Juicio en ausencia, el debate que viene en el Congreso

Luego de decretar la llamada emergencia en seguridad, reaccionaria no sólo por la forma arbitraria en que se dictó, sino por las medidas que contiene, el PRO promete comenzar el año legislativo con una serie de medidas que no tienen nada de novedoso, pero sí bastante de demagogia, estridencia e inutilidad.

Entre ellas, proponen que el Congreso Nacional sancione una ley que estipule el llamado juicio en ausencia, usando como excusa para una reforma tan antidemocrática la causa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), incluso con el argumento de que se trataría de un crimen de lesa humanidad. De más está aclarar que jamás les preocupó este tema en los casos de decenas de genocidas prófugos e impunes por años.

El juicio en ausencia es una institución procesal que permite juzgar a una persona aunque no haya comparecido al juicio, esté ausente o en rebeldía, según el caso. Se lleva a cabo con un defensor oficial que se le designa al acusado para que lo represente ante el tribunal. Esta no es una idea reciente del macrismo: en el Congreso hay presentados proyectos promovidos por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Laura Alonso. Siempre generaron gran rechazo, porque chocan con el más elemental derecho de defensa en juicio, pero han cobrado fuerza nuevamente a partir del voto emitido por el juez Eduardo Farah en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, donde se dejaría abierta la puerta para esta salida en la causa AMIA.

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Cuando la Gendarmería es la fuerza de choque

Como se vio en el desalojo violento a los trabajadores de Cresta Roja, la Gendarmería Nacional vuelve a ser elegida por el Gobierno de Cambiemos como la fuerza represiva que atacará las manifestaciones obreras y populares.

Varios de sus miembros están al borde del procesamiento por las arbitrariedades y las acciones ilegales que logramos demostrar que cometieron en la represión a la protesta de los trabajadores de Lear durante el año 2014, que, bajo la conducción de Sergio Berni, terminó con un fuerte cuestionamiento por su accionar ilegal. Así lo confirmó la Justicia federal de San Isidro, que estableció que la protesta de los trabajadores de Lear fue completamente legítima y, por ende, la represión fue ilegal.

Un nuevo hecho coloca a la Gendarmería con un serio cuestionamiento en una causa iniciada por la denuncia del diputado nacional Nicolás del Caño y del referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) José Montes, a quienes representamos y que se unificó con la realizada por el diputado nacional Manuel Garrido. Continuar leyendo

El “prontuario” del juez Piombo

Columna escrita en colaboración con Andrea D’Atri

Si hoy hubiera que buscar una nombre para la malicia, la violencia y la perversidad ejercida contra un ser inocente, ese nombre es el del juez Horacio Piombo. Sin miramientos y en un solo acto, justificó la reducción de pena para un adulto que abusó de un menor de seis años, alegando que ese niño probablemente ya había sido abusado anteriormente y presentaba conductas homosexuales.

Para el juez Piombo, la supuesta experiencia anterior del niño –que no está demostrada, ni denunciada- haría de esta segunda ocasión de abuso una experiencia que no sería “tan ultrajante”. Además, señala como atenuantes que el niño ya presentaba conductas de travestimo y otras que podrían interpretarse como tendencias a una personalidad homosexual. Continuar leyendo

La violencia de género requiere medidas urgentes

“No vas a ver más a tus hijos”, amenaza él mientras conduce su automóvil y lo estrella contra un camión, con sus hijos adentro, en una ruta de la provincia de Entre Ríos. Otro hombre cita a una mujer en un bar del porteño barrio de Caballito; había sido su compañera de escuela durante la adolescencia y había logrado contactarla después de muchos años. Ella, para encontrarse con él, busca un lugar donde todos puedan verla, porque le resultaba sospechosa su insistencia. Ni siquiera así logra escapar de la violencia femicida. Este lunes fue hallado el cádaver de una adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida en Santa Fe. Su cuerpo estaba enterrado en el patio de la casa de su novio, que confesó ser autor del hecho.

Apenas tres hechos nada más de los tantos que cada día nos dejan sin respiración. Las estadísticas son escalofriantes: cada treinta horas una mujer es asesinada en Argentina solo a causa de serlo. Es decir, cada treinta horas una mujer muere víctima de la violencia machista. Y también es habitual que el maltrato, e incluso la violencia letal, alcance a hijos e hijas.

