El gobierno argentino y el directorio de la petrolera española anunciaron el acuerdo indemnizatorio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que se encontraban en manos de la empresa española, y esto, pese a ciertas salvedades, es una buena noticia. Desde el punto de vista de una política energética sustentable, el éxito de la expropiación de YPF es debatible. Sobre todo teniendo en cuenta que los resultados en términos de exploración o producción no se observan en forma inmediata, sino con el pasar de los años. No obstante, la idea de una petrolera estatal es atractiva si uno piensa en un modelo de capitales público-privados con un management profesional, al mejor estilo de la noruega Statoil.
Sin embargo, sí resulta cuestionable la forma en la cual fue llevada a cabo, fruto de la improvisación de las autoridades que durante años hicieron la vista gorda al vaciamiento de la empresa, acordada tanto por españoles como por argentinos mediante la distribución de dividendos. La crítica hacia las formas de la negociación y expropiación no son frutos de un excesivo formalismo o apego a las solemnidades; sino un razonamiento lógico en virtud del costo que ella representa en términos económicos. Nadie en su sano juicio podría haber imaginado que existiría una expropiación sin su correspondiente indemnización. Lejos quedaron las bravuconadas oficiales, tanto argentinas como españolas, donde en vez de un proceso legal entre partes parecía una lucha de guapos.