La tentación de militarizar la represión

A pesar de haber sido prometida como una fuerza democrática, de proximidad y otros tantos slogans, la Policía Metropolitana ya ha demostrado para qué se la necesita en el Parque Indoamericano, el Barrio Papa Francisco, la Sala Alberdi (represión con balas de plomo), el Hospital Borda e innumerable cantidad de desalojos a familias humildes. Criminalización de la protesta y de la pobreza, nuevo discurso para la repetición del esquema clásico.

Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.

En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.

Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.

A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.

El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.

Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.

Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.

También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.

Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.

Pistolas y empresarios como consignas electorales

La campaña se llena de símbolos. La justicia porteña falló a favor del PRO autorizando el uso de pistolas Taser por la Metropolitana. Por su parte, este 24 de marzo Hebe de Bonafini llegó a la Plaza con Aníbal Fernández, y Estela de Carlotto llamó a votar con la memoria. Es una memoria selectiva porque olvida a Milani, Proyecto X o el gendarme “carancho”.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios. Continuar leyendo

El submundo oscuro de los servicios

Estamos asistiendo a la exposición de un submundo que generalmente permanece oculto ante los ojos de las mayorías populares como es la obscena relación de los servicios de inteligencia con los gobiernos de turno, así como con jueces y fiscales. En ese marco, el PRO de Mauricio Macri intenta mostrarse decidido y diferente a un gobierno nacional que sostuvo a Jaime Stiuso y a miles de agentes mientras les fueron útiles.

Mientras discursivamente afirma que “la forma de sanar el dolor es la verdad”, Macri también espía y conspira a espaldas del pueblo trabajador.

A la cabeza de esta puesta en escena del PRO se encuentra Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el fiscal Alberto Nisman debía declarar. Ella fue una de las figuras prominentes del gobierno de la Alianza, aquel que le pagó (coimeó) con fondos de la SIDE a los senadores para que aprueben la antiobrera reforma laboral que pasó a la historia como “Ley Banelco”. Continuar leyendo

El kirchnerismo avaló la impunidad de la SIDE

Ante los anuncios de la Presidente de la Nación sobre la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, y cuando el gobierno nacional intenta mostrarse como víctima de esos servicios, se renueva la necesidad de tener presente cómo han actuado los tenebrosos agentes en algunas de las principales causas que conmovieron el país, en épocas de muy buenas relaciones con el kirchnerismo.

Se dice que la primera visita que recibe un juez federal cuando asume es la de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Su presencia en Comodoro Py es omnímoda.

Cuando denunciamos uno de los escándalos de espionaje más grandes de la historia del país, conocido como “Proyecto X”, rápidamente el juez federal Norberto Oyarbide nombró un agente secreto de la SIDE para que controle la producción de la prueba, para que participe en las pericias y, seguramente, para que mantenga al tanto a sus superiores de cada cosa que los querellantes vamos descubriendo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y seguimos sin saber quién es, no conocemos su cara ni su nombre.

Sufrimos también su embate cuando desapareció Julio López. Sus agentes fueron unos de los encargados de desviar la investigación desde los primeros días. Al poco tiempo ya denunciamos que la Justicia les dio “amplio poder discrecional a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, quienes llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control, y, entre otras cosas, no se investigó al entorno de Etchecolatz; los informes de la SIDE que hay sobre ese grupo, se basan en datos de la guía telefónica”.

A su vez le dieron una flota de celulares a la familia López para que hablen por allí. Por eso oportunamente también denunciamos que “la Policía Federal y la Bonaerense se resisten a entregar sus investigaciones paralelas y la SIDE no presenta casi ningún informe más, pero se ocupa de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López –sin que conste en la causa- una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación”.  Esos celulares estaban a nombre del propio “Jaime” Stiusso. Una gran demostración de poder de “los servicios”.

Stiusso ya era parte de la SIDE cuando desapareció López la primera vez (1976), y continuaba en su puesto cuando desapareció la segunda (2006).

Como vemos en estos trágicos ejemplos, son parte actuante de los principales casos del país.

