La reestructuración completa está en juego

El ministro de Economía Axel Kicillof estuvo ayer en el lugar soñado. De aquellas clases sobre economía marxista que recibí de él en la Facultad de Ciencias Económicas a su conferencia en Wall Street se identifica esta única melodía. Disfrutó como un niño hablar de la crisis de 2008, culpar a los especuladores y a la falta de regulaciones, apuntar a las calificadoras de riesgo y maltratar a todos aquellos que participaron de la negociación. La ensalada verbal sólo puede comprenderla quien se acerque a su biografía. No fue tan explícito como Jorge Capitanich, quien señaló a Griesa y al mediador como agentes de los fondos buitres, pero lo dejó entrever. Resumiendo, señaló que nadie entiende las restricciones a las que se enfrenta la Argentina.

Lo que no dijo Kicillof es que esas restricciones, como las cláusulas RUFO, las firmó el mismo gobierno argentino. Y no los gobiernos anteriores a 2001, sino esta misma administración en las dos reestructuraciones de 2005 y 2010 que calificó de exitosas. Tampoco dijo que si estamos negociando en una jurisdicción norteamericana, esto se debe a que Argentina no habría podido colocar esos bonos bajo jurisdicción propia, por la falta de independencia judicial que tiene nuestro país.

Por supuesto que Kicillof cargó contra las gestiones previas a 2001, exaltó que este gobierno no necesitó tomar nueva deuda y enfatizó la exitosa política de desendeudamiento, que nos dejaría hoy con una deuda sobre PIB de alrededor del 40 %. Pero hay que agregar dos cosas: i) el dato es incompleto, al menos hasta que la reestructuración se complete; ii) no fue la austeridad la que permitió este desendeudamiento, sino las expropiaciones varias y una extraordinaria fortuna con la evolución de los precios de los commodities.

Kicillof no parece comprender los costos a los que se enfrenta el país. Es cierto que la deuda de los holdouts representa el 1 % de la deuda a reestructurar después de 2001. De todas formas, el incumplimiento del fallo, avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos –que a la vez es el Tribunal al que Argentina se sometió cuando colocó aquellos bonos-, pone en riesgo toda la deuda reestructurada por un posible incumplimiento de pago.

No es que Argentina mañana decida no pagar los bonos reestructurados. Es que las “reglas de juego” indican que se le puede impedir a la Argentina pagar intereses de los bonos reestructurados. Si esto ocurre, podría surgir una avalancha de juicios de los tenedores de esos bonos. Kicillof puede gritar contra estas “reglas de juego” que su agónico marxismo promueve, pero el mundo se rige por estas reglas y conviene no contradecirlas. Durante el discurso de ayer, por un momento, parecía que el ministro volvía al aula y se olvidaba del lugar de representación que estaba ocupando.

La única salida que hoy se visualiza en la Argentina es la que ofrecieron los banqueros privados –independientemente de que hayan sido presionados o no por el Presidente del BCRA-, comprando la deuda de los holdouts. Sin embargo, es muy difícil que los banqueros arriesguen comprar el 100 por ciento de esta deuda sin garantías de que podrán recuperar en 2015 el capital total.

Si esta salida no prospera parece muy difícil encontrar un acuerdo hasta enero de 2015, cuando las cláusulas RUFO pierden vigencia. Empezará entonces una carrera contra reloj por llegar a esa fecha sin sobresaltos, sabiendo que la Argentina no podrá tomar deuda para hacer frente a sus compromisos, y sólo podrá responder con sus limitadas reservas.

“Todo pasa”, decía ayer el ministro. Pero su liviandad, en un momento tan delicado como este, muestra cierta incomprensión por los costos de la falta de un acuerdo. Que quede claro: esta negociación no sólo pone en juego el 1 % de la deuda a reestructurar, sino toda la reestructuración de la deuda. Será difícil afrontar el déficit fiscal, la inflación, la recesión y el creciente desempleo sin acceso al crédito externo, y especialmente si se mantiene un modelo que rechaza cualquier ajuste fiscal.

La mala costumbre de romper el termómetro

La temperatura del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 grados. Cuando nos ataca un virus o una bacteria, la temperatura puede subir por encima de 38 grados y a eso lo llamamos “fiebre”. Las causas pueden ser varias, pero si el termómetro marca esa temperatura, implica que hay un problema. Hay dos acciones posibles ante este problema: intentar solucionarlo atacando la causa o ignorarlo, rompiendo el termómetro. Está claro que hacer esto último en forma continua puede ser fatal. La economía argentina tiene varios desequilibrios, o fiebre, en el frente fiscal, monetario y cambiario. Veamos cómo ataca el gobierno estos problemas.

En primer lugar, tenemos el déficit fiscal, donde la presión tributaria más alta de la historia argentina no alcanza a cubrir el total del gasto público. El gobierno ha decidido ignorar esta situación sumando a los ingresos tributarios el dinero que toma de ANSES como si fueran impuestos. Esta política, sin embargo, le deja al Estado una deuda pública que deberá atenderse con impuestos de generaciones futuras.

