Giro en la crisis mundial: una “guerra del petróleo”

Aunque numerosos comentaristas ven en la caída de los precios internacionales del petróleo la oportunidad para una reactivación de la economía mundial, lo cierto es que anuncia un período catastrófico para numerosos países que han sobrevivido a la crisis gracias a la elevada renta minera.

Entre principios de siglo y una fecha reciente, el barril de petróleo había subido de 10 a 150 dólares -con una recaída muy fuerte en 2009, hasta una cotización media de 100 dólares antes del desplome a 75 dólares. Ahora, el derrumbe, en pocas semanas, ha sido superior, en algunos casos, al 25 por ciento. Con la excepción de Estados Unidos, los cambios en los precios internacionales no repercuten en los precios internos y son, por lo tanto, inocuos para reactivar el consumo final. Ocurre que la mayor parte de los gobiernos necesitan los impuestos a los combustibles para hacer frente al pago de la deuda pública y al rescate de los bancos. Si bien el precio corriente continúa elevado en cualquier comparación, su impacto negativo sobre la tasa de beneficio de las compañías petroleras es muy fuerte debido al aumento de los costos que acompañó el alza de precios, sea por un reparto de la renta entre todos los sectores que intervienen en la producción (servicios tecnológicos), sea por la incorporación de yacimientos que exigen procesos más caros, sea por el incremento de las inversiones. La caída del precio del petróleo replica la de todos los rubros de minerales metalíferos y alimentos. Este giro modifica el curso de la crisis mundial porque da de lleno en la periferia, en el mismo momento en que se ha hecho más aguda en Europa y Japón. En principio, esta tendencia empalma a la crisis mundial actual con la de los años 30 del siglo pasado, la cual se caracterizó, de entrada, por una fuerte crisis agraria y el colapso del comercio exterior de los países de menor desarrollo.  Continuar leyendo

¿Quién paga la pelea con los buitres?

La denuncia de Cristina Kirchner acerca de una conspiración se llevó puesto al titular del Banco Central, viejo amigo de la familia K y custodio de muchos de sus secretos. Fábrega fue eyectado por haber advertido a los banqueros para que vendieran sus valores en dólares, cuando supo que deberían entregarlos al Central al tipo de cambio oficial. Hizo lo que haría cualquier banquero central -rescatar a la banca.

Lo curioso es que, en su reemplazo, fue designado Alejandro Vanoli, quien es todavía incluso más responsable de las operaciones ‘non sanctas’ en el mercado paralelo de la Bolsa, en su condición de titular del Mercado de Valores. Por esta vía, los capitalistas ingresaban dólares a 15 pesos y fugaban capitales que -se supone- están registrados legalmente. Vanoli ha repetido en forma pública que el litigio con los fondos buitre se superará a partir de enero próximo -o sea pagando.

Juan Carlos Fábrega se va dejando al Banco Central con una deuda de 230 mil millones de pesos, al 30 por ciento anual, lo que equivale a la totalidad de las reservas internacionales. El Banco Central está quebrado y la moneda nacional es un papel pintado.

Desmadre

La avalancha de denuncias de CFK obedece, precisamente, a que la situación financiera y monetaria se ha desmadrado. El enojo apunta al gobierno norteamericano, que no impidió la victoria judicial de los fondos buitre cuando se lo había prometido si normalizaba la deuda de Argentina en el Ciadi, con el Club de París, y con el arreglo con Repsol -el cual viabilizaba la entrega de los hidrocarburos a Chevron. En medio de los sofocones con la embajada norteamericana, los K apuran la aprobación de la ley petrolera Galuccio-Chevron-Exxon-Soros. Los kirchneristas parecen convencidos de que este núcleo los va a sostener en el poder contra viento y marea, del mismo modo que hiciera con Obama si hacía los arreglos externos ya mencionados.

Que el Gobierno despida al presidente del Banco Central, cuyas relaciones con los banqueros conocía de sobra y fueron la razón para que fuese nombrado, en primer lugar, revela que la crisis financiera y monetaria llega a su fase terminal. Es lo que explica el derrumbe de la Bolsa, el miércoles 1º, a pesar de que venía en suba cómoda acompañando la devaluación paralela del peso. También explica el colapso de la cotización de YPF en Nueva York, la niña mimada de los pulpos petroleros y los capitales financieros. La crisis tampoco termina siquiera con un arreglo con los buitres, sino con una devaluación de la moneda, lo que a su vez implica un torniquete brutal de los salarios y gastos sociales.

