Los responsables de la deuda externa

Un tema central de discusión en la Argentina hoy es el de la responsabilidad. Palabra, valor, que se aplica por ejemplo a la crisis generada por el procesamiento al vicepresidente Amado Boudou, el régimen de la responsabilidad del Estado modificada recientemente por el Congreso, a la impunidad que ya lleva 20 años respecto al atentado a la sede de la AMIA. Podríamos preguntarnos: ¿alguien se hace cargo de las consecuencias? Y para seguir con el concepto, ¿quién cuestiona la responsabilidad de aquellos que contrajeron la deuda externa que deberemos enfrentar entre todos?

La República Argentina se encuentra envuelta en una discusión muy fuerte respecto a la negociación con los holdouts -que son bonistas que se quedaron fuera del canje de la deuda y dentro de ellos están los fondos buitres y los no buitres-, con mucha épica y poca sustancia. Se evita profundizar en la investigación de la deuda que fue declarada ilegitima por un Juez Federal, el Dr. Ballesteros.

Cuando Isabel Martínez de Perón fue derrocada por el golpe militar, la deuda externa argentina era de 7.800 millones de dólares. En el año 1983 el Gobierno Militar le deja al presidente Raúl Alfonsín una deuda de  45.000 millones de dólares; con lo cual, si restamos la contraída por gobiernos democráticos, la deuda ilegítima por su origen alcanzaba los 37.200 millones. Al renunciar deja al país una deuda externa de 58.700 millones, que es reestructurada por el presidente Menem en 1995 mediante el Plan Brady y cuyo monto ascendía a 97.091 millones. Al finalizar su mandato dejó una deuda externa de 121.816 millones, y en el año 2.000 se somete al Megacanje, blindaje financiero, la suma de 130.000 millones.

Llegamos al 22 de diciembre del año 2001 cuando el presidente Rodríguez Saá declaró la suspensión de pagos y la duda ascendía a 144.000 millones de dólares. De esa totalidad 101.600 millones estaban en manos de tenedores privados, 15.000 millones se debían a organismos internacionales, 9.500 al Fondo Monetario Internacional, 4.400 millones al Banco Mundial, 1.100 millones al BID y 27.400 millones como deuda interestatal. La suspensión de pagos se efectuó en el año 2001 respecto de 81.800 millones de dólares.

Ahora bien, en junio del año 2000, el Juez Federal Ballesteros expresaba en la causa Olmos (Expte N° 7.723/98) “que el archivo de la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se ha arribado en las actuaciones labradas en Alto Tribunal para determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino… es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones respectivas adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la Deuda Externa de la Nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir de del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, y que ya fueran explicados a lo largo de esa resolución, y que tendían , entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados- nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones.”

Cuando el Presidente Adolfo Rodríguez Saa postuló la suspensión de la deuda externa y el examen de su legitimidad, buscaba investigar y pagar solamente el monto legítimo. Estamos a tiempo.
- Hay deuda ilegítima demostrada en aquella sentencia judicial.
-También en cada una de las renegociaciones emprendidas: Plan Brady (1993), Megacanje (2001) y sucesivos canjes de deuda.

El gran Juan Bautista Alberdi promovió la permanente responsabilidad jurídica a la Nación con independencia de los gobiernos, y cumplir toda obligación surgida de un empréstito  “contratado legalmente”. Este es el punto. Creemos que no se pueden afectar los derechos de los bonistas de buena fe pero sí que se debe responsabilizar patrimonialmente en el ámbito civil a quienes negociaron y consumaron todas estas obligaciones ilegítimas. Efectivamente, frente al Código Civil este tipo de deudas son actos nulos de nulidad absoluta y por lo tanto, el resarcimiento de sus consecuencias en imprescriptible, los responsables deben indemnizar al Estado argentino.

En el inicio del crédito público argentino ya existían los “buitres” y el Director General de las Provincias Unidas de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón -que fue representante por San Luis en el Congreso de Tucumán- dicta el 29 de marzo de 1817 un decreto sobre los buitres de ese entonces. Para evitar que los tenedores de créditos contra el Estado se perjudicaran con la venta que hubieran hecho de sus acciones a precios ínfimos, invalidó los endosos sobre títulos de la deuda pública, declarándolos nulo y de ningún valor. Ha pasado más de una década desde el envío por Rodríguez Saá de la deuda externa al Congreso para que la investigara.

