Compañero Kunkel, vaya mi apoyo gorila

Hacía tiempo que no se veía una cachetazo político como el que recibió Carlos Kunkel. Debe haberle dolido más que el que le propinó Graciela Camaño. Ya se sabe: el golpe de un amigo siempre se recibe con sabor a traición amarga. Porque no se espera.

El gobierno nacional, en boca de su ministro Jorge Capitanich, le dio la espalda a uno de los más fieles defensores del kirchnerismo cuando dijo que no es idea de Cristina el reglamentar los piquetes. Traducido al castellano llano, ni Kunkel, ni Diana Conti ni Sandra Mendoza merecen un respaldo de ocasión, como para salvar las apariencias. Raro en un gobierno que es capaz de sostener al multi investigado Amado Boodou o al vice secretario legal y técnico de la nación que no ve injurioso para la república llamar a un juez federal para que detenga un allanamiento en las oficinas de un amigo.

Kunkel pasa a integrar el lote de los seducidos y abandonados integrado, entre otros, por Martín Insaurralde que en medio de la campaña electoral osó pensar que la edad de imputabilidad penal  debía ser revisada. Se ve que el kirchnerismo (¿la política en general?) tiene como norma que la fidelidad siempre cede ante la necesidad. Que el fin justifica los medios, en suma.

El kirchnerismo dijo que no quiere quedar pegado a un proyecto que “criminaliza” el reclamo social con piquetes porque discrimina entre protestas legitimas e ilegítimas, arrogándose así el Estado el derecho a decir cuándo se puede protestar y cuándo no. Semejante achaque es falso. Por ignorancia o, directamente, por mala leche.

Puede haber pasado que el gobierno y sus obsecuentes (de turno) no hayan leído el texto del proyecto. Eso ocurre muy seguido. El diseño de ley jamás discute el origen de la protesta. Nunca califica si una o un grupo de personas puede reclamar por cuestiones laborales, sociales o políticas. La calificación de legítima o ilegítima deviene en el modo de  hacer esa protesta. Si no se preavisa y no se deja una via alternativa de circulación entonces es ilegitima. Es falso que se cuestione el porqué del reclamo. Se trata de reglamentar el cómo de la misma.

¿Está tan mal proponer que si hay una manifestación el resto de los ciudadanos que no participan de ella sepan de antemano que eso va a ocurrir? ¿Es violatorio de la dignidad humana proponer que si hay corte de calles o rutas se garanticen canales de circulación para que el resto pueda transitar? ¿Es demoníaco creer que si nadie avisa, nadie deja pasar, se negocie con un tope de dos horas y luego se use la fuerza pública moderada para liberar algún carril de tránsito? ¿No fue esto lo que pidió la propia presidente cuando inauguró las sesiones en el Congreso hace apenas un mes y medio? ¿No es hora de pensar que cortar una ruta, medida ilegítima y bochornosa siempre,  no tiene el mismo sustrato social hoy que en 2001 o 2002?

Eso dice el proyecto. Hay mucho para mejorar es cierto. Pero criticarlo, desnaturalizarlo, tildarlo de indigno es no haberlo leído. O, peor, tener mala fe para jugar a la demagogia de creerse progre (sobre todo si se es funcionario que viaja más en avión o helicóptero que en auto por las rutas y calles paganas) y anatematizar al que osa pensar que el derecho a la libre circulación debe ser merituado aún cuando haya derecho a la protesta.

Carlos Kunkel no se merece semejante desplante. Y lo dice alguien bastante gorila que no coincide en mucho, en muchísimo, con lo que él sostiene. Creo que sí compartimos con este diputado kirchnerista que ha puesto las manos en el fuego  por este gobierno con obcecación y sin discriminación, que no hay peor ingratitud que la traición de los propios.  De los de enfrente, uno no espera nada. Pero de los mismo palo al menos se les reclama, si no el apoyo, un recatado  silencio y no un ficticio y sobreactuado gesto propio de Brutus.

Si Evita viviera, prohibiría los trapitos

La cosa sería así: resulta que hay muchos trapitos que ilegalmente cobran lo que se les ocurre por cuidarte el auto en los lugares de estacionamiento libre. Repito. Ilegalmente. Estacionamiento libre. Como no se los puede combatir porque el Estado es palmariamente incapaz (¿o cómplice?) de prohibirlos y, además, son personas en situación de exclusión social que, dicen, de no ser trapitos pasarían a otra actividad irregular como ser chorros, pungas o vaya a saberse qué otra cosa, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos los controles y evitamos que el ciudadano que paga todos sus impuestos abone otra contribución (ilegal) más para estacionar en un lugar que debería ser libre si no quiere que le abollen la puerta o le estropeen una óptica del coche? ¡De ninguna manera! ¿A quién se le ocurre que el Estado se ocupe de poner un límite a lo que está mal? Lo que hacemos es incorporar esta actividad irregular a la regularidad y creamos el Registro de Trapitos de la ciudad de Buenos Aires. Más claro, imposible.