Si el Gobierno mantiene su lógica, deberá intervenir la Bolsa para controlar las operaciones cambiarias disimuladas como movimientos de capitales. Una consecuencia de esto sería la completa ilegalización del mercado de cambios. Una alternativa sería que desdoble ese mercado de cambios y convierta al paralelo en un mercado oficial financiero, con la yapa de un incentivo a los sojeros para que vendan la cosecha retenida. Esta operación podría servir para llegar a fin de año, aunque con una inflación de precios siempre mayor. El avance de la entrega petrolera depende de la sanción de la ley de hidrocarburos y de una devaluación en regla. Ni siquiera Chevron piensa financiar sus inversiones con dólares a 8,45 pesos.

No es la primera vez que CFK denuncia que los especuladores buscan bloquear la deuda reestructurada, que aceptó el 92 por ciento de los acreedores. Horacio Verbitsky, hace más de un mes, dijo lo contrario -que era el Gobierno quien quería volver a reestructurar esa deuda. Hay algo muy simple: los K no tienen la plata para pagar los vencimientos de 2015 (por eso aplicaron el plan Obama de arreglar con todo el mundo), ni tienen ahora dónde hacerlo, porque ninguna plaza financiera se ofrece a actuar como agente de pago. Después de enero se verán obligados a hacer las dos cosas: el canje de la deuda de 2015 y encontrar un refugio para pagar, apenas les pague a los buitres.

Crisis polìtica

El poder político del kirchnerismo cuelga de un hilo, ahora que se apresta a hacer bingo con la renuncia de Capitanich y las penurias cada vez mayores de Boudou. El patio de las palmeras se ha convertido en el reducto del poder, en momentos en que todas las fracciones de la burguesía temen a la reacción popular que provocaría una nueva devaluación y, probablemente, la primera de varias otras. Ni Lavagna se anima, en un clima como éste, a rememorar el ‘rodrigazo’.

La caracterización no es completa si no se añade la desvalorización del real brasileño, la que presiona fuerte hacia la devaluación del peso. Brasil no tiene solamente una deuda externa pública importante: de mayor importancia es la deuda privada con el extranjero y el volumen de capitales móviles en la Bolsa paulista. Brasil sufre, precisamente, una nueva fuga de capitales, que podría ser temeraria por su magnitud.

El “quid” de la cuestión es quién va a pagar esta crisis. La devaluación no es una necesidad para el desarrollo de la economía y el empleo, sino una operación financiera para pagar la deuda externa y acelerar la entrega petrolera. Toda la tendencia de la crisis y la política K es que será cargada sobre las espaldas de los trabajadores. Es sobre esto que los trabajadores deben centrar su atención, no en los discursos distraccionistas de CFK ni en la ‘serenidad’ mentirosa del cuartero de Scioli, Massa, Macri, Cobos-Binner. Todos ellos plantean una componenda con los buitres y un mayor endeudamiento para pagar la deuda impagable.

La crisis “externa” es sólo un episodio de la bancarrota interna

Bastó que el fondo buitre Blackrock amenazara con desprenderse masivamente de sus acciones de YPF para que el gobierno desactivara la amenaza de aplicarle a Donnelly la ley antiterrorista. El gobierno había responsabilizado a Blackrock, que tiene acciones en Donnelley, por la quiebra fraudulenta de la empresa. Uno de los que más habría fogoneado esta recule fue el presidente de YPF: una parte del paquete accionario de YPF está en manos de varios fondos buitres. El fondo buitre, NML de Paul Singer, tiene participación accionaria en el Banco Hipotecario, junto al estado y a Eduardo Elsztain.

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Un fallo buitre que pone a los K ante el default político

¿Por qué la “biblia” del capital financiero internacional -el Financial Times- examina, nada menos que en un editorial (26/6), la conveniencia de que Argentina rechace el fallo Griesa y proceda a reestructurar la totalidad de la deuda externa y ponerla bajo jurisdicción nacional, lo cual equivaldría a una cesación temporaria de pagos?

