El “prontuario” del juez Piombo

Columna escrita en colaboración con Andrea D’Atri

Si hoy hubiera que buscar una nombre para la malicia, la violencia y la perversidad ejercida contra un ser inocente, ese nombre es el del juez Horacio Piombo. Sin miramientos y en un solo acto, justificó la reducción de pena para un adulto que abusó de un menor de seis años, alegando que ese niño probablemente ya había sido abusado anteriormente y presentaba conductas homosexuales.

Para el juez Piombo, la supuesta experiencia anterior del niño –que no está demostrada, ni denunciada- haría de esta segunda ocasión de abuso una experiencia que no sería “tan ultrajante”. Además, señala como atenuantes que el niño ya presentaba conductas de travestimo y otras que podrían interpretarse como tendencias a una personalidad homosexual. Continuar leyendo

La violencia de género requiere medidas urgentes

“No vas a ver más a tus hijos”, amenaza él mientras conduce su automóvil y lo estrella contra un camión, con sus hijos adentro, en una ruta de la provincia de Entre Ríos. Otro hombre cita a una mujer en un bar del porteño barrio de Caballito; había sido su compañera de escuela durante la adolescencia y había logrado contactarla después de muchos años. Ella, para encontrarse con él, busca un lugar donde todos puedan verla, porque le resultaba sospechosa su insistencia. Ni siquiera así logra escapar de la violencia femicida. Este lunes fue hallado el cádaver de una adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida en Santa Fe. Su cuerpo estaba enterrado en el patio de la casa de su novio, que confesó ser autor del hecho.

Apenas tres hechos nada más de los tantos que cada día nos dejan sin respiración. Las estadísticas son escalofriantes: cada treinta horas una mujer es asesinada en Argentina solo a causa de serlo. Es decir, cada treinta horas una mujer muere víctima de la violencia machista. Y también es habitual que el maltrato, e incluso la violencia letal, alcance a hijos e hijas.

Según detalla el Observatorio de Femicidios de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en 2013 se produjo un recrudecimiento de la violencia de género, pese a que el Congreso Nacional aprobó un nuevo régimen que castiga el delito de femicidio con reclusión perpetua. Y en estos pocos meses del 2015 las cifras son alarmantes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54 % somos mujeres, y el 44 % de esas mujeres son sostén de familia. En un informe, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social porteño y por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, se indica que dos de cada diez porteñas fueron o son golpeadas por sus parejas o exparejas; seis de cada diez reciben insultos a diario, son maltratadas o menospreciadas. También surge de ese informe el dato de que solo una de cada diez mujeres hace la denuncia.

No es apenas un problema porteño. El flagelo de la violencia femicida se extiende a todo el país. Pero la preocupación de los políticos oficialistas y opositores por el trato a las mujeres no es creíble: mientras se escandalizan por las altas cifras de femicidios, impiden que se trate el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho a la Aborto y se legalice el aborto, que es la causa por la que también muere otra mujer diariamente en el país. Gobiernos, Poder Judicial, funcionarios que también miran para otro lado o encubren –cuando no son directamente copartícipes o clientes– a las redes de trata que secuestran, explotan, violentan e incluso matan a jóvenes mujeres que son obligadas a prostituirse en locales ¡habilitados por los mismos municipios!

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y las mujeres de Pan y Rosas en el Frente de Izquierda luchamos por una vida libre de cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres y la comunidad LGTB. Por eso levantamos esta voz durante la campaña electoral, donde somos la única fuerza política encabezada por una mujer que se presentará en las próximas elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires, llamando a las mujeres trabajadoras y a las jóvenes estudiantes a organizarnos, porque la única respuesta que podemos dar a este flagelo es con nuestra fuerza de lucha, colectiva e independiente de los partidos tradicionales.  Y el próximo 3 de junio, a las 17 horas, en el Congreso Nacional y en todas las ciudades del país, te esperamos para marchar con nosotras, porque queremos fortalecer esa voz y que se oiga bien fuerte “Ni una menos”.

