos, jamás podrá volver a ejercer la presidencia.

Tanto el mecanismo norteamericano, como el de la Constitución Nacional vigente (aunque en menor medida), lo que imponen es el sistema republicano y democrático, por sobre el coyuntural deseo popular de sufragar a favor de un autócrata en forma reiterada y continuada. El sistema sobre los hombres.

Sin embargo esta imposición democrática, no ha logrado imponerse en todas las provincias argentinas, siendo que en algunas de ellas todavía se permite la reelección indefinida del gobernador. Curiosamente, o no tanto, son aquellas donde el desarrollo económico y cultural se niega a llegar. Y lo mismo ocurre en los municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde las reelecciones son materia corriente, se han registrado hasta seis mandatos consecutivos de la misma persona, e incluso dinastías familiares que se suceden en el gobierno al estilo: tres períodos del padre, continuado por el hijo por otros tantos, dando lugar a verdaderas autocracias cuasi hereditarias.

Ahora bien, un municipio es una minirepública. Tiene su Poder Ejecutivo concentrado en el intendente, su Legislativo en el Consejo Deliberante, y hasta un Poder Judicial con limitaciones, que impone sanciones ante las violaciones al Código de Faltas, que pueden ir desde un incumplimiento de tránsito, hasta uno en materia de salubridad.

Asimismo en esas minirepúblicas muchas veces se rigen buena parte de los aspectos de la vida de muchas personas. El municipio de La Matanza, por caso, está habitado por casi dos millones de personas, cerca del doble que la Provincia del Chaco y casi cuatro veces la población de la Provincia de San Luis.

En tal inteligencia, ¿cuál es la lógica imperante que permite que los habitantes de dichos municipios vivan una realidad republicana y democrática en el contexto macro político (es decir a nivel nacional y provincial) y una autocracia encubierta en las cuestiones de su vida cotidiana fijada por el municipio? Sin dudas es una lógica que beneficia exclusivamente a la clase política dirigente y a nadie más.

Resulta evidente que desde la administración del poder, un candidato tiene ventajas estructurales por sobre otro. La rotación impuesta constitucionalmente, lo que hace es obligar a que los dirigentes que intenten revalidar sus mandatos por más de dos períodos consecutivos deban postular su regreso sin contar con la ventaja de estar administrando el gobierno, de modo tal que puedan existir más garantías de que tal retorno es verdadero fruto de la voluntad popular, y no de la administración de prebendas o de una maquinaria de pequeños fraudes.

De tal modo, y entrando de lleno en el debate sobre la limitación de la reelección indefinida de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, parece ser que actualmente, en tales municipios existe un pacto social para aplicar un republicanismo democrático más o menos puro a nivel macro (nacional), y una autocracia encubierta en su vida cotidiana. Uno debe concluir que esto no es así. Simplemente la ley de municipalidades no se ha adaptado a los cambios que, a nivel provincial, sí se ha autoimpuesto la Provincia de Buenos Aires, cuyo Gobernador tiene el mismo régimen electoral que el Presidente de la Nación en materia de reelección.

Antes de concluir debe hacerse un breve análisis sobre el esquema dinástico que puede sobrevivir a la reforma, y que ya se ha mencionado. Resultaría inconstitucional buscar un modo de prohibición de que los hijos o los esposos, sucedan a sus padres o cónyuges. Los derechos políticos son individuales y no familiares, y el derecho a ser elegido es propio, personal e inviolable. Es cierto, que teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, en caso de una reforma, el padre que legalmente ha concluido sus dos mandatos legales, puede poner al servicio de su hijo, candidato a reemplazarlo, todo el andamiaje del aparato estatal para favorecerlo. Pero la ley no puede evitar eso, sin ingresar en el escabroso y antidemocrático terreno de la proscripción. Dicho caso ya queda a merced de la cultura política del pueblo y no es posible regularlo.

Sin embargo, resultaría un extraordinario paso adelante en términos de la consolidación de una república democrática coherente, limitar la reelección indefinida de intendentes, algo que debería ser incluso, un mandato constitucional de las Cartas Magnas provinciales. El desarrollo de una cultura política democrática y sinceramente republicana, es otro proceso, pero para que éste tenga lugar, el marco regulatorio debe sentar las bases.

Fundar la Tercera República

Puede considerarse que la Primera República en la Argentina, nació el 15 de enero de 1863 cuando se estableció la composición inicial y se puso en funcionamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a que la misma fue creada por la Constitución Nacional de 1853, no se consiguió hacerla operativa sino 10 años después. Allí la realidad fáctica nos entregó la plena articulación entre los tres poderes del Estado, independientes, pero basados en un esquema de controles el uno al otro, la Primera República.

