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El kirchnerismo necesita su propio Nunca Más

A medida que el 10 de diciembre de 2015 se acerque, el concepto de “post kirchnerismo” comenzará a resonar cada vez más en los medios. Lamentablemente sobre post-kirchnerismo sólo se discutirá acerca de quién sucederá a Cristina Kirchner, cómo quedará estructurado el poder después de las elecciones, y cuáles son los cambios que se esperan de una nueva administración —si es que hay alguno.

Es lamentable, porque en el probable caso de que se repita la historia de nuestro país el post-kirchnerismo encontrará a la familia Kirchner y a sus acólitos en libertad. Los escandalosos actos de corrupción, la indiferencia hacia las instituciones republicanas, y las violaciones sistemáticas a los derechos individuales, por el momento, están destinadas a quedar impunes. Así funcionan los esquemas para garantizar impunidad, diseñados por la corporación política que, mediante el intercambio de garantías de inmunidad por mayor poder, se preserva a sí misma.

La situación se torna más oscura si agregamos a la ecuación la falta de transparencia que caracterizó a la era kirchnerista. Como en cualquier régimen de tinte autoritario las acciones de gobierno son ocultadas tras un halo de secretismo, de normas no escritas y de tejemanejes que dificultan aún más la atribución de responsabilidades.

Con la finalización inminente de este período, nos situamos —una vez más— ante la encrucijada de buscar un remedio que nos prevenga de los próximos atropellos a nuestros derechos que podrían tener lugar con los próximos gobiernos.

Argentina necesita otra vez una Comisión de la Verdad.

El ejemplo más cercano es el del informe Nunca Más de 1984, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documenta las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Este informe fue fundamental para determinar la magnitud de los delitos cometidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional y esclarecer los atropellos constitucionales que fueron consumados.

Chile y Sudáfrica tuvieron sus propias comisiones de la verdad después de la dictadura de Pinochet y del fin del apartheid, respectivamente. En 1997, seis años después de la caída de la Unión Soviética, un grupo de intelectuales franceses, compiló el “Libro Negro del Comunismo”, en el cual se hace un relevamiento de las prácticas aberrantes que tuvieron lugar en los países comunistas durante los casi 70 años de existencia de ese bloque.

Salvando las distancias, los gobiernos del período 2003-2015 administraron el país como señores feudales y estuvieron marcados por una variada gama de abusos perpetrados desde el Estado. Solamente a modo ilustrativo podemos mencionar algunos de los hechos que deberían ser incluidos en El Libro Negro o el Nunca Más del kirchnerismo.

Es indispensable investigar la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, junto al asesinato de Mariano Ferreyra. Un capítulo dedicado a las torturas sistemáticas en las cárceles, otro dedicado al desconocimiento, e incumplimiento, de los fallos judiciales de la Corte Suprema y a las presiones y amenazas sobre los jueces. La implementación de un plan de vigilancia masiva, como lo fue el “Proyecto X”, junto al sistema de información biométrica SIBIOS, y la legislación antiterrorista, también deberían tener su propio capítulo. Sin dejar de lado la represión a los Qom, y el tratamiento en general hacia los indígenas.

La actuación de la AFIP durante esta etapa merecerá un apartado especial. La utilización del aparato recaudador del estado como organismo de persecución política —y ya no solo fiscal— a periodistas y otros que se expresaban contra el gobierno, además de la constante recolección de datos de la vida privada de las personas, como las normas no escritas acerca de la compraventa de dólares (el único salvoconducto disponible para protegerse del robo de la inflación) serán solamente una parte de los atropellos documentados en este capítulo.

Otro protagonista, cuyos actos también deberían ser investigados es el ex-Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, responsable de aprietes y extorsiones a empresarios, e instrumentador de la falsificación de las estadísticas. También, en el capítulo sobre Moreno, deberían tratarse las sanciones a consultoras privadas por publicar los índices de inflación reales; sobre éstas la impunidad, todavía, no se hizo presente y ex-Secretario aguarda la resolución de un juicio en su contra por este asunto.