Las razones que esgrime el diario dejan en evidencia que cualquier arreglo con los fondos buitre podría desencadenar una ola de juicios de parte de los acreedores que entraron en los canjes de 2005/10, en virtud de la cláusula que les permite reclamar las ventajas económicas que se concedan a aquellos. Un día antes, el jefe editorial del Financial Times había puesto en duda que esa cláusula fuera inaplicable para el caso de que el arreglo con los fondos buitre fuera el resultado de una decisión judicial y no de un acuerdo “voluntario”. Una extensión del arreglo con los buitres a todos los acreedores duplicaría de una vez el monto total de la deuda externa de Argentina. A la vista de este resultado, el Financial Times califica de “extorsión” la orden de pagar al mismo tiempo a los buitres y a los acreedores regulares, y descalifica el criterio de ‘pari passu’ (igual trato) aplicado por la Justicia norteamericana.

En resumen, Argentina se encuentra en un laberinto: si no cumple con el fallo entra en default, y si lo hace se arriesga a una serie de procesos judiciales que la arrastrarían al default. Defensor del capital financiero internacional, el Financial Times recomienda arreglar con los ‘buitres’ y afrontar el riesgo de juicios ruinosos. El planteo de que el pago a los buitres, en el caso de una orden judicial, sería inocuo, no es más que una triquiñuela mediática que pondría a la Argentina en un estado de vulnerabilidad financiera y política sin precedentes, en la larga historia de claudicaciones de las clases dominantes del país.

La advertencia condicional del Financial Times es compartida por el gobierno K, el cual sigue, sin embargo, la ruta de arreglar con los buitres con un pago en títulos del Estado, lo cual significaría, de entrada, un aumento de la deuda externa en 15 mil millones de dólares. Procede de esta manera bajo la presión de los intereses de clase que representa: la burguesía nacional reclama el restablecimiento del financiamiento internacional para ella y para los proyectos de gas y petróleo. La burguesía nacional, que posee asimismo gran parte de la deuda externa, quiere cobrar y de ningún modo ser víctima de una cesación de pagos.

Desde un punto de vista más amplio, un default como el que sugiere el Financial Times requeriría de inmediato medidas internas de fondo para contrarrestar un boicot financiero internacional. Nos referimos a la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para aplicar el ahorro y los recursos nacionales a un plan de inversiones y desarrollo económico y social. Argentina establecería, en esas condiciones, una contabilidad nacional única, lo cual implica la apertura de los libros de las compañías grandes y el control obrero de los monopolios capitalistas. En oposición completa a esta alternativa, el gobierno “nacional y popular” ha preferido reforzar su acción de “pagador serial”, mediante el cierre de acuerdos ruinosos con Repsol y el Club de París y en el Ciadi (Banco Mundial), que han incrementado la deuda externa -sin contar los intereses- en cerca de 20 mil millones de dólares.

El tema de los fondos buitre y los fallos antijurídicos de la Justicia norteamericana ha ocultado el latrocinio económico y jurídico que tiene lugar en el Ciadi, donde las empresas privatizadas bajo el menemo-kirchnerismo, reclaman la redolarización de las tarifas que fueran pesificadas en 2002. De acuerdo con El Cronista, el monto en litigio es de 22 mil millones de dólares. La aceptación de las sentencias del Ciadi, por parte del gobierno K, no solamente lleva al país a la bancarrota, sino que es un atropello descomunal de la soberanía argentina y una violación del orden jurídico. Ocurre que la pesificación fue legitimada por una acordada de la Corte Suprema de Argentina, que es colocada por el propio gobierno argentino por debajo de un tribunal arbitral de un banco internacional. La Corte no ha abierto la boca sobre esto. ¿Cómo protestar contra las vejaciones de la Justicia norteamericana cuando el mismo gobierno nacional autoriza la degradación de las instituciones jurídicas del país y, por lo tanto, de la Constitución Nacional? 

