Capitanich y sus explicaciones sobre el espionaje

El año 2013 terminó cruzado por verdaderos motines de una Policía que organiza saqueos y desmanes varios. Los respectivos Gobiernos les otorgaron aumentos e impunidades exigidas mediante este particular método, y la cuestión se cerró en la superficie.

Veníamos del escándalo de las narcopolicías en Santa Fe y en Córdoba, que superaron la antigua metodología de la complicidad con el narcotráfico, siendo ahora  organizadoras directas del negocio narco en gran escala.

Parece que no pasó un verano, sino un siglo, y hoy nos encontramos nuevamente ante una gran campaña pidiendo “más policía” y justificando mientras tanto actos bestiales. Las medidas de “excepción” de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, repudiadas en la Legislatura por mi compañero diputado Christian Castillo, se inscriben en esta lógica de fortalecer las fuerzas represivas y el control social.

Cuando hablan de más policía, ninguno de esos políticos y caudillos provinciales, ninguno de esos funcionarios nacionales ignora que estamos hablando de Hugo Tognoli, Rafael Sosa…

Pero también de Alfredo Fanchiotti, cara visible de la masacre de Puente Pueyrredon;  de José Darío Poblete (asesino del maestro Fuentealba), de los que desaparecieron a Luciano Arruga, de los policías que nombró Julio López en su testimonio… y podríamos seguir.

O de Balbuena.

Américo Balbuena es un agente secreto de la Policía Federal que durante una década se infiltró en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Desde allí, amparándose en un medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones.

Los testigos que están declarando en la causa penal que iniciamos varias organizaciones junto a los periodistas de la Agencia Walsh lo describen como “El pelado Américo”, bonachón, solícito, casi ingenuo. Su legajo en la Federal lo describe igual, pero al revés: locuaz y colaborador.

Ingresó a la Policía en la dictadura militar y desde allí fue ascendiendo, a la par que realizaba cursos de inteligencia. Integra desde ese momento un cuerpo especial que tiene la Federal para realizar espionaje político, que todos saben que existe, que todos saben que actúa, pero pasan los años, pasan los Gobiernos, y estos agentes de inteligencia siguen allí, locuaces y colaboradores.

Sobre las tareas a las que estuvo asignado poco se sabe aún. El Gobierno apuesta a la parálisis de la causa judicial o a alguna de las otras alternativas con las que ha frenado investigaciones con éxito.

El pasado jueves 3 de abril el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindó su informe en el Congreso nacional. A instancias del diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda, Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. Sus palabras fueron significativas. Dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si, además de “las incompatibilidades denunciadas”, existía la comisión de un delito. También en forma no muy clara, habló de la derogación del decreto-ley (proveniente de una dictadura) que fundó el órgano de espionaje.

Vamos por partes. El sumario al que se refiere el jefe de Gabinete es casi de antología. Sin ánimo de caer en el “derecho penal de autor”, debemos señalar que en él, centralmente, se encargan de recopilar todo lo que nosotros decimos sobre Balbuena. Su lupa la ponen sobre los denunciantes.

“Incompatibilidades” no hay. En la causa judicial declaró recientemente el diputado por la provincia de Buenos Aires Marcelo Saín y allí explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que expresamente quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIDE se le permitiría. Los ejemplos citados fueron la secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz o el resonado caso de Ciro James al servicio, también, del Gobierno de Mauricio Macri. Esa es la infantil coartada que utilizó Sergio Berni para justificar el accionar delictivo de este agente de inteligencia.

A su vez, el diputado provincial Christian Castillo declaró en la causa cómo la Federal usaba como modo de blanqueo de información las publicaciones de Balbuena. Citado a declarar en alguna causa, encontró allí estas publicaciones presentadas como prueba de cargo.

Remarcó Castillo en su declaración que, así como se conocen los archivos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y estos contribuyen en las causas de lesa humanidad, la Federal mantiene ocultos los suyos, con lo cual “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida”.

Proyecto X, agente Balbuena, Ciro James. No son casualidades.

