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Bicentenarios, entre memoria e historia

Desde el 25 de mayo de 2010 venimos celebrando bicentenarios: de la Revolución de Mayo, de las inaugurales victorias militares de José Artigas en Las Piedras en 1811 y de José de San Martín en San Lorenzo en 1813, de la instauración de la bandera por Manuel Belgrano en 1812, de las Instrucciones de 1813 a los diputados orientales para el Congreso de las Provincias del Río de la Plata, de la Constitución de la Liga Federal en 1815, y, próximamente, de la declaratoria de la independencia argentina, el 9 de julio de 1816, en el histórico Congreso de Tucumán.

No faltan quienes consideran superfluas estas celebraciones, a veces por el pueril argumento de su costo, otros, por la resignada comprobación de que la muchachada ni se entera o bien por la superficialidad novelera muy de moda de que miremos el presente, porque lo otro ya pasó. Más importantes, en cambio, son otros argumentos.

Hay toda una corriente historiográfica que, con la idea de superar a los héroes de bronce, se pasa al extremo de ignorar la relevancia de esos acontecimientos que lideraron. Así les fue a los historiadores que intentaron explicar la historia europea sin Napoleón o la Revolución rusa sin Lenin. En todo caso, es una visión trasnochada, cuando hace ya muchos años que la visión social y económica ha enriquecido los estudios del pasado, para superar el relato heroico de grandes gestas militares y teatrales episodios políticos. Continuar leyendo →

¿Qué queda de aquellos sueños?

La izquierda latinoamericana se cae a pedazos. Si por izquierda consideramos la revolución bolivariana de Venezuela, el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño, el kirchnerismo argentino, más los Gobiernos de Ecuador y Bolivia, nos encontramos con un claro panorama de crisis. Son todos movimientos muy distintos, pero ellos se proclaman de izquierda y desde esa definición los identificamos así. Con ellos también se ha identificado el Frente Amplio uruguayo, que reconoce la legalidad democrática pero se considera afín con todas esas tendencias, especialmente el PT brasileño.

Los hechos nos hablan de una crisis global en Venezuela, con un Parlamento electo por el pueblo con dos tercios de opositores; un terremoto judicial en Brasil, donde el tema de corrupción hace tambalear a la Presidente y al ex Presidente; un kirchnerismo derrotado en las urnas y ya en dispersión; un Evo Morales al que el pueblo le paró su intento de re-reelección indefinida y un Rafael Correa que anuncia que se va, porque teme que las derrotas municipales que ha sufrido se lo lleven como correntada…

Esos hechos políticos incuestionables dan cuenta del fracaso de los viejos eslóganes, así como del vaciamiento ideológico y moral de movimientos que se soñaron revolucionarios, que creyeron inaugurar un tiempo histórico, que hablaban contra el imperialismo norteamericano y proclamaban la construcción del hombre nuevo del Che Guevara, soñaban con una economía colectivista y una sociedad arrasadoramente igualitaria, al estilo cubano. Continuar leyendo →

Relato y adoctrinamiento

Un texto de enseñanza no es lo mismo que un ensayo académico. Aquel, a diferencia de este, debe aspirar a la imparcialidad dentro de los principios filosóficos que informan nuestro orden institucional.

Recientemente, en el prestigioso Liceo Juan XXIII se realizó un acto público presidido por numerosas autoridades religiosas y de la educación para presentar un libro titulado La ignorancia de la ley no sirve de excusa, escrito por un profesor y un grupo de alumnos de la institución. Es una obra amplia, de más de seiscientas páginas, que se define como un “texto de estudio para la asignatura Derecho y Ciencia Política”.

Es muy importante partir de esa base. No se trata de un ensayo, producido en el vasto espacio de la libertad de expresión del pensamiento, sino de un texto dirigido a alumnos, a los que debe respetarse en su formación moral y cívica. La imparcialidad debe presidir, entonces, la exposición de los temas a partir, naturalmente, de la asunción inequívoca de los principios liberales que consagra nuestra Constitución de la República.

Es un trabajo serio, doctrinario, cuyos autores merecen todo el respeto a su esfuerzo. Por lo mismo es que nos permitimos establecer algunos puntos de vista discrepantes que, a nuestro juicio, hieren la necesaria imparcialidad del manual de estudio, lo que podríamos denominar laicidad en un sentido amplio, más allá de lo religioso. Se dice en el texto, con razón: “Un país laico debe garantizar el acceso a esos derechos básicos sin hacer distinciones entre creencias políticas, religiosas o filosóficas”. Sin embargo, se asume la peligrosa tesis de que ese respeto a opiniones diversas “no significa que el docente entre en una neutralidad ideológica, es decir, en no tomar partido por ideas o valores determinados. Lo que debe hacer es respetar el derecho del otro de pensar diferente”. Continuar leyendo →

Los espacios y los partidos políticos

La conformación de espacios políticos debe efectuarse desde los partidos políticos y no en contra de estos.

