Clausuremos los “tenedores libres”

Ahora resulta que el Estado va a decidir cuántas copas de alcohol puedo yo tomar en un boliche. ¡Vamos bien! No descartemos que en las próximas horas se dedique a controlar la cantidad de achuras que ingiero en un tenedor libre (yo casi propongo que los prohíban en honor al colesterol bueno) o, por qué no, el número de horas de sueño que le dedico en días laborables. Y todo con la excusa de que los gobernantes se preocupan por nosotros. Demagogia “facha”. La nueva categoría que enmascara la intromisión del estado en la vida de los ciudadanos. 

Los buenos y bien intencionados legisladores del PRO Cristian Ritondo y Roberto Quattromano propusieron que en la ciudad de Buenos Aires se legisle prohibiendo las fiestas de “canilla libre”. Lo cuenta en una nota de Infobae Leo Tagliabue explicando las fundamentos. De aprobarse la iniciativa habrá fuertes multas y clausuras a los dueños de locales porque “procuramos evitar que los jóvenes caigan en la trampa de los especuladores que aplican estrategias de promoción y captación de clientes con promociones que apuntan al consumo abusivo de alcohol”, dicen los diputados. Además, agregan que la modalidad de la “canilla libre”  busca “darle forma de prácticas y valores positivos a la cultura del descontrol”. El descontrol, se aclara, es tomar mucho alcohol. No refiere a la ausencia de control de parte del Estado ineficiente al que se le escapa una tortuga como si fuera una liebre. Ejemplos de esto, abundan.

¿Hay alguna duda que existe un problema social ante la combinación de alcohol y manejo de automóviles? ¿Alguien pone en tela de juicio que la violencia entre nosotros se potencia con el consumo desmedido de alcohol y drogas legalizado de hecho ante la ausencia de controles? Claro que no. El problema se plantea cuando la solución a esta preocupación nace por entrometerse en la vida privada jugando al “papá Estado” y no en mejorar, aumentar y sofisticar los controles públicos sobre los excesos de algo que debería quedar en aquella esfera privada.

Al Estado no le incumbe saber si yo tomo demasiado alcohol o, todavía, si decido evadirme consumiendo drogas. Debe advertirme de modo eficiente y profuso de lo pernicioso y riesgoso para mi vida si hago eso. Pero si yo asumo esa actividad aún a costa de mi vida, los funcionarios no tienen derecho a regular mis decisiones tan íntimas. Salvo que como consecuencia de este accionar yo provoque perjuicios a terceros. Entonces sí el Estado debe aparecer. Si manejo borracho deberá impedirlo con controles de alcoholemia y, en lo posible, sancionarme de por vida ante un accidente grave. Si perturbo a terceros con alcohol o lo que sea, debe hacer cesar la molestia sobre mi congénere sofisticando los controles de inspección, prevención y finalmente represión de mi conducta pública. Pero meterse a decidir de antemano cuántas copas puedo tomar en un boliche es, aparte de ingenuo (por ser suaves), autoritario. ¿Creen en serio Ritondo y Quattromano que la gestión municipal que, por ejemplo,  no puede evitar la superpoblación en boliches habilitados para 200 y saturadas por 2000, que no es capaz de no permitir que caigan obreros de construcciones indecentes, van a poder contar los vasos de champagne que cada uno toma en los boliches porteños? ¿Pretenden constituirse en policías de los barman, contadores de despacho de tragos? Suena, por ser benévolos, ridículo.

El Estado no está para hacernos “buenas personas con hábitos recatados” (ruego se resalte a la enésima potencia el uso de comillas). Al menos, los Estados democráticos. Todas las expresiones del autoritarismo en la historia de la humanidad comenzaron por invadir los derechos individuales bajo el pretexto de mejorar la calidad ciudadana en busca de hombres y mujeres probos que fueran “ejemplo” para la sociedad. Pura expresión del fascismo que se sabe cómo terminó. No creo que estos dos legisladores actúen así con deliberación. Quizá con desconocimiento grave del tema.

La ciudad de Buenos Aires (y vale para todos) debería ser competente para detectar que si un borracho se sube a un auto sea detenido ipso facto y sancionado de manera ejemplar. Debería poder controlar que los mismos bolicheros que son clausurados acá por repetidos incumplimientos de seguridad, salubridad y demás no abran más allá  otros comercios tan irregulares hasta la próxima clausura. Debería dejarse de embromar con ideas retorcidas y empezar a hacer lo que tiene que hacer: cumplir con los controles existentes que, en muchos casos, brillan por su ausencia causando daños muchos veces irreparables.