Seguiremos peleando por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Junto a ello, exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, como los que mantiene ocultos, contribuyendo a la impunidad, la Policía Federal.

Código Penal: la continuidad del sistema está garantizada

Sergio Massa ha desatado un verdadero torbellino en torno al anteproyecto de reforma del Código Penal. A pesar de lo elementales que resultan las afirmaciones, han destapado un nuevo fenómeno en la actualidad política argentina. Hasta Zaffaroni ha tenido que salir a explicar que el anteproyecto en realidad es “conservador”.

Mientras por abajo crece la bronca de los trabajadores contra el ajuste en curso, la inflación y la licuación de los salarios, por arriba, eso que se llama superestructura política intenta cerrar filas pugnando por ir cada vez más a la derecha. Los que aplaudieron reformas contra los trabajadores, intensamente antiobreras como la Ley de Riesgos del Trabajo, o antidemocráticas como la legislación “antiterrorista”, o, sin ir más lejos, el noventista proyecto de Código Civil, ahora se erigen como defensores de ‘la gente’ y despotrican porque se elimina la reincidencia y no se pena con más fuerza a las manifestaciones que puedan interrumpir circunstancialmente el tránsito.

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Las reservas que no se agotan

Nos referimos a la solidaridad, y podemos dar cuenta de ello. Está en curso uno de los ataques más grandes que han sufrido los trabajadores a sus libertades democráticas en los últimos treinta años: la condena a cadena perpetua a petroleros de la localidad santacruceña de Las Heras por haber reclamado contra el impuesto a las ganancias y por el fin de las tercerizaciones. Esa lucha terminó en una pueblada cuando encarcelaron a uno de los dirigentes petroleros, y, en la represión policial de dicha movilización, resultó muerto un efectivo.

Sin ninguna prueba que los avale, con testimonios arrancados bajo torturas fueron armando paso a paso una causa judicial que incluso fue declarada nula dos veces. Nada les impidió proseguir: las grandes empresas petroleras esperaban un castigo ejemplar para ese pueblo trabajador que se animó a desafiarlas. ¿Quién mató al oficial Sayago? No les importa o, al menos, lo que es seguro, no lograron demostrarlo en un juicio oral plagado de irregularidades y con apremios ilegales tan propios del método investigativo de las policías actuales; sabían desde el inicio a quiénes querían culpar del crimen.

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Las Heras: torturas y juicio a la medida de las petroleras

El presente artículo fue escrito en común con Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del CEPRODH, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

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Seguridad: el Gobierno toma la agenda de la derecha

La fuga de votos desde el Frente para la Victoria hacia el Frente Renovador de Sergio Massa hizo que el Gobierno de Cristina Fernández se proponga recuperarlos tomando la agenda clásica de la derecha, respondiendo a los reclamos de “seguridad” que vienen realizando parte de las clases medias y que son tema central en los grandes medios.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

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Chevron: entregan los recursos a fuerza de balas y gases lacrimógenos

Lo que vivimos en Neuquén quedará en nuestras memorias, sin duda. El estruendo de gases lacrimógenos, gas pimienta y el sonido de las balas también. La represión comenzó a las 10:00 en punto y eran las 19:00 y seguían lloviendo los gases que eran deliberadamente tirados al cuerpo de los  que nos manifestábamos. Presos (golpeados además), heridos, periodistas con la cabeza ensangrentada, eran las imágenes que se sucedían en el lugar.

Los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino y el kirchnerismo quisieron encubrir el acto de entrega a la multinacional Chevron del petróleo alojado en los yacimientos de Vaca Muerta (Neuquén). Por eso impidieron que los referentes del Frente de Izquierda que viajamos a esa provincia para denunciar esta entrega pudiéramos ingresar para realizar una conferencia de prensa, por eso desataron una brutal represión contra los manifestantes que incluyó gases, palos y hasta balas de plomo. Pretenden tapar con rejas y represión un acuerdo con cláusulas secretas, concesiones por décadas, a favor de empresas que se hacen cada vez más millonarias a costa de nuestros recursos naturales no renovables y la contaminación de nuestro suelo. Quieren saquear en forma rápida e irresponsable lo que la naturaleza tardó millones de años en producir.

