Aburren las frases vacías. Las pronunciadas desde una autoproclamada reencarnación de la Patria con voz quebrada y gesto teatral. Las de los que se proponen la opción y juegan a ver qué violación es menos indigna, si la de levantar la mano en el Congreso y favorecer un atropello o la sufrida en domicilio por quien se ausentó en aquel debate.

Suenan vacías las décadas ganadas, la soberanía popular o la vigencia del modelo. Irrita presenciar la sobreactuación de la defensa de la libertad de expresión pergeñada con necesidad y urgencia por quien no se usó esa velocidad para sancionar al que corre a balazos de goma a periodistas que hacen su tarea. Indigna todo eso cuando una mujer se planta frente a sus cuarenta millones de conciudadanos y dice: “El que mata a otro pierde el derecho a tener derecho. Y esto no es mano dura. El victimario aún tiene voz para reclamar por sus derechos y omite la voz de la víctima, acallada de una vez y para siempre. El que se preste a esa retórica comete un error conceptual y cae en una retórica inmoral”. Es el conjunto de frases más trascendentes que se ha escuchado en esta semana. Todos deberíamos releerlas y aprenderlas de memoria.

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¿Puede ser que Guillermo Moreno actúe como un obispo? ¿Hay similitudes entre el secretario de Comercio y monseñor Virginio Bressanelli? Quizá sea efecto de este (por momentos insoportable) tiempo político en donde todo es una guerra a matar o morir, en donde pensar y disentir es visto como gesto de traidores y  no embanderarse entre militantes autoritarios, conversos o visitadores de organismos de inteligencia es denostable. Pero los gestos de dos hombres públicos como los mencionados se mezclan. Casi, se parecen.

Guillermo Moreno chicanea a un periodista que “osa” preguntar por el dólar paralelo, blue o marginal recordándole que eso es ilegal. Y a las horas convoca a dos “cambistas” de la city para que bajen su precio a $6,50. Como nadie puede ser “un poco” virgen, nadie puede ser “un poquito” ilegal. O estás del lado de los que ya saben de qué se trata eso del sexo o todavía escribís a París. O estás de la vereda que no alumbra el Código Penal o merecés Caseros.

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“Yo soy lo que diga la Presidente”. Repaso el texto. No es “yo pienso como la presidente¨ o “comparto los ideales y defiendo lo que sostiene la presidente”. Es, a secas, “yo soy” lo que ella diga. Podríamos reemplazar presidente por gobernador o el responsable  de la ciudad y los ejemplos abundan. Es, en suma, “Yo soy lo que diga el Jefe”. ¿A nadie le hace ruido? ¿Nadie se siente agraviado en su intimidad haciendo pública semejante confesión?

No hay que reducirse a la anécdota del protagonista de hoy. Es verdad que el vicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto repitió tres veces en un mismo reportaje de 10 minutos la frase “soy lo que diga la Presidente” cuando se lo consultaba sobre las candidaturas testimoniales, sobre la rerreelección o sobre la inseguridad. Porque si uno escarba en el pasado de unos pocos días encuentra, a modo de ejemplo, a todo un gabinete de la Capital Federal que no osó siquiera poner en la mesa del debate el disparatado operativo de la Metropolitana en el Borda. Esto es tácitamente acatar militarmente la orden de no cuestionar. O lo mismo sucede en el todavía “nuevo” Frente Amplio Progresista en donde disentir con su líder Hermes Binner es causal de sospecha de traición. Si no, pregunten en el partido madre del frente, el socialismo de Santa Fe. Habrá que dejar de lado al radicalismo,  atomizado en tantas corrientes diversas como en comisiones internas que analizan el fenómeno. Y, además, no están en el gobierno, lo que les da margen para tanto fogoneo de la burocracia interna.

La política del 2013, en la mayoría de los casos, es el decreto de una orden y su obediencia a ciegas. Será por eso que, con injusticia para los notarios que no sólo firman al pie sino que revisan la legalidad de los actos, el Congreso se parece más a una escribanía que a un lugar de “parlamentos” y que la iniciativa de la elección popular de consejeros pretende dinamitar todo atisbo de disidencia en el Poder judicial. Y siempre, bajo el pretexto de que la “voluntad popular” es soberana. No es cierto que eso sea así. No es verdad que la voluntad popular esté por encima de los derechos humanos, los derechos individuales y personalísimos y los elementales principios de la república como la división de poderes y respeto de las minorías que no gobiernan. Si mañana se votara que masivamente que los mahometanos no pueden ser argentinos, ese resultado comicial sería inválido. Si se sometiera a sufragio que el peronismo debe ser proscripto (como, de prepo, se hizo en la historia argentina), tampoco tendría validez de ley.

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Después de haber asistido entre la sorpresa y la estupefacción al debate de Diputados por la reforma del Consejo de la Magistratura, siento que la magistral frase de elusión de Hernán Lorenzino para evitar hablar de la inflación representa a más de uno de nosotros, los mortales de a pie de la Argentina: Yo también me quiero ir, ministro. Yo también, señores dirigentes.

Me quiero ir de una práctica que se invoca como democrática y pretende transformarla en un mero mecanismo formal que toma decisiones a los sopapos urgentes basado en una superioridad sólo numérica, legítima y legal, pero desconsiderada con las minorías. Me quiero bajar de esta misma gimnasia en donde las opciones de los que piensan distinto no se articulan más que una carpa simbólica o en el desplante del abandono de los lugares que les han sido concedidos para representar el disenso. Conmigo no, muchachos.

