Nacen nuevos “Campagnolis”

Los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández han pasado a integrar el triste conjunto de magistrados perseguidos por sus fallos. Son los “nuevos Campagnoli”. Impacta tanto el hostigamiento del que son víctima como la ausencia de difusión masiva de este hecho.

Herrero y Fernández integran la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Cientos de miles de jubilados los conocen (o deberían) porque fueron ellos los que los defendieron en los tribunales aplicando la Constitución, la sana crítica y el más elemental respeto por quien ha trabajado toda la vida y espera una jubilación digna. Son los mismos magistrados que sienten que repugna a la ley que un abuelo cobre la miseria que percibe o que se le niegue un reajuste salarial a pesar de haber aportado años y años para tener un poco más al momento del retiro. Y, lamentablemente, por eso se los quiere destituir.

Hace pocos días, con el voto de los representantes del Poder ejecutivo nacional y de los consejeros oficialistas se aconsejó abrir un jury de enjuiciamiento contra ellos.  Ellos son Ada Iturrez, Carlos Moreno, Manuel Urriza, Enrique “Wado” De Pedro y el vice ministro de Justicia, Julián Alvarez. Se opusieron Ricardo Recondo, Mario Cimadevilla, Alejandro Fargosi y Mario Fera.

Hay que leer las 21 fojas del dictamen acusatorio. Hay que hacerlo porque pocas veces  la arbitrariedad se expresó tan palmaria en negro sobre blanco. Es cierto que es tedioso y por momentos abstruso. Es que cuando se pretende consumar la injusticia, la oscuridad del lenguaje suele ser un buen taparrabos.

Para resumirlo, se imputan a Herrero y a Fernández defectos de forma en sus procederes. Nunca, pero nunca, se les imputa haber contravenido la ley de fondo o haber fallado inconstitucionalmente. En las causas base de la acusación (Aguiar y Camoerchioli) el representante de la Anses (la misma institución que desoye con deliberación y alevosía los fallos de la justicia que ordenan aumentarle a los jubilados que ganaron eternos procesos)  cree que los magistrados no respetaron el orden de votación en distintos fallos, omitieron considerar el voto en disidencia de su compañera de sala, no se excusaron ante supuestos casos de amistad con una de las partes y, ¡tremenda arbitrariedad!, osaron hablar con los medios del estado del fuero previsional. La Anses incumplidora en la sustancia de la justicia previsional se ofende por las formas. Los patos que le tiran a la escopeta.

Es impactante la posición  de la tercera integrante de la sala de la seguridad social, la Doctora Nora Cármen Dorado, que aparece como “agraviada” ante el proceder de sus colegas. No esperen encontrar los que se enfrenten a este expediente argumentos de derecho. Si lo leen, hallarán una especie de pelea de conventillo (con todo respeto por esas queridas viviendas populares) en donde un magistrada de la Nación cree que sus compañeros no la consideran, precluyen sus argumentos o, como decíamos en quinto grado, “le hacen el vacío”. ¿Opina la doctora Dorado que un jubilado que aportó años y años merece ganar 2800 pesos por tener la condena de ser un aportante autónomo? ¿Se siente agraviada la jueza porque la Corte ordena en casos como “Badaro” recomponer los haberes jubilatorios? De ninguna manera. La doctora Dorado se enoja porque los jueces que sí se ocupan del fondo de la cuestión omiten supuestas formas trascendentales como no pensar como ella y, encima, no considerarla la mejor compañera de la clase. Un ejemplo de compromiso con la justicia, sin dudas.

Ahora será el Consejo de la Magistratura en pleno el que deba decidir si dos jueces deben ser apartados de sus estrados por pensar distinto al poder y fundamentarlo de acuerdo a la Constitución. Deberán levantar la mano (como no lo hicieron ante jueces como Norberto Oyarbide) para expulsar a magistrados que contradijeron al Poder Ejecutivo de la Nación, que se cree el dueño de los aportes de trabajadores y jubilados y no se reconoce apenas como su administrador. Deberán, en suma, decidir si Campagnoli está sólo en el equipo de los echados fuera de la ley por ser honestos y por estar convencidos de que las normas  no son un escollo para los caprichos del que gobierna sino la base elemental del juego republicano.

Todos los estaremos mirando cuando alcen sus manitas.

Schoklender, un graffiti y varios ñoquis

¿Por qué es progre estatizar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y no lo es reconocer que, si eso se concreta, pagaremos con nuestros impuestos la mala administración de Hebe de Bonafini y Sergio Shocklender?