Ese es el plan que las vallas y la represión pretenden ocultar. Un plan que en rigor es la continuación de la política energética kirchnerista en los últimos diez años. La misma que permitió que Repsol y otras empresas vaciaran las reservas petroleras y gasíferas, logrando que nuestro país pasase del autoabastecimiento a un enorme déficit energético que este año llevará -nuevamente- a la importación de combustible por miles de millones de dólares.  Ayer fue Repsol la beneficiaria, hoy lo es la Chevron gracias a la aprobación del proyecto en la legislatura neuquina.

Este acuerdo implica la explotación mediante el método de hidrofractura o fracking, un sistema altamente contaminante que ya produjo un desastre ambiental el Ecuador y es profundamente cuestionado, con muchas pruebas sobre su uso, por todas las organizaciones ambientalistas y por los hermanos de la comunidad mapuche.

Cuando denunciamos el “Proyecto X” y el espionaje ilegal que él representaba, descubrimos que unos de los sectores de los cuales la Gendarmería Nacional acumulaba información y producía inteligencia era sobre los ambientalistas, como asamblea de Gualeguaychú y de Esquel. También recordemos que el primer intento de aplicar la llamada Ley Antiterrorista fue contra los luchadores contra la megaminería contaminante. Esto no es casualidad, el espionaje y la represión se usan en defensa de las multinacionales, desde Kraft hasta Chevron, siempre contra los que luchan por sus legítimos derechos.

Desde el Frente de Izquierda nos opusimos desde el primer momento a esta nueva entrega. Denunciamos que venía a consagrar nuevamente un saqueo a nuestros recursos, como el que inició la privatización de YPF en 1994. Denunciamos también que era una nueva muestra de la sumisión de los Gobiernos nacional y provincial a las multinacionales petroleras. Lo habíamos adelantado cuando se expropiaron el 51% de las acciones de Repsol: no significó un avance en la “soberanía nacional”, sino una nueva entrega a las multinacionales.

Raúl Godoy, diputado neuquino del Frente de Izquierda, obrero de la fábrica recuperada Zanon y dirigente del PTS, ha denunciando dentro y fuera de la Legislatura desde el primer día este acuerdo entreguista que ni siquiera se ha dado a conocer a los propios diputados que tienen tenían que aprobarlo o rechazarlo, bajo el argumento que ellos sólo aprobaban la prórroga de la concesión a YPF. Saben de nuestra coherencia y por eso ayer cuando ingresamos a la Legislatura para exigir que no se apruebe el acuerdo, nos recibió la patota que el MPN tenía preparada para intimidarnos y amenazarnos. Nos hicieron pasar en medio de los patoteros que nos agredían para ingresar y salir de la sesión legislativa.

Pero no sólo nos opusimos en el ámbito legislativo, estamos dando esta pelea en las calles, impulsando la movilización y siendo parte de las acciones de lucha que están llevando adelante distintos sectores y en todo el país. El mismo día que se votaba este acuerdo, la CTA llamó a paro provincial y partió desde la Universidad del Comahue una enorme movilización de trabajadores  judiciales, docentes, estatales, ceramistas, estudiantes, ambientalistas, de la comunidad mapuche, organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales nos expresamos en la calle para decirle no al acuerdo con Chevron. Personalidades y diputados nacionales viajaron desde Buenos Aires para acompañar esta marcha que el MPN quiere demonizar y culpar como la responsable de lo ocurrido.

Como dijo mi compañero Raúl Godoy desde su banca en la escandalosa sesión antes de exigir su levantamiento y retirarse junto al resto de la oposición: “La misma policía que asesinó a Carlos Fuentealba, a Teresa Rodríguez, la que le metió 66 perdigones a un compañero de Zanon, esa misma policía está ahora acá. Hoy se está entregando el futuro de los neuquinos y de los recursos nacionales a una multinacional norteamericana. Hay más de 1500 millones de dólares en juego y no hay escrúpulos para reprimir”.