Negocios y esclavitud, la cara más oscura de la Ciudad

Con la terrible muerte de dos niños en un taller clandestino de Flores, cobraron trascendencia las numerosas denuncias que pesan desde hace años sobre las indignas condiciones en que trabaja y vive la inmensa mayoría de los obreros textiles en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Con Matías Aufieri, compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), somos abogados de María y Eduardo, trabajadores de la textil Elemento, que produce para Cheeky y otras marcas de la misma magnitud. El caso fue noticia en 2013 cuando una trabajadora de esa textil se prendió fuego, desesperada ante la presión de sus patrones por mayor producción. Nuestro organismo encabezó la denuncia de esta ecuación macabra: cuando los trabajadores se rebelan contra las condiciones que los llevan a morir atrapados, a trabajar doce o más horas por un sueldo miserable, o incluso, como en este caso, a sufrir abortos espontáneos sin permiso para salir al médico, son despedidos por las patronales esclavistas en complicidad con el sindicato textil. Continuar leyendo

La tentación de militarizar la represión

A pesar de haber sido prometida como una fuerza democrática, de proximidad y otros tantos slogans, la Policía Metropolitana ya ha demostrado para qué se la necesita en el Parque Indoamericano, el Barrio Papa Francisco, la Sala Alberdi (represión con balas de plomo), el Hospital Borda e innumerable cantidad de desalojos a familias humildes. Criminalización de la protesta y de la pobreza, nuevo discurso para la repetición del esquema clásico.

Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.

En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.

Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.

A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.

El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.

Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.

Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.

También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.

Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.

Pistolas y empresarios como consignas electorales

La campaña se llena de símbolos. La justicia porteña falló a favor del PRO autorizando el uso de pistolas Taser por la Metropolitana. Por su parte, este 24 de marzo Hebe de Bonafini llegó a la Plaza con Aníbal Fernández, y Estela de Carlotto llamó a votar con la memoria. Es una memoria selectiva porque olvida a Milani, Proyecto X o el gendarme “carancho”.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios. Continuar leyendo

El submundo oscuro de los servicios

Estamos asistiendo a la exposición de un submundo que generalmente permanece oculto ante los ojos de las mayorías populares como es la obscena relación de los servicios de inteligencia con los gobiernos de turno, así como con jueces y fiscales. En ese marco, el PRO de Mauricio Macri intenta mostrarse decidido y diferente a un gobierno nacional que sostuvo a Jaime Stiuso y a miles de agentes mientras les fueron útiles.

Mientras discursivamente afirma que “la forma de sanar el dolor es la verdad”, Macri también espía y conspira a espaldas del pueblo trabajador.

A la cabeza de esta puesta en escena del PRO se encuentra Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el fiscal Alberto Nisman debía declarar. Ella fue una de las figuras prominentes del gobierno de la Alianza, aquel que le pagó (coimeó) con fondos de la SIDE a los senadores para que aprueben la antiobrera reforma laboral que pasó a la historia como “Ley Banelco”. Continuar leyendo

El kirchnerismo avaló la impunidad de la SIDE

Ante los anuncios de la Presidente de la Nación sobre la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, y cuando el gobierno nacional intenta mostrarse como víctima de esos servicios, se renueva la necesidad de tener presente cómo han actuado los tenebrosos agentes en algunas de las principales causas que conmovieron el país, en épocas de muy buenas relaciones con el kirchnerismo.

Se dice que la primera visita que recibe un juez federal cuando asume es la de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Su presencia en Comodoro Py es omnímoda.

Cuando denunciamos uno de los escándalos de espionaje más grandes de la historia del país, conocido como “Proyecto X”, rápidamente el juez federal Norberto Oyarbide nombró un agente secreto de la SIDE para que controle la producción de la prueba, para que participe en las pericias y, seguramente, para que mantenga al tanto a sus superiores de cada cosa que los querellantes vamos descubriendo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y seguimos sin saber quién es, no conocemos su cara ni su nombre.

Sufrimos también su embate cuando desapareció Julio López. Sus agentes fueron unos de los encargados de desviar la investigación desde los primeros días. Al poco tiempo ya denunciamos que la Justicia les dio “amplio poder discrecional a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, quienes llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control, y, entre otras cosas, no se investigó al entorno de Etchecolatz; los informes de la SIDE que hay sobre ese grupo, se basan en datos de la guía telefónica”.