Según detalla el Observatorio de Femicidios de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en 2013 se produjo un recrudecimiento de la violencia de género, pese a que el Congreso Nacional aprobó un nuevo régimen que castiga el delito de femicidio con reclusión perpetua. Y en estos pocos meses del 2015 las cifras son alarmantes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54 % somos mujeres, y el 44 % de esas mujeres son sostén de familia. En un informe, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social porteño y por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, se indica que dos de cada diez porteñas fueron o son golpeadas por sus parejas o exparejas; seis de cada diez reciben insultos a diario, son maltratadas o menospreciadas. También surge de ese informe el dato de que solo una de cada diez mujeres hace la denuncia.

No es apenas un problema porteño. El flagelo de la violencia femicida se extiende a todo el país. Pero la preocupación de los políticos oficialistas y opositores por el trato a las mujeres no es creíble: mientras se escandalizan por las altas cifras de femicidios, impiden que se trate el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho a la Aborto y se legalice el aborto, que es la causa por la que también muere otra mujer diariamente en el país. Gobiernos, Poder Judicial, funcionarios que también miran para otro lado o encubren –cuando no son directamente copartícipes o clientes– a las redes de trata que secuestran, explotan, violentan e incluso matan a jóvenes mujeres que son obligadas a prostituirse en locales ¡habilitados por los mismos municipios!

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y las mujeres de Pan y Rosas en el Frente de Izquierda luchamos por una vida libre de cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres y la comunidad LGTB. Por eso levantamos esta voz durante la campaña electoral, donde somos la única fuerza política encabezada por una mujer que se presentará en las próximas elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires, llamando a las mujeres trabajadoras y a las jóvenes estudiantes a organizarnos, porque la única respuesta que podemos dar a este flagelo es con nuestra fuerza de lucha, colectiva e independiente de los partidos tradicionales.  Y el próximo 3 de junio, a las 17 horas, en el Congreso Nacional y en todas las ciudades del país, te esperamos para marchar con nosotras, porque queremos fortalecer esa voz y que se oiga bien fuerte “Ni una menos”.

Negocios y esclavitud, la cara más oscura de la Ciudad

Con la terrible muerte de dos niños en un taller clandestino de Flores, cobraron trascendencia las numerosas denuncias que pesan desde hace años sobre las indignas condiciones en que trabaja y vive la inmensa mayoría de los obreros textiles en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Con Matías Aufieri, compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), somos abogados de María y Eduardo, trabajadores de la textil Elemento, que produce para Cheeky y otras marcas de la misma magnitud. El caso fue noticia en 2013 cuando una trabajadora de esa textil se prendió fuego, desesperada ante la presión de sus patrones por mayor producción. Nuestro organismo encabezó la denuncia de esta ecuación macabra: cuando los trabajadores se rebelan contra las condiciones que los llevan a morir atrapados, a trabajar doce o más horas por un sueldo miserable, o incluso, como en este caso, a sufrir abortos espontáneos sin permiso para salir al médico, son despedidos por las patronales esclavistas en complicidad con el sindicato textil. Continuar leyendo

La tentación de militarizar la represión

A pesar de haber sido prometida como una fuerza democrática, de proximidad y otros tantos slogans, la Policía Metropolitana ya ha demostrado para qué se la necesita en el Parque Indoamericano, el Barrio Papa Francisco, la Sala Alberdi (represión con balas de plomo), el Hospital Borda e innumerable cantidad de desalojos a familias humildes. Criminalización de la protesta y de la pobreza, nuevo discurso para la repetición del esquema clásico.

Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.

En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.

Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.

A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.

El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.

Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.

Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.

También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.

Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.

Pistolas y empresarios como consignas electorales

La campaña se llena de símbolos. La justicia porteña falló a favor del PRO autorizando el uso de pistolas Taser por la Metropolitana. Por su parte, este 24 de marzo Hebe de Bonafini llegó a la Plaza con Aníbal Fernández, y Estela de Carlotto llamó a votar con la memoria. Es una memoria selectiva porque olvida a Milani, Proyecto X o el gendarme “carancho”.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios. Continuar leyendo

El submundo oscuro de los servicios

Estamos asistiendo a la exposición de un submundo que generalmente permanece oculto ante los ojos de las mayorías populares como es la obscena relación de los servicios de inteligencia con los gobiernos de turno, así como con jueces y fiscales. En ese marco, el PRO de Mauricio Macri intenta mostrarse decidido y diferente a un gobierno nacional que sostuvo a Jaime Stiuso y a miles de agentes mientras les fueron útiles.

Mientras discursivamente afirma que “la forma de sanar el dolor es la verdad”, Macri también espía y conspira a espaldas del pueblo trabajador.