Sin embargo esa República fracasó. Desde 1880 se sucedieron una serie de gobiernos basados en el fraude electoral, la supresión del peso de las mayorías en las decisiones que afectaban a todos, y el sistema de gobierno fue republicano por enunciación y oligárquico en los hechos. Pudo haberse considerado la ley Sanz Peña de 1912 y su primera aplicación en 1916, como el inicio de una segunda república, pero lo cierto es que el período de vigencia real fue demasiado breve: ya en 1930, comenzó una sucesión de gobiernos de facto a cargo de fuerzas militares que hicieron trizas el republicanismo. La interrupción más larga de dicho proceso fue el gobierno del General Perón entre 1946 y 1955, en la cual además, se introdujeron cambios constitucionales profundos, pero nuevamente se trató de una fase muy breve y casi todos los cambios mencionados fueron derogados por el gobierno de hecho que lo desplazó del poder.

Por ende, podemos establecer que la Segunda República nació el 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Como primera medida porque el sistema republicano que restituye ya lleva más de 30 años de vigencia. Desde entonces la división de poderes funciona, con tropiezos pero lo hace; el soberano pueblo impone su voluntad sin mayores inconvenientes, no ha habido elecciones presidenciales formalmente fraudulentas; y la libertad de expresión, los derechos civiles, sociales y políticos están presentes en la cotidianeidad argentina. Se puede decir que la Segunda República inaugurada por Alfonsín, generó la certeza y conciencia social de la necesidad impostergable de que el sistema se mantenga vigente y pleno.

Ahora bien, desde el fin del gobierno del líder radical a nuestros días, esta Segunda República se ha ido deteriorando sustancialmente. A diferencia de lo que era previsible, el sistema republicano y democrático ha perdido intensidad y plenitud a medida que pasaron los gobiernos. Un ejemplo claro son los decretos de necesidad y urgencia. En 5 años y medio de mandato, Alfonsín firmó 10 de ellos; pero en un decenio de ejercicio, su sucesor Carlos Menem impuso su voluntad por decreto en 545 ocasiones; Fernando de la Rúa los utilizó 73 veces; pero quien completó su mandato, Eduardo Duhalde, rubricó 158 en un año y medio; y su sucesor Néstor Kirchner, 270 en solamente cuatro años. Esto es ni más ni menos que el uso de violencia jurídica sobre la división de poderes y la voluntad popular de modo masivo, un comportamiento autocrático. Que si bien es cierto, mermó con el gobierno de Cristina Fernández, bien puede creerse que esto ocurre por el control que la misma ha tenido del Congreso Nacional, dado que su marido y antecesor, también disminutó la cantidad de decretos firmados a partir de 2006, cuando se hizo se control casi absoluto de ambas Cámaras parlamentarias.

No es el único dato que prueba la descomposición republicana. Los organismos de control, como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que ocupaba el centro de la escena en 1983 (los memoriosos recordarán al fiscal Ricardo Molinas en acción) ya casi no existen. Se ha cambiado el número de miembros y la composición de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente de acuerdo a las necesidades del gobierno de turno. Desde la creación del Consejo de la Magistratura, el mismo también ha sufrido variaciones con idénticos fines e intentos gravísimos de cambiar el régimen a una elección directa de sus componentes jueces, que no han prosperado, pero el mero intento implica una muestra de “desentendimiento” republicano.

A todo ello puede sumársele la supresión de fiscales “molestos” que han pretendido controlar al poder, la manipulación de la pauta publicitaria del Estado a los medios como un modo sofisticado de censura, la aprobación de concursos irregulares de origen en la designación de magistrados, y los más variados etcéteras. Por eso es que la Segunda República ya ha transitado la decadencia y se encuentra en estado terminal.

La sociedad buscará, en las elecciones del año próximo, al grupo político que sea capaz de fundar la Tercera República. Algo que no implica mucho más que demostrar que se puede gobernar eficientemente y a la vez cumplir la ley y respetar las instituciones. Que acepte que “democratizar” en muchos casos implica intensificar los controles sobre los organismos y agentes públicos, y que aún controlado, pueda gobernar. La Tercera República deberá demostrar que se puede combatir el delito y respetar los derechos humanos de todos, al mismo tiempo; y también que los intentos de eternización en el poder son nocivos para la sociedad. En síntesis, deberá mantener la esencia de la Segunda República pero en la práctica y prolongándola en el tiempo. Con instituciones sólidas y controles férreos, la corrupción se diluye, la educación, la salud y el trabajo cobran la dimensión que deberían tener, me veo tentado a decir que “se come, se cura y se educa”, porque es cierto. Los franceses van por su quinta república, nosotros podemos concretar nuestros sueños fundando la Tercera.