Se sincera la decadencia educacional

Desde 2003, las escuelas primarias públicas del Gran Buenos Aires perdieron el 11% de sus alumnos. Perdieron, significa que de cada 100 alumnos que había en las escuelas públicas del conurbano hace doce años hoy hay tan solo 89. ¿A dónde se fueron los que se fueron? Algunos, los menos, desertaron: exclusión definitiva al no tener, si quiera, el certificado de escolaridad primaria. Otros, la mayoría, se fueron a la escuela privada: mientras la matrícula pública del conurbano cae, la de privada asciende vertiginosamente: desde 2003 creció nada menos que el 37%.

¿Será que estas nuevas medidas educacionales bonaerenses van a reducir estas brechas? ¿Qué estos cambios en las aprobaciones de los alumnos van a reducir este brutal proceso de privatización de la educación por medio del cual toda familia que tiene un mínimo de recursos se va de la escuela pública a la privada con la idea de salvarse?

Después de una década de esta política educativa, la respuesta es negativa: hace años que el pensamiento políticamente correcto domina la educación argentina y consiste en ablandar la exigencia pedagógica y disimular la calidad bajo una máscara de inclusión educativa que no incluye a los más pobres y que manda a los sectores medios a la escuela privada. Más allá de cualquier consideración, estas medidas son ineficaces porque no logran calidad ni tampoco inclusión

La idea que prevalece desde 2003 es que informar los problemas del aprendizaje, especialmente cuando están asociados a las paupérrimas condiciones de vida de un sector creciente de la población, es estigmatizar. Hace años que los docentes vienen denunciando que desde las altas esferas se los induce a “aprobar a todos”, que la desaprobación está mal vista y hace poco un director bonaerense rogó a a sus docentes no desaprobar a los alumnos porque –reconocía- no habían tenido suficientes días de clase. Estas nuevas medidas no traen nada nuevo: apenas sinceran la decadencia educacional.

Esta anestésica idea de que lo que estigmatiza no es la realidad sino el informar sobre la realidad ya está en la Ley de Educación Nacional, aprobada por amplia mayoría en 2006 que en su artículo 97 dice –textualmente- que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”. O sea, el problema no es que se iguale para abajo: para esta política educativa el problema es que se lo comunique.

Hace pocas semanas, a propósito de nuestro nuevo libro “Los mejores maestros: mitos, leyendas y realidades”, en una entrevista que me hiciera Claudia Peiró para Infobae, decíamos que igualamos para abajo la educación porque igualamos para abajo a los docentes. Lo que ahora vivimos es una prueba evidente de este proceso de deterioro educacional.

El deterioro trae más deterioro. Cambiar esta tendencia costará cada día más.

Y muy feliz día del Maestro a quienes sostienen la educación. A pesar de todo.

La educación y la máquina de hacer chorizos

No suelo ver Fútbol para Todos sino TyC Sports. Las mías no son razones ideológicas: el des-secuestro del fútbol televisado no llega a la B Metro y los partidos de Atlanta se ven por el cable o la web de Sentimiento Bohemio. Pero durante el Mundial estoy viendo las trasmisiones de la TV Pública, que me han parecido buenas. Y sus publicidades de entretiempo, que me han parecido bastante malas. Pero son opiniones personales que no deberían importarle a nadie -y, casi son certeza, no le importan nadie.

Dentro de esas tandas, hay un comercial impactante para mí: el del Banco Nación y el “choribombo”. Resumo: para mostrar su línea de crédito a PyMEs emprendedoras, la publicidad muestra a un par de empresarios que consiguen un crédito del Nación para producir… ¡la máquina de hacer choripanes! El producto fabricado es el anhelado choripán y el tester nada sofisticado es un tipo como yo: un típico gordito come-asados que después de un mordiscón aprueba el resultado. Al final del aviso, se ve a la camionetita argenta cruzando el puente y exportando 1 (una) máquina choripanera al Brasil.

Ya sé que el comercial es una suerte de sátira que pretende mostrar la cercanía del banco a los emprendedores en un clima mundialista. Ya sé que no me tengo que tomar en serio una publicidad. Ya sé que los bancos son maléficos y que los medios mienten. Pero resulta emblemático, como se dice ahora, que la promoción de la creatividad tecnológica sea la versión moderna de la famosa máquina de hacer chorizos. No hay innovación, no hay valor tecnológico agregado, no hay diseño –obviamente, el chori es como cualquier otro chori- y no hay escala: sólo el envío de una máquina al Brasil que, esperemos, no haya ido a parar a Rio Grande do Sul donde, lamento informar, desde siempre se hacen muy ricos choripanes.