A la cabeza de esta puesta en escena del PRO se encuentra Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el fiscal Alberto Nisman debía declarar. Ella fue una de las figuras prominentes del gobierno de la Alianza, aquel que le pagó (coimeó) con fondos de la SIDE a los senadores para que aprueben la antiobrera reforma laboral que pasó a la historia como “Ley Banelco”. Continuar leyendo

El kirchnerismo avaló la impunidad de la SIDE

Ante los anuncios de la Presidente de la Nación sobre la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, y cuando el gobierno nacional intenta mostrarse como víctima de esos servicios, se renueva la necesidad de tener presente cómo han actuado los tenebrosos agentes en algunas de las principales causas que conmovieron el país, en épocas de muy buenas relaciones con el kirchnerismo.

Se dice que la primera visita que recibe un juez federal cuando asume es la de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Su presencia en Comodoro Py es omnímoda.

Cuando denunciamos uno de los escándalos de espionaje más grandes de la historia del país, conocido como “Proyecto X”, rápidamente el juez federal Norberto Oyarbide nombró un agente secreto de la SIDE para que controle la producción de la prueba, para que participe en las pericias y, seguramente, para que mantenga al tanto a sus superiores de cada cosa que los querellantes vamos descubriendo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y seguimos sin saber quién es, no conocemos su cara ni su nombre.

Sufrimos también su embate cuando desapareció Julio López. Sus agentes fueron unos de los encargados de desviar la investigación desde los primeros días. Al poco tiempo ya denunciamos que la Justicia les dio “amplio poder discrecional a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, quienes llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control, y, entre otras cosas, no se investigó al entorno de Etchecolatz; los informes de la SIDE que hay sobre ese grupo, se basan en datos de la guía telefónica”.

A su vez le dieron una flota de celulares a la familia López para que hablen por allí. Por eso oportunamente también denunciamos que “la Policía Federal y la Bonaerense se resisten a entregar sus investigaciones paralelas y la SIDE no presenta casi ningún informe más, pero se ocupa de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López –sin que conste en la causa- una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación”.  Esos celulares estaban a nombre del propio “Jaime” Stiusso. Una gran demostración de poder de “los servicios”.

Stiusso ya era parte de la SIDE cuando desapareció López la primera vez (1976), y continuaba en su puesto cuando desapareció la segunda (2006).

Como vemos en estos trágicos ejemplos, son parte actuante de los principales casos del país.

Son los mismos

Ya habían mutado su nombre de SIDE a Secretaría de Inteligencia y habían barrido a algunos infieles, pero mantuvieron allí a los agentes que participaron de la dictadura, que actuaron en operaciones para señalar a aquellos que luego serían secuestrados, torturados, desaparecidos. Por eso, en noviembre pasado el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley donde exige que se abran los archivos de la SIDE y que se publiquen los nombres de sus agentes, ello en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha del dictado del estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

Nos consta que los archivos están. Logramos demostrarlo en la megacausa “ESMA” con nuestra compañera querellante Alejandrina Barry. Después de una larga resistencia, la Secretaría de Inteligencia remitió al juzgado “la ficha” con las actividades de los padres de Alejandrina desde, incluso, el período anterior a la dictadura y hasta su desaparición. Si bien los datos hoy no son novedosos, demuestran que la información es conservada.

Es bueno aclarar que ningún diputado del oficialismo (ni de varios de los bloques de oposición), de esos que ahora denuncian el funcionamiento mafioso, acompañó nuestra presentación.

No hay otra salida

Es por todo ello que lo que más pone en duda el espíritu reformador de la Presidente con la creación de la Agencia Federal de Informaciones, son sus propios antecedentes, entre los que se cuentan la utilización del “Proyecto X” para espiar al gremialismo combativo y de izquierda, la infiltración de un agente de la Policía Federal en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh, así como la designación de un personaje de inteligencia como César Milani al mando del Ejército.

Porque los principales referentes de los bloques de oposición también han usado los servicios de inteligencia en función de sus intereses cada vez que gobernaron, estamos convencidos que es necesaria una gran movilización de los trabajadores y el pueblo por la apertura y la desclasificación de todos los archivos de la ex SIDE y la publicidad de la nómina de todo su personal.  También para terminar con el “Proyecto X” y encarcelar a Milani por genocida.

Proponemos una comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado a la AMIA, compuesta por familiares de las víctimas y personalidades de los organismos de derechos humanos.