A su vez le dieron una flota de celulares a la familia López para que hablen por allí. Por eso oportunamente también denunciamos que “la Policía Federal y la Bonaerense se resisten a entregar sus investigaciones paralelas y la SIDE no presenta casi ningún informe más, pero se ocupa de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López –sin que conste en la causa- una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación”.  Esos celulares estaban a nombre del propio “Jaime” Stiusso. Una gran demostración de poder de “los servicios”.

Stiusso ya era parte de la SIDE cuando desapareció López la primera vez (1976), y continuaba en su puesto cuando desapareció la segunda (2006).

Como vemos en estos trágicos ejemplos, son parte actuante de los principales casos del país.

Son los mismos

Ya habían mutado su nombre de SIDE a Secretaría de Inteligencia y habían barrido a algunos infieles, pero mantuvieron allí a los agentes que participaron de la dictadura, que actuaron en operaciones para señalar a aquellos que luego serían secuestrados, torturados, desaparecidos. Por eso, en noviembre pasado el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley donde exige que se abran los archivos de la SIDE y que se publiquen los nombres de sus agentes, ello en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha del dictado del estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

Nos consta que los archivos están. Logramos demostrarlo en la megacausa “ESMA” con nuestra compañera querellante Alejandrina Barry. Después de una larga resistencia, la Secretaría de Inteligencia remitió al juzgado “la ficha” con las actividades de los padres de Alejandrina desde, incluso, el período anterior a la dictadura y hasta su desaparición. Si bien los datos hoy no son novedosos, demuestran que la información es conservada.

Es bueno aclarar que ningún diputado del oficialismo (ni de varios de los bloques de oposición), de esos que ahora denuncian el funcionamiento mafioso, acompañó nuestra presentación.

No hay otra salida

Es por todo ello que lo que más pone en duda el espíritu reformador de la Presidente con la creación de la Agencia Federal de Informaciones, son sus propios antecedentes, entre los que se cuentan la utilización del “Proyecto X” para espiar al gremialismo combativo y de izquierda, la infiltración de un agente de la Policía Federal en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh, así como la designación de un personaje de inteligencia como César Milani al mando del Ejército.

Porque los principales referentes de los bloques de oposición también han usado los servicios de inteligencia en función de sus intereses cada vez que gobernaron, estamos convencidos que es necesaria una gran movilización de los trabajadores y el pueblo por la apertura y la desclasificación de todos los archivos de la ex SIDE y la publicidad de la nómina de todo su personal.  También para terminar con el “Proyecto X” y encarcelar a Milani por genocida.

Proponemos una comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado a la AMIA, compuesta por familiares de las víctimas y personalidades de los organismos de derechos humanos.

Un adelantamiento a la medida del PRO

Después de varios meses de incertidumbre, el Jefe de Gobierno ha decidido convocar a las elecciones porteñas. Será la primera vez que se utilizará el sistema de las PASO y la boleta única. Las primarias están previstas para el 26 de abril, mientras que las generales tendrán lugar el 5 de julio. La demora se debió a las propias internas dentro del oficialismo que cuenta con cuatro precandidatos con intenciones de enfrentarse en las primarias abiertas, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Cristian Ritondo y Diego Santilli.  Y también a las presiones de su gurú Durán Barba.

Estas dilaciones dejaron al resto de las fuerzas políticas rehenes de las peleas dentro del PRO, que con esta maniobra antidemocrática deja muy poco tiempo para la campaña, teniendo en cuenta que las alianzas para las elecciones deben presentarse a fines de febrero de 2015. Ahora los porteños pueden llegar a tener que ir 6 veces a las urnas en 2015.

