Contra la devaluación, a favor de la “devaluación”

Con una inflación que supera el 30% anualizado y un tipo de cambio fijado en el entorno de los 8 pesos desde enero de este año, el debate sobre si se debe o no devaluar vuelve a cobrar protagonismo en Argentina. En este sentido, es preciso hacer algunas aclaraciones.

La devaluación

En primer lugar, bajo ningún concepto es deseable que el gobierno devalúe la moneda. Un tipo de cambio más alto deteriora el poder de compra de los salarios empobreciendo a la población. Por poner un ejemplo, si en el mercado determinado producto se consigue a 1 dólar y el gobierno decreta que ahora se necesitan más pesos para comprar dólares, es claro que todos tendremos que trabajar más para acceder a ese producto. Puede argumentarse que los argentinos no deberíamos preocuparnos por productos cuyos precios están en dólares, pero eso sería darle la espalda al comercio internacional y, de la misma forma que no deberíamos darle la espalda al comercio con el panadero del barrio, no es sensato hacer lo mismo con los de otros países. Continuar leyendo

Un golpe mortal a la economía

Para la mayoría de los economistas del mundo, Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, si uno mira los números del PBI norteamericano, 1940 es el año en que se regresa al mismo nivel que 1929. Sin embargo, esos números están fuertemente afectados por el esfuerzo prebélico del Gobierno, lo que hace que el PBI no sea la medida más adecuada para medir el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los consumidores no están mejor cuando se fabrican tanques y ametralladoras, sino cuando se innova y se multiplican los bienes de consumo que mejoran directamente su calidad de vida.

Un indicador que tardó más en recuperarse fue la inversión privada, que recién superó los niveles previos a la crisis en 1946, una vez finalizada la guerra, dando lugar a una recuperación verdadera y sostenible que impactó directamente en la calidad de vida de la población. ¿Por qué tardó tanto la inversión privada en recuperarse y, por tanto, en sentar las bases para la recuperación sostenible? Para el economista Robert Higgs, se debió a la “incertidumbre de régimen”, es decir, a la “preocupación por parte de los inversores privados de que los derechos de propiedad sobre su capital y la renta que este produce serán atacados por la acción del gobierno. Tales ataques pueden surgir de muchas fuentes, que van desde simples aumentos de impuestos, a la imposición de nuevos tipos de impuestos, a la confiscación directa de la propiedad privada. Muchas amenazas intermedias pueden surgir de diversos tipos de regulación, por ejemplo, de los mercados de valores, del mercado de trabajo y los mercados de productos. En cualquier caso, la seguridad de los derechos de propiedad no descansa tanto en la letra de la ley sino en el carácter del gobierno que hace cumplir o amenaza esos presuntos derechos de propiedad”.

Como puede verse, Higgs no habla de otra cosa que de lo que conocemos como “seguridad jurídica” o “calidad institucional” y atribuye, nada menos que a este concepto, la demora de los Estados Unidos en recuperarse de la Crisis del 30. El tema no es menor ya que, por estos lares, el gobierno no parece entender bien la importancia de brindar seguridad jurídica o certidumbre de régimen. Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el concepto en sí mismo es “horrible” y para la presidente Cristina Fernández son los empresarios y no el Gobierno los que tienen que “generar confianza”.

En este sentido, no solo impulsan una modificación a la Ley de Abastecimiento para perseguir a las empresas con la excusa de que ponen precios altos y acaparan mercadería, sino que ya han ensayado con más medidas del estilo como las discrecionales licencias de importación, las sucesivas prohibiciones para exportar productos, la confiscación de los fondos de las AFJP y la imposición de un sistema de control de cambios, donde luego de su flexibilización, solo a la porción más rica de la población se le permite ahorrar en dólares oficiales y hasta el 20% de sus ingresos.

Por si esto fuera poco, en  un país que estuvo en default el 52% de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno entra nuevamente en suspensión de pagos por negarse a pagarle a los holdouts y propone al Congreso una ley para que unilateralmente se cambie la jurisdicción de pago. Esto no solo afecta los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, sino que implica un mayúsculo incumplimiento de la sentencia de la Justicia norteamericana, enviando el mensaje de que Argentina es un país que siempre respeta las sentencias a menos que sean en su contra.