En cuanto a los hechos de corrupción, la lista es interminable. Desde los famosos fondos de Santa Cruz, las valijas de Claudio Uberti y Guido Antonini Wilson, hasta las compras de terrenos fiscales en Santa Cruz, la bolsa con dinero en el baño de Felisa Miceli, los millonarios fondos destinados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y su fiel escudero  Sergio Schoklender, las constantes licitaciones truchas a empresarios amigos del poder, las sociedades en Londres, las cuentas bancarias en las islas Seychelles‎, o los vínculos entre el triple crimen de General Rodríguez, el dinero proveniente del mercado negro de la efedrina y la financiación de la campaña de Cristina Kirchner, son solamente algunos de los episodios de corrupción que deberían ser investigados y documentados, sin contar el extraño enriquecimiento de decenas de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Por cuestiones de espacio dejé muchos episodios escandalosos en los que la arbitrariedad, la corrupción, o el autoritarismo, son los hilos principales pero la idea se comprende. En definitiva, Argentina necesita un libro que compile las consecuencias del estatismo, del poder político desenfrenado, y de los excesos de una familia afín a las maniobras y mensajes mafiosos. Un libro que nos recuerde que la utilización del poder del Estado es siempre dañina y perniciosa para la sociedad, pero cuando éste tiene escasos controles las consecuencias pueden ser catastróficas. Es este el motivo por el que vale documentar y comenzar a echar luz sobre todos estos atropellos y anhelar que se haga justicia.

El peligro de dar algunas cosas por sentadas

Se suele decir que “la pluma es más poderosa que la espada”. Es verdad que, a pesar de haberse convertido en un cliché aplicable a un sinfín de situaciones, la historia mundial nos demuestra como muchas veces fueron panfletos escritos y no las armas de algún general, los disparadores de cambios radicales en la historia mundial. Desde “Las 95 tesis” de Martín Lutero, hasta “Common Sense”, el panfleto escrito por Thomas Paine, inspirador de la Revolución Americana (1776), la pluma muchas veces ha servido como catalizadora de grandes cambios.

Sin embargo, muchas veces la pluma no es vista como una alternativa o un reemplazo a la espada, sino que cumple la misma función que la espada. Así como Clausewitz sentenció que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, podríamos decir que la pluma es el rifle de la política.

Cuando la pluma es sostenida por un presidente, un ministro, un legislador, o  cualquier persona con la capacidad de firmar en nombre del Estado, su función no es la de persuadir a través de argumentos, elaborar una prosa inspiradora, o describir el estado de las cosas. Una pluma en las manos de un político con poder es como una pistola en manos de un general que amenaza a su propio ejército, el cual pretende replegarse. El militar usa el arma para amenazar o matar, el político firma leyes, decretos, o resoluciones dirigidas a volcar todo el poderío del aparato estatal sobre la sociedad civil. Podemos encontrar un ejemplo en cada acto de gobierno, pero es posible ver la utilización de la pluma como espada en determinadas políticas. Es el caso de uno de los programas más relevantes para el gobierno de Cristina Kirchner, el régimen de control de precios denominado “precios cuidados”.

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Fascismo del siglo XXI

Las constantes  acusaciones de “fascista” que se lanzan entre adversarios políticos se convirtieron en una imagen habitual del debate político argentino. Sin importar la pertenencia partidaria o ideológica, la apelación al  término fascismo (o su argentinización “facho”) para describir a los demás políticos en base a sus ideas, actitudes y acciones se convirtió en un aspecto rutinario de la política nacional. De esta manera, Elisa Carrió acusa al gobierno de fascista, y desde el gobierno la tildan de fascista a ella. El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, es uno de los blancos favoritos para ser acusado de fascista, y al mismo tiempo propio Macri describió al Gobierno Nacional como fascista. Ejemplos de esto en la política nacional hay de sobra.

Todos ellos tienen razón. La mayoría de las principales figuras políticas nacionales están influenciadas por diversos aspectos del movimiento fundado por Benito Mussolini, y éste es tal vez el logro más importante del kirchnerismo. El marcado desplazamiento del eje del debate hacia las posturas inspiradas en Mussolini consiguió que las discusiones de hoy versen acerca de si el Estado debe ejercer un control arbitrario y autoritario sobre la economía, o si por el contrario el control del Estado en la economía debe ser acompañado de explicaciones más sofisticadas pero igual de equivocadas. La idea de una economía regulada por el resultado de millones de intercambios libres y voluntarios, y no por el garrote del Gobierno, ni siquiera es considerada seriamente por la clase política.

El fascismo económico se caracteriza por la existencia nominal de la propiedad privada, pero sobre la cual el Estado tiene absoluto poder de decisión para usar y disponer de ella según su propio criterio. Bajo este sistema, sin acudir al extremo de la expropiación, se adquiere un control total de la economía que genera los mismos efectos catastróficos que en los casos del socialismo y el comunismo.