Son los mismos

Ya habían mutado su nombre de SIDE a Secretaría de Inteligencia y habían barrido a algunos infieles, pero mantuvieron allí a los agentes que participaron de la dictadura, que actuaron en operaciones para señalar a aquellos que luego serían secuestrados, torturados, desaparecidos. Por eso, en noviembre pasado el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley donde exige que se abran los archivos de la SIDE y que se publiquen los nombres de sus agentes, ello en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha del dictado del estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

Nos consta que los archivos están. Logramos demostrarlo en la megacausa “ESMA” con nuestra compañera querellante Alejandrina Barry. Después de una larga resistencia, la Secretaría de Inteligencia remitió al juzgado “la ficha” con las actividades de los padres de Alejandrina desde, incluso, el período anterior a la dictadura y hasta su desaparición. Si bien los datos hoy no son novedosos, demuestran que la información es conservada.

Es bueno aclarar que ningún diputado del oficialismo (ni de varios de los bloques de oposición), de esos que ahora denuncian el funcionamiento mafioso, acompañó nuestra presentación.

No hay otra salida

Es por todo ello que lo que más pone en duda el espíritu reformador de la Presidente con la creación de la Agencia Federal de Informaciones, son sus propios antecedentes, entre los que se cuentan la utilización del “Proyecto X” para espiar al gremialismo combativo y de izquierda, la infiltración de un agente de la Policía Federal en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh, así como la designación de un personaje de inteligencia como César Milani al mando del Ejército.

Porque los principales referentes de los bloques de oposición también han usado los servicios de inteligencia en función de sus intereses cada vez que gobernaron, estamos convencidos que es necesaria una gran movilización de los trabajadores y el pueblo por la apertura y la desclasificación de todos los archivos de la ex SIDE y la publicidad de la nómina de todo su personal.  También para terminar con el “Proyecto X” y encarcelar a Milani por genocida.

Proponemos una comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado a la AMIA, compuesta por familiares de las víctimas y personalidades de los organismos de derechos humanos.

Un adelantamiento a la medida del PRO

Después de varios meses de incertidumbre, el Jefe de Gobierno ha decidido convocar a las elecciones porteñas. Será la primera vez que se utilizará el sistema de las PASO y la boleta única. Las primarias están previstas para el 26 de abril, mientras que las generales tendrán lugar el 5 de julio. La demora se debió a las propias internas dentro del oficialismo que cuenta con cuatro precandidatos con intenciones de enfrentarse en las primarias abiertas, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Cristian Ritondo y Diego Santilli.  Y también a las presiones de su gurú Durán Barba.

Estas dilaciones dejaron al resto de las fuerzas políticas rehenes de las peleas dentro del PRO, que con esta maniobra antidemocrática deja muy poco tiempo para la campaña, teniendo en cuenta que las alianzas para las elecciones deben presentarse a fines de febrero de 2015. Ahora los porteños pueden llegar a tener que ir 6 veces a las urnas en 2015.

Es además la primera vez que en la Ciudad se utilizará el sistema de primarias abiertas y la boleta única. En este caso también cuentan con la proscripción del piso de 1,5% de los votos válidos en las primarias para poder participar de las generales, pero a diferencia de las elecciones nacionales o las de la Provincia de Buenos Aires, no ofrece en igualdad de condiciones espacios gratuitos de radio y televisión para que todas las propuestas puedan ser conocidas por los ciudadanos porteños. Esto no es un detalle menor cuando candidatos como Macri planean gastar hasta $1.000 millones de pesos en la campaña electoral del año que viene y el aumento en el gasto en publicidad oficial en el presupuesto 2015 de la Ciudad es de más de un 100%, llegando a los $760 millones. Hablamos de más de $2 millones diarios al servicio de las candidaturas del PRO.

El Frente para la Victoria tampoco tiene problemas económicos pero en la Ciudad tiene muchos inconvenientes con sus candidatos. Hasta ahora se han propuesto al menos siete postulantes para 2015, lo que muestra las dificultades del kirchnerismo de hacer pie en Buenos Aires, más aún a casi cuatro meses de las primarias. La posibilidad de que Cabandié sea candidato -el gran negociador con el PRO durante su estadía en la Legislatura porteña- da una idea de por qué el kirchnerismo nunca se terminó de enfrentar al proyecto de Ciudad que ofrece el PRO. Las imágenes de la Metropolitana junto con Berni y la Gendarmería desalojando el Barrio Papa Francisco con las topadoras, tal como hizo la dictadura con Cacciatore y su plan de erradicación de villas, o el desalojo del Indoamericano a los balazos entre el gobierno nacional y el de la Ciudad son bastante elocuentes de los modelos que ofrecen ante la enorme crisis habitacional.

