Cristina versus Cristina

La apelación de  Gerardo Pollicita cuestionando el fallo del juez Daniel Rafecas que mandó a desestimar de plano “la denuncia Nisman”  es contundente. El fiscal considera que lo denunciado por el procurador muerto es tan grave que merece que la Justicia abra una investigación que garantice el derecho de defensa de los acusados y salde, en la institución republicana que corresponde, una duda fundada sobre el pacto con Irán de 2013.

Démosle un marco histórico y jurídico a la cosa. Hay 8 iraníes acusados de haber hecho volar la AMIA. Algunos con rango de secretarios de Estado de esa república islámica. Por 20 años (¡20 años!) ese país se negó sistemáticamente a colaborar con la investigación permitiendo que los acusados se defendieran. De repente, contradiciendo su posición propia, la Argentina decide confiar en esos incumplidores y ausentes de colaboración pergeñando una “Comisión de la Verdad” que, por encima del juez de la causa, permitiese, dirigiese y encausase (sic) las declaraciones de los acusados de dinamitar la mutual. Y para más seguridad (otra vez sic), los interrogatorios se harían en suelo iraní bajo la mirada atenta del mismo Estado que por dos décadas esquivó la justicia nacional. Eso es, a trazos torpes, el corazón del Memorándum de entendimiento

¿Hace falta más que el sentido común para sospechar de semejante acuerdo? La Cámara de Apelaciones vio en él un atropello constitucional y lo suspendió ¿Hay que ser una lumbrera para intuir, al menos, que esa aberración jurídica puede haber torpeza o dolo interesado en la gestación de un acuerdo liminarmente extraño?

El fiscal Pollicita apela porque no entiende varias cosas. No cree que el Memorándum sin validez no haya configurado tentativa. Estima que las miles de escuchan merecen el análisis judicial, cuanto menos. Y, además, estima que el juez Rafecas da por probado de manera injusta que la Argentina nunca pidió el levantamiento de las alertas rojas sobre los iraníes. ¿Con qué pruebas? Con un e mail privado del director de Interpol Robert Noble al canciller Timerman y con dos entrevistas periodísticas del mismo ministro de Relaciones Exteriores a Página/12 y a The Wall Street Journal. Y punto.

 ¿En serio un juez no cree necesario ni una testimonial del mismo Noble que ratifique eso y le alcanza con el mail particular? ¿Es riguroso en materia probatoria basarse en ese correo electrónico? ¿Dos entrevistas brindadas en un par de periódicos le alcanzan el magistrado y no estima pertinente que esos dichos sean ratificados por sus protagonistas ante su estrado? Quien no sea abogado podrá creer que no hay por qué ser desconfiado. Quien es juez sabe que un documento privado no tiene relevancia en el proceso si no se incorpora legalmente, con testimomiales o reconocimiento de documental. Derecho procesal I, de la Facultad de Leyes.

Por fin, el juez toma nota de dos documentos jamás presentados por Alberto Nisman en ningún proceso y rescatados de una caja de seguridad privada (dice privada) que parecen contradecir su abundante denuncia firmada de puño y letra, en plenas facultades de libertad y voluntariamente lanzadas a la maquinaria judicial. Por si hay dudas: se pretenden cotejar dos documentos jamás puestos a la luz pública con deliberación y claridad por un procurador con una larga denuncia sí hecha pública con la misma deliberación y claridad por el doctor Nisman. Es como cotejar un deseo, un devaneo intelectual con una concreción fáctica, un hecho exteriorizado.

Este es el mismo argumento que le valió a la Presidente de la Nación para lanzar desde su investidura y de su monólogo ante la Asamblea Legislativa su teoría de “Nisman versus Nisman”. Alcanzaría aquí decir que resulta impropio e indecoroso (cuanto menos) preguntarse públicamente cuál Nisman es que el vale: si el de las notas guardadas en la caja fuerte o el de la firma y presentación pública hecha ante el juez. Porque Nisman no puede contestar ni defenderse hoy por razones obvias. Porque murió.