En definitiva,  los negociadores de la deuda ilegítima deberán responder patrimonialmente con sus bienes por los perjuicios ocasionados al pueblo de la Nación Argentina. La Procuración General de la Nación tendrá que iniciar en forma inmediata las acciones a dichos fines.

La trascendental oportunidad de revisar la deuda

La difícil situación en la que se encuentra el país en relación al fallo del Juez Griesa es consecuencia de una suma de acciones erróneas del Gobierno Nacional. Es muy importante recordar que desde el momento del Fallo de Griesa, los más altos funcionarios de la Argentina declararon que nuestro país pagaría sólo a los bonistas que entraron en los canjes, pero que no entregaría un solo dólar a aquellos que no reestructuraron su deuda, los holdouts.

Hoy, poco tiempo después, los funcionarios del gobierno pregonan la voluntad de pago del país, pero nunca se han cuestionado que es lo que están pagando. 

Cuando en el año 2001, el entonces presidente de la Nación Adolfo Rodríguez Saá decidió la suspensión del pago de la deuda externa fue en el contexto de la mayor crisis económica del país y además, como bien mencionó en su momento, no significaba el repudio de las obligaciones, sino todo lo contrario, se buscó darle por primera vez el tratamiento y revisión que debería haberse hecho mucho antes.

Entre el Gobierno de Cámpora, Perón y María Estela de Perón la deuda externa Argentina alcanzó los USD 7.800 millones. Durante el periodo militar denominado Proceso de Reorganización Nacional entre 1976-1983 se elevó a USD 45.000 millones. A partir de 1983 se abren dos etapas en lo que respecta a la deuda: la denominada deuda vieja, la cual había sido contraída en parte de forma ilegítima por gobiernos de facto, otra legítima y la deuda nueva contraída a partir de 1983 en gobiernos constitucionales.

Durante el periodo de Raúl Alfonsín la deuda externa creció a USD 58.700 millones. Entre 1994 y 1995, alcanzó los USD 87.091 millones y Argentina entra de la mano de Domingo Cavallo y Carlos Menem en el denominado Plan Brady, canjeando la totalidad de la compromisos con nuevas emisiones reconociendo de esta forma la deuda ilegitima como legitima, con cláusulas leoninas como el traspaso de la deuda en manos de los Bancos a manos de acreedores privados dificultando cualquier reclamo futuro, también modificando la jurisdicción Argentina por la de New York, Londres y Frankfurt. En este contexto y una vez concluida la presidencia de Menen la deuda trepaba a los USD 123.000 millones. En el año 2.000 con la Presidencia de Fernando de la Rúa, la deuda creció hasta los USD 130.000 millones, conjuntamente con la aplicación del Canje y Megacanje se terminó elevando la misma para 2001 a USD144.000 millones.

En junio de 2000, se dicta una sentencia que fue un hito en la historia argentina y que ordenó al Congreso Nacional examinar la deuda externa. La dictó el juez Ballesteros el 13 de junio del mencionado año, en el contexto de la denuncia de Olmos sobre la conformación de la deuda externa en la dictadura militar, concluyendo entre otras cosas que: resultaban inexistentes los registros contables de la deuda externa, se advirtió también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado con las empresas del Estado en no menos de 477 oportunidades, número que surge de sumar 423 préstamos externos concertados por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechos a su vencimiento. Estas son sólo algunas de las irregularidades encontradas.

Esta es la deuda que llega a diciembre de 2001. Es la que el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá, en cumplimiento de la sentencia del Juez Ballesteros, remitió al Congreso de la Nación para su revisión y que hoy en día nos pone como país contra la espada y la pared. 

Digesto Jurídico o Caballo de Troya

El artículo 76 de la Carta Magna establece una prohibición de suma claridad: no a la delegación de facultades legislativas. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta posibles supuestos de crisis y asuntos de mera administración, establece excepciones en estos últimos casos. Sin encontrarse satisfechos los constituyentes, y para que quede en claro que nuestra función es proteger y velar por la correcta aplicación de las leyes, establecieron requisitos adicionales para estos casos excepcionalísimos: que haya un plazo limitado para el ejercicio de las atribuciones y con determinación de las bases de la delegación.

Con la sanción de la ley que aprueba el Digesto Jurídico, estos mandatos constitucionales que hacen a la forma republicana de gobierno y a la división de poderes parecen haber caído en oídos sordos. Particularmente porque se incluyen en el Digesto numerosisimas normas que contienen delegaciones de atribuciones del Congreso al Ejecutivo, y que ya habían quedado caducas el 22 de agosto de 2010. Hoy resucitan como derecho vigente, y lo hacen para regir por siempre. Por si esto no fuera suficiente, la ley respectiva le quita al Congreso la facultad de determinar la autoridad de aplicación de las normas. Un sencillo camino para desnaturalizarlas. Por ejemplo, determinando que una ley de ambiente sea aplicado por el Ministerio de Economía o que una norma de tratamiento de las adicciones se encomiende al Ministerio de Seguridad, en lugar del Ministerio de Salud.