Este comercial podría haber apuntado, con el mismo humor, la misma pasión futbolera, el mismo remanido nacionalismo mundialista y hasta con el mismo gordito, a proponer otro aviso con otra historia: con innovación, con alta tecnología, con diseño propio, con ingenieros formados en nuestras escuelas y universidades, con organizaciones en red globalizadas que busquen mercados para el trabajo y la inteligencia argentina, con emprendedores reflexivos, comprometidos con su negocio pero también con el desarrollo local. Nada de eso acontece y millones de personas asisten a la pobreza conceptual de un horizonte tecnológico que, en el aviso del entretiempo, duda entre la salsa criolla y el chimichurri.

La pregunta es: ¿este aviso refleja verdaderamente el atraso argentino o es, apenas, otro producto publicitario poco feliz? ¿O ambas cosas? Dudando en si se podía extrapolar al aviso y generalizarlo como ejemplo de toda la política tecnológica y educativa post 2003, encontré una respuesta posible en un discurso presidencial.

En el acto de lanzamiento de ProCreAuto, la Sra. Presidente reconoció que las autopartes que fabrica argentina son de bajo nivel tecnológico y de poco valor agregado. Lo planteó explícitamente como “autocrítica”. Después de once años en el gobierno, su máxima autoridad reconoce que, en la industria más dinámica de la Argentina, el país es poco más que un armadero que le agrega a la fabricación de autos escaso valor y poca inteligencia nacional.

También dijo que lo que producimos son “autopartes baratas”(sic) mientras que las partes que tienen alto grado de tecnología vienen de afuera, y que este esquema habría que modificarlo para producir las autopartes más valorizadas, obligando a las grandes compañías automotrices a invertir en investigación y desarrollo argentino.

Cien por ciento de acuerdo. Ojalá la Presidente, o quien la suceda en el 2015, pueda cambiar el cuadro lamentable de retraso tecnológico en la industria autopartista y en la actitud general hacia la innovación, que debería ser bastante menos choripanera. Y ojalá, en ese momento, la educación y la tecnología estén a la altura de las necesidades productivas. Tengo muy serias dudas de que la Argentina cuente con una clase dirigente capaz de conducir semejante salto. Pero quién sabe…

Lamentablemente, todavía no se ve el final de la crisis educacional y tecnológica argentina que aparece en las autopartes baratas y en los mensajes publicitarios que desestimulan la formación rigurosa y la creación en serio.
Mientras tanto, nos vemos a nosotros mismos, en los entretiempos de los partidos del Mundial, mostrándonos que nuestro gran ejemplo tecnológico innovador es una máquina de hacer chorizos.

Wanda Nara vs. Educación

El profesor Roberto Baradel dijo una gran verdad. Durante el paro docente en la Provincia de Buenos Aires, el Secretario General del SUTEBA afirmó que si los docentes no pararan nadie estaría hablando de educación en la Argentina.

Tiene razón. En la Argentina solo se habla de educación mientras paran los docentes, cuando se toman escuelas y poco más: con los resultados de las pruebas internacionales PISA o cuando un padre o una madre agrede físicamente al educador de su hijo. Esto es ya visible: un par de semanas de “normalidad” escolar (de escuelas bonaerenses sin paros) y el debate público se olvidó de la importancia de la calidad educativa, el financiamiento a las escuelas o el Estatuto del Docente. Ya fue todo.

Digámoslo de una vez: en la Argentina la educación es un tema menor, absolutamente menor. Es cierto que todos los candidatos, en campaña, mencionan su importancia “para el futuro del país” y la mencionan como “la función indelegable del Estado”. Siempre después de “salud”. “Salud y educación” y “seguridad” son el combo preferido del marketing de la nada. Un libreto que, aún siendo genuino en algunos, no logra anclar ni en la población ni en la clase dirigente.

Mientras tanto, el quebranto educacional sucede sin conmover más que a unos pocos que nos preocupamos y que, a esta altura, nos preguntamos si no estaremos ladrándole a la Luna. Una Luna que cada tanto se vuelve roja y concita más atención mediática, pero que al rato vuelve a ser la de siempre, la que a nadie le importa.

Un ejemplo entre decenas del desinterés argentino por la educación. Desde 2003 las escuelas primarias públicas perdieron más de 210 mil alumnos (-9%) mientras que las primarias privadas crecieron un 20%. Esto, que en cualquier lugar del mundo conformaría un escándalo de enormes proporciones con acusaciones, pedidos de renuncia y señalamientos a la estrategia fallida, en la Argentina es un dato más que sólo nos incumbe a un puñado de educadores. Todo pasa. Y como los sectores medios y altos mandamos a nuestros hijos a escuelas privadas (cosa que crecientemente también sucede entre sectores empobrecidos) creemos que, individualmente, hemos solucionado el problema. Y de eso no se habla.