Sin embargo, con la apelación de Pollicita la teoría presidencial del fiscal contra sí mismo cae. Se derrumba. La doctora Kirchner no tuvo frente a sí (¿no se lo contaron completo? ¿ella lo omitió?) el total de la nota que la secretaria letrada y personal de Nisman acompañó ante el juzgado de Rafecas. La doctora Soledad Castro le dijo al juez que según su criterio (el de Nisman) estos documentos aún se hallaban defasados dado que se había modificado sustancialmente su convicción respecto de un conjunto de presunciones y conclusiones contenidas en esos textos, por lo que entendía necesario corregir una vez más su letra, para que ésta plasme su entera y actual convicción. Así lo explicitó el Dr. Nisman a sus Secretarios Letrados y a quien suscribe”

El texto que la Presidente no conoció -u olvidó citar- y que el juez Rafecas ignoró (no hay dudas) dice: Nisman escribió aquellos documentos pero a mí (cuenta la doctora Castro) me dijo que estaban desfasados por las circunstancias de la firma del Memorando y que, por ende, habían sido corregidos. Ergo: los de la caja privada, carecen de valor.

Siguiendo esta lógica perversa de interpretar deseos de alguien que ya no está entre nosotros, podríamos inquirir a los que sí viven y denuncian conspiraciones: ¿La Presidente no leyó completo el escrito de la secretaria de Nisman que explica que no hubo cambio de opinión sino decisión de inclinarse por una denuncia por presunto encubrimiento ante lo ocurrido? ¿Hay una doctora Kirchner que no recibió el texto completo versus una doctora Kirchner que aún a sabiendas forzó su interpretación? ¿Y el juez? El juez que sí sabía. ¿Por qué no lo refirió en su escrito?

Aunque para ser rigurosos la única pregunta que cabe es la de saber cómo murió Alberto Nisman en el edificio Le Parc y, a 50 días, apenas hay dudas y demasiado barro político propio del egoísmo.  Para saberlo hay que investigar en la justicia, con rigurosidad siempre y sin voluntad sumaria de archivar. Respetar un fallo de un juez, siempre. Apelarlo y seguir pidiendo el derecho a saber, también.

¿Quién dijo que hubo suicidio?

Nos equivocamos los que creímos que el política y jurídicamente disparatado Memorandum de entendimiento con Irán no iba a tener ningún efecto: nunca imaginamos que deberíamos considerar entre ellos la muerte de Alberto Nisman. Porque a no dudarlo: la tragedia final en la vida del fiscal es un eslabón más de una cadena penosa de impunidad que rodea a la causa AMIA desencadenada por ese pacto. Sea cual sea la causa: suicidio, instigación a cometerlo u homicidio.

La investigación judicial dolosamente ensuciada por 20 años, el entorpecimiento abierto de la teocracia iraní para darle escondite a los imputados, la firma de un tratado que pactó con esa misma nación que se rió de la Justicia argentina creando un órgano violatorio de los jueces naturales para “cuidar” a los iraníes que jamás declararon (amén de ser el gobierno que, con ejercer una sutil memoria y verdad, se descubre que lapida mujeres supuestamente infieles, tortura homosexuales o destierra a opositores entre sus “derechos humanos”), son estrategias de impunidad que, cuando se desafía ilegalmente a las instituciones, suelen terminar con hechos de muerte. Nisman es el ejemplo. Nisman es la consecuencia de pactar de esa forma.

Nuestro país está mucho más pobre desde lo institucional. Mucho. No sólo por la muerte de un fiscal que pronto se intentará amortiguar sumándola a la perversidad de las estadísticas, sino por la reacción ante ella.