Tanto el default -voluntario o involuntario- como las medidas de intervención que le dicen a los empresarios “ustedes van a ganar plata cómo y cuando yo quiera”, son todos elementos que contribuyen a generar incertidumbre de régimen con el consecuente desincentivo a la inversión.

Los resultados de estas políticas están a la vista y por eso es que no solo es necesario que el Congreso no respalde ninguna de estas iniciativas, sino que aquellos que están pensando en postularse para las elecciones del 2015 tengan esto en cuenta y hagan de la seguridad jurídica la piedra fundamental de su política económica. De no ser así, seguiremos la senda del deterioro que emprendimos hace más de 50 años.

La deuda y el default no son problemas del capitalismo

Un día después de conocida la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el caso de los holdouts contra el gobierno argentino, el ministro Kicillof se quejó porque debía “pagar los platos rotos de la fiesta neoliberal”. Hace pocos días, en la OEA, volvió sobre la idea al afirmar que las restructuraciones de deuda y los defaults soberanos “no son sólo un problema de la Argentina sino de todo el capitalismo mundial”.

Haciendo la enorme concesión de seguirle la terminología a Kicillof, lo que quiere decir es que todo este problema del gobierno-que-se-endeuda-y-termina-mal es una más de las supuestamente indeseables consecuencias de vivir en un sistema capitalista. El problema de esta afirmación, sin embargo, es que es totalmente errónea.

Si se puede definir al sistema capitalista en pocas palabras, tenemos que decir que es el sistema institucional basado en el respeto por los derechos de propiedad. En este sistema, el rol del Estado se limita precisamente a proteger esos derechos, y un Estado que se limita “solo a eso” no puede gastar mucha plata. En consecuencia, no tiene necesidades de endeudarse. De esta forma, un sistema capitalista también exige equilibrio presupuestario, dado que si este se viola y los gastos del Estado son persistentemente superiores a los ingresos, la diferencia terminará siendo cubierta con nuevos impuestos, inflación o endeudamiento, todas formas de gravar (a corto o a largo plazo) a la población, lo que la priva de disponer libremente de su propiedad.

Hasta aquí, como puede observarse, es poca la responsabilidad que el capitalismo pueda tener en el tamaño y la dinámica de la deuda estatal. Si hay equilibrio presupuestario y los gastos no superan los ingresos, no hay necesidad de endeudarse.

Fue Keynes, sin embargo, el que en su momento ridiculizó la austeridad y son los keynesianos los que hoy insisten en que el gasto y el déficit fiscal son un arma poderosa para sacar a los países de las recesiones. Si bien esta postura aplicada estrictamente a un contexto de crisis puede debatirse, lo cierto es que los políticos no tardaron en encontrar en dichas ideas un soporte intelectual a su natural inclinación hacia el gasto y hacia la ausencia de tributación.

En el paradigma keynesiano, el ahorro es vicio y el gasto es virtud, con lo que el equilibrio presupuestario pasa a un lejano segundo plano. Así, la deuda aparece como la mejor alternativa para financiar el déficit sin tener que lidiar con el costo político de cobrar más impuestos. Es evidente, entonces, que la deuda no es hija del capitalismo o del “neoliberalismo” sino del keynesianismo más básico, casualmente la tradición económica que nuestro ministro admira y a cuyo estudio ha dedicado parte de su vida.

Finalmente, se entiende que los funcionarios del Gobierno actual intenten desligarse de la responsabilidad por el problema de la deuda pública, pero no es admisible que, en aras de hacerlo, acusen al capitalismo, el único inocente de toda esta larga novela.

La tortuga y la liebre de la economía latinoamericana

Es conocida la fábula de la tortuga y la liebre. La liebre rápida se reía de lo lento que caminaba la tortuga, hasta que un día la tortuga la desafió a correr una carrera. Para sorpresa de los animales del reino, la tortuga, que iba lento pero a paso sostenido terminó ganando el desafío.