Marcelo Tinelli: todos a sus pies

Pareció espontáneo. El conductor de Showmatch llamó por teléfono a la Presidente de la Nación, al gobernador de Buenos Aires, al jefe de Gobierno porteño y al líder de la oposición con la excusa del matrimonio de un diputado con una conocida artista.

Tinelli volvió a demostrar anoche que tiene casi todo el poder. Entendido aquí al poder como la facultad de someter a los elegidos para ejercerlo. Y Marcelo sabe usarlo cuando quiere. Para eso, atropelló con su incomparable carisma como conductor de televisión viendo que había un enorme campo fértil de superficialidad política. En el giro de media hora de show, concitó la atención de altísimos funcionarios en actividad que, de ser llamados en sus foros naturales de actuación, no serían reunidos en menos de un año. Ganó MarceloPerdió la política en serio. Y por goleada.

¿Cambia la vida institucional porque un diputado cuente los detalles (casi todos, en capítulos y con la escenografía de su imitador que lo pinta rústico y superficial) de su matrimonio en un programa de entretenimientos? ¿Estamos en default o salimos de él porque un gobernador, un jefe de la ciudad más importante del país y un jefe de la oposición estén pegados al teléfono -no hay metáfora- para esperar el llamado del padre del show business que puede hacer bailar, por ejemplo, a una enana con una ex estrella del Colón o a una vedette con problemas de sujeto, verbo y predicado? Probablemente no. Casi con seguridad, no.

Sin embargo, la ostentación de la frivolidad sin freno es todo una muestra del desprecio por la función pública. Y anoche, como en los 90, la pizza con champagne pareció servida otra vez en la mesa de los políticos. No hay achaque que pueda hacérsele a este animador. Todo lo contrario. Él trabaja de ser popular, convocante y exitoso. Y lo consigue. En este caso, un conjunto de políticos se rindió (¿con sumisión pasmosa?) a su ejercicio profesional. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta.

¿Qué le suma a Martín Insaurralde coquetear en cámaras con su bella novia Jésica Cirio? ¿Qué la aporta al siempre mesurado para adjetivar o sustantivar sus dichos Daniel Scioli atender el llamado de Marcelo? ¿Y al casi siempre esquivo a los medios que preguntan y repreguntan Mauricio Macri? ¿Y al jefe de la oposición -según las encuestas- Sergio Massa- que insiste en “ser distinto y previsible?  La respuesta obvia parece ser notoriedad.  “Grado de conocimiento” dicen los encuestadores.  Parece que a Insaurralde eso le viene bien, pensando que al “gran público” aún le cuesta unir su nombre con su rostro. Alto costo el de exhibir tanta intimidad en un hombre que supo ser digno e hidalgo para jamás usar polìticamente una dura enfermedad que por suerte ha superado. ¿Algo más? ¿Respeto por su función? ¿Abordaje de los temas para los que fueron elegidos? Nada.

Anoche, mientras Macri, Scioli y Massa atendían el teléfono para ser consultados sobre la fiesta de boda del ex intendente de Lomas de Zamora, el paro docente más largo de la provincia de Buenos Aires seguía en pie, en la Capital continúan sin esclarecerse los crímenes de ciclistas en pleno Belgrano y los saqueos post mundial en el Obelisco y el cambio discursivo de los que ganaron en las elecciones pasadas se mantiene como una expresión dialéctica. Por sólo mencionar algunos ejemplos. La alegría no es una tara del espíritu. Todo lo contrario. Es un don de hombres y mujeres. Y está bueno hacerla pública. Niestzche dudaba con razón de los prolijos y acartonados. Pero despuntarla desde el cargo  funcionarios en un país que timbea día a día  el derecho a la vida por la inseguridad, al futuro por la inestabilidad económica y el derecho a ser dignos por la insatisfacción de necesidades básicas de muchos, luce como una innecesaria frivolidad. Casi un gesto cholulo de responderle a Marcelo que, de no conocerlo, pudo parecer como el bastonero sádico capaz de rendir ante sus pies del entretenimiento a cuatro de los más “poderosos” de al escena pública. “Carlos lo hizo”, señores. Ya lo vimos. Y, sobre todo, sabemos cómo nos fue.