Este día quedará en la historia como la crónica de una nueva entrega, votada en la Legislatura neuquina con la complicidad del gobierno nacional kirchnerista y el MPN. Pero también porque mostró en gran parte de la sociedad un inmenso rechazo al saqueo, a la contaminación, al desplazamiento de los mapuches de sus tierras y a la entrega de nuestros recursos.  Allí están las fuerzas para luchar por la única salida favorable para el pueblo trabajador: la renacionalización sin pago de todo el petróleo y el gas, bajo el control de los trabajadores, en colaboración con las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios como los mapuches. Con los recursos naturales en manos de los trabajadores se podría hacer una explotación racional de los mismos, cuidando el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades originarias, y ponerlos en función de las necesidades populares y no de las ganancias capitalistas.

El PTS en el Frente de Izquierda seguirá impulsando y acompañando la lucha por esta salida, así como repudiando la represión y el espionaje funcional a los intereses de las multinacionales que se llenan los bolsillos en el país.

Las pruebas contra Milani las tiene el Gobierno

Lejos de las internas de “los servicios”; lejos de las peleas entre el kirchnerismo, sus medios aliados y “la Corpo”; lejos de cualquier disputa electoral, está la verdad. Y esa verdad la venimos denunciando hace años la izquierda y los organismos de derechos humanos independientes del Gobierno.

En medio del debate, hay algo que pocos dicen sobre cómo saber cuál fue el rol de Milani en la dictadura cívico-militar: la verdad sigue guardada en los archivos del Estado. Los archivos de la represión que el Gobierno actual, como todos los anteriores, se niega a abrir.

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El espionaje y el glaciar de la presidenta

El discurso de Cristina Kirchner en Tucumán este 9 de julio ratificó que el espionaje interno es política de Estado. Con su particular rejunte de palabras en castellano e inglés, nos acusó de no denunciar a la CIA y al espionaje de Estados Unidos. Hay que vivir dentro de un glaciar para afirmar que desde la izquierda no denunciamos al imperialismo o no repudiamos la provocación que sufrió Evo Morales. Esa temeraria afirmación tuvo por objeto desautorizar nuestra denuncia sobre la existencia de una red de espionaje interno sobre todos aquellos sectores populares que se han manifestado contra el Gobierno en estos años, red conocida por el nombre del software que entrecruza y almacena la información: “Proyecto X”.

Por eso el discurso de la presidenta no es inocente. Ella sabe que las pruebas que ya obran en la causa alcanzan para indagar y procesar a varios de sus funcionarios, además de toda la cúpula de Gendarmería y los agentes involucrados en la infiltración y recolección de datos que conforman los Centros de Reunión de Información de Gendarmería Nacional en todo el país.

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Sergio Massa, WikiLeaks y el Proyecto X

En los últimos días, nuevamente el gobierno argentino, tan prolífero a la hora de adjudicarse el mote de defensor de los derechos humanos, ha sido ligado al espionaje. Esta vez nada más ni nada menos que por Julian Assange. El motivo es la implementación del sistema SIBIOS, creado por decreto en 2011. El cuestionamiento es importante: con este sistema que recoge y sistematiza diversos rasgos de una persona, todos estamos siendo tratados como criminales en potencia, se crea un estado de sospecha generalizado. El fundador de WikiLeaks advirtió que Argentina “tiene el régimen de vigilancia más agresivo de la región”.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

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Se fue Garré, pero quedan el “Proyecto X” y el teniente coronel Berni

Nilda Garré se fue y con ella el intento fracasado de la política que se denominó de “seguridad democrática”, demostrando que no hay reforma posible de esas fuerzas represivas que fueron militarizadas en su estructura durante la dictadura genocida, que conservan esa formación y las prácticas que van desde la infiltración y el espionaje, hasta la tortura y la desaparición.

Los cambios ministeriales se dan cuando la gestión de Garré venía siendo sacudida por otro caso de espionaje, esta vez por parte de la Policía Federal, que infiltró durante una década a su agente Américo Alejandro Balbuena en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Se suma al del “Proyecto X” de la Gendarmería Nacional, que funciona en el propio Edificio Centinela y se extiende por todo el país.

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