Martín Lousteau ya se lanzó en su carrera por la Jefatura de Gobierno. Apuntalado por el Coti Nosiglia y radicales provenientes de la Franja Morada universitaria, como Emiliano Yacobbiti, el ex Ministro de Economía de la 125 ahora intenta aglutinar a un sector antikirchnertista de la Ciudad. La crisis permanente de UNEN con el affaire Carrió, sumado al oportunismo de este espacio que a nivel nacional pelea por un acuerdo con el PRO, no son más que una muestra de sus coincidencias con el proyecto macrista.

Por su parte, el Frente de Izquierda consiguió en las últimas elecciones un legislador y estuvo muy cerca de los votos necesarios para tener un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La banca que hoy ocupa Marcelo Ramal será ocupada luego por nuestro compañero Patricio Del Corro, ya que las bancas son rotativas. Nuestros diputados además mantenemos nuestras promesas y cobraremos lo mismo que un docente y aportaremos el resto de la dieta a las luchas, como ya lo viene haciendo en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño.

El Partido Obrero y mi partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas, venimos de hacer dos importantes actos que colmaron dos de los principales estadios cubiertos de Buenos Aires, como el Luna Park y el Malvinas Argentinas. Nuestro trabajo militante durante los últimos años contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy y el acompañamiento incondicional a los trabajadores que enfrentan los despidos y cierres como los de Lear (que vienen de obtener un enorme triunfo) y Donnelley, así como los del Subte, los telefónicos, aeronáuticos y docentes en al ciudad; nos ponen en inmejorables condiciones para enfrentar la batalla electoral y ser la alternativa que los trabajadores y la juventud necesitan contra la gestión de negocios privados en que el PRO ha transformado la Ciudad.

Legisladores sensibles

La semana pasada, la Legislatura porteña volvió a dar una muestra de que en la Argentina existe una casta de políticos que viven de la política y están decididos a legislar para mantener sus privilegios. Incluso llamó la atención el encono con el que los diputados tanto del PRO como Cristian Ritondo o kirchneristas como Jorge Aragón defendieron sus abultados sueldos ante el cuestionamiento de sólo cuatro diputados. Los únicos que votaron a favor de limitar los sueldos de los legisladores fueron Gustavo Vera y Pablo Bergel (Bien Común), Alejandro Bodart (MST) y mi compañero del FIT Marcelo Ramal (PO).

El salario de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires está establecido por ley desde 1997 en un 20% por encima de lo que cobra un empleado de la Legislatura, máxima categoría, con título universitario y 25 años de antigüedad. Con los aumentos que recibieron los diputados sus dietas se duplicaron en los últimos dos años, pasando de $30 mil a más de $60 mil como publicó el diario La Nación. Continuar leyendo

Ofensiva en la “Operación Limpieza” de Milani

Está en curso una ofensiva en la escandalosa operación de limpieza del jefe del Ejército César Milani. Horacio Salman, fiscal subrogante de La Rioja, determinó que Milani no tiene responsabilidad penal en el secuestro de Ramón Olivera porque en su legajo figura una oportuna sanción que casualmente lo obligaba a estar en su regimiento de Ingenieros el día del secuestro de Ramón Olivera, y, como todo el mundo sabe, en la dictadura se respetaban mucho las normas.

La bochornosa debilidad de esta defensa -por parte de quien debería acusarlo- está dada porque hay jurisprudencia contra este tipo de excusas casi infantiles. No se consiguieron con poco esfuerzo, debemos decirlo, ya que los jueces dejan correr estos argumentos. Los querellantes que luchamos contra la impunidad, no.