En segundo lugar, aparece el desequilibrio monetario, que es una derivación del déficit fiscal anterior. Como la recaudación tributaria más la deuda de ANSES aun no alcanza a cubrir el déficit fiscal, se monetiza la diferencia, lo que quiere decir que se impone un impuesto inflacionario, regresivo y creciente a la población. Las estimaciones no oficiales ya estiman una inflación del 39 % para 2014, aspecto que se cubre con la manta del INDEC, que si bien ha sido corregido, aun está lejos de ofrecer estadísticas confiables.

En tercer lugar, tenemos el déficit cambiario, con una limitada oferta de dólares que no puede atender la creciente demanda de la divisa norteamericana. La respuesta del gobierno ha sido la aplicación de todo tipo de restricciones para la compra de divisas. Primero jurídicas, con penas a quienes compran y venden divisas por fuera del sistema “oficial”, y luego morales, como si estos compradores interesados en mantener el poder adquisitivo de sus ahorros fueran delincuentes, ajenos al “modelo de inclusión”. El desdoblamiento cambiario muestra entonces un dólar oficial en $ 8.20,y un cambio paralelo en torno a los $ 12, aunque una potencial disparada del paralelo está siempre latente. Esta disparada se justificaría en la relación circulante/reservas “netas” que mantiene el BCRA, que se mantiene por encima de los $ 20 por dólar.

Por supuesto que hay otros desequilibrios, como los crecientes niveles de pobreza, las mayores dificultades para encontrar empleo y la recesión. En el primer caso, se observa en la Argentina de estos últimos años crecientes niveles de pobreza asociados a la inflación, que encarece el costo de la canasta básica. El gobierno no sólo niega la realidad sub-estimando la inflación, sino que ahora ha decidido abandonar las mediciones oficiales. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha generado mediciones privadas que ubican la pobreza en torno al 30 % de la población.

El desempleo real también es más elevado y creciente de lo que oficialmente se reconoce, pero esto se desmiente tomando a los desempleados que reciben planes sociales como “ocupados”, lo que vuelve ridículas las tasas de empleo y desempleo que se comunican a la sociedad.

Varios indicadores están mostrando una recesión en Argentina que es ajena para los países vecinos, dado el contexto internacional favorable no sólo en relación al precio de los commodities -como la soja- sino también a las política de enorme liquidez que inyectan los bancos centrales generadores de divisas. Un síntoma de este problema se observa en la baja facturación de la industria automotriz. ¿Cómo se resuelve el problema? Con un plan Pro-Cre-Auto, que establece que establece rebajas en los precios de los vehículos y créditos blandos para adquirirlos.

Desde luego que la industria automotriz es sólo una industria específica en problemas, y que la mayor venta de autos no resolverá la recesión. En lugar de revisar el modelo que nos conduce a una recesión general de la economía, se vuelve a romper el termómetro para negar la realidad. Mientras no se atiendan los problemas de fondo y se siga rompiendo el termómetro, los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan.

Recordemos que el “crecimiento económico” del período 2003-2008 no fue crecimiento sino recuperación de una economía que sufrió en 2002 las consecuencias de un modelo “deficitario” similar a éste. Da la impresión que la “década ganada” es en realidad otra “década perdida”.

Consecuencias de la arbitrariedad de Kicillof

“¡Los mismos que nos dijeron durante diez años que el dólar valía un peso, son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13!”, fue la frase arrojada por Kicillof ante el lógico pedido de la prensa de hacer preguntas tras el anuncio del Jefe de Gabinete acerca de la flexibilización cambiaria. Un par de días más tarde, en la ya famosa entrevista que Kicillof ofreció a un diario alineado al oficialismo, éste planteó que el tipo de cambio adecuado para los objetivos del gobierno era de $8. Lo que Kicillof nunca explicó es por qué el tipo de cambio a $13 le parece exagerado, y por qué un tipo de cambio a $ 8 le parece adecuado. Mi análisis de la situación, se resume en una palabra: “arbitrariedad”.

Lo cierto es que para conocer cuál es el precio libre de un mercado, se requiere permitir que las personas interactúen libremente en ese mercado. Si restringimos un mercado, entonces ya no tendremos un precio libre, sino un precio intervenido, el cual se sostendrá en la medida que pueda mantenerse la intervención y sus costos. Con un mercado desdoblado, tenemos que hacer dos análisis distintos. En el caso del mercado “oficial”, tenemos que comprender que el gobierno puede obligar al sistema bancario argentino a vender “sus” reservas al precio que desee. En este caso, Kicillof eligió $ 8, y una forma de comprender la arbitrariedad y lo infundado de esa decisión es cómo el BCRA debe intervenir diariamente perdiendo reservas para que su precio no se eleve. En el caso del mercado informal o “blue”, la oferta y demanda restringida de aquellas personas físicas y jurídicas -que podemos definir como “no privilegiados”- y que no pueden acceder a la arbitraria y baja cotización oficial, han fijado un precio de equilibrio en torno a los $ 13.

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