Homero nos narraba la historia del Caballo de Troya, en la que Ulises elabora un plan que permitiría al ejército griego internarse en la ciudad y conseguir la victoria. Para ejecutar esta idea, se construyó un gran caballo de madera hueco por dentro, donde los soldados se escondían en su interior, mientras que el resto del ejercito fingía el retiro, pero realmente aguardarían en la isla de Tenedos para atacar. El Digesto es un aparato similar que, con apariencia de un inocente caballo de madera, trae dentro suyo la mas fenomenal apropiación de funciones exclusivas del Congreso. Detrás del almibarado discurso de restablecimiento de la certeza en el derecho, de la seguridad en el texto de las normas, se esconde un gran monstruo.

En la última reforma, una de las ideas fuerza de los reformadores fue reducir el presidencialismo y restablecer el equilibrio entre los tres poderes. Desde hace uno cuantos años el Ejecutivo obcecadamente ha venido burlando ese propósito, apropiándose de facultades del Congreso y engordando las atribuciones del Presidente. Hoy, nuestra Presidente puede dictar impuestos, aplicar sanciones penales, establecer cepos, en suma, suplir al Congreso borrando con el codo, varios artículos de la Carta Magna. 

Nuestra historia está jalonada de constantes luchas por limitar los poderes presidenciales, cada vez que intentaron arrogarse facultades judiciales, crear comisiones, abroquelar al Poder Judicial con tribunales administrativos, etc. Ese itinerario hoy ha sufrido un enorme retroceso. Será tarea del próximo gobierno desarmar este Caballo de Troya y volver a restablecer el equilibrio de los poderes. En ello se juega la real defensa de los derechos de los habitantes, cuyo seno es esencialmente el Congreso.

Inundaciones: el costo de no hacer nada

Hace exactamente un año alertábamos sobre las graves consecuencias de lo sucedido en La Plata entre el 2 y el 3 de abril de 2013, cuando murieron unas 89 personas y otras 190.000 resultaron afectadas.

Exactamente un año después, nos encontramos ante una repetición del fenómeno y de la imprevisión: inundaciones que nos dejan con un saldo de unos 3000 evacuados y una pérdida, que según los productores, es de aproximadamente 100.000 toneladas de cereales (valuada en unos 30 millones de dólares).

Estos sucesos lamentables demuestran nuevamente la carencia de planificación enfocada a prevenir y mitigar este tipo de inclemencias y la responsabilidad directa de los distintos niveles de gobierno, fundamentalmente del nacional, materializada en la falta de inversión en infraestructura básica.

Entonces, sin obviar la posible pérdida de vidas que es algo incuantificable, me gustaría hacer un breve ejercicio demostrando lo que mencionaba un año atrás: como país debemos pensar en el largo plazo e invertir en la infraestructura necesaria si queremos dejar de padecer estas tragedias, y no correr más detrás de los problemas. A modo de ejemplo, si sumamos los costos sociales y materiales, como la pérdida de producción agrícola, entre otros, claramente tendremos los fondos necesarios para realizar inversiones claves en el país en materia de infraestructura.

Hacer las obras necesarias tiene un costo, claro está, pero a la luz de los sucesos que atravesamos, el costo de no hacer nada es aún mayor. La falta de inversión no sólo se observa en la insuficiencia de obras hídricas y pluviales sino que también engloba a muchos otros rubros importantísimos que impactan directamente sobre la vida de los argentinos.

En San Luis el 50% del Presupuesto Provincial se destina a inversión en capital, generando una dinámica de desarrollo sustentable en la actividad económica y una mejora de la calidad de vida en términos permanentes. El año pasado mencioné que en el Presupuesto Nacional de 2013 sólo se destinaba un 11% a gastos en capital; si observamos los datos del Presupuesto Nacional para 2014 vemos que el dato es exactamente el mismo, se sigue priorizando los gastos corrientes por sobre la inversión de largo plazo.