Como ejemplo podemos citar lo ocurrido recientemente en la causa ESMA, donde este 23 de abril la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó dos absoluciones de marinos de la ESMA y ordenó que se dicte nuevamente sentencia. El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, tomando como válidos -entre otras pruebas- los legajos de los genocidas Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, los había absuelto por los casos de Rodolfo Walsh y otras víctimas. En nuestro alegato denunciamos que los legajos de los represores están “intervenidos”, fueron fraguados preparando la impunidad. Es así que las querellas del CELS y de Justicia Ya! recurrimos ese fallo y la Sala II nos dio la razón por entender que las constancias de los legajos suelen ser contradictorias y que hay que escuchar a los testigos sobrevivientes.

En el caso de Milani hay que escuchar el testimonio de Olivera.

Son todas las cúpulas

Tanta defensa hacia el jefe del Ejército puede tener varias explicaciones, aunque hay una que es fundamental: el cuestionamiento hacia Milani alcanza a la inmensa mayoría de los actuales altos mandos de las Fuerzas Armadas y también a la suboficialidad con más antigüedad.

Resulta difícil para este Gobierno autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos y mantener a un 14 % de quienes fueron parte del plan genocida, que pasaron por los centros clandestinos, que fueron parte de esa estructura represiva que actuó contra “una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas” (como dijimos en nuestro alegato en ESMA II).

César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Milani y cincuenta generales más son parte de un Ejército argentino que cuenta con 3.381 miembros que provienen de la dictadura.

La situación se repite en la Armada: 543 oficiales y 759 suboficiales comparten ese origen. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que este Gobierno mantiene ocultos los archivos de la represión. La Fuerza Aérea incluso supera esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales que aún están en funciones desde la dictadura.

Estamos seguros al afirmar que defender a Milani es defender esa continuidad del aparato represivo de la dictadura en las Fuerzas Armadas actuales. Cuando se apoya a Milani se está siendo cómplice de todo lo demás. Cuestionar la impunidad de Milani y su lugar al mando en el Ejército es pelear por terminar con todo el aparato de espionaje montado en la dictadura y que hoy continúa la tarea con sus mismos agentes, como es el caso de Américo Balbuena de la Policía Federal, infiltrado por una década en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh para espiar a la militancia social y política; o del “Agente de Reunión en el Ámbito Gremial” del Destacamento de Inteligencia 201, Gerardo Martínez de la UOCRA.

Repudiar la designación de Milani es rechazar que se sigan escondiendo los archivos de la represión, que nos consta que existen, pero que el Gobierno se niega abrir. Los documentos aparecen cuando quieren sumar impunidad.
Denunciamos la responsabilidad central que tienen el Gobierno y un Poder Judicial que conserva decenas de funcionarios de la dictadura, a la vez que dilata las causas contra los genocidas, empezando por que solo el 20 % de las condenas en delitos de lesa humanidad está firme.

Si Milani hoy no está condenado y preso no es porque falten pruebas. Hay una decisión política de rodearlo de impunidad.  

Por eso sostenemos que nuestra herramienta para terminar con la impunidad, hoy como ayer es la movilización en las calles.

Decreto supremo para terminar con la protesta social

Después de proponer un proyecto absolutamente reaccionario para controlar las manifestaciones públicas bajo el eufemismo de “ley antipiquetes”, en algún programa televisivo el diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel aclaró que no piensan imponer su mayoría parlamentaria para votarlo. ¿Qué buscan entonces? Las respuestas son varias y ameritan el análisis porque, de aprobarse, estaríamos ante un ataque a las libertades democráticas de características históricas.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

Capitanich y sus explicaciones sobre el espionaje

El año 2013 terminó cruzado por verdaderos motines de una Policía que organiza saqueos y desmanes varios. Los respectivos Gobiernos les otorgaron aumentos e impunidades exigidas mediante este particular método, y la cuestión se cerró en la superficie.

Veníamos del escándalo de las narcopolicías en Santa Fe y en Córdoba, que superaron la antigua metodología de la complicidad con el narcotráfico, siendo ahora  organizadoras directas del negocio narco en gran escala.

Parece que no pasó un verano, sino un siglo, y hoy nos encontramos nuevamente ante una gran campaña pidiendo “más policía” y justificando mientras tanto actos bestiales. Las medidas de “excepción” de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, repudiadas en la Legislatura por mi compañero diputado Christian Castillo, se inscriben en esta lógica de fortalecer las fuerzas represivas y el control social.