El proyecto de las legisladoras peronistas Graciela Alegre y Claudia Neira que acaba de ingresar en el parlamento local es la reproducción de la iniciativa del entonces diputado porteño Juan Cabandié. La idea logró consenso entonces entre los legisladores pero fue vetada por Mauricio Macri. Y ahora se presenta otra vez. Idéntica.

En sus amplios considerandos evalúa que el trapito es una realidad social. Amerita un fuerte “sic”, no me digan. Como tal, como realidad social que parece no se puede cambiar, no hay por qué prohibirla aunque esté fuera de la ley. Permítanme otro redundante pero necesario “sic”. En el proyecto se sostiene que el actual desorden estatal que hace que nadie los controle -mucho menos que les impida su irregular cobro de dinero- supone que hay que reglamentarlos. ¿Cómo? Así: como no pudimos con ellos, creamos un registro, les damos una ubicación fija y les ponemos un horario de trabajo.

¿No era que el lugar en donde ellos cobran para estacionar era de estacionamiento gratuito y libre? Sí, es cierto. ¿No es que no se puede cobrar de prepo por una actividad que es irregular sino ilícita? También. ¿Y entonces? Que para no victimizar a quien cobra fuera de la ley y evitar que se aplique esa misma ley, regularizamos lo irregular, incorporamos a lo legal lo ilegal y listo el pollo. Por lo del pago, argumentan los autores de la iniciativa, se deja sometido a la “libertad de ambas partes” (automovilista y trapito) para que consensúen si se paga o no. Ejemplo: “Buenas noches señor trapito”, dice el conductor de su coche. “Buenas, maestro”, responde el trapito. “Observe usted, señor trapito, que carezco de dinero en este día para darle. ¿Lo incomoda?”, inquiere el conductor. “Para nada, amigo conciudadano. Estacione gratis que yo le miro el auto. Será la próxima. Que cene bien”, se despide el trapito. Super real el diálogo, como todos imaginamos.

¿No sería más lógico impedir que se grave de manera arbitraria al pobre cristiano que deja en la calle su auto en los lugares permitidos (los pocos que quedan, gracias a la reforma de esta gestión) y tratar de generar alguna actividad legal de inclusión social para hombres y mujeres que pasan largas horas a la intemperie con un trapito en la mano? La lógica suele darse de patadas con la demagogia y, sobre todo, esta última gana siempre por dos cabezas.

No se duda de la buena intención de las legisladoras. Tampoco de la irracionalidad de ver que el Estado incompetente para evitar que personas humildes o mafias instaladas al lado de estadios sean reglamentadas so pretexto de que no se puede combatir el delito. No puedo ganarle al delito: más vale me uno a él, parece la consigna. Porque de esto se trata. Como no puedo con los trapitos que son ilegales me uno a ellos regulándolos y dándoles status de legales.

Es llamativo que quien proviene del peronismo imagine para esta problemática cristalizarlos en una actividad hecha a la intemperie, muchas veces bajo el agua y a expensas de la inseguridad callejera. Rara movilidad social esta de crear un registro que los condena a ser siempre trapitos y no los imagina aprendiendo otra actividad más digna, en alguna cooperativa amparada por el Estado con algún oficio menos indigno.

Si Evita viviera, se sorprendería de ver que sus pretendidos herederos piensan para hombre y mujeres en exclusión que mendigan (o patotean, según el caso) unos pesos por cuidar coches que su destino es tener un número de registro, una pechera y futuro para siempre en la calle cuidando autos. En realidad, si Evita viviera, andaría de sorpresa en sorpresa caminando por la realidad del 2014, siendo esta idea de las menos impactantes. Eso también es cierto.

Lo que faltaba: inflación penal

Ahora resulta que el tema es la “inflación penal”. Se ve que entre muchos funcionarios crece un apetito bautismal exótico cuando miran la realidad. Vaya a saberse si no late allí alguna vocación sacerdotal trunca en algunos o un deseo paternal no concretado de elegir nombres a sus descendencias. El caso es que esta furia “nominadora” no pretende combatir el fenómeno que se designa. Apenas enmascararla con adjetivos menos hostiles. 