Es inadmisible que la titular del Poder Ejecutivo haya dictaminado por carta que el caso es un suicidio. La división de los poderes todavía existe en la república y no hace falta haber cursado Derecho para saberlo. En Instrucción Cívica, los de nuestra generación, lo aprendimos. ¿Quién dijo que Nisman se suicidó? Anoche, cuando se conoció la epístola de la Presidente (hoy día, una metáfora anacrónica más propia del modo de expresión de los que sumaban el poder público hace 6 o 7 siglos) apenas había una expresión periodística arrancada en la vereda a la fiscal de la causa que aseguraba que no parecía haber habido otra persona en el departamento del fiscal. ¿Desde cuándo una declaración semejante cierra una causa? ¿Quién dijo que un parecer del Ministerio Público es sentencia? En una república, se insiste, la causa de la muerte se determina luego de un amplio plexo de pruebas (y más en este caso de gravedad institucional) por sentencia de un juez.

Esto debería saberlo quien no sólo sentenció (sic) suicidio en abierta intromisión de poderes sino que especuló con instigaciones mafiosas (¿nunca antes las supo y tampoco las denunció?). ¿Y ahora que no apareció pólvora en las manos de Nisman? ¿Piensa el Ejecutivo, algún diputado oficialista u opositor o algún “opinador” cambiar diametralmente la sentencia y sus argumentos? ¿Nadie cree que hay que esperar el resto de las pruebas científicas, el cotejo de cámaras de seguridad, el padrón de inquilinos recientes y permanentes del mismo edificio de Puerto Madero, la decodificación del sistema de apertura de puertas de la vivienda y tantas otras pruebas más que permitan a un juez (no a un mezquino político que piensa más en octubre de 2015 que en este trágico enero) saber qué ocurrió?

Lo mismo de una de las cúspides del otro poder del Estado y la jefe del bloque de diputados del oficialismo que repitieron 9 veces en 10 minutos (no hay metáfora) “la trágica decisión”, “el sector mafioso” y “el corte de las vacaciones de Alberto Nisman”. Julián Dominguez y Juliana Di Tullio no merecían, dada su trayectoria y capacidad intelectual, haberse sometido a ese recitado pueril, casi ofensivo, a la hora de resaltar el calendario turístico. Anoche, hoy mismo, sólo deberían haber expresado dolor por la muerte, análisis de conciencia por haber defendido como un “River- Boca” el memorándum y deseo republicano de que la Justicia dictamine antes de querer imponer hipótesis personales sin fundamento.

Es cierto que parte de la oposición (y, cómo no, de nosotros los periodistas) tampoco entendimos la tragedia y algunos especularon jugando a poner grietas entre el oficialismo que cree en el suicidio y la oposición en el homicidio. Si hasta da escalofríos y vergüenza escribir semejante disparate. Pero muchos actuaron de esa forma. ¿Cómo sabe, por ejemplo, Elisa Carrió, que a Nisman lo mataron como “señal mafiosa”?

Murió el fiscal que sostuvo una hipótesis de gravedad institucional a la hora de desentrañar el mayor atentado de la historia argentina. No es hora de repartir opiniones o pareceres (“a mí me parece que no puede ser”, “No opino que luciera como un suicida” y tanto más). Por eso, fue muy digno lo dicho por la ex esposa del fiscal respecto de no hacer conjeturas. Eso podría reservarse para el ciudadano corriente sin responsabilidad institucional o pública. Se trata, esencialmente, de saber qué pasó en ese piso 13 (porque hoy, por las dudas, no se sabe si hubo suicidio, instigación u homicidio) con seriedad y rigurosidad de Estado, sin intromisiones de los otros poderes, sin invocaciones permanentes y aburridoras a casos de la historia personal de los que hoy ocupan ese poder y sin jugar al “chiquitaje” del aprovechamiento político.

Hay un fiscal muerto luego de un acto del Estado que cerró un acuerdo con Irán que no surtió otro efecto (sic) que esa muerte. Hay un juez que en 10 días deberá analizar las 350 fojas firmadas por Alberto Nisman a quien hay que defender institucionalmente. Hay un país que transita con peligro la delgada línea que separa el Estado de Derecho de las autocracias en donde una muerte del que piensa distinto puede quedar impune.