Lorenzino no quiere hablar de lo que no puede explicar. El que escribe no quiere adjetivar lo que no puede entender. Uno no sabe qué decir frente a la realidad que quiere esconder. Los otros, no podemos relatar una realidad que, mostrada como es, apena.

Dejemos de lado la nueva especie propia de Fabio Zerpa de diputados denominados “LENI”, Legisladores no identificados, a los que les transpiran mucho los deditos y sus huellas digitales no les permiten reconocerse. Aceptemos que la neuquina Alicia Comelli y el santafesino Juan Carlos Forconi (ex obeidista, ex reutemista, neokirchnerista) no mintieron cuando dijeron que habían apoyado el proyecto de la Presidente, ni mucho menos que se asustaron cuando vieron el tablero que los daba perdedores. Lo que pasó en esta mañana posee una gravedad institucional que supera en mucho a Agustín Rossi, Lilita Carrió o Ricardo Gil Lavedra. Llega hasta varias generaciones futuras de sus propios hijos o nietos. El enojo de un gobierno de turno, cualquiera que sea, con algunos jueces que no fallan según sus intereses no legitima la facultad para cambiar el sistema republicano que cree que el que tiene poder tiende a abusar de él. Y el que lo tiene de manera absoluta, abusa de manera absoluta. Lo que pasó hoy es sepultar una necesaria discusión de reforma del Poder Judicial dinamitada a los gritos y en pocas horas por la obcecación coyuntural de quien no tolera ser contradicho.

Lo que se ha conseguido es eso. Cristalizar el enojo de una gobernante que vino a mejorar la calidad institucional y derribar toda chance de escuchar a las minorías disidentes con un número ajustado que sólo representa a una parte de la sociedad (aunque sea la eventual mayoría de hoy). En pocas horas, si no prospera alguna de las detestadas cautelares, un juez que debe decidir de qué forma somos iguales ante la ley va a ser nombrado y removido (echado, exonerado, desterrado) con la mera voluntad de quien pueda ganar una elección intermedia. Eso no es transparentar. Eso es destruir de manera populista el canal de participación de las minorías.

Los que hoy levantaron la mano sentados en la mayoría, ¿creen que eso dura para siempre? ¿No temen la ley de gravedad que se verifica con el paso del tiempo y puede traer a otros magistrados tan rencorosos como su voto y que en cambio los juzgue a ellos? Y eso, sin contar la trampa final que se coló en el texto de ley que supone que sólo podrán postularse a consejeros de la magistratura los que militan en los frentes políticos ya constituidos sin que puedan armarse para los próximos comicios. Adivinen: ¿qué único frente con ansias de victoria será el que quede legitimado en soledad?

Las mayorías en un cuerpo deliberativo (deliberar es cambiar ideas, pensar, contraponer opciones) se imponen cuando no hay más diálogo posible con las minorías. Pero para eso hay que empezar por dialogar. La “sincericida” serial Diana Conti no pudo haberlo expresado mejor: “Está tan fragmentada la oposición que tendríamos que hablar con todos, uno por uno”. Y claro: ¡de eso se trata un parlamento!

Las minorías, también, deberían honrar esos lugares y demostrar que saben del tema y lo expresas en alternativas, superan con argumentos los insultos de tablón y se ganan con prepotencia de trabajo  y presencia (sentaditos en sus bancas) el lugar de ser respetados.

Cuando se hace ostentación y ejercicio del número formal sin admitir que un debate dure más de 10 días, sin escuchar una sugerencia de cambio o propuestas que puedan hacer más representativa una idea, cuando se rotula como amigos nacionales y populares a los que con obediencia debida no cuestionan y en enemigos oligarcas a los que “osan” pensar en disidencia, se está más del lado de los autoritarios que de la vereda de los demócratas. Aunque la votación salga 130 a 123. De ese modo actuar, yo también #MeQuieroIr.

Los reportajes de Jorge Lanata y Jorge Rial son a la investigación judicial lo que la convocatoria de estas horas a la Plaza de Mayo es a la política argentina. Interpelan, no resuelven. Provocan, no sancionan. Muestran y no permiten el ocultamiento.

La Justicia argentina, en el caso del “lavadodedineroempresarialFariñagate”, ha demostrado ser incompetente. Por miedo o por complicidad. En cualquier caso, espantosamente deficitaria. Dos aspirantes a mediáticos protagonizaron una incalificable saga televisiva de declaraciones y arrepentimiento con aspecto de delincuentes de poca monta y aspiraciones de ser Tony Sopranos. Enseñan los manuales de derecho de primer año de la Facultad que si un agente judicial tiene “noticia criminis”, información de un presunto delito, debe activar la maquinaria de investigación que permite perseguir ese hecho o desestimarlo. Se dejaron pasar 150 horas preciosas desde la “noticia”, se jugó al juego de la incompetencia formal de horas y jueces a cargo y se permitió que la justicia se farandulizara como mera espectadora por TV de las idas y vueltas de reportajes encubiertos o a cámara limpia.

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Mentir en política, ¿importa? Hace exactamente ocho meses, desde esta misma columna nos preguntábamos si ser mendaz en la actividad pública tenía sanción. Doscientos cuarenta días más tarde, idéntica cuestión se abate después del trágico temporal que golpeó la ciudad y la provincia.

Mentir, intendente de La Plata Pablo Bruera, ¿importa?

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