Algo parecido sucede en la economía latinoamericana. A principios de la década pasada, fundamentalmente luego de la crisis argentina, nuestro país se volvió la estrella del crecimiento emergente. Incluso premios Nobel alabaron nuestro modelo enfocándose solo en el crecimiento de nuestro PBI. Lo mismo le pasó a Venezuela, que crecía a tasas altas ayudada por los precios del petróleo y una política económica marcadamente expansiva.

Si observamos el gráfico de más abajo, que muestra el crecimiento de algunos países sudamericanos (se toma un promedio móvil de tres años para suavizar las líneas), se ve claramente que Argentina y Venezuela eran, hasta el 2006-2007, la liebre.

Éramos los más rápidos y nos reíamos de los demás. El gasto público crecía, también la emisión monetaria y manteníamos un tipo de cambio competitivo para estimular el crecimiento. La idea fundamental: impulsar el consumo y el mercado interno. Las instituciones, que afectan principalmente la inversión de largo plazo, no eran una variable importante.

La tortuga (en nuestro caso, Chile, Colombia y Perú) optó por un camino diferente. Los países vecinos se preocuparon mucho más que nosotros por sus instituciones, empezando por sus monedas, que se apreciaron frente al dólar durante todo el período. Por otro lado, saludaron y le dieron una cálida bienvenida a las inversiones del exterior, a la espera de que eso fuera lo que, gracias a la mejora de la productividad, estimulara el consumo y la balanza comercial.

Además, mantuvieron a raya las cuentas públicas. Con aumentos de gasto, sí, pero siempre dentro de las posibilidades de un financiamiento razonable.

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En nuestro caso y en el venezolano, el gasto se financió con emisión monetaria y finalmente las variables se descontrolaron. Hoy la inflación es el peso más importante que acarrea la economía. Porque distorsiona los precios relativos y genera malas inversiones, y porque achica el horizonte de planificación, llegando incluso a paralizar la actividad económica. A esto se le suma, además, una batería de innumerables controles y regulaciones que solo sirven para ahogar aún más a los sectores productivos.

No es extraño que hoy hasta el INDEC reconozca la recesión y que las perspectivas para los años venideros tengan a Argentina y Venezuela en los últimos puestos del ránking regional de crecimiento. Viendo las cosas desde esta perspectiva, parece mucho más razonable recorrer el camino de la tortuga. En ese contexto, tal vez no volvamos a tener “tasas chinas” de crecimiento. Pero ¿quién las necesita? Lo que necesitamos es un crecimiento sostenido y sostenible, algo que solo se logra con apertura económica, respeto por la propiedad privada y equilibrio fiscal.

Lo demás es el camino de la liebre, que luego de tanto ensayarlo, ya debería tenernos cansados.

Un eventual acuerdo con el FMI sería mala noticia

Aunque el ministro de economía asista a la reunión de ministros del FMI sin corbata, eso no quita que el gobierno esté intentando un acercamiento con el Fondo para, de esa manera, recuperar el acceso al mercado de capitales internacional que el default, la megadevaluación y 10 años de intervencionismo estatal y arbitrariedades nos quitaron.

Sin embargo, de concretarse, este acercamiento sería una mala noticia.

El objetivo del gobierno parece ser reducir la inflación con medidas un poco más profundas que los famosos “Precios Cuidados”. Es cierto que “Precios Cuidados” sigue en pie y que mucho se habla de él, pero este programa afecta una cantidad menor de productos y, al ir actualizándose, no representa un control de precios tradicional sino, más bien, una canasta familiar que gobierno y empresas acordaron subsidiar.

Sin embargo, no es esto lo que va a parar la inflación sino una acción conjunta de la política monetaria y fiscal. La primera, como vimos, comenzó con la suba del tipo de interés hasta el 30%. Sin embargo, se sabe que esto no es suficiente para frenar la inflación sino que se necesita achicar el déficit para evitar seguir exigiendo financiamiento al Banco Central. El recorte de subsidios debe entenderse, entonces, también en esta dirección.