Paros docentes hay una vez por año. Pruebas PISA cada tres años y tomas de escuela son  esporádicas y acotadas a la CABA. No hablamos de educación salvo en esas ocasiones en las que se levanta el telón por un ratito, coartadas perfectas para decir sin decir. Un “acting” destinado a la enorme duplicación de la decadencia educacional

Para saber un poco más de esta apatía, medimos la aparición de las palabras “educación” y “paro docente” y para darle contexto a la indolencia educacional agregamos “Wanda Nara” como control. Usamos  Google Trends para Internet Argentina, desde el 1ro. de enero de 2013 al 13 de abril de 2014.

Los datos son elocuentes: en el gráfico de abajo se ve (la línea azul) que la tendencia “educación” es bajita y pareja y nuca sube tanto como la de “paro docente” (la línea roja) que tiene picos muy importantes.

Y mirando la línea amarilla (la de Wanda) concluimos que hablamos de educación menos que de Wanda Nara y que, además,  ella tiene picos de debate mediático que  educación ni siquiera  sueña en sus momentos más conflictivos. El promedio –las tres barras de la izquierda- favorece claramente a Wanda. Y ni el máximo de educación ni de paro docente se acerca al máximo de Wanda. Felicitaciones.

wanda

Se dirá que “Wanda Nara” y “educación” son incomparables, que todas las sociedades tiene sus escapes, y cientos de etcéteras tal vez ciertos. Pero mientras “Wanda Nara” es capaz de  armar un escenario mediático pretencioso, interesante para mucha gente y globalizado, “educación” argentina languidece en la falta de proyecto, sobrevive en la aceptación mayoritaria de su decadencia, perdura en la reproducción indefinida de su deterioro.

Una apatía, un desdén, una desidia de la que nos lamentaremos por décadas.

 

No empiezan las clases: ¿qué falló?

¿Cómo que sin clases en la Argentina en el inicio del ciclo lectivo 2014 por problemas para financiar salarios docentes? ¿No era que con la Ley de Financiamiento Educativo se aumentaba la inversión en educación al 6% del Producto Bruto Interno y se resolvían los históricos problemas estructurales de financiamiento educacional?

Parece que no. Seguro que no.

Cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) -en 2005- fui de los únicos que se opuso. No digo, con ahínco, “el único”, porque no me cabe esa mezcla de soledad y orgullo, pero bien puede que objetivamente lo haya sido.

Es lógico que los educadores pretendamos más dinero para la educación. Yo soy un educador y así también lo pretendo. Pero en estas cuestiones son los detalles, la letra chica, el sentido técnico lo que más importa y no los titulares de los grandes medios (que en 2005 todos fueron favorables a esta hoy probadamente ineficaz ley del kirchnerismo). Desde 2005 vengo exponiendo objeciones que quedaron plasmadas en diferentes. Resumo:

1) El esquema de la LFE es idéntico al del financiamiento de la Ley Federal de Educación del menemismo (digamos que ahí fuimos un poquito más los que nos opusimos) y ya se había demostrado su rotundo fracaso. ¿Para qué insistir? Difícil de entenderlo: insistieron en el error y, obviamente, se equivocaron de nuevo

2) La LFE no solo que no resuelve las grandes inequidades del federalismo fiscal argentino sino que las agrava. Así pasó, dejando para las provincias el mayor costo del financiamiento y a la Nación con los costos residuales, en línea con la Ley de Transferencia Educativa de 1991 de Cavallo/Menem. Este fue el único punto en el que algunos legisladores de la oposición expresaron objeciones.

3) La LFE no propone ningún cambio en las condiciones laborales docentes ni tiende a mejorar la calidad educativa: el paisaje de quebranto del sistema educativo sigue siendo el mismo que en 2005 y los indicadores de calidad (incluyendo las pruebas PISA) muestran una situación de enorme deterioro ya reconocida por todos. Por ejemplo, aumentar salarios docentes por antigüedad o por presentismo (como quieren ahora) atrasa medio siglo: el kirchnerismo perdió la oportunidad (cuando el país crecía a tasas chinas) de debatir aumentos salariales por capacitación, innovación, resultados o compromiso social.