Fue atinada e inteligente la ausencia de la Presidente de la Nación, que rechazó la invitación telefónica desde su quinta de Olivos. “La señora acaba de llegar y está cenando con su familia”, dijo el edecán de turno. Traducido: “No es momento, Marcelo. Me pagan para que trabaje de Presidente en un país con un par de problemas. En mis ratos libres, por decoro con lo que pasa,  prefiero estar con mis hijos en cambio de jugar a pensar en el trencito carioca, las ligas y la torta con el anillo de una boda que está por venir”.  Porque haya sido pensado o porque haya decantado espontáneamente, fue todo un mensaje.

El interrogante final es saber si en los espectadores, en el electorado, comer una de fainá con Dom Perignon sigue siendo un menú aceptado o quedó enterrado como una vieja historia nuestra. Este cronista, no lo sabe.  Sí está seguro que, en conciencia y cualquiera sea la respuesta, el fin no justifica los medios.

Nacen nuevos “Campagnolis”

Los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández han pasado a integrar el triste conjunto de magistrados perseguidos por sus fallos. Son los “nuevos Campagnoli”. Impacta tanto el hostigamiento del que son víctima como la ausencia de difusión masiva de este hecho.

Herrero y Fernández integran la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Cientos de miles de jubilados los conocen (o deberían) porque fueron ellos los que los defendieron en los tribunales aplicando la Constitución, la sana crítica y el más elemental respeto por quien ha trabajado toda la vida y espera una jubilación digna. Son los mismos magistrados que sienten que repugna a la ley que un abuelo cobre la miseria que percibe o que se le niegue un reajuste salarial a pesar de haber aportado años y años para tener un poco más al momento del retiro. Y, lamentablemente, por eso se los quiere destituir.

Hace pocos días, con el voto de los representantes del Poder ejecutivo nacional y de los consejeros oficialistas se aconsejó abrir un jury de enjuiciamiento contra ellos.  Ellos son Ada Iturrez, Carlos Moreno, Manuel Urriza, Enrique “Wado” De Pedro y el vice ministro de Justicia, Julián Alvarez. Se opusieron Ricardo Recondo, Mario Cimadevilla, Alejandro Fargosi y Mario Fera.

Hay que leer las 21 fojas del dictamen acusatorio. Hay que hacerlo porque pocas veces  la arbitrariedad se expresó tan palmaria en negro sobre blanco. Es cierto que es tedioso y por momentos abstruso. Es que cuando se pretende consumar la injusticia, la oscuridad del lenguaje suele ser un buen taparrabos.

Para resumirlo, se imputan a Herrero y a Fernández defectos de forma en sus procederes. Nunca, pero nunca, se les imputa haber contravenido la ley de fondo o haber fallado inconstitucionalmente. En las causas base de la acusación (Aguiar y Camoerchioli) el representante de la Anses (la misma institución que desoye con deliberación y alevosía los fallos de la justicia que ordenan aumentarle a los jubilados que ganaron eternos procesos)  cree que los magistrados no respetaron el orden de votación en distintos fallos, omitieron considerar el voto en disidencia de su compañera de sala, no se excusaron ante supuestos casos de amistad con una de las partes y, ¡tremenda arbitrariedad!, osaron hablar con los medios del estado del fuero previsional. La Anses incumplidora en la sustancia de la justicia previsional se ofende por las formas. Los patos que le tiran a la escopeta.

Es impactante la posición  de la tercera integrante de la sala de la seguridad social, la Doctora Nora Cármen Dorado, que aparece como “agraviada” ante el proceder de sus colegas. No esperen encontrar los que se enfrenten a este expediente argumentos de derecho. Si lo leen, hallarán una especie de pelea de conventillo (con todo respeto por esas queridas viviendas populares) en donde un magistrada de la Nación cree que sus compañeros no la consideran, precluyen sus argumentos o, como decíamos en quinto grado, “le hacen el vacío”. ¿Opina la doctora Dorado que un jubilado que aportó años y años merece ganar 2800 pesos por tener la condena de ser un aportante autónomo? ¿Se siente agraviada la jueza porque la Corte ordena en casos como “Badaro” recomponer los haberes jubilatorios? De ninguna manera. La doctora Dorado se enoja porque los jueces que sí se ocupan del fondo de la cuestión omiten supuestas formas trascendentales como no pensar como ella y, encima, no considerarla la mejor compañera de la clase. Un ejemplo de compromiso con la justicia, sin dudas.