¿Por qué está bien reclamar concursos de antecedentes y oposición para los empleados de la Justicia y no para el Parlamento?

¿Por qué se pone tanta firmeza para demandar al que pinta un graffiti en un tren nuevo y no se mueve ni un dedo para exigir que se devuelvan los miles de millones robados en la devastación ferroviaria de nuestro país?

Son apenas tres preguntas que intentan plantear el doble estándar en el análisis de la política argentina. Pero el cuestionario podría reproducirse por cien. Y no sólo vale para el gobierno de turno sino para buena parte de la clase dirigente argentina.

Mañana, salvo que no funcione la obediencia debida del bloque del FPV y sus aliados, los senadores nacionales levantarán la mano para hacer pasar al estado la Universidad fundada por Hebe de Bonafini y su asociación de Madres de Plaza de Mayo. Doble paradoja. Primero, esa universidad nació para pensar un programa de estudios que discutiese los “lineamientos hegemónicos de la universidad existentes”, según dijo su fundadora en un acto que recuerdo personalmente. No querían ser parte del Estado. No deseaban depender del “capricho estatal” en el diseño de las currículas. Y ahora aceptan (piden, es la verdad) pasar a ser tutelados por  ese mismo aparato hegemónico que dijeron combatir.

Además, si los legisladores obedientes del capricho presidencial así lo consagran, transferiremos al bolsillo de los contribuyentes unos 200 millones de pesos de pasivos fruto de la pésima e irregular administración que pasó por manos de la misma Bonafini, su entonces ahijado Sergio Shoklender y tantos más. ¿Por qué? ¿Estatizar pasivos no era una práctica de los 90? Parece que no.

Hijos y entenados: Como lo cuenta hoy Laura Serra en La Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, firmó una resolución que incorpora a una docena de jóvenes a la planta permanente de la Secretaria Parlamentaria del cuerpo. Percibirán, también fruto de nuestros impuestos, un promedio de 22 mil pesos por mes con estabilidad de por vida. ¿Rindieron examen para demostrar aptitudes? No. ¿Tienen una larga trayectoria en la administración? Apenas dos años en su puesto. Sí se identifican con la organización la Cámpora. Nadie duda que la juventud se ha volcado masivamente a la política en esta década y que la Cámpora es una expresión de ello. Apenas una expresión. No la única. Pero da la impresión que sí tiene el monopolio de la llegada a los cargos públicos. Cristina Fernández lanzó  el año pasado, casi con furia, su deseo de transparentar la Justicia exigiendo por ley concursos para quienes aspiren a entrar a la Justicia. Buena idea. ¿Propondrá lo mismo para la Cámara manejada por su correligionario Domínguez? Si somos todos iguales ante la ley, trabajar en la Legislatura, en la Justicia o en el Poder Ejecutivo en cargos de carrera exige un examen de antecedentes y oposición.

El infierno graffitero: Por fin, el enojo del ministro Florencio Randazzo con los “graffiteros” que ensuciaron los vagones del Sarmiento se entiende. En nuestro país  nos hemos educado en el convencimiento que la cosa púbica no es de todos sino de nadie. Si algo es público no tiene dueño y nadie vela para cuidarlo. Así nos va. No está bien pintar vagones nuevos. Ni aún ante los ojos de los mismos que suelen viajar a Nueva York y saludan la creatividad de los artistas callejeros que dibujan los vagones de los subtes. De ahí a creer que el mal del sistema ferroviario argentino provenga de los graffitis hay un trecho inmenso. Si se va a demandar civilmente a los padres de los chicos pintores de prepo, sería bueno proponer iniciar demandas contra Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Carlos Menem (ramal que para, ramal que cierra) y pedirles a los padres tutores y encargados de tantos otros más que hirieron casi de muerte a un sistema nacional de transporte que hoy se intenta recuperar. ¿No?

La hipocresía no es más que un doble discurso acomodaticio para encubrir un deseo autoritario de hacer lo que nos parece según la época en la que tenemos poder. Eso supo decir un pensador de estas pampas. Y no pifió mucho.

Soy inocente, no quiero ir preso

La historia es más o menos así. El 1º de mayo, tipo 6 de la tarde,  fui a trabajar. El sacerdocio del periodismo y los medios que nunca descansan, pero ese es otro tema. Feriado nacional. Jueves puente  hacia un viernes 2 de mayo de descanso obligatorio. Nadie en la ciudad. A no ser los que seguían de caravana en fiesta ininterrumpida desde la noche anterior en Palermo Hollywood, territorio de mayor consumo de alcohol por metro cuadrado.