Quiero ser gorila

No cabe más que mandarle un saludo y una felicitación a Sandra. En apenas un mes consiguió que el órgano máximo de la justicia penal atendiera sus reclamos (sic).

El 13 de noviembre se reclamó por sus derechos y en menos de 20 días hábiles la causa recorrió un juzgado de faltas, un juzgado de primera instancia y la Cámara de Casación penal. ¿Vieron que no es cierto que la justicia es lenta? Al menos con Sandra, la orangutana. No hay error: la sala integrada por los doctores Slokar, David y Ledesma resolvió el caso de una orangutana en un mes.

Me considero cercano a los ideales de las organizaciones animalistas. Creo en los derechos de los animales. Maldigo, por sólo dar algunos ejemplos, a los organizadores de riñas de gallos, carreras de galgos y, por supuesto, no creo que  la cultura ancestral justifique las corridas de toros. Creo, como dijo Albert Schwitzer, que no tengo claro si los animales pueden o no pensar. Sé que pueden sentir y por eso los considero mi prójimo. Pero, a la par, creo que si el órgano máximo de la interpretación judicial de la ley penal debe ocuparse de manera sumarísima de resolver el estado de una orangutana, la línea de las prioridades en nuestro país está totalmente quebrada.

Hay jueces que creen que los presos condenados por homicidios o robos deben tener derecho a aguinaldo, vacaciones y antigüedad. Se trata ¿casualmente? de los mismos doctores Slokar, Daniv y Ledesma, autores del leading case mundial de la simia declarada persona no humana.  Hay legisladores que creen que ya mismo hay que garantizar un cupo de empleos públicos para travestis o transgéneros. Estos ejemplos tomados al azar de tantos similares conforman un “relato” de lo que piensa el poder ocupado por representantes de un pueblo bastante alejado de la realidad de la mayoría de los ciudadanos de a pie.

¿Alguien duda que una travesti merece mejor opción que prostituirse? ¿Alguno sospecha que no son una minoría discriminada? Ahora bien: ¿qué hay para decir de la inmensa minoría (sic) de hombres y mujeres de 40 y 50 años expulsados del mercado laboral que no pueden reinsertarse porque son “viejos”? ¿No hay cupos para ellos? ¿No hay urgencia para ellos?

Un preso debe trabajar y cobrar por esa actividad. Pero ¿hay que equipararlos con el trabajador que en libertad intenta dignamente llevar el pan a su mesa sin transgredir la ley penal? ¿Es lo mismo recibir sentencia condenatoria que no haber pasado jamás por una comisaría? Claro que no lo es. Salvo que se imponga el autoritario tenor del “igualitarismo” demagógico de querer igualar lo que es desigual con el sólo efecto de hablarle a la tribuna con apetito de populismo dialéctico.

Por fin, da pena lindante con la bronca saber que un simio ha sido explotado por 29 años lucrando con un dinero nacido a base de la crueldad animal. Pero creer que como prioridad la Cámara de Casación debe ocuparse de forma exprés -como no lo hace en casos de eternas esperas de sentencia reparadoras para familias víctimas del delito y de procesados eternos sin derecho a la inocencia o a la culpabilidad- es casi una afrenta. Es una decisión que nace de una ceguera judicial por poner prioridad sobre lo que se espera de ellos o de un delirante egocentrismo de quien tiene resuelta sus necesidades elementales (sueldo glorioso sin impuesto a las ganancias, custodia, trabajo asegurado por la estabilidad, etc.) y juega con onanismo intelectual para generar construcciones jurídicas que se estampen en libros escandinavos escritas desde una realidad argentina dolosamente ignorada.

La orangutana no tiene que estar presa de la maldad humana. Para eso hay un intendente de la ciudad que, como titular del poder ejecutivo, debe ejecutar el arte de gobernar. No hace falta que el órgano máximo de la justicia penal ocupe su tiempo en ello.

Se trata de priorizar. Poner lo importante, lo urgente, sobre lo que no lo es. Con los presos, con las travestis y con la orangutana que, de paso, espero me recomiende a su abogado.