4) Este punto es central y es el que mejor explica qué falló para hoy no tener clases.
La LFE es “pro cíclica” o sea, sirve cuando el dinero está; cuando no está, como ahora, muestra sus enormes dificultades. Este año el PBI argentino o se estanca o decrece y el 6% para educación puede llegar a transformarse en 9%, 10% u 11% -quien sabe- por arte de la contabilidad pública en un contexto recesivo y eso no va a significar que estemos menor sino todo lo contrario. Por otro lado, el tótem “6% del PBI” ya era técnicamente viejo en 2005: fue propuesto por la UNESCO hace medio siglo para direccionar el gasto público en países cuyo sistema educativo recién se iniciaba, que no es el caso argentino. ¿No es mejor preguntarse, como lo hace la Presidente Dilma Roussef en Brasil, por el costo real de una educación de calidad y tender seriamente a ese objetivo, sin tótems y sin tabúes?

5) Ni la LFE ni la retahíla de leyes educacionales sancionadas desde 2003 han modificado la tendencia a la privatización del sistema educativo argentino que lo corroe cotidianamente, generando más desigualdad, segregación socieconómica y fragmentación cultural. Por ejemplo, desde 2003, según cifras oficiales, las escuelas primarias públicas argentinas perdieron 210 mil chicos, lo que significa una caída del 9% en una década mientras la primaria privada creció 22% para el mismo período. Es decir, con este esquema de financiamiento ni siquiera se logró conservar en la escuela pública a las familias que ya asistían a ella y buena parte de la inscripción de nuevos alumnos (la tan mentada “inclusión”) se explica estadísticamente ,sobre todo, por el aumento de la matrícula en escuelas privadas.

Esta ley de financiamiento educativo que desde su debate ya mostraba su lógica cosmética consiguió una adhesión unísona de los sectores dirigenciales, mostrando una forma de razonamiento político-educativo muy común de nuestra clase dirigente, no solo de los políticos. La LFE fue aprobada en el parlamento por unanimidad (en general) y avalada por una red de ONGs que actuaban de buena fe en apoyo a la ley, por comunicadores, empresarios e intelectuales a pesar de nuestros solitarios y desesperados ruegos. O sea, los actuales problemas de financiamiento educativo no solo son responsabilidad de quienes promovieron la LFE (gremios docentes, fundaciones pro K y el propio gobierno kirchnerista): mi soledad es el indicador más evidente de la falta de un proyecto educativo alternativo que hoy hace tanta falta y que, ojalá me equivoque, tampoco está.

En 2005 todo esto no se reconoció. En 2014 no reconocerlo y no actuar en consecuencia es reproducir el deterioro de la educación.

Si con dinero la educación empeoró imaginen ahora sin dinero.

El reconocimiento de la privatización de la educación durante la era K

El Gobierno Nacional ha respondido a nuestros artículos académicos y de opinión respecto del incremento de la privatización de la educación producido desde 2003. Lo hizo por medio de un documento oficial. El documento presenta varios aspectos: reconoce que durante la gestión kirchnerista creció la matrícula de la educación privada; comete un error de apreciación al minimizar este crecimiento y un disvalor, a nuestro juicio, de no marcar esto como un problema de política educativa sino como una suerte de característica propia de la Argentina, una suerte de mandato inevitable.

El reconocimiento es valioso pero no es completo. Trata de diluir la importancia de la privatización afirmando que la participación privada subió de 22,7 a 25,7%. Esto es correcto contando todo el sistema educativo, incluyendo la educación de adultos y la especial donde, naturalmente la presencia estatal, afortunadamente, siempre es más importante.

Pero si analizamos la “educación común” (inicial, primario, secundario y superior no universitario), la participación privada va de 25,0% en 2003 a 28,2% en 2011. Y si contamos los niveles educativos que incluyen obligatoriedad de asistencia (inicial, primario y secundario), la privada en 2003 era un 24,0% del total y pasó al 27,4% en 2011. Esta minimización tiene su punto alto en el documento oficial en el desdén que expresa frente a la pérdida de alumnos de las escuelas primarias públicas desde 2003. Dice el documento oficial: “[…]en primaria el descenso de la participación de la matrícula estatal ha sido más marcado que en la secundaria donde se ha mantenido estable. Si se tiene en cuenta que el primario ya no crece -en términos de alumnos y debido a los fenómenos demográficos y de cobertura señalados-, el resultado es que la primaria estatal tiene menos alumnos que en 2003 (5,7% menos), algo que ha sido tematizado en algunas notas de prensa recientes como una ‘sangría’ de la educación pública que no es tal ni por lejos.”