La escena se desarrolla en Humboldt casi Gorriti. Estaciono y ropero de cuatro puertas, dos metros de alto y ancho, con ciertas apariencias humanas (dice ciertas), se me acerca y me dice: “Son 40 pesitos, maestro”. Un trapito, con perdón de la ironía del diminutivo. Humboldt es de estacionamiento libre siempre. El 1º de mayo feriado, sin ninguna restricción para el estacionamiento en recuerdo de los mártires de Chicago. El ropero, con quien no daba discutir el homenaje a los precursores de las 8 horas laborales, tenía la amenaza grabada en su frente del tipo “si te pongo una mano encima es la última vez que ves esa calle y disfrutás del día no laborable”.  “Te agradezco”, le dije al hombre sin que él supiera que mi gratitud nacía de no haber sido sacudido ipso facto y no de la declinación de su amable pedido de 4 billetes con el Monumento a la bandera en el reverso. “Entonces deme 30 y arreglamos”, negoció.

Ya se contó en esta columna que dos legisladoras porteñas del Frente Para la Victoria proponen reglamentar al ropero, es decir, a los señores trapitos, que cobran ilegalmente por estacionar en un espacio libre.  Una de ellas, Claudia Neira, explicó en InfobaeTV que la idea es que “se pueda convenir con libertad” (sic) entre el automovilista y el señor ropero el monto, condiciones y disponibilidad de contribución hacia el trapito. Absolutamente factible, entendí en carne propia el 1º de mayo pasado.

Llegué  a mi trabajo y twitié, arrobando a Claudia Neira, sobre lo ocurrido. Inesperadamente ella me contestó preguntándome si había hecho la denuncia policial. Le respondí que justo en ese momento se me daba por ir a trabajar (¡también yo!) y que no me daban los tiempos. Que esperaba que ella como legisladora representante de los porteños, se ocupara del tema.

Y se ocupó, cómo no. Gracias  Claudia, “besis”, aprovecho para decirle. Ayer me enteré de que la Fiscalía general de la ciudad de Buenos Aires, instada por Neira,  me citará a declarar como víctima de los ilegales trapitos para que denuncie que fui apretado y que cuente lo que ya conté, como han hecho miles y miles de mortales que nos negamos a ser coaccionados por personas que invocan la necesidad para seguirnos metiendo la mano en el bolsillo ante la inacción de representantes del pueblo como Neira que se les ocurre cristalizar con un registro de cuidacoches esa misma situación indigna de exclusión a costa de 40 mangos de tu bolsillo. La Fiscalía no tiene más remedio. La legisladora notificó una contravención. Marche Novaresio a declarar. 

¿Podría Neira haberse constituido en el lugar (o en los estadios, lugares de recitales, calles de toda la ciudad, etc) y comprobar que no hay chance de pactar libremente con patoteros (la mayoría)? ¿Podría ella pensar que su ley es carente  de base real? ¿Podría suponer que no es justo para quien está en la calle que se piense en registrarlos para que sigan en la calle? ¿Tendría ella que imaginar que lo que hay que hacer es ser creativo y darles una chance en serio de superación, inclusión y evitar que lo irregular gane y, por ende, se regularice en base a la ley del más fuerte? Podría. En cambio, burocratizó la cosa y me mandó a mí (hoy soy yo, mañana sos vos, manso lector) a declarar a la fiscalía para que, como víctima (¡víctima de otra burocracia más!) declare lo que todos sabemos. Que hay trapitos. Que cobran en contravención con la ley. Que te aprietan si no pagás o te abollan el auto. En suma, que voy a declarar que el sentido común ha muerto. Al menos en uno de los representantes populares que cree que la demagogia es progresista.

¿Cómo me fue al final con el ropero? No pagué  y cundo volví me dijo. “Te salvás porque laburas en la tele. Pero que Pamela David me manda un saludito mañana”.  Todavía no hablé con Pamela. Pero seguro que ella me va a entender. ¿No?

Compañero Kunkel, vaya mi apoyo gorila

Hacía tiempo que no se veía una cachetazo político como el que recibió Carlos Kunkel. Debe haberle dolido más que el que le propinó Graciela Camaño. Ya se sabe: el golpe de un amigo siempre se recibe con sabor a traición amarga. Porque no se espera.