Es además la primera vez que en la Ciudad se utilizará el sistema de primarias abiertas y la boleta única. En este caso también cuentan con la proscripción del piso de 1,5% de los votos válidos en las primarias para poder participar de las generales, pero a diferencia de las elecciones nacionales o las de la Provincia de Buenos Aires, no ofrece en igualdad de condiciones espacios gratuitos de radio y televisión para que todas las propuestas puedan ser conocidas por los ciudadanos porteños. Esto no es un detalle menor cuando candidatos como Macri planean gastar hasta $1.000 millones de pesos en la campaña electoral del año que viene y el aumento en el gasto en publicidad oficial en el presupuesto 2015 de la Ciudad es de más de un 100%, llegando a los $760 millones. Hablamos de más de $2 millones diarios al servicio de las candidaturas del PRO.

El Frente para la Victoria tampoco tiene problemas económicos pero en la Ciudad tiene muchos inconvenientes con sus candidatos. Hasta ahora se han propuesto al menos siete postulantes para 2015, lo que muestra las dificultades del kirchnerismo de hacer pie en Buenos Aires, más aún a casi cuatro meses de las primarias. La posibilidad de que Cabandié sea candidato -el gran negociador con el PRO durante su estadía en la Legislatura porteña- da una idea de por qué el kirchnerismo nunca se terminó de enfrentar al proyecto de Ciudad que ofrece el PRO. Las imágenes de la Metropolitana junto con Berni y la Gendarmería desalojando el Barrio Papa Francisco con las topadoras, tal como hizo la dictadura con Cacciatore y su plan de erradicación de villas, o el desalojo del Indoamericano a los balazos entre el gobierno nacional y el de la Ciudad son bastante elocuentes de los modelos que ofrecen ante la enorme crisis habitacional.

Martín Lousteau ya se lanzó en su carrera por la Jefatura de Gobierno. Apuntalado por el Coti Nosiglia y radicales provenientes de la Franja Morada universitaria, como Emiliano Yacobbiti, el ex Ministro de Economía de la 125 ahora intenta aglutinar a un sector antikirchnertista de la Ciudad. La crisis permanente de UNEN con el affaire Carrió, sumado al oportunismo de este espacio que a nivel nacional pelea por un acuerdo con el PRO, no son más que una muestra de sus coincidencias con el proyecto macrista.

Por su parte, el Frente de Izquierda consiguió en las últimas elecciones un legislador y estuvo muy cerca de los votos necesarios para tener un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La banca que hoy ocupa Marcelo Ramal será ocupada luego por nuestro compañero Patricio Del Corro, ya que las bancas son rotativas. Nuestros diputados además mantenemos nuestras promesas y cobraremos lo mismo que un docente y aportaremos el resto de la dieta a las luchas, como ya lo viene haciendo en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño.

El Partido Obrero y mi partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas, venimos de hacer dos importantes actos que colmaron dos de los principales estadios cubiertos de Buenos Aires, como el Luna Park y el Malvinas Argentinas. Nuestro trabajo militante durante los últimos años contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy y el acompañamiento incondicional a los trabajadores que enfrentan los despidos y cierres como los de Lear (que vienen de obtener un enorme triunfo) y Donnelley, así como los del Subte, los telefónicos, aeronáuticos y docentes en al ciudad; nos ponen en inmejorables condiciones para enfrentar la batalla electoral y ser la alternativa que los trabajadores y la juventud necesitan contra la gestión de negocios privados en que el PRO ha transformado la Ciudad.

Legisladores sensibles

La semana pasada, la Legislatura porteña volvió a dar una muestra de que en la Argentina existe una casta de políticos que viven de la política y están decididos a legislar para mantener sus privilegios. Incluso llamó la atención el encono con el que los diputados tanto del PRO como Cristian Ritondo o kirchneristas como Jorge Aragón defendieron sus abultados sueldos ante el cuestionamiento de sólo cuatro diputados. Los únicos que votaron a favor de limitar los sueldos de los legisladores fueron Gustavo Vera y Pablo Bergel (Bien Común), Alejandro Bodart (MST) y mi compañero del FIT Marcelo Ramal (PO).