En el espectro opositor se ha puesto de moda hablar de espacios políticos, más allá de los partidos. Se dice, con algo de razón, que por qué no sumarnos aquellos que pensamos más o menos parecido. Justamente, para eso nació la doble vuelta, que permitió sumar los segmentos más parecidos de la opinión en una u otra opción.

Está claro que la oposición al Frente Amplio tiene que ofrecer una alternativa viable, capaz de generar confianza. En el comienzo de este tercer gobierno del Frente Amplio se advierten ya desgastes importantes y todo hace pensar que estos continuarán, porque su incoherencia ideológica ya hoy es insoslayable. Está claro que de un lado están los que creen que el desastre educativo merece un tratamiento y quienes piensan que estamos en el mejor de los mundos. Así como hay quienes creen que el Uruguay debe estar en el mundo comercial y quienes pararon la negociación preliminar del TISA, aun sin saber su contenido, por simple rechazo a la globalización.

Lo ocurrido en Venezuela y en Argentina alienta a la oposición y con razón. Pero la lección hay que entenderla en toda su dimensión. Continuar leyendo →

El relato kirchnerista también en Uruguay

Es consustancial a los regímenes autoritarios o populistas en general, instalar una versión del mundo en que viven (la conspiración universal en su contra) y un “relato” de la historia que explicita cómo los “malos” llegaron a ser tan malos y cómo ellos, “los buenos”, son herederos de los sacrificados de ayer.

La Argentina kirchnerista es un modelo de ese estilo. Nuestro gobierno frenteamplista, que no tendría porqué sucumbir a las fantasías de ciertos grupos radicales de revolucionarios frustrados, se deja, sin embargo, arrastrar a ese territorio de la mitología que le hace un enorme daño al país.

En el pedregoso territorio de nuestra historia reciente, nos encontramos en estos días con una atrocidad histórica, que alienta una desorbitada campaña que —bajo el manto del esclarecimiento de las agresiones a derechos humanos en tiempos de la dictadura— se embiste contra valores democráticos que debieran estar más allá de pasiones.

El decreto de 19 de mayo de 2015 sobre la base de que “están presentes aun las consecuencias de la acción de la acción ilegitima y terrorismo de Estado sufrido por nuestro país”, retrotrae la investigación hasta el 13 de junio de 1968, cuando el gobierno legítimo de Jorge Pacheco Areco adoptó, dentro de la Constitución, unas medidas prontas de seguridad que comunicó al Poder Legislativo, “dueño de las medidas”.

Como es notorio, aquel gobierno tuvo que actuar en condiciones muy particulares de agitación pública. Eran los tiempos en que la revolución cubana inspiraba a vastos sectores de la población y mientras unos tomaban las armas para derribar la Constitución e instalar un régimen de esa índole, otros, desde el ámbito de la educación, el sindicalismo o el debate intelectual, preconizaban que el país marchara por ese camino. Había un país democrático y un país revolucionario, en parte armado y en parte no, pero revolucionario. El gobierno de entonces, con los aciertos y los errores propios de una conducción en tiempos de tormenta, trató de preservar las instituciones y felizmente lo logró, llegando a unas elecciones en que, además, obtuvo la mayoría.

En ese momento de prueba, la democracia mostró su capacidad de resistencia y así lo dijo el General Seregni, líder y fundador del Frente Amplio, refiriéndose al Presidente Pacheco Areco: “Aprendió rápido, aprendió lo que era el poder, y lo usó. Y hay que reconocer su inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley”.

Es por lo tanto una aberración histórica hablar de “terrorismo de Estado” bajo un gobierno democrático, con libertad de prensa y separación de poderes. El presidente, por otra parte, obtuvo 439 mil votos para su eventual reelección, lo que hizo de él el candidato más votado en una elección en que el Partido Colorado resultó triunfador. O sea que poseía, además de la legitimidad jurídica, un apoyo popular que le robustecía.

Jurídicamente, estamos ante otra aberración. Se pretende considerar ilegítima la adopción de medidas prontas de seguridad que decretó el Poder Ejecutivo y mantuvo el Poder Legislativo. El único encargado de juzgar esas medidas fue el Poder Legislativo. No se puede hoy, medio siglo después, intentar un juicio totalmente fuera de la ley. Se suele decir que el gobierno de Pacheco hizo un uso excesivo de esas medidas. Puede ser o no, pero —en todo caso— el Poder Legislativo fue quien —por acción u omisión— resolvió. Y como algunos pensaron que eso le hacía pasible del juicio político, también se intentó y fracasó.