El infierno ajeno con acento extranjero

El extrañamiento o expulsión de extranjeros que delinquen es tan viejo como la civilización misma. No es el antecedente más remoto pero sí el más demostrativo: todo delincuente no romano condenado por su ilícito era echado (por lo menos) “Trastevere”. Se los exiliaba más allá del límite del río Tiber que marcaba el límite de la ciudad estado.

Hoy, hasta en los países más progresistas (en serio) como los escandinavos, la condena por determinados delitos cometidos por no nacionales importa la expulsión.  Con particularidades técnicas que no vale la pena abordar aquí, la figura ya existe en nuestra ley 25871.

El debate reactivado por el nuevo proyecto de código procesal penal parece, sin embargo, una cortina de humo que no ataca el problema de fondo. Si se sigue discutiendo en esta superficie o se esconde el intento de distraer o el deseo xenófobo de creer que el infiero delictual argentino es sólo ajeno.  Continuar leyendo

Doctora Gils Carbó: corresponden sus disculpas

Hoy se vence el plazo máximo establecido por la ley para que José María Campagnoli sea destituido o confirmado en su cargo. Hoy, el fiscal, quedará eximido de sanción o de reconocimiento de inocencia por el paso del tiempo en el jury de enjuiciamiento que se inició hace 10 meses.  Como dijo hace 90 días el siempre lúcido ex presidente del Colegio de abogados de la Capital, Jorge Rizzo, el derecho volvió a ser abusado sin conceder la chance de una resolución justa, proclamando el “ni vencedores ni vencidos”.

Campagnoli, por default y no por un acto de voluntad ajustado a derecho, es inocente. O no culpable. De esta situación disparatada sí hay una responsable: la jefe de todos los fiscales, Alejandra Gils Carbó. La misma que arremetió contra él con terquedad (¿y rencor personal?) y hoy, con un fracaso estrepitoso, impidió que se produzca un pronunciamiento fundado sobre el tema que, se sabe, iba a absolver a Campagnoli. Antes que verse perdidosa, la máxima representante del pueblo que se sienta en la jefatura de los fiscales prefirió hacer caer la causa por el paso del tiempo.  Triste. Van a argüirse cuestiones de forma, renuncias de una integrante del jury, plazos que involuntariamente se complicaron. La verdad politica, es otra.

¿Va a pedir disculpas la doctora Gils Carbó? ¿Va a explicar cómo fue posible que impulsara de manera express un jury contra un fiscal que investigaba, por ejemplo, si Lázaro Baéz lavaba dinero con la complicidad del poder? ¿Nos dirá si no siente que hubo ensañamiento con el fiscal cuando pidió que durante el proceso, aún con la presunción de inocencia consagrada desde los romanos, se le quitara el sueldo a Campagnoli? Debería. Y, siguiendo su lógica, podría también pedir el descuento de su propio sueldo por los días de su trabajo dedicados a un proceso que, desde el comienzo, lucía antojadizo.

Gils Carbó acusó al fiscal de excederse en sus funciones de investigar (sic), de transgredir reglas formales de competencia (el fondo del presunto lavado de dinero, se ve, no le interesó) y de perturbar la confidencialidad de la investigación (lo que importa es que no se sepa públicamente si hay delitos para ella, no que existan). Algunos otros denostaron al fiscal asegurando que había confeccionado un listado de fotos de presuntos delincuentes para “estigmatizarlos” comparándolo con un moderno Cesar Lombroso que andaba por la vida deteniendo gente por cara “rara”.  Nada de eso se probó. Nada. Es más. Un integrante de ese jury de enjuiciamiento confiesa hoy en privado que pocas veces vio tanta superficialidad en la acusación y en su sustento probatorio.

¿Y entonces? ¿No va a pasar nada? ¿Campagnoli queda exento por el paso del tiempo y ya está? ¿Se puede acusar a alguien apuntando todos los cañones del Estado y, de repente, decir aquí no ha pasado nada? ¿Esta es la renovación de la “corporación judicial” que propone la Procuradora? ¿Esto es un modo de justicia legítima?