Ahora bien, en lugar de seguir el camino del recorte de subsidios y dedicarse a seguir achicando gastos (sobran: la Televisión Pública, el Fútbol Para Todos, los festivales “gratuitos”, las obras de infraestructura hechas a la medida de los amigos, las pérdidas de Aerolíneas Argentinas, etc., etc.), el gobierno tiene otra cosa en mente.

Si ajusta alguna tuerquita por aquí y por allá, es decir, si luego del acuerdo con Repsol, cierra otros conflictos abiertos y vuelve amistosamente al FMI, podrá seguir manteniendo el gasto elevado, pero sin necesidad de pedir financiamiento al Banco Central. Ahora se financiará en el mercado de deuda aprovechándose de la ultraliquidez internacional que todavía se mantiene.

¿El problema? Que la lógica de fondo no cambia y los incentivos de los políticos (de izquierda y de derecha, progresistas o conservadores, “nacionales y populares” o amigos de los “vecinos”), suele ser siempre la de aumentar el gasto. En definitiva, a más gasto, más obras, más subsidio, más “cosas” que se ven y que pueden atribuirse directamente a la gestión del gobernante. En síntesis, más rédito político…. De corto plazo.

En el largo plazo, si el gasto excesivo se financió con el Banco Central, la gente no tolerará más la inflación, que es el caso actual. Pero si este no es el caso y el gasto se financió con deuda pública colocada en el mercado, en algún punto se volverá insostenible. Para saber cómo termina esa película solo basta una imagen.

Entonces, un verdadero cambio que termine con la inflación pero también con la deuda improductiva del sector público es eliminar la lógica del gasto populista. Para eso se necesita más que algunos ajustes menores y un Fondo Monetario siempre listo para rescatar insolventes

Finalmente, si la normalización de las relaciones con el FMI solo sirve para que el gobierno cambie la fuente de financiamiento del gasto, lo único que se conseguirá será posponer el día del ajuste, que puede incluso llegar a ser mucho más traumático, como ya hemos experimentado otras veces en nuestra historia.

El relato intervencionista

En su última obra, La fatal arrogancia, el premio nobel de economía Friedrich Hayek desarrolla en extenso su idea del “orden espontáneo”. El orden espontáneo es la armonía que resulta, sin que nadie lo planifique de manera previa, de las miles y millones de interacciones individuales. Cada individuo busca su propio bienestar, pero en un largo proceso evolutivo de prueba y error, esa búsqueda del bienestar individual termina con resultados sociales positivos, no solo en términos de aumento de la producción de bienes y servicios que la sociedad necesita, sino también en valores como “el trabajo disciplinado, la responsabilidad, la asunción de riesgos, el ahorro, la honestidad y el cumplimiento de las promesas”.

Los economistas e intelectuales que siguen la obra de Hayek ven en la economía un orden espontáneo, un lugar en el que esos decisores individuales se encuentran, satisfacen sus necesidades y, en el proceso, mejoran nuestra civilización. Desde la otra vereda, los intervencionistas no ven en la economía o en el mercado un orden espontáneo que está en constante evolución y creación, sino más bien un caos social. Una desorganización y una guerra de todos contra todos en donde se necesita que “alguien” ordene y “ubique” a los agentes. Para los intervencionistas, “en el espacio de la economía se expresa una relación de poder entre diferentes sujetos sociales”.

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El sinceramiento del Indec no es el primer paso para bajar la inflación

A lo largo de estos siete años de manipulación de las estadísticas del Indec, que no solo afectaron el índice de precios al consumidor, sino estadísticas tanto o más sensibles como las del crecimiento del PBI y los niveles de pobreza e indigencia, muchos economistas y líderes opositores repitieron a coro que lo primero que se necesitaba para bajar la inflación era dejar de engañar a la gente con las cifras oficiales.

El argumento, en resumidas cuentas, era éste: el gobierno no puede resolver el problema de la inflación porque es un problema que, al tener estadísticas poco confiables, no puede reconocer. Se le atribuía al gobierno una “ceguera a la realidad”, como si fuera un conductor víctima de un velocímetro que indicara que la velocidad a la que va es mucho menor a la real.