Ahora será el Consejo de la Magistratura en pleno el que deba decidir si dos jueces deben ser apartados de sus estrados por pensar distinto al poder y fundamentarlo de acuerdo a la Constitución. Deberán levantar la mano (como no lo hicieron ante jueces como Norberto Oyarbide) para expulsar a magistrados que contradijeron al Poder Ejecutivo de la Nación, que se cree el dueño de los aportes de trabajadores y jubilados y no se reconoce apenas como su administrador. Deberán, en suma, decidir si Campagnoli está sólo en el equipo de los echados fuera de la ley por ser honestos y por estar convencidos de que las normas  no son un escollo para los caprichos del que gobierna sino la base elemental del juego republicano.

Todos los estaremos mirando cuando alcen sus manitas.

Schoklender, un graffiti y varios ñoquis

¿Por qué es progre estatizar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y no lo es reconocer que, si eso se concreta, pagaremos con nuestros impuestos la mala administración de Hebe de Bonafini y Sergio Shocklender?

¿Por qué está bien reclamar concursos de antecedentes y oposición para los empleados de la Justicia y no para el Parlamento?

¿Por qué se pone tanta firmeza para demandar al que pinta un graffiti en un tren nuevo y no se mueve ni un dedo para exigir que se devuelvan los miles de millones robados en la devastación ferroviaria de nuestro país?

Son apenas tres preguntas que intentan plantear el doble estándar en el análisis de la política argentina. Pero el cuestionario podría reproducirse por cien. Y no sólo vale para el gobierno de turno sino para buena parte de la clase dirigente argentina.

Mañana, salvo que no funcione la obediencia debida del bloque del FPV y sus aliados, los senadores nacionales levantarán la mano para hacer pasar al estado la Universidad fundada por Hebe de Bonafini y su asociación de Madres de Plaza de Mayo. Doble paradoja. Primero, esa universidad nació para pensar un programa de estudios que discutiese los “lineamientos hegemónicos de la universidad existentes”, según dijo su fundadora en un acto que recuerdo personalmente. No querían ser parte del Estado. No deseaban depender del “capricho estatal” en el diseño de las currículas. Y ahora aceptan (piden, es la verdad) pasar a ser tutelados por  ese mismo aparato hegemónico que dijeron combatir.

Además, si los legisladores obedientes del capricho presidencial así lo consagran, transferiremos al bolsillo de los contribuyentes unos 200 millones de pesos de pasivos fruto de la pésima e irregular administración que pasó por manos de la misma Bonafini, su entonces ahijado Sergio Shoklender y tantos más. ¿Por qué? ¿Estatizar pasivos no era una práctica de los 90? Parece que no.

Hijos y entenados: Como lo cuenta hoy Laura Serra en La Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, firmó una resolución que incorpora a una docena de jóvenes a la planta permanente de la Secretaria Parlamentaria del cuerpo. Percibirán, también fruto de nuestros impuestos, un promedio de 22 mil pesos por mes con estabilidad de por vida. ¿Rindieron examen para demostrar aptitudes? No. ¿Tienen una larga trayectoria en la administración? Apenas dos años en su puesto. Sí se identifican con la organización la Cámpora. Nadie duda que la juventud se ha volcado masivamente a la política en esta década y que la Cámpora es una expresión de ello. Apenas una expresión. No la única. Pero da la impresión que sí tiene el monopolio de la llegada a los cargos públicos. Cristina Fernández lanzó  el año pasado, casi con furia, su deseo de transparentar la Justicia exigiendo por ley concursos para quienes aspiren a entrar a la Justicia. Buena idea. ¿Propondrá lo mismo para la Cámara manejada por su correligionario Domínguez? Si somos todos iguales ante la ley, trabajar en la Legislatura, en la Justicia o en el Poder Ejecutivo en cargos de carrera exige un examen de antecedentes y oposición.

El infierno graffitero: Por fin, el enojo del ministro Florencio Randazzo con los “graffiteros” que ensuciaron los vagones del Sarmiento se entiende. En nuestro país  nos hemos educado en el convencimiento que la cosa púbica no es de todos sino de nadie. Si algo es público no tiene dueño y nadie vela para cuidarlo. Así nos va. No está bien pintar vagones nuevos. Ni aún ante los ojos de los mismos que suelen viajar a Nueva York y saludan la creatividad de los artistas callejeros que dibujan los vagones de los subtes. De ahí a creer que el mal del sistema ferroviario argentino provenga de los graffitis hay un trecho inmenso. Si se va a demandar civilmente a los padres de los chicos pintores de prepo, sería bueno proponer iniciar demandas contra Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Carlos Menem (ramal que para, ramal que cierra) y pedirles a los padres tutores y encargados de tantos otros más que hirieron casi de muerte a un sistema nacional de transporte que hoy se intenta recuperar. ¿No?

