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Aspirar a la independencia del Poder Judicial

Nuestro Poder Judicial pasa por uno de sus peores momentos. Su legitimidad y la confianza por parte de la ciudadanía están cuestionadas. La Justicia argentina no puede demostrar su efectividad ya que carece de los medios para hacerlo y la discusión política necesaria en este sentido es sumamente pobre. La agenda es puramente coyuntural, lo cual no permite pensar y debatir temas de fondo.

El Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de la selección y remoción de los jueces, así como de la administración general de la justicia, está prácticamente paralizado y sin actividad alguna. La razón: problemas estrictamente políticos.

Esta inactividad tiene un costo notorio. A modo de mera ejemplificación, se observan demoras exorbitantes en el avance de los diversos procesos judiciales, con dictados de sentencias que promedian entre cuatro o cinco años en el mejor de los casos; juzgados colapsados por expedientes de papel que no encuentran lugar; edificios en condiciones deplorables; escaso personal; falta de recursos materiales; demoras inadmisibles en la selección de magistrados para cubrir los numerosos cargos vacantes existentes; la casi nula aplicación del régimen disciplinario en los casos de jueces denunciados. La lista podría seguir. El acceso a la justicia se torna cada vez más abstracto.

En la Argentina, la anormalidad pareciera ser la regla. Que una sentencia promedio tarde entre cuatro o cinco años de proceso judicial es patológico. Que la participación política dentro del Poder Judicial sea usual, es inconcebible. Ningún país realmente serio y desarrollado padece estos problemas.

Está fuera de discusión que la política es el verdadero poder transformador; que es la única capaz de realizar los fines mismos del Estado. Son los partidos políticos los canales naturales para llevar adelante dichas acciones, pero de acuerdo a nuestro sistema republicano de gobierno tienen un claro ámbito de incumbencia.

Ahora bien, cuando los diversos partidos o sectores políticos deciden invadir el ámbito del Poder Judicial, lo único que logran es fraccionar el sistema, ya que como la palabra lo indica, partido es “parte”, “facción”, y por tanto, un partido no representa al todo sino a determinadas sectores.

De esta manera, la Justicia pasa a tener un carácter disfuncional a la hora de actuar con imparcialidad, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Una mirada sesgada no permite dar a cada uno lo suyo.

Por estos días se llevarán a cabo diversas elecciones para renovar gran parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. En su actual composición de trece miembros, siete son directamente representantes del poder político (tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo); tres representan al Poder Judicial; uno al mundo académico y dos integrantes representan a los abogados (uno por la Capital Federal y el otro por el resto de las provincias).

La primera elección será este martes 9 de septiembre donde se elegirá el representante de los abogados de la Capital Federal. Diversos partidos políticos han tomado intervención directa a través de frentes o alianzas electorales. En otras palabras, no conformes con los siete representantes que por ley se les ha otorgado, han decidido participar también dentro del único cupo que le pertenece a los abogados. 

No asombra que una  elección que a priori debe ser propia de los abogados independientes, se transforme en una elección de aparatos partidarios. Todo pareciera normal y tolerable, y la verdad que no lo es. Que los partidos tengan participación en la Justicia no es normal; que un juez federal tenga gran cantidad de denuncias en su contra y no pase nada tampoco es normal. 

Es natural la tendencia del poder político de querer inmiscuirse en los otros poderes del Estado. Sin embargo, en los países desarrollados, existen vallas de contención institucionales que funcionan de manera efectiva e impiden los desbordes y avances de dicho poder. Debemos reconstruir dichos límites institucionales para volver a recuperar esa Justicia verdaderamente independiente que hizo grande a nuestro país.

Es necesario plantearnos desafíos básicos: la defensa y el fortalecimiento de las instituciones para garantizar la efectiva división de poderes, el respeto a la Constitución, la existencia de resortes y límites infranqueables evitando que el poder político avasalle el Poder Judicial.

La justicia decide sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestra vida. Por tanto, dicha independencia es vital. Los jueces buenos deben ser reconocidos y los jueces malos destituidos. Así funciona un verdadero sistema republicano de gobierno. Con nuestro compromiso y participación podemos afianzar verdaderamente esa justicia que tanto anhelamos.