Mientras la City de Londres admite la conveniencia de una declaración de default, la City porteña y el establishment político que la representa reclaman cumplir los fallos coloniales y re-endeudar otras diez veces al Tesoro nacional. Se ha formado un frente nacional a favor de un arreglo con los buitres desde los K hasta Massa, Binner, Cobos, Macri, Carrió. Los K alegan que lo hacen para defender el modelo y los otros para superar los desequilibrios, como si el resultado de un nuevo endeudamiento masivo pudiera ser otro que la confiscación de los ingresos y de las condiciones de vida de los trabajadores.

Nuestra posición es: rechazo del fallo yanqui y de cualquier acuerdo con los buitres y de los arreglos en el Ciadi; repudio de la deuda usuraria; adopción de las medidas de nacionalización y control obrero necesarias para establecer una contabilidad y un plan económico de industrialización y de mejora de las condiciones de las masas. Que el pueblo decida: por un plebiscito sobre el fallo yanqui y la deuda externa.

El Gobierno ante su propia medicina

La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de aplicar el gobierno kirchnerista su propia medicina. El fallo que lo obliga a pagar la totalidad de la deuda que reclaman los ‘fondos buitres’ será aplicado con la misma metodología usada con los litigios en el Ciadi, con Repsol y con el Club de París: una suma al contado y una nueva emisión de deuda, la cual podría llegar a los u$s 30 mil millones. Es el monto que reclama el conjunto de los acreedores que rechazó la reestructuración de deuda de 2005 y 2010. Se trata de una acumulación abusiva de intereses desde 2001. Los fondos que sí aceptaron la reestructuración podrían reclamar para ellos los mismos beneficios que los ‘buitres’, esto en virtud de la cláusula del “acreedor más favorecido” introducida por Néstor Kirchner en el primer canje de deuda. Este cláusula y el ofrecimiento de ‘cupones de PBI’, por u$s 40 mil millones, delata el carácter usurario del arreglo de deuda pergeñado por el gobierno ‘nacional y popular’.

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Una nueva oleada de luchas

Gestamp, Cables Lear, línea Sarmiento, alimenticia Calsa, paro activo de la UOM Córdoba y la huelga próxima en la siderurgia, huelga pendiente de choferes, peleas crecientes en las empresas que suspenden, huelga azucarera en Salta, paros de bancarios, paritarias sin arreglo en camioneros, alimentación, neumáticos, lucha contra el impuesto al salario en Aluar y numerosas empresas.

Hemos ingresado en una etapa crucial de luchas, como consecuencia de la crisis industrial, el ajuste, la inflación y la perspectiva de crisis provinciales y un derrumbe financiero. La acumulación de deudas del Banco Central con la banca local y las cerealeras e importadores, para frenar la inflación, acentúan la recesión económica y anuncian una nueva devaluación fuerte a corto o mediano plazo.

La crisis industrial opera como un factor de ataque al movimiento obrero, luego de las grandes huelgas docentes en Buenos Aires y Salta, la ocupación de Valeo, la ex Ligget y Rieter en Córdoba y el enorme paro nacional del 10 de abril pasado. La firma de convenios a la baja, por parte de los burócratas de la CGT de Caló, por un lado, y la decisión de Moyano de desensillar (aunque no aclare), por el otro, pesan como un lastre sobre la pelea que los trabajadores empeñan en sus lugares de trabajo -mediante ocupaciones y/o cortes de ruta. Asimismo, queda más clara la función de la ley antipiquetes de los K, que ha sido apoyada por sus supuestos rivales: Berni ha estado haciendo un despliegue descomunal de la Gendarmería, por afuera de cualquier agenda de “inseguridad”.

El empeño de la burocracia por acompañar el ajuste capitalista choca, sin embargo, con la envergadura de la crisis que el ajuste ha provocado. Es precisamente lo que demuestran la crisis metalúrgica en Córdoba o el enfrentamiento de la UOM con Techint y Acindar-Arcelor. El reclamo salarial de la UTA forzaría al gobierno a aumentar los subsidios al transporte y agravar el grave déficit fiscal, o producir un aumento descomunal del boleto. Si la burocracia de la UTA sigue dando largas al reclamo, como lo viene haciendo desde enero, estallarán huelgas en numerosas líneas de colectivos. En el tramo final de la experiencia kirchnerista, se asiste a una crisis de conjunto que impacta con fuerza en la lucha de clases como no se registra desde hace tiempo.