El gobierno nacional, en boca de su ministro Jorge Capitanich, le dio la espalda a uno de los más fieles defensores del kirchnerismo cuando dijo que no es idea de Cristina el reglamentar los piquetes. Traducido al castellano llano, ni Kunkel, ni Diana Conti ni Sandra Mendoza merecen un respaldo de ocasión, como para salvar las apariencias. Raro en un gobierno que es capaz de sostener al multi investigado Amado Boodou o al vice secretario legal y técnico de la nación que no ve injurioso para la república llamar a un juez federal para que detenga un allanamiento en las oficinas de un amigo.

Kunkel pasa a integrar el lote de los seducidos y abandonados integrado, entre otros, por Martín Insaurralde que en medio de la campaña electoral osó pensar que la edad de imputabilidad penal  debía ser revisada. Se ve que el kirchnerismo (¿la política en general?) tiene como norma que la fidelidad siempre cede ante la necesidad. Que el fin justifica los medios, en suma.

El kirchnerismo dijo que no quiere quedar pegado a un proyecto que “criminaliza” el reclamo social con piquetes porque discrimina entre protestas legitimas e ilegítimas, arrogándose así el Estado el derecho a decir cuándo se puede protestar y cuándo no. Semejante achaque es falso. Por ignorancia o, directamente, por mala leche.

Puede haber pasado que el gobierno y sus obsecuentes (de turno) no hayan leído el texto del proyecto. Eso ocurre muy seguido. El diseño de ley jamás discute el origen de la protesta. Nunca califica si una o un grupo de personas puede reclamar por cuestiones laborales, sociales o políticas. La calificación de legítima o ilegítima deviene en el modo de  hacer esa protesta. Si no se preavisa y no se deja una via alternativa de circulación entonces es ilegitima. Es falso que se cuestione el porqué del reclamo. Se trata de reglamentar el cómo de la misma.

¿Está tan mal proponer que si hay una manifestación el resto de los ciudadanos que no participan de ella sepan de antemano que eso va a ocurrir? ¿Es violatorio de la dignidad humana proponer que si hay corte de calles o rutas se garanticen canales de circulación para que el resto pueda transitar? ¿Es demoníaco creer que si nadie avisa, nadie deja pasar, se negocie con un tope de dos horas y luego se use la fuerza pública moderada para liberar algún carril de tránsito? ¿No fue esto lo que pidió la propia presidente cuando inauguró las sesiones en el Congreso hace apenas un mes y medio? ¿No es hora de pensar que cortar una ruta, medida ilegítima y bochornosa siempre,  no tiene el mismo sustrato social hoy que en 2001 o 2002?

Eso dice el proyecto. Hay mucho para mejorar es cierto. Pero criticarlo, desnaturalizarlo, tildarlo de indigno es no haberlo leído. O, peor, tener mala fe para jugar a la demagogia de creerse progre (sobre todo si se es funcionario que viaja más en avión o helicóptero que en auto por las rutas y calles paganas) y anatematizar al que osa pensar que el derecho a la libre circulación debe ser merituado aún cuando haya derecho a la protesta.

Carlos Kunkel no se merece semejante desplante. Y lo dice alguien bastante gorila que no coincide en mucho, en muchísimo, con lo que él sostiene. Creo que sí compartimos con este diputado kirchnerista que ha puesto las manos en el fuego  por este gobierno con obcecación y sin discriminación, que no hay peor ingratitud que la traición de los propios.  De los de enfrente, uno no espera nada. Pero de los mismo palo al menos se les reclama, si no el apoyo, un recatado  silencio y no un ficticio y sobreactuado gesto propio de Brutus.

Si Evita viviera, prohibiría los trapitos

La cosa sería así: resulta que hay muchos trapitos que ilegalmente cobran lo que se les ocurre por cuidarte el auto en los lugares de estacionamiento libre. Repito. Ilegalmente. Estacionamiento libre. Como no se los puede combatir porque el Estado es palmariamente incapaz (¿o cómplice?) de prohibirlos y, además, son personas en situación de exclusión social que, dicen, de no ser trapitos pasarían a otra actividad irregular como ser chorros, pungas o vaya a saberse qué otra cosa, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos los controles y evitamos que el ciudadano que paga todos sus impuestos abone otra contribución (ilegal) más para estacionar en un lugar que debería ser libre si no quiere que le abollen la puerta o le estropeen una óptica del coche? ¡De ninguna manera! ¿A quién se le ocurre que el Estado se ocupe de poner un límite a lo que está mal? Lo que hacemos es incorporar esta actividad irregular a la regularidad y creamos el Registro de Trapitos de la ciudad de Buenos Aires. Más claro, imposible.