El gobierno reconoce esta pérdida de alumnos (coincidimos con el documento en que son 207.477 chicos que se fueron de las escuelas públicas durante su gestión) pero arguye que no se trata de una “sangría”. Si no acuerdan con esa palabra a los efectos de caracterizar el proceso, ¿cuál habrían de usar para describir esta tendencia que no se da aisladamente en un año o dos sino desde los inicios de la gestión K y a razón de 23.000 alumnos perdidos por año? ¿Cómo describirían el hecho de que hay varias provincias en situación crítica de pérdida de alumnos?

Por ejemplo, según los propios datos oficiales en 2003 el 70% de los alumnos de las escuelas primarias del Gran Buenos Aires iban a escuelas públicas; en 2011 se redujo al 60%. Provincias como Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Mendoza perdieron más del 10% de sus alumnos de escuelas primarias públicas. Santa Cruz perdió el 15,2%. Independientemente de la palabra que escojamos para describir la situación, es evidente que se complica año a año.

Dejamos de lado la explicación basada en fenómenos “demográficos” o de “cobertura” que parecen no existir en la educación primaria privada, la que que creció durante el kirchnerismo nada menos que el 21,7% (¡contra -5,7% de la escuela pública!). Preguntamos: si con más de 23.000 chicos menos cada año no hay ni sangría ni problema, ¿cuándo lo habría? ¿Se necesitan 400.000 chicos menos en las escuelas públicas? ¿Un millón menos? ¿Hace falta llegar a medidas de ajuste y poco fecundas como el cierre de grados para registrar que el problema es grave?

Respecto de los otros niveles del sistema educativo, el menosprecio del Gobierno por el problema no es menor al no advertir estos datos relevantes:
-en la educación inicial, la cantidad total de alumnos entre 2003 y 2011 creció un 17,7% pero a razón de apenas un 11,3% para el sector público y un 34,2% para el privado; -en la escuela secundaria, la matrícula total no creció mucho durante el kirchnerismo: 7,2%. La pública creció un 6% y la privada 10,2%.

Es verdad, este proceso de privatización de la educación no arranca en 2003 -como bien señala el documento oficial y como hemos demostrado hace ya 15 años en artículos académicos- sino que se remonta a unas cuantas décadas atrás. Pero durante la gestión K se inauguran dos fenómenos nuevos que la literatura académica reservaba a gobiernos “neoliberales”:

1) Desde 2003, todo el crecimiento de la matrícula en las escuelas primarias va a la educación privada y se registra una pérdida absoluta de alumnos de las escuelas públicas, un hecho inédito en la historia escolar argentina.

2) Desde 2003, el crecimiento de la matrícula en el nivel inicial se explica mayoritariamente por la escuela privada y en el caso de la escuela secundaria la incidencia de la educación privada es sustantiva.

En síntesis, es esperanzador que el Gobierno reconozca la privatización de la educación acaecida en su gestión pero las propias cifras oficiales ameritan tomarse esto más en serio.

Sin querer queriendo

En cuanto a la explicación de este fenómeno, es notable que el Gobierno no brinde una sola pista respecto de qué elementos de toda su gestión profundizaron la privatización de la educación. En el documento, el Gobierno asume la posición del comentarista, como si nada de lo hecho u omitido en esta década en términos de política educativa hubiera causado, o al menos colaborado, en la privatización educacional que por cierto se reconoce. Fue sin querer queriendo.

De los argumentos que el documento oficial brinda para entender lo que pasa, vamos a citar el más reiterado y el que, a nuestro juicio presenta una falla de razonamiento: “Cuando se observa el conjunto del sistema educativo, la variación de la participación de la matrícula privada en años recientes no llama la atención ya que está en el orden de lo ocurrido en otros períodos de crecimiento económico y del empleo –como el de la década del sesenta– en los que las familias cuentan con mayores ingresos para solventar gastos educativos”.

El argumento del Gobierno es sencillo: desde 2003, más familias eligen escuela privada porque gracias al crecimiento económico ahora tienen dinero para pagarla. El razonamiento es extraño sobre todo proviniendo de las esferas oficiales: de ser esto cierto (en realidad nosotros hemos demostrado estadísticamente que sí es cierto) no terminan de explicar por qué más familias eligen pagar lo que por derecho constitucional les corresponde en forma gratuita; por qué aumenta la presión impositiva y al mismo tiempo la matrícula de escuela privada.

La falacia de la parte por el todo es obvia: el aumento del nivel de ingresos de la población (de un sector) no es la causa de la privatización de la educación post 2003 sino su modo de acceso. El dinero no es el origen sino un medio. Lo que el documento oficial elude es que las familias pagan escuela privada no porque tienen dinero sino porque no encuentran en las escuelas públicas la respuesta a sus expectativas. Hay evidencia sobre esto en la investigación académica.