El gobierno no encuentra paliativos para esta crisis, porque se ha quedado sin recursos. El Banco Central no puede salir en su socorro, por la simple razón de que se encuentra en quiebra; financia al Estado a fondo perdido, lo que incrementa la inflación y lleva las tasas de interés, para la producción o el crédito al consumo, a tasas usurarias. Un rescate internacional, por parte de la gran banca, condiciona una gran devaluación del peso y los tarifazos. La crisis industrial e inflacionaria desembocará en una crisis política.

En estas condiciones, podríamos atravesar el Mundial de Fútbol “a la brasileña” -con huelgas, cortes y movilizaciones. La huelga del pasado 10 de abril y la huelga activa de la UOM, en Córdoba, demuestran que es posible movilizar a los grandes contingentes de los sindicatos. Al lado de la lucha por empresa o rama está planteado el reclamo de una huelga general de advertencia, en principio por 24 horas, para parar las suspensiones y despidos, y ajustar los salarios, mensualmente, a la inflación. Llamamos a iniciar una campaña por una huelga general por estas reivindicaciones.

La crisis no deben pagarla los trabajadores. Si cae la producción, que se repartan las horas de trabajo entre todo el personal sin reducción del salario promedio real de los últimos seis meses. Que se abran los libros de las empresas para conocer los costos y planes de producción, y las ganancias capitalistas acumuladas. Que se abran las cuentas de las financistas de esas empresas y de los bancos, que revelarán los costos usurarios que se cargan a los clientes.

Los trabajadores necesitamos un programa de conjunto. Por eso es importante que se convoque a un Congreso de delegados del conjunto del movimiento obrero, con mandatos de asamblea.

Llamamos a todo el activismo y la juventud a unir fuerzas en defensa de las luchas en curso, que están aisladas, mediante una gran agitación por la huelga general de los sindicatos en conflicto y de las CGT y las CTA, que consista en marchas, cortes, volanteadas. Llamamos la atención de todos los luchadores acerca de la necesidad de discutir la ocupación de las empresas que suspendan, despidan o cierren, para prepararlas debidamente y como parte de un plan de conjunto.

El fin de la experiencia kirchnerista

Una vez más, como ocurre desde hace más de dos décadas, el escenario político de la Plaza de Mayo el pasado Primero de Mayo fue ocupado por la izquierda y el movimiento obrero combativo. La burocracia sindical, por su lado, estará disputando un contrato de basura con el municipio de Quilmes, cuyo intendente es otro burócrata de los sindicatos, en defensa de sus intereses empresariales. La burocracia sindical, que funge también como patronal, no se limita a José Pedraza.

El contexto político, además, ha cambiado en forma considerable luego de que el Frente de Izquierda obtuviera cerca de un millón y medio de votos en las elecciones pasadas y le ganara en forma holgada al peronismo en la capital de Salta. El Frente de Izquierda tiene hoy un bloque de diputados nacionales y varios otros en legislaturas de provincia y Ciudad, y en varios concejos deliberantes. Es decir que se desarrolla una transición política de alcances históricos en una masa significativa de trabajadores. Esta transición queda en evidencia en los avances en los sindicatos regionales o por empresas y en el movimiento estudiantil.

Cuando se conjuga esta tendencia con otras manifestaciones de la realidad política y social de Argentina, es claro que este Primero de Mayo se distinguió por el ascenso de una fuerza histórica que ha estado muy relegada en las últimas décadas, en especial porque la destrucción de los militantes y luchadores populares fue el objetivo estratégico de la dictadura militar y de quienes la sustentaron: el gran capital y las principales potencias imperialistas.

El ascenso de la izquierda y la unión creciente con el movimiento obrero se desenvuelve en un contexto de bancarrota económica, la cual ha dado paso a otro plan de ajuste e incluso a un “Rodrigazo”. Argentina no se enfrenta solamente a una agudización de los conflictos sociales y a una intervención enérgica del movimiento obrero, como se pudo comprobar ya con la huelga docente bonaerense, la huelga del 10 de abril, la actual huelga docente en Salta y la vigorosa acción de diversos sindicatos en las zonas de exportación de Rosario.