Uno puede equivocarse ejerciendo el derecho como sucede en todo ámbito de la vida. Hasta puede entenderse cierto ensañamiento y alevosía en el error. Pero verificado ese yerro con la realidad, lo único que le cabe a una persona de bien es pedir disculpas. Hoy vence el plazo del jury contra José María Campagnoli. Hoy, en cambio, empieza el de la doctora Gils Carbó para pedir disculpas y para exigir con todo empeño que aclaren si Lázaro Baez, Elaskar, Fariña y compañía merecen la sanción del código penal. Seguro que lo hará. ¿No?

Cutzarida: Perdón por pedirte perdón

Hace 20 días firmé en esta misma columna un pedido de disculpas al actor Ivo Cutzarida. Apenas había irrumpido en los medios con un discurso de supuesta “mano dura” para con los delincuentes en general y con el motochorro “Conejo” Aguirre en particular. Sentí que yo era intolerante con alguien que planteaba un sentir masificado en la sociedad. Fui crédulo, por decirlo suavemente. Hoy, quiero retirar ese pedido y avergonzarme por mis disculpas.

Cutzarida ahora se abraza con el ladrón. Que, de paso, sigue libre sin que siquiera la jueza  Susana Castañeda, o quien resulte competente, considere que merece una declaración en su despacho por presunta apología del delito, por haber hecho desaparecer el arma con la que intentó robar (¿eso no es obstaculizar el accionar de la justicia que amerita la pérdida de la libertad en el proceso?), por pavonearse en la tele jugando a justificar el delito. Ivo, a ese personaje, lo abraza. Le lee, con triste tono de recitador precario, el Martín Fierro y lo absuelve autoproclamándose como una especie de pastor ecuménico, líder de una secta cholula devota de la notoriedad a cualquier precio. Cutzarida, por si alguna duda cabe, se saca fotos con el chorro. Con eso alcanzaría para retirar el pedido de disculpas. Y sin embargo, hay más.

motivo

No me excuso por mis excusas por ese abrazo fotografiado. ¿Quién sería yo por criticar ese encuentro? ¿Me parece mal? Me parece una vergüenza. La publicidad de esa foto es legalizar lo ilegal. La piedad es una acto que reclama privacidad. Pero, por ahora, la vergüenza individual si no afecta el derecho de un tercero queda reservada a la esfera de la conciencia de cada uno.

Me excuso por haber creído que este actor revivido a la notoriedad era algo distinto al pensamiento demagógico que impera en la mayoría de la política que desea, apenas, un par de votos  más a costa de cualquier tema. Cutzarida no busca votos (creo, aunque…). Busca, en el mejor de los caso, vender alguna entrada más en su teatro o satisfacer su narcisismo mediático en base a un motochorro. Y eso, apena.

No sólo la política  no reaccionó frente a este caso que es la representación de tantos. No lo hizo tampoco la Justicia. Como agregado, un actor que pareció interpretar el sentir de muchos, se subió a la demagogia de aparentar un pequeño cambio para no modificar nada. Descreo que Cutzarida sepa quién fue el marqués de Lampedusa. Quizá le vendría bien asomarse a ese texto y entender que se nota mucho cuando uno cree que cualquier fin valioso justifica un medio mezquino.

La inseguridad es una preocupación crítica que amerita el respeto por las víctimas, por sus familiares y por todos los que seguimos reclamando que desde las instituciones asuman el problema. Las instituciones. Y no un actor de escasos recursos que aprovechó sus quince minutos de fama, su cuarto de hora de una tele que tampoco repara en límites, para jugar a su notoriedad personal. Cutzarida usó un medio fenomenal para amparar su fin chiquito, chiquito. Retiro mis disculpas. Y todo esto sin contar, como dice mi compañero de radio Oscar González Oro, que Cutzarida aburre con tanta perorata televisiva. El “Negro” dice que tiene colmada cierta parte de su anatomía. Nos pasa a más de cuatro.