Estamos, entonces, ante un intento de construcción autoritaria de un relato histórico falso. Es realmente preocupante querer imponer una historia por decreto y hacer de ella bandera de lucha de una causa cuya legitimidad se degrada. Que los familiares de los desaparecidos procuren saber la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos, es un derecho sagrado, que nadie ha negado (y que todos los gobiernos y la Justicia han tratado de atender). Desgraciadamente, los resultados han sido escasos, pero aún así permanece intacto el derecho a seguir procurando esa verdad. Sin embargo, es degradante transformar ese derecho legítimo en una bandera política de revancha contra la institución militar, en una proclama divisoria de la sociedad uruguaya donde todo aquel que discrepe será apostrofado y descalificado, en una peligrosa fantasía que insufla en las nuevas generaciones la idea de que hay un ocultamiento conspirativo de verdades escondidas y —lo peor de todo— en la pretensión de legitimar aquellos movimientos que en los años 60, en plena democracia, le declararon la guerra a las instituciones.

Con la pistola en la nuca

Culminando el proceso de inconsecuencias y contradicciones que le ha caracterizado, el Frente Amplio está imponiendo, en forma abusiva, su proyecto de ley de medios. Han pasado más de cuatro años desde aquel ya lejano setiembre de 2010 en que el Presidente Mujica cosechó el aplauso de toda América Latina cuando le dijo a la revista brasileña Veja que “la mejor ley de medios es la que no existe”. Ahora vemos cómo avanza de modo incontenible una ley de 186 artículos que es un modelo pernicioso de intervencionismo estatal, llevado al máximo de los particularismos y detalles.

Nadie hubiera objetado un breve texto que regulara las adjudicaciones de ondas de radio y televisión, estableciendo un procedimiento del que se carecía. Pero avanzar de este modo sobre todo un sistema que ha sido puntal de la democracia uruguaya, es realmente preocupante, tanto como lo es el oblicuo trámite, que se escondió durante la campaña electoral y ahora se resucita de modo abrupto, en la rebatiña de un final de gobierno. El actual oficialismo, igual que el kirchnerista, agita el fantasma de presuntos monopolios privados que no existen ni se avizoran, cuando nadie se ha beneficiado más de la pluralidad de nuestros medios que el Frente Amplio en los largos años en que era sistemática oposición a los gobiernos colorados y blancos.

Una ley con tantos controles, tantas posibilidades de sanción y la vigilancia de órganos políticos, opera psicológicamente como una pistola en la nuca del periodismo nacional. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, o sea, prácticamente todo el día, hay que proteger al menor de cualquier “truculencia” y en ningún momento un medio puede incurrir en “discriminación política”, conceptos —entre otros— de tan elástica interpretación que son una latente amenaza. Aplicados de buena fe, pueden ser inocuos, criterios orientadores, pero usados por un gobierno autoritario para amenazar, es un pernicioso mecanismo de censura o autocensura.

Las habilitaciones de servicios de radio o televisión quedan limitadas a un plazo de 10 y 15 años respectivamente, con lo que serán un freno a la inversión tecnológica en un mundo en cambio acelerado. A ellos, por otra parte, se les prohíbe la trasmisión de datos, que pasa a ser un nuevo monopolio estatal en manos de Antel y también cualquier acuerdo con empresas de telefonía, a las que se impide participar en radio y televisión. En un mundo en que la tendencia, para sobrevivir, es abrir justamente esas posibilidades de convergencia de servicios, se reducen posibilidades de expansión tecnológica que, en cambio, se le atribuyen graciosamente y en exclusividad a Antel.

En cuanto al fútbol, hay una bomba de tiempo, porque por un lado la Asociación Uruguaya de Fútbol está vendiendo la exclusividad de los derechos de la selección en cifras millonarias y, por otro, se habla de trasmisiones gratuitas. ¿Cómo se va a financiar la selección si el “producto” se regala? Son misterios del populismo de —una vez más— clara inspiración kirchnerista.

El oficialismo, para justificarse, por un lado agita fantasmas de inexistentes monopolios y, por otro, ensalza al sector audiovisual al establecer que un 60% de la programación emitida deberá ser nacional y un porcentaje debe ser producción independiente, siempre que ninguna empresa concentre más del 40%. En términos generales, no se está lejos del porcentaje general pero esa introducción particularizada en los contenidos ya se verá que no beneficiará al progreso del sector. Cuando se fuerzan las cosas —y esto lo hemos vivido desde el primer gobierno de Perón— lo que se gana es que esos espacios se llenen con producciones de bajo costo y calidad. Estamos de acuerdo en apoyar ese dinámico sector de creación, pero ello debe hacerse, como ya ocurre, con subvenciones y créditos, para que puedan desarrollarse programas de calidad, aunque no tengan una real virtualidad comercial.

Malo el procedimiento político, malo el contenido, peor este modo de actuar en un tema que es de libertades públicas, que hace a la esencia de la vida democrática y no puede quedar subordinado a interpretaciones capciosas de órganos políticos o la amenaza constante de sanciones definidas de modo impreciso.