La izquierda se encuentra empeñada en dar una orientación victoriosa a esta resistencia contra el intento de descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores. Sus filas se refuerzan, como consecuencia. Las devaluaciones y los tarifazos, así como las entregas a petroleros y a banqueros nacionales e internacionales, marcan asimismo el final de la experiencia kirchnerista, que se había postulado, oportunamente, como el canal exclusivo del movimiento popular. Esto se terminó. Pero la desintegración afecta al conjunto político tradicional: desde los diversos post-kirchneristas del peronismo hasta el progresismo que se alía con la derecha de la UCR e incluso busca el amparo de Macri. La agenda que emerge para la izquierda, a partir de este Primero de Mayo, es conquistar a la base que ha seguido a los K y a la masa progresista que ve con repugnancia el contubernio del centroizquierda con la derecha.

La izquierda y el Partido Obrero hemos llegado a esta instancia histórica luego de una lucha principista muy firme contra el relato kirchnerista y también contra una izquierda que pretendía convertirse en ala de una movimiento ‘plural’ acomodaticio con el régimen vigente. O sea que este lugar histórico ha sido conquistado, no recibido, como expresión de un programa adecuado a las condiciones de un capitalismo mundial en decadencia, que produce crisis cada vez más catastróficas. Fue en estos términos que celebramos este nuevo Primero de Mayo, con las viejas palabras: “Proletarios de todos los países, uníos”.

Mega devaluación y bendición papal

En medio de ‘guarimbas’ y ‘trancazos’ (cortes de calles y barricadas) y conspiraciones, el gobierno chavista acabó anunciando una devaluación de la moneda que es, a la vez, descomunal y ambigua, y que echará más leña a la caldera de la crisis. En realidad, se ha creado un nuevo mercado de cambios, que debutó con una cotización de 55 bolívares por dólar, que contrasta con los 6 y 11 bs de los otros mercados oficiales y con los 80 bs del mercado negro. De 0,09 dólares se pasó a 0,045 dólares por bolívar -una devaluación del 50 por ciento. No es claro todavía qué rubros del comercio exterior podrán ser transados en este nuevo mercado, pero seguramente abarcará una gran parte de la importación, con un impacto descomunal sobre los precios, cuando la inflación alcanza un 55% anual. Por otro lado, el nuevo mercado habilita la compra y venta de divisas, lo cual estaba prohibido, de modo que ya ha acaparado una buena parte de las transacciones que se hacían en negro -el paralelo cayó a 70 bs. De ahora en más, se podrán comprar títulos públicos en dólares con bolívares, que luego podrán revendidos en Nueva York. Este mecanismo permite la salida de capitales por medio de una deuda pública mayor.

La megadevaluación enfrenta al gobierno con su verdadero espectro: el descontento y la rebelión de las masas chavistas. El nuevo mercado ofrece al principal exportador de Venezuela, la petrolera PDVSA, la posibilidad de sacar una mejor tajada de sus dólares, pero esto significa, al mismo tiempo, financiar la fuga de capitales con los ingresos que PDVSA necesita para pagar su deuda y financiar sus inversiones. De acuerdo a numerosos analistas, la deuda de PDVSA es sencillamente enorme, en especial con China y con las empresas que le brindan servicios tecnológicos o realizan operaciones periféricas. PDVSA financia los grandes planes sociales del gobierno, incluso es ella misma la que se hace cargo de ellos en muchos casos. Luego de la gran batalla de 2002 con la oligarquía local por la dirección de la petrolera estatal, se vuelve a plantear ahora la redefinición de su destino. En la mesa de la crisis, luego de la devaluación se plantea un aumento del precio interno del petróleo que, según algunos, podría ser fatal. PDVSA es la propietaria formal de la cuenca del Orinoco, el mayor reservorio mundial de petróleo, la que para explotar en asociación con capitales extranjeros requiere un saneamiento (traumático) de sus finanzas. La pelea por PDVSA pondrá en juego la situación de los obreros del petróleo.