El proyecto de las legisladoras peronistas Graciela Alegre y Claudia Neira que acaba de ingresar en el parlamento local es la reproducción de la iniciativa del entonces diputado porteño Juan Cabandié. La idea logró consenso entonces entre los legisladores pero fue vetada por Mauricio Macri. Y ahora se presenta otra vez. Idéntica.

En sus amplios considerandos evalúa que el trapito es una realidad social. Amerita un fuerte “sic”, no me digan. Como tal, como realidad social que parece no se puede cambiar, no hay por qué prohibirla aunque esté fuera de la ley. Permítanme otro redundante pero necesario “sic”. En el proyecto se sostiene que el actual desorden estatal que hace que nadie los controle -mucho menos que les impida su irregular cobro de dinero- supone que hay que reglamentarlos. ¿Cómo? Así: como no pudimos con ellos, creamos un registro, les damos una ubicación fija y les ponemos un horario de trabajo.

¿No era que el lugar en donde ellos cobran para estacionar era de estacionamiento gratuito y libre? Sí, es cierto. ¿No es que no se puede cobrar de prepo por una actividad que es irregular sino ilícita? También. ¿Y entonces? Que para no victimizar a quien cobra fuera de la ley y evitar que se aplique esa misma ley, regularizamos lo irregular, incorporamos a lo legal lo ilegal y listo el pollo. Por lo del pago, argumentan los autores de la iniciativa, se deja sometido a la “libertad de ambas partes” (automovilista y trapito) para que consensúen si se paga o no. Ejemplo: “Buenas noches señor trapito”, dice el conductor de su coche. “Buenas, maestro”, responde el trapito. “Observe usted, señor trapito, que carezco de dinero en este día para darle. ¿Lo incomoda?”, inquiere el conductor. “Para nada, amigo conciudadano. Estacione gratis que yo le miro el auto. Será la próxima. Que cene bien”, se despide el trapito. Super real el diálogo, como todos imaginamos.

¿No sería más lógico impedir que se grave de manera arbitraria al pobre cristiano que deja en la calle su auto en los lugares permitidos (los pocos que quedan, gracias a la reforma de esta gestión) y tratar de generar alguna actividad legal de inclusión social para hombres y mujeres que pasan largas horas a la intemperie con un trapito en la mano? La lógica suele darse de patadas con la demagogia y, sobre todo, esta última gana siempre por dos cabezas.

No se duda de la buena intención de las legisladoras. Tampoco de la irracionalidad de ver que el Estado incompetente para evitar que personas humildes o mafias instaladas al lado de estadios sean reglamentadas so pretexto de que no se puede combatir el delito. No puedo ganarle al delito: más vale me uno a él, parece la consigna. Porque de esto se trata. Como no puedo con los trapitos que son ilegales me uno a ellos regulándolos y dándoles status de legales.

Es llamativo que quien proviene del peronismo imagine para esta problemática cristalizarlos en una actividad hecha a la intemperie, muchas veces bajo el agua y a expensas de la inseguridad callejera. Rara movilidad social esta de crear un registro que los condena a ser siempre trapitos y no los imagina aprendiendo otra actividad más digna, en alguna cooperativa amparada por el Estado con algún oficio menos indigno.

Si Evita viviera, se sorprendería de ver que sus pretendidos herederos piensan para hombre y mujeres en exclusión que mendigan (o patotean, según el caso) unos pesos por cuidar coches que su destino es tener un número de registro, una pechera y futuro para siempre en la calle cuidando autos. En realidad, si Evita viviera, andaría de sorpresa en sorpresa caminando por la realidad del 2014, siendo esta idea de las menos impactantes. Eso también es cierto.

Lo que faltaba: inflación penal

Ahora resulta que el tema es la “inflación penal”. Se ve que entre muchos funcionarios crece un apetito bautismal exótico cuando miran la realidad. Vaya a saberse si no late allí alguna vocación sacerdotal trunca en algunos o un deseo paternal no concretado de elegir nombres a sus descendencias. El caso es que esta furia “nominadora” no pretende combatir el fenómeno que se designa. Apenas enmascararla con adjetivos menos hostiles. 

Ya aprendimos que no hubo devaluación cuando de un saque el peso nacional perdió el 20% de su valor: se trató de un “deslizamiento cambiario”. Tampoco hubo aumento de precios en el momento, por ejemplo, de incrementar las boletas de la luz y el gas: fueron solamente “readecuaciones tarifarias”. El cepo que no deja comprar dólares no es cepo sino “imposibilidad temporaria para atesorar divisas” y ahora la decisión del gobernador Daniel Scioli de cambiar la ley que reprime delitos no es política criminal sino “Inflación penal”.