Esto lo vemos en el excesivo control que ejercen Axel Kiciloff y Guillermo Moreno sobre un número importante de empresas, especialmente en las que tienen participación estatal heredada de la expropiación de los fondos de los jubilados. También en los “acuerdos de  precios” no oficiales, las exigencias de mantener una “balanza comercial equilibrada” logrando que, por ejemplo, automotrices tengan que exportar limones. O en las habituales reuniones del secretario de Comercio Interior con empresarios autorizando o prohibiendo importar insumos, modificar precios o elegir proveedores. Estos son retratos de una economía inspirada en los principios fascistas.

En un plano político, el fascismo mussoliniano incluía una fuerte presencia de nacionalismo, militarismo y corporativismo, tres elementos también presentes en la cotidianeidad de la política argentina.

El discurso nacionalista del Gobierno no solo se evidencia en su política económica proteccionista. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales sancionada para desmembrar al Grupo Clarín impone una cuota de contenido de producción nacional a los canales de televisión alcanzados. O la antigua, aunque recientemente reglamentada, ley que dispone la obligatoriedad del doblaje de las películas al español con actores argentinos. También la norma que impone la reproducción del himno nacional cada medianoche a todas las radios del país. Todas estas medidas no sólo se justifican desde lo económico, sino también desde el nacionalismo cultural.

El militarismo con ambiciones imperiales es una nota característica de fascismo. Sin embargo, en nuestro país se fue diluyendo con el correr de los años, especialmente una vez terminada la dictadura militar de 1976-1983. En su reemplazo, el peronismo mantuvo un liderazgo verticalista, y en la última etapa del kirchnerismo han vuelto a surgir agrupaciones, como la Tupac Amaru de Milagro Sala, cuya organización y actividades son de un corte netamente militar.

Cuando el miércoles pasado Cristina Kirchner convocó a una cumbre en Santa Cruz, en la cual confluyeron dirigentes de cámaras empresarias y líderes sindicales, dio un excelente ejemplo del corporativismo. Es la idea de que la influencia de las cámaras sectoriales y los sindicatos en la toma de decisiones políticas es representativa de la mayoría de la población. La realidad es muy distinta, el corporativismo deja como resultado una economía manejada por los intereses de los grandes empresarios y los sindicalistas, mientras que el discurso colectivista es aprovechado para presentar privilegios feudales que reciben sólo algunos sectores como si fueran beneficios para gran parte de la población.

Mencionar a la figura de Juan Domingo Perón como líder inspirador del partido gobernante ayuda a interpretar mejor la existencia de un modelo que se asimila en muchas de sus aristas al fascismo. Perón en su estadía entre 1939 y 1941 en la embajada argentina en Italia, de la que era el agregado cultural, no dudó en mostrar su admiración por Benito Mussolini, líder de la Italia fascista. La admiración por el fascismo italiano no era la única obsesión de Perón: el historiador israelí Raanan Rein destaca que la ayuda de Perón a la España de Franco, donde más tarde se exiliaría, contribuyó a salvar al régimen entre 1946 y 1950.

Sin dudas, el legado de Perón sobrevive hasta la actualidad y su efecto se expandió entre el resto de los partidos. Quizás, después de uno de los períodos en los que el modelo político-económico más se asemejo al fascismo, se pueda terminar de aprender la lección de que el intervencionismo genera caos, destruye riqueza y perpetúa la pobreza.

Muchos candidatos, pocas elecciones

“Más que en cualquier otro tiempo de la historia -dice Woody Allen– la humanidad se encuentra ante una encrucijada. Una senda lleva hacia la desesperación y a la total desesperanza; la otra, hacia la extinción total. Recemos para que tengamos la sabiduría de escoger correctamente”. Es probable que, después del tan comentado cierre de listas de candidatos para las elecciones a senadores y diputados nacionales del próximo octubre, muchos argentinos estén de acuerdo con la frase del cineasta norteamericano.

Mucha discusión hubo alrededor de la conformación de las listas de candidatos, especialmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, bastión fundamental en el que todos los políticos con aspiraciones presidenciales quieren hacer pie de una u otra manera. Todos los días, una decena de columnas de opinión y noticias de los principales medios intentan dilucidar una serie de incógnitas que plantea cada previa al acto eleccionario. ¿Será Massa un caballo de Troya que habilitará la reforma constitucional que tanto ansía Cristina Kirchner? ¿Cómo votará el indescifrable electorado de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál será el desempeño del Frente para la Victoria después de la masacre de la Estación Once, las inundaciones en La Plata y los casos de corrupción que salen a la luz casi a diario? Las preguntas abundan, y las respuestas escasean.

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