Ya aprendimos que no hubo devaluación cuando de un saque el peso nacional perdió el 20% de su valor: se trató de un “deslizamiento cambiario”. Tampoco hubo aumento de precios en el momento, por ejemplo, de incrementar las boletas de la luz y el gas: fueron solamente “readecuaciones tarifarias”. El cepo que no deja comprar dólares no es cepo sino “imposibilidad temporaria para atesorar divisas” y ahora la decisión del gobernador Daniel Scioli de cambiar la ley que reprime delitos no es política criminal sino “Inflación penal”.

Si no se tratara de casos esenciales en donde el Estado debería tener prioridad, este fenómeno sería hasta simpático por su variopinta creatividad. Sin embargo, de lo que aquí se habla es de la calidad de vida que nos dispensan los inquilinos del poder como garantes de la tranquilidad física, social y económica de un país organizado y, sobre todo, de la chance de hacer proyectos por parte de los ciudadanos de a pie. Un gobierno que se precie de tal es el que es capaz de abrir el horizonte para pensar en el futuro a largo plazo. No el que juega con las expectativas hasta las próximas elecciones.

Mucho se puede decir de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires ante la carencia de seguridad. Daniel Scioli no puede opinar como un testigo cuando el narcotráfico, la violencia de gran escala o los arrebatos diarios, por sólo mencionar algunos ejemplos, golpean a sus ciudadanos. El gobernador tiene, entonces, dos caminos. O jugar a que un hecho más grave fuera de su jurisdicción (el linchamiento de Rosario, por ejemplo) sea más poderoso en la tapa de los diarios y navegar oculto apelando a la suerte hasta  el 2015 o, opción dos,  tomar decisiones. Proponer ideas. Asumir el riesgo de gobernar incluso con un margen de error.

El anuncio del sábado fue en este último sentido. Declaró la emergencia de seguridad reconociendo explícitamente que la cosa está mal (es de locos, pero se agradece que alguien no intente otra vez tapar el sol con una mano),  lanzó a la calle a policías que patrullen, propuso normas que dificulten las libertades anticipadas de los sospechados con fundamento de delitos y se definió como partidario de controles más severos a la hora de la represión de los crímenes. ¿Llega tarde? No hay dudas. ¿Es lo óptimo? Seguramente no. ¿Cubre con exhaustividad la prevención del delito? Tampoco. Pero al menos empezó por algo.

No coincidieron con este paso desde el kirchnerismo explícito. Así se lo hicieron saber por twitter  el sacerdote Juan Carlos Molina, titular del Sedronar y su propio compañero (sic) de fórmula, el vicegobernador Gabriel Mariotto.  El primero, arengó por la red social: “compren muchos chalecos antibalas pero tripliquen las becas culturales y deportivas”, dijo, sin explicar cómo hace un cristiano con uniforme de policía para repeler los disparos de un delincuente con una beca. Mariotto, por su parte, declaró que no hay que enfrentar la inseguridad “con posiciones de coyuntura que responden a una instalación mediática”. Es verdad que los que trabajamos en los medios deberíamos pensar si no es hora de desenchufarnos del rating minuto a minuto o del contador de visitas de las páginas de Internet creyendo que un punto o miles de lectores pueden mercantilizar nuestro sentido común y profesional como comunicadores. Es cierto esto y propongo humildemente abolir este modo de mediciones en las señales de noticias y en los noticieros. Hay talentos y necesidades que no se someten a comicios, supo decir el enorme Baruch Spinoza. La seguridad no es una décima de audiencia. Debería ser una prioridad y una responsabilidad informativa. Pero de ahí a creer que la muerte del bebé de Carolina Píparo, el linchamiento de Barrio Azcuénaga de Rosario o los miles de crímenes a lo largo y ancho del país son de instalación mediática, hay un tranco largo. El que separa la buena fe con la negación de la realidad.

Por fin, hoy se cuestionó a Scioli en la palabra del inteligente ministro Jorge Capitanich acusando a sus iniciativas como superfluas, emparentándolas con las leyes Blumberg y atribuyéndolas a cuestiones inflacionarias en materia penal. No deja de ser pintoresco que a dos días de los anuncios el gobierno K vea una especie de inflación cuando la de los bolsillos tardó 10 años para modificarla en los risibles índices del INDEC. Sin embargo, la semántica creativa no luce ni siquiera simpática cuando se trata de discutir un fenómeno que le guste a quien le guste tiene preocupada (¿atemorizada?) a la sociedad y reclama algo más que la chicana verbal de un bautismo pretendidamente original. Exige que si no saben prevenir (y los resultados dicen que no saben) al menos sepan sancionar al que está fuera de la ley. Porque en esta, en serio, vamos todos embarrados. Torpedear con verba pirotécnica un intento de modificar las cosas que no están bien es más que la biblia y el calefón. Es desidia inoperante.