Avance de la política sobre el Poder Judicial

El 9 de septiembre, los abogados de la Capital Federal iremos a elecciones para votar a nuestro representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. De los 13 miembros con que hoy cuenta el presente organismo, 7 le corresponden directamente a la política (3 Diputados Nacionales, 3 Senadores Nacionales y 1 representante del Poder Ejecutivo de la Nación); 3 son jueces; 1 representante por la Academia y 2 representantes de los abogados (1 por las provincias y el otro por la Capital Federal). Éste último es a quien elegimos.

Suena absurdo que una institución constitucional, como es el Consejo de la Magistratura, que pertenece al Poder Judicial y que tiene facultades de administración, de selección de jueces y de acusación de jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento, se encuentre integrado minoritariamente por jueces. 

Imaginemos el caso inverso; un organismo del Poder Ejecutivo que se encuentre compuesto mayoritariamente por jueces y no por funcionarios del poder al cual pertenecen. Pensemos por un momento de un Indec integrado por magistrados que continuamente evalúen o realicen controles de legalidad sobre los actos dictados por el mismo organismo o, sin ir más lejos, una empresa estatal (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas) en cuyo directorio haya representantes del Poder Judicial que definan la suerte de la misma.

Claramente la división de poderes no es una técnica sin sentido, ni mucho menos una concepción liberal de un sistema democrático de gobierno. La división de poderes garantiza la efectiva libertad de todos, impidiendo la concentración de poder en manos de unos pocos. 

Para estas elecciones, los partidos políticos pretenden presentar candidatos del cupo que pertenece a los abogados, a personajes que reportan de manera directa a sus intereses. Tales son los casos de La Cámpora y de Justicia Legitima por un lado, y por el otro lado, el PRO, que seguramente repetirá la alianza efectuada en las últimas elecciones del Colegio Público con la agrupación Gente de Derecho que conduce el Dr. Jorge Rizzo.

Debemos poner un límite claro a la participación de los partidos políticos en los temas de estricta incumbencia de los abogados independientes. Aunque parezca elemental, el cupo de representación de los abogados es para los abogados y no para estructuras partidarias.

No es sana la influencia mayoritaria de la política en un organismo de sesgo esencialmente técnico por el rol que tiene.

No debe desconocerse que la política siempre juega un papel importante, pero debe tener límites precisos. Como su nombre lo indica, los “partidos” son “partes” “facciones”, y por tanto no expresan por sí mismos al todo ni tienen una visión integral. 

Es vital, por lo tanto, que se respeten los equilibrios de representatividad dentro del Consejo  de la manera en que lo establece nuestra Constitución, conservando una composición estamentaria que exprese una mirada técnica e integral de nuestro Poder Judicial, sin condicionamientos facciosos o partidarios.

El Consejo de la Magistratura debería realizar reformas de fondo, tales como la eliminación de la representación del Senado, toda vez que dicho organismo ya participa, en el proceso de designación de los jueces, cuando aprueba o desaprueba el candidato elegido por el Poder Ejecutivo en la terna que éste le envía desde el Consejo.

Con la estructura actual, el Senado tiene un doble juego en el proceso de selección y de designación de jueces, que entendemos corresponde eliminar.

Otra reforma aconsejable sería que todos los miembros que representan al poder político sean personas técnicamente idóneas que pasen por el filtro de la audiencia pública, no siendo como ocurre en la actualidad, ni diputados, ni senadores, ni funcionarios del Poder Ejecutivo en ejercicio de sus mandatos. Así, se evitaría la doble sujeción en función a sus cargos. Por una parte, para el caso de los legisladores, éstos deben acatar las órdenes del bloque partidario al que pertenecen y representar a la misma vez al Congreso ante el Consejo. Por otro lado, el funcionario en ejercicio recibe órdenes orgánicas en razón de su cargo, y por el otro lado, representa al Poder Ejecutivo ante el Consejo. En muchos casos los intereses se entrecruzan.

En resumen, debemos defender un Consejo de la Magistratura que con solvencia técnica e independencia político-partidaria garantice un correcto funcionamiento del Poder Judicial.

Nuestro país necesita de instituciones fuertes y de un sistema judicial independiente. Así se forjó nuestra Patria. Muchos de nuestros padres y abuelos eligieron habitar este suelo porque les aseguraba justicia y libertad. Volvamos a eso.