Además, el documento apunta que más escuela privada a causa del crecimiento económico “no llama la atención”: lamentablemente, sí nos llama la atención. Quienes creemos que la escuela pública es un valor democrático en sí mismo, entendemos que no debe ser una suerte de condena para quienes no poseen recursos, como se infiere de la explicación 4 del gobierno, sino un elemento central de la sociedad democrática y para todos los sectores sociales más allá de su nivel de ingresos.

La mayoría de los países del mundo no atan el aumento de la matrícula de la escuela pública a la pobreza: al contrario, crecimiento económico y escuela pública inclusiva y de calidad son indicadores de una sociedad democrática, desarrollada y justa.

Se inicia un debate necesario

Hace ya un tiempo advertíamos sobre el brutal aumento de la matrícula de la educación privada registrado desde 2003 y reclamamos un debate serio respecto de si la tendencia educacional instaurada durante el gobierno kirchnerista es la que realmente queremos los argentinos. Este Gobierno acaba de admitir, a diferencia de lo que ocurre con la inflación, que la privatización en su gestión existe aunque –lamentablemente– no le parece grave. Se conforma con lo que sucede. Ni siquiera es un problema para la educación argentina: hace seis meses, los ministros de educación de todas las provincias aprobaron el “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016” donde se diagnostican dificultades educacionales pero ni figura la privatización de la educación que, afortunadamente, ahora reconocen.

De nuestra parte entendemos que sí constituye un problema porque creemos en el valor inherente a una escuela pública renovada y a una escuela privada que crezca pero no a partir de los defectos de la escuela pública. Estos son los basamentos de la educación que queremos mientras el Gobierno Nacional registra la privatización de la educación promovida durante su gestión pero no lo plantea como algo que deba ser modificado.

Por el bien de la educación argentina, esperemos ampliar el debate.

 

El presente artículo fue escrito en colaboración con Mauro Moschetti, magister en Políticas Educativas por la Universidad Torcuato Di Tella y asistente de docencia e investigación en la Universidad de San Andrés.

Cómo el kirchnerismo perdió la escuela pública

Datos de la brutal privatización de la educación post 2003

Hace unos 15 años, publiqué el primer artículo académico en una revista internacional sobre la privatización de la educación en la Argentina. Corrían los últimos años noventa y en ese trabajo se mostraba cómo a partir de los años sesenta del siglo XX, la educación pública iba perdiendo terreno y una parte importante de la población se volcaba a escuelas privadas.

El artículo tuvo cierta repercusión internacional porque el incremento de la matrícula de escuelas privadas era de las mayores del mundo para la época Pues bien, esos números de privatización de la educación suenan a poco si se los compara con los que se produjeron en la década kirchnerista. Vamos a repasar y a resumir algunos datos que ya he publicados, además de revistas académicas, en Infobae y en otros medios y que pueden, por lo tanto, ser revisados con más profundidad.

Entre 2003 y 2011 (último dato oficial) la participación de la educación privada en el total de la educación común subió del 22 al 28,6% , un incremento inédito para tan corto tiempo. En algunas provincias, el tsunami privatizador post 2003 fue imparable. Provincias como JujuyCorrientes o Catamarca han tenido crecimiento de alumnos en escuelas privadas por encima de cualquier expectativa internacional.

El crecimiento de alumnos en la educación primaria se dio sólo en escuelas privadas (20%). Las escuelas primarias públicas perdieron 208 mil alumnos desde 2003 (-7%) pero hay distritos donde la pérdida de alumnos es crítica: Gran Buenos Aires -10%; La Rioja -13% o Mendoza -12%, El crecimiento de alumnos en la educación inicial desde 2003 se explica en un 47% por la educación privada. En cuanto a los jardines maternales, con datos de 2011, el 60% de sus chicos van a jardines privados (el 74% en el Gran Buenos Aires, el 66% en CABA). El crecimiento de la educación media post 2003 se explica por la asistencia a escuelas privadas en un 40%.

En resumen, el aumento de alumnos en escuelas privadas después del 2003 se da en una magnitud nunca vista en la historia escolar argentina, a los que se suma que, por primera vez en la historia, las escuelas públicas directamente pierden alumnos.

¿Qué hacía el gobierno kirchnerista mientras la escuela pública se vaciaba?