Siguen siendo los maestros, estúpido

Hace exactamente una semana usábamos esta columna para enviarle una carta a nuestra maestra de primer grado. Hace siete días le pedíamos disculpas. Quizá fuimos arbitrarios y egoístas. Visto lo sucedido en estas horas debimos haberle reclamado en letanía religiosa perdón en nuestro nombre y en el de los inquilinos del poder que supimos conseguir, ocupados (es metáfora), en solucionar la paritaria docente.

Hoy es el turno de la provincia de Buenos Aires en donde residen casi 6 de cada 10  maestros públicos del país. Pero no es patrimonio de ese distrito o de su  gobernador de turno. La política argentina ha decidido que, de norte a sur, con escasas sutilezas monetarias,  un maestro debe dar clases a los hijos de esta nación por 4700 pesos al mes. Si se quiere ser preciso mirando a la casa de gobierno de La Plata, esa suma recién se verá efectiva en los primeros días del mes de setiembre (por ahora, a conformarse con 4400) en un recibo de sueldo que seguirá cristalizando que el Estado puede pagar la mitad en negro, sin aportes jubilatorios ni a la obra social.

Se dijo hace una semana y se repite: tan mezquina inversión es poner negro sobre blanco la firma del fracaso de uno de los principales sentidos de la política. El de dar educación igualitaria, universal y de nivel a sus habitantes. Para eso sirve el Estado y la política. No para la megalomanía o discursos de perpetuidad tan frágiles como los argumentos que se cacarean en su nombre.

Nadie puede sostener en serio que con esos sueldos habrá modo de encontrar docentes en condiciones de ser los transformadores de las sociedades desiguales capaces de enseñar, dar de comer y contener a los alumnos que viven en uno de los tiempos sociales más violentos y con muchas exclusiones. Exigir el  “sacerdocio del docente”, (reclamo anacrónico para quien no vive de la fe sino del respeto por su vocación) al que cobra un poco más de 4000 pesos por mes es propio de un obtuso o de alguien de mala leche. Aplaudir el presentismo docente sin, por ejemplo, haber abierto la boca en un año de sesiones legislativas o corriendo para abordar el avión que te lleva a Europa en pleno período de trabajo del Congreso es una incitación al insulto.

Dicho todo esto, ratificado el pedido de disculpas a los maestros, se impone una pregunta. Es sólo pregunta y no amenaza tan contradictoria como lanzar una conciliación obligatoria (o se concilia o se acata por obligación). ¿Podemos pedirles a los docentes que revean su decisión de un paro por tiempo indeterminado? ¿Podemos compartir con ellos el deseo de los chicos más humildes de las escuelas públicas a ser iguales que los que pagan educación privada? ¿Podemos barajar el hecho de que la consecuencia de una huelga sin fecha golpea esencial y primeramente al eslabón más débil de la cadena de aprender, es decir a los alumnos? ¿Podemos invitarlos a que, otra vez, piensen ellos y pensemos nosotros (padres, hermanos e hijos integrantes de la tan meneada comunidad educativa) un modo distinto y creativo como la mítica carpa blanca de los 90 a manera de herramienta de defensa de sus pisoteados derechos? ¿Podemos sugerirles que nos ayuden a pensar como lo vienen haciendo desde hace tanto tiempo pero cargándose sobre sus solitarios hombros el derecho a los chicos a estar en clase?

Les ofrecen 4700 pesos y nos preguntamos si podemos sumarles el peso de otra pregunta, de otro pedido, de otro requerimiento. Y con vergüenza, la misma de hace una semana, intento responderme que sí. Puedo. Podemos. Podemos pedirles algo más a los maestros. Podemos pedirles que piensen en un no paro por tiempo indeterminado que deje afuera de las aulas, sentados en el cordón de la vereda, a millones de alumnos. Sin bajar los brazos hoy, acompañados por la mayoría, les pedimos. Porque uno sólo le pide al que respeta, al que admira, al que como en la historia (aquí sí, bíblica) de los talentos más recibió y más cosecha.

Uno espera de un maestro. De los otros, en su mayoría aprendices de la ineficiencia de tantos y tantos años,  ni siquiera aguarda la milagrosa esperanza que nace del cargo de conciencia por este destrato.