El problema no sólo se manifiesta en la falta de presupuesto original destinado a obras, sino también en materia de ejecución de los programas. Desde el Senado, hemos pedido información al Poder Ejecutivo Nacional para conocer el destino del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/2001). Se sospecha que este fondo, destinado al “desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas”, ha sido desviado hacia el financiamiento de otros gastos tales como publicidad de la feria Tecnópolis. En el mismo sentido, la AGN en 2008 concluyó que se habían aplicado recursos del Fondo a otras finalidades.

En resumen, la historia se repite y todos los argentinos debemos pagar el costo de no hacer nada

Enamorarnos de la vida

Solemos desconocer a los íconos académicos que tiene nuestro país y de los que fue pionero. Uno de ellos es la prestigiosa Academia Nacional de Medicina que nace a poca distancia del amanecer de la Patria y es la más antigua de América. Cabe destacar que la Academia Nacional de Medicina es una entidad civil sin fines de lucro y su autonomía es importante porque ofrece la posibilidad de trabajar e investigar con continuidad en un medio totalmente ajeno a los vaivenes políticos, a las influencias gubernamentales y a los intereses personales, dedicándose exclusivamente a lo científico. Por ello es primordial conocer su postura en temas controvertidos, por esos vaivenes, a la hora de sopesar un tema relacionado con la salud. El 30 de septiembre de 2010 el Plenario Académico aprobó la Declaración, en la que recuerda los principios básicos de la ciencia.

En didáctica hay un juego interactivo que permite escoger una necesidad básica de la humanidad: comunicación, alimentación, vestido, medicina, transporte; para ver cómo ha sido resuelta gracias a los avances de la ciencia y la tecnología a lo largo de historia. Una vez seleccionada una necesidad, aparecen cuatro avances tecnológicos, y se plantea al alumnado en qué época histórica se han dado cada uno de ellos.

El principal interés didáctico de este juego interactivo radica en poder enseñar en forma visual y sencilla cómo y cuándo se han producido los avances que nos han hecho la vida más fácil. De esta forma, historia, ciencia y tecnología van de la mano en todo momento y ofrecen una visión holística de los más importantes avances de la humanidad. Busca la participación del alumnado, que debe reflexionar y aplicar tanto sus conocimientos previos, como incluso su sentido común, para responder y los prepara para encrucijadas futuras en los cargos de decisión. Es de augurar que en ese juego nunca aparezca como alternativa de solución: “el aborto”.

El Papa decía en una entrevista que “no podemos insistir sólo en cuestiones ligadas al aborto, al matrimonio homosexual y al uso de métodos anticonceptivos”, algunos periódicos lo presentaban como si el discurso sobre estos temas no fuera a estar presente en el magisterio del Papa. Sin embargo, él lo ha aclarado, en su audiencia, el pasado 20 de septiembre, a los participantes en el Encuentro de Ginecólogos Católicos, al afirmar el respeto a la vida en todas sus fases. Insistiendo en dar testimonio y difusión de “la cultura de la vida”. “Vosotros que estáis llamados a ocuparos de la vida en su fase inicial, recordad a todos, con los hechos y con las palabras, que ésta es siempre, en todas sus fases y en toda edad, sagrada y siempre de calidad. Y no por un discurso de fe, sino de razón, por un discurso de ciencia”. Porque “la credibilidad de un sistema sanitario no se mide solo por la eficiencia, sino sobre todo por la atención y el amor hacia las personas, cuya vida es siempre sagrada e inviolable”.

Es importante considerar en este tiempo electoral que esto no nace hoy, que detrás de los proyectos de ley y de las leyes hoy vigentes hay una historia de raigambre antropológica, filosófica, económica, nacional e internacional. Para que estos principios puedan ser plasmados en la legislación cuando las posturas son no consensuables, es necesario contar con mayor cantidad de votos. Los cuales están directamente relacionados con quiénes están sentados en las bancas. Nosotros los elegimos con nuestro voto y acciones cotidianas. Es en este juego y dentro de esta problemática política que se da una danza legislativa en la cual avanzan y retroceden ambas culturas: “vida y muerte”.

La vida humana es concreta y es un continuo que debemos proteger en todo tiempo, lugar y circunstancias. Para ello es muy importante “enamorarnos de la vida”. Enamorarse de la vida significa querer acunar al niño que está creciendo en las entrañas, pues si bien es dramático para una mujer sacar al niño de su útero mucho más difícil es sacarlo de los pensamientos evitando así todos los traumas pos-aborto. Es superar el flagelo de la droga que puede llegar a obnubilar los sentidos, condenando a privarse de gozar de la verdadera belleza. Supone velar por la seguridad.  Exige velar por el porvenir, como lo hacen tantísimas ONG que a diario se multiplican para garantizar que el derecho a la vida desde la concepción de todo ser humano sea respetado. Enamorarse de la vida es pensar, como dice el doctor Abel Albino, que “debemos terminar con la lucha del hombre contra el hombre hasta comprender que el verdadero triunfo está en la lucha del hombre contra el hambre”.