Cuando hablan de más policía, ninguno de esos políticos y caudillos provinciales, ninguno de esos funcionarios nacionales ignora que estamos hablando de Hugo Tognoli, Rafael Sosa…

Pero también de Alfredo Fanchiotti, cara visible de la masacre de Puente Pueyrredon;  de José Darío Poblete (asesino del maestro Fuentealba), de los que desaparecieron a Luciano Arruga, de los policías que nombró Julio López en su testimonio… y podríamos seguir.

O de Balbuena.

Américo Balbuena es un agente secreto de la Policía Federal que durante una década se infiltró en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Desde allí, amparándose en un medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones.

Los testigos que están declarando en la causa penal que iniciamos varias organizaciones junto a los periodistas de la Agencia Walsh lo describen como “El pelado Américo”, bonachón, solícito, casi ingenuo. Su legajo en la Federal lo describe igual, pero al revés: locuaz y colaborador.

Ingresó a la Policía en la dictadura militar y desde allí fue ascendiendo, a la par que realizaba cursos de inteligencia. Integra desde ese momento un cuerpo especial que tiene la Federal para realizar espionaje político, que todos saben que existe, que todos saben que actúa, pero pasan los años, pasan los Gobiernos, y estos agentes de inteligencia siguen allí, locuaces y colaboradores.

Sobre las tareas a las que estuvo asignado poco se sabe aún. El Gobierno apuesta a la parálisis de la causa judicial o a alguna de las otras alternativas con las que ha frenado investigaciones con éxito.

El pasado jueves 3 de abril el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindó su informe en el Congreso nacional. A instancias del diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda, Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. Sus palabras fueron significativas. Dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si, además de “las incompatibilidades denunciadas”, existía la comisión de un delito. También en forma no muy clara, habló de la derogación del decreto-ley (proveniente de una dictadura) que fundó el órgano de espionaje.

Vamos por partes. El sumario al que se refiere el jefe de Gabinete es casi de antología. Sin ánimo de caer en el “derecho penal de autor”, debemos señalar que en él, centralmente, se encargan de recopilar todo lo que nosotros decimos sobre Balbuena. Su lupa la ponen sobre los denunciantes.

“Incompatibilidades” no hay. En la causa judicial declaró recientemente el diputado por la provincia de Buenos Aires Marcelo Saín y allí explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que expresamente quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIDE se le permitiría. Los ejemplos citados fueron la secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz o el resonado caso de Ciro James al servicio, también, del Gobierno de Mauricio Macri. Esa es la infantil coartada que utilizó Sergio Berni para justificar el accionar delictivo de este agente de inteligencia.

A su vez, el diputado provincial Christian Castillo declaró en la causa cómo la Federal usaba como modo de blanqueo de información las publicaciones de Balbuena. Citado a declarar en alguna causa, encontró allí estas publicaciones presentadas como prueba de cargo.

Remarcó Castillo en su declaración que, así como se conocen los archivos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y estos contribuyen en las causas de lesa humanidad, la Federal mantiene ocultos los suyos, con lo cual “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida”.

Proyecto X, agente Balbuena, Ciro James. No son casualidades.

Seguiremos peleando por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Junto a ello, exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, como los que mantiene ocultos, contribuyendo a la impunidad, la Policía Federal.

Código Penal: la continuidad del sistema está garantizada

Sergio Massa ha desatado un verdadero torbellino en torno al anteproyecto de reforma del Código Penal. A pesar de lo elementales que resultan las afirmaciones, han destapado un nuevo fenómeno en la actualidad política argentina. Hasta Zaffaroni ha tenido que salir a explicar que el anteproyecto en realidad es “conservador”.

Mientras por abajo crece la bronca de los trabajadores contra el ajuste en curso, la inflación y la licuación de los salarios, por arriba, eso que se llama superestructura política intenta cerrar filas pugnando por ir cada vez más a la derecha. Los que aplaudieron reformas contra los trabajadores, intensamente antiobreras como la Ley de Riesgos del Trabajo, o antidemocráticas como la legislación “antiterrorista”, o, sin ir más lejos, el noventista proyecto de Código Civil, ahora se erigen como defensores de ‘la gente’ y despotrican porque se elimina la reincidencia y no se pena con más fuerza a las manifestaciones que puedan interrumpir circunstancialmente el tránsito.

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