Ya ni siquiera huelgas docentes

En educación, a fuerza de decepciones continuas y deterioro constante, la dirigencia  política argentina se jacta de lo mínimo. Como si el país emergiera de una guerra civil o de un tsunami catastrófico,  los funcionarios que no soportan medidas de fuerza de inicio de ciclo lectivo bajo su jurisdicción y la misma Presidenta, alzan su voz al viento para expresar, sonrientes, “empiezan las clases”, como un corolario fundamental, como un resultado planificado por años o, mejor, como un atisbo de normalidad allí donde todo se derrumba.

De todas las jurisdicciones educativas  y de todos los colores partidarios el “acá no hay huelga docente” se ostenta con el entusiasmo de la obtención de los primeros lugares en las pruebas PISA  o de un  premio Nobel: orgullo de equipo chico –perdón por la imagen futbolera-  que festeja un empate de visitante en una canchita de barrio como si fuera en el Maracaná.

Sin entrar a analizar el retraso del salario docente, sus condiciones que deben ser modificadas y nunca lo son y la actitud sindical, que merece un capítulo aparte, la clase política se alivia por un acuerdo salarial y pretende trasmitirnos la sensación de una especie de épica victoria sarmientina sobre la barbarie donde solo hay ausencia casi total de política educativa innovadora.

En los últimos años es difícil pensar en políticas educativas innovadoras por fuera de la distribución de netbooks. En los parámetros de calidad, en las estrategias de inclusión, en los sistemas de control de conflictos, en la organización escolar, en el rol del director, en el financiamiento de las escuelas públicas, nada se ha si quiera debatido o probado. En sus inicios los años dos mil eran la inercia negativa contra los noventas: los mismos que habían promovido las reformas de Menem y aprobado la Ley Federal de Educación se solazaban, indignados y con gesto triunfante,  con su derogación. Unos años después, ni eso.

En los albores de kirchnerismo, y durante meses, el Gobierno y los medios publicitaron hasta el hartazgo la repartija de libros en canchas de fútbol como una fenomenal política educativa. Parecía un chiste, pero era en serio. Y esa política cosmética se perpetuó en leyes que poco o nada impactan en la realidad de las aulas, mientras desde 2003 se asiste e un inédito proceso de salida de escuelas estatales a escuelas privadas. El marketing gubernamental no es gratis y desde 2003 se perdieron  300.000 chicos de las escuelas públicas primarias (datos oficiales): un éxito históricamente inédito si pretendían privatizar la educación. Nunca menos.

Es tal la falta de ideas educacionales en la Argentina que ni siquiera se optó por algo tan elemental y sin consecuencias gremiales como dividir la carrera del maestro de la del directivo, tal la propuesta del ministro Tedesco en 2008. Como la medida significaba “ una concesión a la derecha”, se optó por mantener un esquema jerárquico escolar que tiene más de cien años, probadamente inútil pero que es –seguramente-  “de izquierdas”.

El desierto pedagógico argentino se extiende cada vez más. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI ni siquiera se debata que la antigüedad en el cargo (que premia la lealtad de un empleado con su empleador) sea el único y exclusivo aumento salarial que reciben los docentes argentinos?  ¿Por qué  seguir limitando  las funciones del director de escuela pública, quien hoy no participa ni mínimamente en la contratación de los docentes de la escuela que dirige, mientras a los directores de escuelas privadas sí se les asegura esa posibilidad, aun cuando los docentes que contraten sean financiados por el Estado? ¿Por qué todavía no tenemos en ninguna jurisdicción educacional del país una evaluación final obligatoria del secundario?

Es verdad que algunas de esas ideas cuestionan derechos adquiridos de la corporación docente. Pero, si acaso existe, un proyecto educacional merece ese debate para sacar al sistema educativo del anquilosamiento en el que está.

En el caso de un proyecto educativo que debata ideas innovadoras, puede que haya medidas de fuerza de los docentes, como ocurre en todos los países donde se pretende cambiar en serio la educación. Pero el motivo no será, como hasta ahora, una paupérrima actualización inflacionaria, sino la posibilidad de una innovación real del mundo escolar.

Postadata:

Según Infobae, en 2015 hay 11 provincias en las que las escuelas públicas no iniciaron las clases por medidas de fuerza. En 2004 estábamos un poco mejor: eran apenas 8. ¿Mañana será mejor?

 

No empiezan las clases: ¿qué falló?

¿Cómo que sin clases en la Argentina en el inicio del ciclo lectivo 2014 por problemas para financiar salarios docentes? ¿No era que con la Ley de Financiamiento Educativo se aumentaba la inversión en educación al 6% del Producto Bruto Interno y se resolvían los históricos problemas estructurales de financiamiento educacional?