Partiendo de una lectura de los signos de los tiempos y a la luz de los valores de solidaridad humana, me parece sumamente importante y urgente contribuir con valentía y esfuerzo en la edificación de la nueva realidad que se avecina, con una firme adhesión a los ideales que, en el pasado reciente, han inspirado y guiado a los grandes estadistas. Son los valores de la libertad, la paz, la verdad y la solidaridad los que nos deben impulsar a realizar nuestro trabajo en la formación y en el desarrollo de las culturas presentes. Hace falta una movilización general de todas las fuerzas, para que nuestra realidad progrese en la búsqueda de su unidad, mirando al mismo tiempo más allá de sus fronteras y de su propio interés.

La Corte de los pantalones largos

La Corte Suprema de la Nación ha declarado, entre otras medidas, la inconstitucionalidad de los de los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, y del decreto 577/13 y la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al quórum previsto en el artículo 7º referido al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura. Los fundamentos, más que elocuentes para nuestro país, nos aseguran la vigencia de las reglas republicanas que nos permitirá avanzar hacia la consolidación de valores y prioridades diferentes a las establecidas por el gobierno nacional.

Los intereses de la corporación política gobernante no han podido doblegar el espíritu ciudadano, plasmado en el ejercicio real de la defensa de nuestros derechos; desde las colegiaturas de abogados hasta las personas que se acercaron a la justicia tuvieron respuesta en el mismo sentido y bajo la misma orientación: la realidad se impone sobre el relato y la norma madre se impone sobre los caprichos del poder.

Este fallo reconoce la dimensión axiológica  de la soberanía popular, no se queda en  interpretaciones semánticas de relatos armados, sino que demuestra que el ejercicio legítimo del poder no necesita argumentar desde la falacia o desde una mayoría eventual, sino que se funda en la letra misma del derecho constitucional y de las disposiciones republicanas.

La soberanía popular que, como bien lo argumenta la Corte, busca equilibrar el poder para limitarlo. Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras.

No se puede invocar ni usar al pueblo como excusa para la obtención de la suma del poder público, la verdad se impone no sólo por el pensamiento social común, sino por la solidez de las instituciones que siguen de pie y que a cada momento a sus ciudadanos les puede decir la patria es de todos y todas y no sólo de algunos.

La búsqueda de la suma del poder

En los Estados modernos las proscripciones o discriminaciones electorales tienen un contenido más sutil; ello, por los conceptos de constitucionalismo social que se vertieron en sus estructuras constitucionales. Así, las argucias que configuran la nueva ingeniería a la hora de decidir los instrumentos de selección y elección a cargos públicos nos enfrentan a estructuras más audaces, pero que en el camino no pudieron prescindir de la inconstitucionalidad de su gesta.

El proyecto de modificación al Consejo de la Magistratura constituyó una pintura surrealista de la verdad republicana que este gobierno considera como tal. En su génesis figura de manera clara el espíritu totalitario que reina en las mentes creadoras de recursos e instrumentos sancionados por medio de leyes que producen recortes e injerencias de un poder sobre otro.

Al proyecto original aprobado en el Senado se le suma las modificaciones en Diputados que se ve agravado, entre otras cosas, por la incorporación de la cláusula por medio de la cual los partidos políticos que deseen llevar en sus listas candidatos a la magistratura deberán tener como mínimo el reconocimiento en 18 circunscripciones bajo una misma e idéntica denominación. Este disparador pone, sin más, fuera del juego electoral la mayoría de la nómina de 34 partidos políticos de orden nacional reconocidos al 15 de abril de 2013, dejando casi en exclusividad al Frente para la Victoria para una competencia que de mínima podríamos llamar desleal.

El juego de la democracia debe enfrentar de manera permanente el sistema de valores que representa; así el deber ser se compulsa con la realidad debiendo ser, de buenas prácticas democráticas, que los resultados reales se acerquen en la mayor medida a los postulados ideales; de no ser así, se trasluce cuáles son las ideas de los políticos de turno. Este  gobierno cuanto menos socava de manera palmaria los preceptos básicos de la democracia produciendo de manera increíble una degradación institucional como que a partir del reflejo de la historia será de antología.