Son los maestros, estúpido

La repetida crisis que envuelve la discusión paritaria docente de estos días es la más palmaria muestra del fracaso de la política argentina. Y de su enorme hipocresía. Que a una semana del comienzo del ciclo lectivo el debate siga siendo si un maestro merece 4500 pesos de sueldo provoca vergüenza. Quizá hubiera sido más directo comenzar esta crónica con una carta a nuestra maestra de primer grado. Y cómo no, ahí va, al menos para la mía.

Señorita Diana. No se me ocurre otra cosa que escribirle estas líneas para pedirle disculpas. Sinceramente, perdón. Ojala pueda excusarnos por el modo en que la hemos venido tratando en estos últimos 30 años de su carrera. Por denigrarla públicamente. Por reclamarle que ponga el peso de su “sacerdocio” de enseñante a cambio de un pagano sueldo miserable. Por exigirle que sea una heroína en las aulas y reconocerla como una esclava fuera de ellas.

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Boudou y Kant, cara a cara

“Obra de tal forma que tus actos puedan ser tomados como ley universal”. Ese fue el imperativo categórico que el filosofo alemán Emanuel Kant pensó como base de sus principios morales. Lo que yo haga debe tener chances de ser imitable por el resto de mis congéneres con conciencia y convicción de ser un acto no reprochable.

Desde el “linchamiento mediático” esgrimido por el jefe de gabinete Jorge Capitanich (no queda claro en qué medio trabaja el fiscal Jorge di Lello) hasta la renuncia ipso facto exigida por Elisa Carrió, el abanico de propuestas escuchadas en las últimas 48 horas ante el pedido para que el vicepresidente sea indagado ha sido enorme.

Jurídicamente, ¿Boudou debería renunciar? La respuesta es no. En algo habrá que coincidir con el secretario coordinador cuando en su “Aló ministro” diario reclama la presunción de inocencia. Hasta ahora hay sólo un fiscal que le pide a un juez que se lo llame a indagatoria, o sea, que se le impute formalmente un delito y se le dé la chance de defenderse. Eso es la indagatoria: el acto material de defensa. Se está lejos de un procesamiento y aún más de una eventual condena.

¿Alcanzan los profusos y fundados indicios que se han mostrado desde el periodismo para configurar una acción incompatible con su función pública? Claro que no. En una República las investigaciones y sanciones se desarrollan en los tribunales. ¿Qué deberían ser más expeditivos? Claro. ¿Qué deberían tener el coraje de desarrollarse aún contra funcionarios mientras están en el poder y no cuando han caído en el olvido de sus mandatos? También. Pero siempre en la justicia. De paso: gloria y reconocimiento a Jorge Asís que desde hace años y años relató minuciosamente el caso Ciccone desde su portal de noticias aún en soledad cuando muchos otros creían que la presencia eterna de algunos gobernantes.

Políticamente, ¿debe renunciar? Aquí el análisis es otro y bien distinto. La pregunta hay que hacérsela fundamentalmente a quien propició su llegada a la vicepresidencia. Fue Cristina Kirchner quien lo ungió con su exclusiva mano como su compañero de fórmula exagerando hasta el suspenso la decisión entre él, Daniel Filmus y Carlos Tomada que compartieron la terna de los postulados, también, por ella misma. ¿Le molesta a la primera mandataria este pedido judicial con el primer hombre en la historia constitucional argentina que desempeñando ese cargo puede verse sometido a investigación penal? Linchamiento mediático fue el texto del jefe de gabinete que luce como acuñado en la residencia de Olivos más que en el despacho ministerial.

¿Y qué alternativas tiene Boudou? Tiene la opción de abroquelarse en la formalidad de la ley y ganar tiempo o reflexionar a la luz del filósofo alemán. Aquí, puede plantearse si su actitud puede ser utilizada como ley universal. O, al menos, como ley en la política argentina. ¿Ayuda a mejorar la calidad institucional, emblema programático de la gestión de Cristina Kirchner cuando ganó en su primer turno electoral, que pesen sobre él sospechas fundadas de un ilícito grave en un cargo público? No hay reproche jurídico sobre su inocencia. Al menos, todavía. ¿Pesa en algo el imperativo moral para la política argentina?

Algunos podrán decir que, por sólo citar un ejemplo, Mauricio Macri está procesado (aquí sí con sospecha fundada) por haber cometido un ilícito con las escuchas ilegales y se mantiene en su cargo. También es cierto. Para esto no hace falta recurrir a Kant y alcanza con citar al refranero popular. Mal de muchos sigue siendo aún consuelo de tontos.