La inminencia de esta crisis ha sido el factor más importante en la decisión de una fracción de la oposición de proceder a un planteo golpista, con la consigna explícita de “la salida está en las calles”. No es solamente el golpismo opositor quien se ha lanzado a llenar el vacío político que deja planteada la crisis en un país donde la carestía y el desabastecimiento crecen con desmesura. También tomó la posta el núcleo fundamental de la burguesía venezolana, aunque con una línea diferente. El pulpo de las comunicaciones -Gustavo Cisneros, de DirecTv- y el de la alimentación -Polar, a cargo de Mario Mendoza- se han delimitado del golpismo, para impulsar una mediación papal. Cisneros, un amigo íntimo de George Bush, llegó hace tiempo a un arreglo con el propio Hugo Chávez, lo cual le ahorró las incomodidades que sufrieran Caracas RTV y Globovisión. Este conspicuo representante del capital internacional acaba de abandonar su perfil político bajo para publicar en el Financial Times, El País y La Nación, entre muchos otros, una caracterización terminal de la crisis venezolana.

Sobre la base de este diagnóstico reclamó la intervención del Vaticano, la cual presenta como la última carta o recurso para una salida política. Cisneros no recibió hasta ahora la réplica combativa que el chavismo propina a sus opositores; al contrario, el gobierno ha iniciado una serie de “conferencias de paz”, en cuya versión económica incorpora al grupo Cisneros, a Polar y a Fedecámaras -la entidad que piloteó el golpe de 2002. Los empresarios se han distanciado de las ‘guarimbas’, pero no de sus objetivos; en esas conferencias han exigido la devaluación, con un éxito todavía a medias; una liquidación de la protección legal del empleo y una salida para la crisis de PDVSA.

Es muy probable que la convocatoria papal de Cisneros ya contara con un visto bueno del Papa nacional y popular, pero lo cierto es que se abrió camino a toda velocidad, y el ex nuncio en Venezuela, Parolín, se declaró dispuesto a ejercer el oficio. La agenda de la mediación está cargada de cuestiones estratégicas, toda vez que la oposición exige la independencia del Poder Judicial -un callejón que no tiene salida, además, claro, de la libertad de los presos. Maduro solamente ha aceptado esa mediación en apariencia, pues la limita a una condición de “testigo” de conversaciones entre el oficialismo y la oposición, sin ninguna condición previa. Los “amigos” de la Unasur también han ejercido acciones mediadoras, lo cual coloca en el mismo plano al gobierno legal con la oposición que pretende, explícita o implícitamente, acortar el mandato del chavismo. Las “conferencias de paz” con la gran burguesía denuncian la búsqueda de una salida ajena a las masas explotadas de Venezuela.

El movimiento obrero no parece advertir la dirección que están tomando los acontecimientos; reina una enorme confusión. Marea Socialista, un agrupamiento que encabeza Stalin Pérez, se queja por la ausencia de una representación obrera en las “conferencias de paz”, es decir que sigue llevado de las narices por el chavismo. La crisis que enfrenta Venezuela, de proporciones históricas, recién comienza.

El Frente de Izquierda canta victoria

¿Existe algún vinculo entre el desarrollo de la huelga docente y las elecciones municipales de Mendoza capital? Solamente si se captura esa relación se puede caracterizar el fenómeno político que se desarrolla en el país desde hace unos años. Es un hecho objetivo que la huelga docente doblegó la decisión de imponer un convenio en los términos que convienen a la política de devaluación, tarifazo y reendeudamiento estéril que ha emprendido el gobierno nacional. Esta lucha ha sido traducción práctica de lo que significa el ascenso de la izquierda en el sindicalismo docente. La derrota del oficialismo por parte de los docentes dejó instalada, en la crisis política presente, la metodología de la huelga general.

En Mendoza, por su lado, esta lucha ha adquirido también una gran amplitud. Además de los docentes, se encuentran movilizados los empleados de la administración pública, los judiciales y los trabajadores de prensa. Con este marco, avanza la formación de una lista amplia de la izquierda, con posibilidades de ganar la dirección de la CTA de la provincia a mediados de año. Es, por lo tanto, en el marco de un avance de la lucha de los trabajadores y de la continua inserción social y política de la izquierda entre estos trabajadores, que el Frente de Izquierda ha ratificado, el domingo pasado, la gran votación que recogió en octubre de 2013, cuando consagró un diputado nacional. El ingreso de una concejala del Frente de Izquierda es la expresión del avance de una correlación política históricamente diferente en Argentina.