En el juego de los artículo 37 y 38 de la Constitución Nacional se garantiza el ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, como también consagra a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Estos extractos constitucionales ponen de manifiesto la envergadura que tienen como herramienta ciudadana, a través de ellos se encauza la representación popular que queda consumada.

El efecto central de la determinación de las mayorías y minorías que se impulsan mediante la competencia electoral viene a estar zanjada por un instrumento idóneo como el sistema para la determinación de proporcionalidad conforme al criterio más objetivo. Así, el  método ideado por D’Hont permite obtener una proporción equilibrada de representación de las mayorías y de las minorías.

En definitiva, el proyecto originario produce un menoscabo republicano cierto e indudable y hoy con la modificaciones introducidas se incorporan adjetivos como discriminatorio y demagógico. Con cada ley que aleja el ser del deber ser, nos enfrentamos a la impotencia de un gobierno que ha perdido de vista la funcionalidad del consenso, que ha utilizado su poder para sojuzgar a propios y ajenos.

No debería ser necesario describir las instituciones políticas básicas de un gobierno representativo en una democracia moderna, la materialización del deber ser se consagra por medio del sistema de derechos y libertades consagradas, que no sólo deben respetarse sino mantenerse y profundizarse en el tiempo. La historia es implacable con quienes han desdeñado el poder del compromiso con los ideales y los sueños. Creer que lo pragmático o programático para soslayar un momento de decadencia dado por la propia torpeza del gobierno de turno habrá de olvidarse, es simple y llanamente no entender la memoria colectiva de un pueblo.

Algunos ya cometieron ese error, ¿los kirchneristas son los siguientes?

No existe una verdadera democratización

El nombre de la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional resulta rimbombante, pero en realidad no existe una verdadera democratización. Si nos referimos a los tres proyectos que hoy se encuentran en tratamiento en el Senado de la Nación, advertimos que estamos muy lejos de ello.

En el caso de la modificación a la ley del Consejo de la Magistratura, que para establecerse el sistema D’Hont de representación para que exista pluralidad de pensamientos, opiniones y representación; ello en relación a la totalidad de los integrantes, los jueces, los legisladores, los abogados de la matrícula federal como los representantes del ámbito académico, tanto para los titulares como para los suplentes.

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Inundaciones, un reflejo de las prioridades de los gobiernos

Las inundaciones que hoy sufrimos los argentinos, con la lamentable pérdida de vidas, demuestran claramente la carencia de planificación necesaria enfocada a mitigar este tipo de inclemencias y la responsabilidad directa de los distintos niveles de gobierno, fundamentalmente del gobierno nacional, materializada en la falta de inversión en infraestructura básica.

Si bien la crisis que padecemos hoy es un caso puntual, es preciso ver el escenario completo. La falta de inversión no sólo se observa en la insuficiencia de obras hídricas y pluviales necesarias sino que también engloba a muchos otros rubros importantísimos que impactan directamente sobre la vida de los argentinos. La escases de obras, también en relación directa con actos de corrupción, nos condujo a la tragedia en la estación de Once, a las innumerables muertes por accidentes de tránsito (según los datos de la asociación Luchemos por la Vida mueren 21 personas por día en estos sucesos) o al creciente déficit habitacional, entre otros.

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Propaganda: Gobierno sí, oposición no

Nicolás Maquiavelo en El Príncipe decía: “Un hombre prudente debe discurrir siempre por las vías trazadas por los grandes hombres e imitar a aquellos que han sobresalido extraordinariamente por encima de los demás, con el fin de que, aunque no se alcance su virtud algo nos quede sin embargo de su aroma”.

El gobierno nacional pareció entender el espíritu y el alma que llevaron al entonces humilde Cardenal Jorge Mario Bergoglio a convertirse en el Papa Francisco. Sus ideas, principios y sueños han contagiado al mundo entero de esperanzas y de conquistas del alma, de las cuales no pensamos retroceder. Pero es acá, en su país, en Argentina, donde los únicos “avances” son en realidad grandes retrocesos en la matriz republicana y democrática.

En estos tiempos, en los que asistimos a embates de impulsos medievales sobre quienes no practican el dogma kirchnerista, no nos sorprende pero sí nos preocupan los esfuerzos denodados que realizan para oscurecer o tomar las libertades esenciales de la democracia representativa. Claro ejemplo de ello es la denuncia que realizó recientemente el apoderado del PJ, Jorge Landau, contra políticos del arco opositor por la publicidad en radio y vía pública.

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