La hipocresía no es más que un doble discurso acomodaticio para encubrir un deseo autoritario de hacer lo que nos parece según la época en la que tenemos poder. Eso supo decir un pensador de estas pampas. Y no pifió mucho.

Soy inocente, no quiero ir preso

La historia es más o menos así. El 1º de mayo, tipo 6 de la tarde,  fui a trabajar. El sacerdocio del periodismo y los medios que nunca descansan, pero ese es otro tema. Feriado nacional. Jueves puente  hacia un viernes 2 de mayo de descanso obligatorio. Nadie en la ciudad. A no ser los que seguían de caravana en fiesta ininterrumpida desde la noche anterior en Palermo Hollywood, territorio de mayor consumo de alcohol por metro cuadrado.

La escena se desarrolla en Humboldt casi Gorriti. Estaciono y ropero de cuatro puertas, dos metros de alto y ancho, con ciertas apariencias humanas (dice ciertas), se me acerca y me dice: “Son 40 pesitos, maestro”. Un trapito, con perdón de la ironía del diminutivo. Humboldt es de estacionamiento libre siempre. El 1º de mayo feriado, sin ninguna restricción para el estacionamiento en recuerdo de los mártires de Chicago. El ropero, con quien no daba discutir el homenaje a los precursores de las 8 horas laborales, tenía la amenaza grabada en su frente del tipo “si te pongo una mano encima es la última vez que ves esa calle y disfrutás del día no laborable”.  “Te agradezco”, le dije al hombre sin que él supiera que mi gratitud nacía de no haber sido sacudido ipso facto y no de la declinación de su amable pedido de 4 billetes con el Monumento a la bandera en el reverso. “Entonces deme 30 y arreglamos”, negoció.

Ya se contó en esta columna que dos legisladoras porteñas del Frente Para la Victoria proponen reglamentar al ropero, es decir, a los señores trapitos, que cobran ilegalmente por estacionar en un espacio libre.  Una de ellas, Claudia Neira, explicó en InfobaeTV que la idea es que “se pueda convenir con libertad” (sic) entre el automovilista y el señor ropero el monto, condiciones y disponibilidad de contribución hacia el trapito. Absolutamente factible, entendí en carne propia el 1º de mayo pasado.

Llegué  a mi trabajo y twitié, arrobando a Claudia Neira, sobre lo ocurrido. Inesperadamente ella me contestó preguntándome si había hecho la denuncia policial. Le respondí que justo en ese momento se me daba por ir a trabajar (¡también yo!) y que no me daban los tiempos. Que esperaba que ella como legisladora representante de los porteños, se ocupara del tema.

Y se ocupó, cómo no. Gracias  Claudia, “besis”, aprovecho para decirle. Ayer me enteré de que la Fiscalía general de la ciudad de Buenos Aires, instada por Neira,  me citará a declarar como víctima de los ilegales trapitos para que denuncie que fui apretado y que cuente lo que ya conté, como han hecho miles y miles de mortales que nos negamos a ser coaccionados por personas que invocan la necesidad para seguirnos metiendo la mano en el bolsillo ante la inacción de representantes del pueblo como Neira que se les ocurre cristalizar con un registro de cuidacoches esa misma situación indigna de exclusión a costa de 40 mangos de tu bolsillo. La Fiscalía no tiene más remedio. La legisladora notificó una contravención. Marche Novaresio a declarar. 

¿Podría Neira haberse constituido en el lugar (o en los estadios, lugares de recitales, calles de toda la ciudad, etc) y comprobar que no hay chance de pactar libremente con patoteros (la mayoría)? ¿Podría ella pensar que su ley es carente  de base real? ¿Podría suponer que no es justo para quien está en la calle que se piense en registrarlos para que sigan en la calle? ¿Tendría ella que imaginar que lo que hay que hacer es ser creativo y darles una chance en serio de superación, inclusión y evitar que lo irregular gane y, por ende, se regularice en base a la ley del más fuerte? Podría. En cambio, burocratizó la cosa y me mandó a mí (hoy soy yo, mañana sos vos, manso lector) a declarar a la fiscalía para que, como víctima (¡víctima de otra burocracia más!) declare lo que todos sabemos. Que hay trapitos. Que cobran en contravención con la ley. Que te aprietan si no pagás o te abollan el auto. En suma, que voy a declarar que el sentido común ha muerto. Al menos en uno de los representantes populares que cree que la demagogia es progresista.