Según los propios funcionarios, los principales logros educacionales del kirchnerismo se consiguieron en el Congreso con la sanción de un conjunto de leyes educativas. Primero, la ley de 180 días de clase; más tarde la ley de obligatoriedad de la educación secundaria y luego la ley de educación nacional que anulaba la ley federal de educación menemista a pesar de que ésta no solamente fue obra de un gobierno justicialista sino que fue avalada personalmente por muchos de los funcionarios que en los dos mil propugnaban su demonización.

Está claro que todas estas leyes no tuvieron ningún impacto significativo ni siquiera en el campo sobre el que legislaba y en ningún momento se plantearon mecanismos efectivos para fortalecer a la escuela pública. De todas esas leyes, la de financiamiento educativo -que propuso llevar la inversión en educación al 6% del PBI- fue un intento concebido seriamente aunque basado en la presunción errónea de que los problemas de la educación eran centralmente una cuestión de dinero. Lamentablemente fuimos pocos quienes señalamos sus obvias limitaciones y mostramos que la ley en muy poco iba a ayudar a solucionar los problemas educativos argentinos, cosa que ocho años después ha quedado lamentablemente en claro. Para colmo desde 2003, otras áreas sociales aumentaron su financiamiento aun en una magnitud mayor que la educación sin necesitar de leyes. Y, lo más cruel, el gobierno nacional -que fue quien propuso la ley y se adjudicó el éxito de su sanción- fue el estamento que menor esfuerzo financiero hizo, aumentando el presupuesto educativo en apenas un punto percentual, recayendo todo el esfuerzo en las provincias.

Por supuesto, con las leyes no hemos enumerado todas las medidas que el kirchenrismo implementó mientras se vaciaba de alumnos la escuela pública. Falta, entre las más importantes, el intento de mejoramiento de las escuelas técnicas, la construcción de escuelas y la distribución de netbooks en las secundarias. Otras medidas muy difundidas fueron la distribución de libros en estadios de fútbol; la distribución de libros en las playas, el inolvidable material escolar analizando el mundial 2006 (los hinchas pedimos, por cábala, que nunca más hagan algo así a pesar del monumental nivel pedagógico del material y del enorme impacto en las escuelas de los barrios más pobres que el material seguramente habrá tenido), el histórico suplemento dominical que publicaron los grandes diarios argentinos (apenas dos años antes que fueran acusados por el mismo gobierno por delitos de lesa humanidad) con ejercicios de matemática y lengua para resolver sanamente y en familia y el revolucionario canje de deuda por educación.

Esta lista incompleta y desordenada que hemos expuesto marca dos hechos centrales: primero, en su momento fueron aplaudidas por buena parte de una opinión pública que hoy las critica con dureza y, segundo, han sido medidas que, como mínimo, se han mostrado ineficaces para fortalecer a la escuela pública y, como máximo, han sido causantes o al menos contribuyentes a la inédita y relevante merma de sus alumnos.

Mil razones y ninguna explicación

El kirchnerismo, por medio de sus funcionarios, intelectuales o publicistas, aún no ha dado una explicación acabada del fenómeno de incremento de la privatización de la educación acaecido durante su gobierno. Se trata de un tema silenciado y que si bien no ha sido reivindicado como un logro de la gestión (al menos hasta ahora) tampoco fue identificado como un problema en ninguno de los documentos del Ministerio de Educación o del Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de todas las provincias. Más todavía, este último organismo consagró por unanimidad (y con el consiguiente aval de peronistas K y anti K, radicales K, socialistas y Pro) un plan educativo 2012-2016 en el que el brutal aumento de la matrícula de la educación privada ni tan siquiera es mencionado. Cuando funcionarios, ex funcionarios o intelectuales afines al kirchnerismo explican el fenómeno de esta privatización educativa en la “década ganada”, suelen adjudicarlo al aumento del poder adquisitivo de la población: una mayor cantidad de recursos para las familias habría generado la salida masiva al sector privado de la educación.

El argumento contiene varias lagunas conceptuales; no cierra. Primero, porque supone como si tal cosa, que si el crecimiento económico siguiera aumentando la educación pública seguiría disminuyendo hasta, quien sabe, convertirse en el reducto de un pequeño sector social de mínimos recursos: la idea de escuela pública no ya para pobres, sólo para indigentes. Segundo, porque no considera el hecho de que hay países cuya población no manda a sus hijos a escuelas privadas: los papás no están esperando ganar un mango más para sacarlo de la escuela pública: la Argentina de otras épocas es ejemplo de esto.