Si no se tratara de casos esenciales en donde el Estado debería tener prioridad, este fenómeno sería hasta simpático por su variopinta creatividad. Sin embargo, de lo que aquí se habla es de la calidad de vida que nos dispensan los inquilinos del poder como garantes de la tranquilidad física, social y económica de un país organizado y, sobre todo, de la chance de hacer proyectos por parte de los ciudadanos de a pie. Un gobierno que se precie de tal es el que es capaz de abrir el horizonte para pensar en el futuro a largo plazo. No el que juega con las expectativas hasta las próximas elecciones.

Mucho se puede decir de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires ante la carencia de seguridad. Daniel Scioli no puede opinar como un testigo cuando el narcotráfico, la violencia de gran escala o los arrebatos diarios, por sólo mencionar algunos ejemplos, golpean a sus ciudadanos. El gobernador tiene, entonces, dos caminos. O jugar a que un hecho más grave fuera de su jurisdicción (el linchamiento de Rosario, por ejemplo) sea más poderoso en la tapa de los diarios y navegar oculto apelando a la suerte hasta  el 2015 o, opción dos,  tomar decisiones. Proponer ideas. Asumir el riesgo de gobernar incluso con un margen de error.

El anuncio del sábado fue en este último sentido. Declaró la emergencia de seguridad reconociendo explícitamente que la cosa está mal (es de locos, pero se agradece que alguien no intente otra vez tapar el sol con una mano),  lanzó a la calle a policías que patrullen, propuso normas que dificulten las libertades anticipadas de los sospechados con fundamento de delitos y se definió como partidario de controles más severos a la hora de la represión de los crímenes. ¿Llega tarde? No hay dudas. ¿Es lo óptimo? Seguramente no. ¿Cubre con exhaustividad la prevención del delito? Tampoco. Pero al menos empezó por algo.

No coincidieron con este paso desde el kirchnerismo explícito. Así se lo hicieron saber por twitter  el sacerdote Juan Carlos Molina, titular del Sedronar y su propio compañero (sic) de fórmula, el vicegobernador Gabriel Mariotto.  El primero, arengó por la red social: “compren muchos chalecos antibalas pero tripliquen las becas culturales y deportivas”, dijo, sin explicar cómo hace un cristiano con uniforme de policía para repeler los disparos de un delincuente con una beca. Mariotto, por su parte, declaró que no hay que enfrentar la inseguridad “con posiciones de coyuntura que responden a una instalación mediática”. Es verdad que los que trabajamos en los medios deberíamos pensar si no es hora de desenchufarnos del rating minuto a minuto o del contador de visitas de las páginas de Internet creyendo que un punto o miles de lectores pueden mercantilizar nuestro sentido común y profesional como comunicadores. Es cierto esto y propongo humildemente abolir este modo de mediciones en las señales de noticias y en los noticieros. Hay talentos y necesidades que no se someten a comicios, supo decir el enorme Baruch Spinoza. La seguridad no es una décima de audiencia. Debería ser una prioridad y una responsabilidad informativa. Pero de ahí a creer que la muerte del bebé de Carolina Píparo, el linchamiento de Barrio Azcuénaga de Rosario o los miles de crímenes a lo largo y ancho del país son de instalación mediática, hay un tranco largo. El que separa la buena fe con la negación de la realidad.

Por fin, hoy se cuestionó a Scioli en la palabra del inteligente ministro Jorge Capitanich acusando a sus iniciativas como superfluas, emparentándolas con las leyes Blumberg y atribuyéndolas a cuestiones inflacionarias en materia penal. No deja de ser pintoresco que a dos días de los anuncios el gobierno K vea una especie de inflación cuando la de los bolsillos tardó 10 años para modificarla en los risibles índices del INDEC. Sin embargo, la semántica creativa no luce ni siquiera simpática cuando se trata de discutir un fenómeno que le guste a quien le guste tiene preocupada (¿atemorizada?) a la sociedad y reclama algo más que la chicana verbal de un bautismo pretendidamente original. Exige que si no saben prevenir (y los resultados dicen que no saben) al menos sepan sancionar al que está fuera de la ley. Porque en esta, en serio, vamos todos embarrados. Torpedear con verba pirotécnica un intento de modificar las cosas que no están bien es más que la biblia y el calefón. Es desidia inoperante.