El salario de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires está establecido por ley desde 1997 en un 20% por encima de lo que cobra un empleado de la Legislatura, máxima categoría, con título universitario y 25 años de antigüedad. Con los aumentos que recibieron los diputados sus dietas se duplicaron en los últimos dos años, pasando de $30 mil a más de $60 mil como publicó el diario La Nación. Continuar leyendo

Ofensiva en la “Operación Limpieza” de Milani

Está en curso una ofensiva en la escandalosa operación de limpieza del jefe del Ejército César Milani. Horacio Salman, fiscal subrogante de La Rioja, determinó que Milani no tiene responsabilidad penal en el secuestro de Ramón Olivera porque en su legajo figura una oportuna sanción que casualmente lo obligaba a estar en su regimiento de Ingenieros el día del secuestro de Ramón Olivera, y, como todo el mundo sabe, en la dictadura se respetaban mucho las normas.

La bochornosa debilidad de esta defensa -por parte de quien debería acusarlo- está dada porque hay jurisprudencia contra este tipo de excusas casi infantiles. No se consiguieron con poco esfuerzo, debemos decirlo, ya que los jueces dejan correr estos argumentos. Los querellantes que luchamos contra la impunidad, no.

Como ejemplo podemos citar lo ocurrido recientemente en la causa ESMA, donde este 23 de abril la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó dos absoluciones de marinos de la ESMA y ordenó que se dicte nuevamente sentencia. El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, tomando como válidos -entre otras pruebas- los legajos de los genocidas Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, los había absuelto por los casos de Rodolfo Walsh y otras víctimas. En nuestro alegato denunciamos que los legajos de los represores están “intervenidos”, fueron fraguados preparando la impunidad. Es así que las querellas del CELS y de Justicia Ya! recurrimos ese fallo y la Sala II nos dio la razón por entender que las constancias de los legajos suelen ser contradictorias y que hay que escuchar a los testigos sobrevivientes.

En el caso de Milani hay que escuchar el testimonio de Olivera.

Son todas las cúpulas

Tanta defensa hacia el jefe del Ejército puede tener varias explicaciones, aunque hay una que es fundamental: el cuestionamiento hacia Milani alcanza a la inmensa mayoría de los actuales altos mandos de las Fuerzas Armadas y también a la suboficialidad con más antigüedad.

Resulta difícil para este Gobierno autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos y mantener a un 14 % de quienes fueron parte del plan genocida, que pasaron por los centros clandestinos, que fueron parte de esa estructura represiva que actuó contra “una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas” (como dijimos en nuestro alegato en ESMA II).

César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Milani y cincuenta generales más son parte de un Ejército argentino que cuenta con 3.381 miembros que provienen de la dictadura.

La situación se repite en la Armada: 543 oficiales y 759 suboficiales comparten ese origen. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que este Gobierno mantiene ocultos los archivos de la represión. La Fuerza Aérea incluso supera esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales que aún están en funciones desde la dictadura.

Estamos seguros al afirmar que defender a Milani es defender esa continuidad del aparato represivo de la dictadura en las Fuerzas Armadas actuales. Cuando se apoya a Milani se está siendo cómplice de todo lo demás. Cuestionar la impunidad de Milani y su lugar al mando en el Ejército es pelear por terminar con todo el aparato de espionaje montado en la dictadura y que hoy continúa la tarea con sus mismos agentes, como es el caso de Américo Balbuena de la Policía Federal, infiltrado por una década en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh para espiar a la militancia social y política; o del “Agente de Reunión en el Ámbito Gremial” del Destacamento de Inteligencia 201, Gerardo Martínez de la UOCRA.

Repudiar la designación de Milani es rechazar que se sigan escondiendo los archivos de la represión, que nos consta que existen, pero que el Gobierno se niega abrir. Los documentos aparecen cuando quieren sumar impunidad.
Denunciamos la responsabilidad central que tienen el Gobierno y un Poder Judicial que conserva decenas de funcionarios de la dictadura, a la vez que dilata las causas contra los genocidas, empezando por que solo el 20 % de las condenas en delitos de lesa humanidad está firme.

Si Milani hoy no está condenado y preso no es porque falten pruebas. Hay una decisión política de rodearlo de impunidad.  

Por eso sostenemos que nuestra herramienta para terminar con la impunidad, hoy como ayer es la movilización en las calles.