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¿Qué es la libertad económica y por qué es grave no tenerla?

El martes se publicó y difundió un nuevo Índice de Libertad Económica elaborado por la fundación Heritage en conjunto con el diario Wall Street Journal de los Estados Unidos. En el Índice 2014 (que considera la segunda mitad de 2012 y la primera de 2013) la Argentina se ubicó en el puesto 166, cayendo 6 puntos respecto de la edición anterior.

Según Heritage, la libertad económica es “el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en todo lo que quieran”. En este sentido, el índice mide algunos conceptos que intentaremos poner en términos sencillos:

Imperio de la ley (derechos de propiedad y corrupción): supongamos que una persona, llamémosle Juan, quiere comenzar un emprendimiento. A Juan le será más fácil hacerlo si el gobierno no pone excesivas trabas burocráticas. Por otro lado, una vez comenzado el emprendimiento, Juan será más libre si no corre riesgo de sufrir expropiaciones o si el gobierno le deja comprar y vender a quien quiera y a los precios que desee. Por otro lado, si Juan tiene que pasar por un sinfín de “peajes y colaboraciones extras” para “aceitar trámites”, por ejemplo, el uso de su propiedad y trabajo se verá restringido, y su moral, dañada.

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Márgenes de rentabilidad: ¡cuanto más grandes, mejor!

Imaginémonos una madre que, al despedir a su hijo cuando sale para ir al colegio le dice: “hasta luego, que te vaya más o menos”. No sucede a menudo, ¿verdad? En general, la madre dirá algo así como “¡cuidate!”, “¡que te vaya bien!”, “¡que tengas suerte!” o alguna forma que exprese el deseo de que el hijo tenga un día de lo mejor. Intuitivamente, podemos ver que tener éxito y que nos vaya bien es el deseo de todos aquellos que nos quieren y que no hay nada de malo en ello.

Sin embargo, en uno de sus desesperados intentos por mostrarle a la gente que esta vez será diferente con el acuerdo de precios, el secretario de Comercio Augusto Costa esgrimió un argumento que, en el fondo, critica que la gente tenga éxito. Afirmó que hay que controlar el éxito (la rentabilidad) de los empresarios porque “la lógica empresarial maximizadora de beneficios” le “pone ciertos límites” a la “distribución de la renta”. En resumen, que el beneficio de los empresarios es el perjuicio de los consumidores.

El problema con este planteo es que ignora los principios básicos de la economía de mercado. En una economía de mercado, los beneficios abultados/exorbitantes/astronómicos son algo totalmente deseable.

¿Por qué?

En primer lugar, porque en la economía de mercado, las ganancias del empresario son la muestra de que su actividad está satisfaciendo una necesidad social. Si un empresario tiene ganancias, es porque está fabricando un producto o servicio que la gente valora. El primer productor de vestidos amasó una fortuna (seguramente en la forma de otros bienes y servicios que la sociedad intercambiaba con él) pero, al crear un producto que su sociedad necesitaba, mejoró la vida de todos (y todas).

En segundo lugar, porque ese margen abultado de rentabilidad es lo que despierta el espíritu emprendedor de otros individuos que comienzan a competir contra el productor pionero. La consecuencia es un aumento de la producción y, curiosamente, una caída de los precios de venta ya que nuestro segundo productor querrá ganarle el mercado al primero. Finalmente, las grandes ganancias dan lugar a la competencia que -al aumentar la producción y reducir los precios de venta- mejora la calidad de vida de la población.

Tan importantes como las grandes ganancias son las grandes pérdidas. En una economía libre, el empresario es el responsable absoluto de su ganancia y de su pérdida. En ella, los “formadores de precios” no se quedan con algo que “no les toca”, como dice Costa, sino que, si ganan, cosechan la retribución que la sociedad les dio por satisfacer sus necesidades, pero si pierden, deben asumir todo el costo de haber tomado una mala decisión.