Parece que no. Seguro que no.

Cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) -en 2005- fui de los únicos que se opuso. No digo, con ahínco, “el único”, porque no me cabe esa mezcla de soledad y orgullo, pero bien puede que objetivamente lo haya sido.

Es lógico que los educadores pretendamos más dinero para la educación. Yo soy un educador y así también lo pretendo. Pero en estas cuestiones son los detalles, la letra chica, el sentido técnico lo que más importa y no los titulares de los grandes medios (que en 2005 todos fueron favorables a esta hoy probadamente ineficaz ley del kirchnerismo). Desde 2005 vengo exponiendo objeciones que quedaron plasmadas en diferentes. Resumo:

1) El esquema de la LFE es idéntico al del financiamiento de la Ley Federal de Educación del menemismo (digamos que ahí fuimos un poquito más los que nos opusimos) y ya se había demostrado su rotundo fracaso. ¿Para qué insistir? Difícil de entenderlo: insistieron en el error y, obviamente, se equivocaron de nuevo

2) La LFE no solo que no resuelve las grandes inequidades del federalismo fiscal argentino sino que las agrava. Así pasó, dejando para las provincias el mayor costo del financiamiento y a la Nación con los costos residuales, en línea con la Ley de Transferencia Educativa de 1991 de Cavallo/Menem. Este fue el único punto en el que algunos legisladores de la oposición expresaron objeciones.

3) La LFE no propone ningún cambio en las condiciones laborales docentes ni tiende a mejorar la calidad educativa: el paisaje de quebranto del sistema educativo sigue siendo el mismo que en 2005 y los indicadores de calidad (incluyendo las pruebas PISA) muestran una situación de enorme deterioro ya reconocida por todos. Por ejemplo, aumentar salarios docentes por antigüedad o por presentismo (como quieren ahora) atrasa medio siglo: el kirchnerismo perdió la oportunidad (cuando el país crecía a tasas chinas) de debatir aumentos salariales por capacitación, innovación, resultados o compromiso social.

4) Este punto es central y es el que mejor explica qué falló para hoy no tener clases.
La LFE es “pro cíclica” o sea, sirve cuando el dinero está; cuando no está, como ahora, muestra sus enormes dificultades. Este año el PBI argentino o se estanca o decrece y el 6% para educación puede llegar a transformarse en 9%, 10% u 11% -quien sabe- por arte de la contabilidad pública en un contexto recesivo y eso no va a significar que estemos menor sino todo lo contrario. Por otro lado, el tótem “6% del PBI” ya era técnicamente viejo en 2005: fue propuesto por la UNESCO hace medio siglo para direccionar el gasto público en países cuyo sistema educativo recién se iniciaba, que no es el caso argentino. ¿No es mejor preguntarse, como lo hace la Presidente Dilma Roussef en Brasil, por el costo real de una educación de calidad y tender seriamente a ese objetivo, sin tótems y sin tabúes?

5) Ni la LFE ni la retahíla de leyes educacionales sancionadas desde 2003 han modificado la tendencia a la privatización del sistema educativo argentino que lo corroe cotidianamente, generando más desigualdad, segregación socieconómica y fragmentación cultural. Por ejemplo, desde 2003, según cifras oficiales, las escuelas primarias públicas argentinas perdieron 210 mil chicos, lo que significa una caída del 9% en una década mientras la primaria privada creció 22% para el mismo período. Es decir, con este esquema de financiamiento ni siquiera se logró conservar en la escuela pública a las familias que ya asistían a ella y buena parte de la inscripción de nuevos alumnos (la tan mentada “inclusión”) se explica estadísticamente ,sobre todo, por el aumento de la matrícula en escuelas privadas.

Esta ley de financiamiento educativo que desde su debate ya mostraba su lógica cosmética consiguió una adhesión unísona de los sectores dirigenciales, mostrando una forma de razonamiento político-educativo muy común de nuestra clase dirigente, no solo de los políticos. La LFE fue aprobada en el parlamento por unanimidad (en general) y avalada por una red de ONGs que actuaban de buena fe en apoyo a la ley, por comunicadores, empresarios e intelectuales a pesar de nuestros solitarios y desesperados ruegos. O sea, los actuales problemas de financiamiento educativo no solo son responsabilidad de quienes promovieron la LFE (gremios docentes, fundaciones pro K y el propio gobierno kirchnerista): mi soledad es el indicador más evidente de la falta de un proyecto educativo alternativo que hoy hace tanta falta y que, ojalá me equivoque, tampoco está.

En 2005 todo esto no se reconoció. En 2014 no reconocerlo y no actuar en consecuencia es reproducir el deterioro de la educación.

Si con dinero la educación empeoró imaginen ahora sin dinero.