Tercero, pero no menos importante, es un argumento economicista pero que desconsidera, paradojalmente, el hecho de que la escuela pública es gratuita y la privada es paga: quienes mandan a sus hijos a escuelas privadas no toman la vacante que por ley les corresponde. Es un argumento que escamotea tanto la realidad que, con la misma lógica, se diría que una persona que, después de tomar el FFCC Sarmiento durante años, a partir del 22-F decide comprarse un auto para ir a trabajar porque ahora tiene dinero para hacerlo, no por la tragedia de Once.

Epílogo

Escribo esta columna y un colega de la Universidad de Buenos Aires comenta por Twitter, azorado, que de los 50 estudiantes de su curso de la carrera de economía en 2013, ninguno, absolutamente ninguno, proviene de escuelas públicas (salvo de los colegios de la UBA). Se trata de una buena imagen del efecto de lo que se hizo y se dejó de hacer en estos años. Una paradoja respecto del discurso de “defensa de la educación pública”. Pero si se miran las acciones y las omisiones de la política educativa se comprenderá que la privatización de la educación en la década K está lejos de ser una casualidad.

Quienes creemos que la escuela pública es un valor en sí mismo, sostenemos que -antes o después de 2015- será necesario emprender un gran debate nacional para resolver, como sociedad, si vamos a valorizar a la educación pública o si la tendencia seguirá como hasta ahora: un sostenido vaciamiento que la va llevando a su agonía.

En resumen, el kirchnerismo, después de 10 años, ha perdido a la educación pública. Sólo le queda anunciar la privatización de la educación como un logro de su gestión. ¿Será después del blanqueo?

La mentira de los 180 (o 190) días de clase

La ley que nunca se cumplió

En diciembre de 2003 se sancionó una ley que nunca, pero nunca, se habría de cumplir: la que dispone un mínimo de 180 días de clase anuales para la escuela argentina.

El texto legal es muy raro. Primero, define que el “día de clase cumplido” ocurre “cuando se haya completado por lo menos la mitad de la cantidad de horas de reloj establecidas por las respectivas jurisdicciones para la jornada escolar”. Traduciendo: medio día escolar es igual a un día escolar. Aunque usted no lo crea. Segundo, la ley no determina la unidad de medición de cada día de clase: ¿Cada alumno? ¿Cada curso? ¿Cada escuela? ¿Cada provincia? Nada dice. Por ejemplo, si un tercer grado no tiene clases durante una semana por ausencia de docente o si una escuela durante varias días cierra por falta de agua, por obras o por una inundación, o si una provincia suspende sus clases por la gripe A, y en todos esos casos no se llega a 180 días de clase… ¿Se incumple con la ley? No está claro y los funcionarios no los computan como días perdidos.

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2013: final para la política de reparación del salario docente

La primer medida de gobierno del presidente Néstor Kirchner, a dos días de asumir su cargo, fue la de concurrir personalmente a la Provincia de Entre Ríos para llevar los recursos que permitieron pagar sueldos muy atrasados, aumentarlos y así encauzar un conflicto que llevaba semanas de huelga docente en 2003 pero que arrastraba una década  de salarios docentes muy bajos, congelados, pagados con bonos provinciales, en negro, etc. Fue una medida reparatoria con un alto contenido simbólico: el mismísimo Presidente de la República, en persona, poniendo el cuerpo, solucionando un conflicto educativo y llevando alivio a los educadores.

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No está la educación pública

Uno de los datos más relevantes -y preocupantes- de la educación argentina desde 2003 es el feroz aumento de la cantidad de alumnos en escuelas privadas y la pérdida de alumnos en escuelas públicas, sobre todo en primarias. Como ya hemos mostrado en trabajos académicos y columnas de opinión como la de Infobae del 27 de diciembre de 2012, los propios datos oficiales corroboran este crecimiento, inédito en la historia argentina.

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¿Mejoraría la educación pública sin subsidios a las escuelas privadas?

En la nota publicada en Infobae hace algunas semanas, La educación pública desde 2003: no la defiendan tanto,  brindé un conjunto de datos  que muestran el brutal proceso de privatización de la educación que atraviesa la Argentina desde años recientes.

Dentro de la discusión por las causas de la privatización de la educación en la Argentin aestá el lugar que se le asigna al subsidio a las escuelas privadas. Como es sabido, por una ley del primer peronismo (la 14.047 de 1947, en vigencia) refrendada por otra del peronismo (la Ley Federal de Educación de 1993, ya derogada) y confirmada por otra ley del peronismo (la Ley de Educación Nacional, de 2006, en vigencia) el Estado está facultado para financiar salarios docentes de escuelas privadas. Mediante este mecanismo, único en Latinoamérica, las  administraciones provinciales pueden financiar escuelas privadas en un porcentaje que, variando entre provincias, va del 40% al 100% de los salarios.

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