Así, el sistema de ganancias y pérdidas guía la producción a sus mejores usos. Si nos pusiéramos hoy a fabricar carretas tiradas por caballos para viajes de larga distancia, probablemente perderíamos toda nuestra inversión. Esta pérdida es información pura. Es el mensaje claro de la sociedad que nos dice: “si querés tener ganancias, tenés que producir algo que satisfaga nuestras necesidades, si no no te elegiremos”.

En la economía de mercado las ganancias astronómicas son la consecuencia de las mejoras astronómicas de la calidad de vida de la población. El sistema de ganancias y pérdidas sin intervención estatal fue, de hecho, el máximo creador de riqueza del siglo XIX y XX y lo seguirá siendo en el siglo XXI.

Pocos días atrás se conoció que Bill Gates retomó su puesto como el hombre más rico del mundo. Su megarriqueza se corresponde con una revolución tecnológica sin precedentes que ha cambiado para bien la manera de comunicarse del planeta entero.

En conclusión, que un secretario de Comercio afirme que se controlarán los márgenes de rentabilidad de los empresarios no solo va en contra del más básico sentido común sino que es una condena a la sociedad a vivir mediocremente.

Europa y Estados Unidos necesitan un curso de kirchnerismo económico

Muy al contrario de lo que pasa en Argentina, en Europa y Estados Unidos las autoridades no están preocupadas por la inflación, sino por su desaceleración. De hecho, el presidente del Banco Central Europeo ya se refiere abiertamente al “riesgo de deflación”.

En la Eurozona, la inflación medida por el IPC cayó desde el 2,7% en enero de 2012 hasta el 0,7% de octubre de 2013. En Estados Unidos, la situación es similar. La variación anual del IPC ascendía al 3% en enero de 2012, mientras que fue de solo 0,9% en octubre de este año.

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Aunque no siempre es cierto que la deflación sea un problema, la idea generalizada es que si bajan los precios, la gente demora en consumir, esperando que los precios bajen cada vez más. Y, a menor consumo, menor inversión y empleo. Por ende, los gobiernos siempre intentan combatir la deflación.

¿Cómo han hecho europeos y norteamericanos para combatir este problema en el pasado? En julio de 2009, durante el momento álgido de la crisis subprime, cuando los precios medidos por el IPC cayeron 0,6% anual en Estados Unidos y 2% anual en la Eurozona, la reacción de los respectivos bancos centrales fue unánime: imprimir dinero y reducir la tasa de interés a niveles mínimos históricos. Además, a ambos lados del atlántico se aumentó el gasto público, como mecanismo para estimular el consumo, tal como prescribiera Keynes en los años ‘30.

Ahora bien, si los líderes de Europa y Estados Unidos hubieran prestado atención a nuestro flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, al célebre Guillermo Moreno o a algunos economistas locales, podrían haber evitado tomar medidas tan drásticas. Podrían haberlo resuelto con un simple llamado al diálogo de “todos los sectores”.

Porque si los famosos acuerdos de precios sirven para controlar la inflación, ¿por qué no van a servir para la tarea inversa, es decir, para controlar también la deflación? Lo que los gobernantes  europeos y norteamericanos deberían haber hecho, entonces, es trabajar sobre las “expectativas de deflación” y acordar precios con los “principales actores”. La única diferencia es que no se les pediría que congelen o que los bajen los precios, sino que los suban. Y lo mismo para los sindicatos. Nada de ajustarse el cinturón: ¡a reclamar aumentos!

Sin embargo, por ahora no hay signos de que ningún funcionario del hemisferio norte esté por iniciar acuerdos de ese tipo ni negociaciones sectoriales. Hasta el momento, los medios no han reportado ningún decreto que fuerce a los empresarios a subir precios.

Se ve que esos países comparten el consenso generalizado de que la deflación (y la inflación) no son un fenómeno de los precios, sino de la cantidad de dinero en circulación. Cuando ésta es excesiva, hace que los precios suban y, cuando es escasa, hace que los precios bajen.

Una lástima por ellos. Deberían tomar algún curso acelerado de kirchnerismo económico para poder saltar sin escalas a nuestro querido tercer mundo.