¿Cómo me fue al final con el ropero? No pagué  y cundo volví me dijo. “Te salvás porque laburas en la tele. Pero que Pamela David me manda un saludito mañana”.  Todavía no hablé con Pamela. Pero seguro que ella me va a entender. ¿No?

Compañero Kunkel, vaya mi apoyo gorila

Hacía tiempo que no se veía una cachetazo político como el que recibió Carlos Kunkel. Debe haberle dolido más que el que le propinó Graciela Camaño. Ya se sabe: el golpe de un amigo siempre se recibe con sabor a traición amarga. Porque no se espera.

El gobierno nacional, en boca de su ministro Jorge Capitanich, le dio la espalda a uno de los más fieles defensores del kirchnerismo cuando dijo que no es idea de Cristina el reglamentar los piquetes. Traducido al castellano llano, ni Kunkel, ni Diana Conti ni Sandra Mendoza merecen un respaldo de ocasión, como para salvar las apariencias. Raro en un gobierno que es capaz de sostener al multi investigado Amado Boodou o al vice secretario legal y técnico de la nación que no ve injurioso para la república llamar a un juez federal para que detenga un allanamiento en las oficinas de un amigo.

Kunkel pasa a integrar el lote de los seducidos y abandonados integrado, entre otros, por Martín Insaurralde que en medio de la campaña electoral osó pensar que la edad de imputabilidad penal  debía ser revisada. Se ve que el kirchnerismo (¿la política en general?) tiene como norma que la fidelidad siempre cede ante la necesidad. Que el fin justifica los medios, en suma.

El kirchnerismo dijo que no quiere quedar pegado a un proyecto que “criminaliza” el reclamo social con piquetes porque discrimina entre protestas legitimas e ilegítimas, arrogándose así el Estado el derecho a decir cuándo se puede protestar y cuándo no. Semejante achaque es falso. Por ignorancia o, directamente, por mala leche.

Puede haber pasado que el gobierno y sus obsecuentes (de turno) no hayan leído el texto del proyecto. Eso ocurre muy seguido. El diseño de ley jamás discute el origen de la protesta. Nunca califica si una o un grupo de personas puede reclamar por cuestiones laborales, sociales o políticas. La calificación de legítima o ilegítima deviene en el modo de  hacer esa protesta. Si no se preavisa y no se deja una via alternativa de circulación entonces es ilegitima. Es falso que se cuestione el porqué del reclamo. Se trata de reglamentar el cómo de la misma.

¿Está tan mal proponer que si hay una manifestación el resto de los ciudadanos que no participan de ella sepan de antemano que eso va a ocurrir? ¿Es violatorio de la dignidad humana proponer que si hay corte de calles o rutas se garanticen canales de circulación para que el resto pueda transitar? ¿Es demoníaco creer que si nadie avisa, nadie deja pasar, se negocie con un tope de dos horas y luego se use la fuerza pública moderada para liberar algún carril de tránsito? ¿No fue esto lo que pidió la propia presidente cuando inauguró las sesiones en el Congreso hace apenas un mes y medio? ¿No es hora de pensar que cortar una ruta, medida ilegítima y bochornosa siempre,  no tiene el mismo sustrato social hoy que en 2001 o 2002?

Eso dice el proyecto. Hay mucho para mejorar es cierto. Pero criticarlo, desnaturalizarlo, tildarlo de indigno es no haberlo leído. O, peor, tener mala fe para jugar a la demagogia de creerse progre (sobre todo si se es funcionario que viaja más en avión o helicóptero que en auto por las rutas y calles paganas) y anatematizar al que osa pensar que el derecho a la libre circulación debe ser merituado aún cuando haya derecho a la protesta.

Carlos Kunkel no se merece semejante desplante. Y lo dice alguien bastante gorila que no coincide en mucho, en muchísimo, con lo que él sostiene. Creo que sí compartimos con este diputado kirchnerista que ha puesto las manos en el fuego  por este gobierno con obcecación y sin discriminación, que no hay peor ingratitud que la traición de los propios.  De los de enfrente, uno no espera nada. Pero de los mismo palo al menos se les reclama, si no el apoyo, un recatado  silencio y no un ficticio y sobreactuado gesto propio de Brutus.