Estatizar las empresas de energía significa darles plata a los accionistas nacionales y extranjeros propietarios de las firmas concesionarias (Pampa Energía, Enel, Endesa), indemnizarlos. En definitiva, pagarles por su irresponsabilidad.
La advertencia del gobierno a las compañías responsables de la energía resulta absurda, porque hay idéntica irresponsabilidad por parte del Estado, que es cómplice de la negligencia y la desinversión. Porque tanto en Edenor como en Edesur, el Estado, o tiene designados directores que lo representan, o en su defecto (Edesur) posee un profundo control de su actividad financiera y administrativa (sin hablar del Ente Regulador). Los directores que el Estado tiene en Edenor corresponden a los espacios que ganó a través de la estatización de las AFJP. Algo similar a lo que pasó con Clarín, donde el Estado quedó con representación en el directorio desde que pasaron al Estado las acciones que las AFJP tenían en dichas empresas. Esto es así porque las AFJP -que administraban los fondos de los jubilados y futuros jubilados argentinos- para hacer más rentable el fondo que se crea con todas las recaudaciones, compraban acciones en empresas, y así obtenían utilidades. Cuando se estatiza el sistema previsional, esas acciones que eran de las AFJP, quedaron en manos del Estado, y por consiguiente, la intervención que en aquellas empresas tenían las AFJP, pasó a manos del Estado.