Es un nuevo golpe a la tesis caprichosa de que el ascenso de la izquierda es un fenómeno episódico y a los que se consuelan con que seríamos beneficiarios de un voto castigo. Para que se diera esta variante, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero deberían ser, ellos mismos, una construcción fugaz, algo que refutan una historia de luchas reales y de creciente inserción en el movimiento obrero y la juventud. La misma conjetura se tejió para el Partido Obrero de Salta, cuando obtuvo su primer legislador en 2001; en octubre pasado le ganamos al peronismo en la capital por trece puntos.

Los resultados del domingo pasado, en Mendoza, parecen haber satisfecho a todos los contrincantes. La UCR, porque ganó; el PRO-PD, porque salió segundo; y hasta los K, el partido oficial, contentos por la diferencia de 140 votos que le sacaron al Frente de Izquierda. ¡Qué ilusión! La UCR perdió como en la guerra, unos 17,5 puntos, para mayor desgracia para las aspiraciones de Cobos, y aun más para su aliado Fayad, un radical K, castigado en su doble condición. El macrismo chupó los votos radicales, en lo que equivale a una rotación del electorado entre fuerzas de la misma naturaleza social – esto porque los ‘gansos’ mendocinos representan a una burguesía venida a menos, sin el apoyo (todavía) de los pulpos mineros que merodean Mendoza. El gobierno de Paco Pérez ha perdido hasta el respeto del electorado. Que el partido de CFK se solace por un ‘empate técnico’ con nosotros, habla por sí solo.

Argentina atraviesa una transición política marcada por una crisis severa. Los resultados electorales definen los campos en lucha. En esencia, tenemos un oficialismo en retirada completa, desesperado por complacer al capital financiero, y una oposición de dirigentes y contenido capitalista, que no ha ofrecido todavía un programa alternativo, ni ha creado un polo de atracción. Que la izquierda realmente socialista avance en el plano electoral y de las luchas constituye un cambio estratégico en la historia nacional. La transición política tiende a convertirse en una transición histórica.

El garantismo senil

El intento de reformar el Código Penal data del año 2012, cuando el kirchnerismo todavía se aferraba a “Cristina eterna”; ahora se trata del “legado” que pretende dejar una década de “puras ganancias”. El anteproyecto fue consensuado con la UCR y hasta con el PRO, y también pasó por el cedazo de la Iglesia.

Este producto tardío es, antes que nada, el canto del cisne del garantismo. Predicado, por un lado, como un refuerzo de los derechos del ciudadano ante las arbitrariedades y “armados” de las fuerzas de represión y, por el otro, como sustituto de la pena o el castigo por la reeducación y la reinserción social, el garantismo choca con todas las tendencias reaccionarias que caracterizan al capitalismo en descomposición. De una parte, choca con el incremento de la violencia social y política, como se manifiesta en el crecimiento de las guerras de opresión, en la multiplicación de los crímenes de guerra y en el desarrollo del delito y del crimen organizado; de otra parte, con el crecimiento de los aparatos del Estado que operan en las sombras y por el despotismo en aumento de los que tienen legalidad constitucional. Los bombardeos a Serbia, Irak, Afganistán, Libia, Sudán, por caso, o la cárcel de Guantánamo y las cárceles clandestinas de la CIA, son la metáfora del derecho moderno. Existe una Corte Penal Internacional que avala todos los delitos que comete la democracia, en nombre, o no, de la lucha contra el terrorismo. La Corte norteamericana ha avalado la tortura y la jurisdicción de la justicia militar para civiles, o sea que ha consagrado el estado de excepción. En Argentina, esa metáfora está representada por la ley antiterrorista, el espionaje X, las torturas en las comisarías, el gatillo fácil y la desaparición (trata) de personas. El código de Zaffaroni sería una especie de cortina de humo del espionaje de Milani.

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