Por: Agustín Pesce
Nuestro Poder Judicial pasa por uno de sus peores momentos. Su legitimidad y la confianza por parte de la ciudadanía están cuestionadas. La Justicia argentina no puede demostrar su efectividad ya que carece de los medios para hacerlo y la discusión política necesaria en este sentido es sumamente pobre. La agenda es puramente coyuntural, lo cual no permite pensar y debatir temas de fondo.
El Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de la selección y remoción de los jueces, así como de la administración general de la justicia, está prácticamente paralizado y sin actividad alguna. La razón: problemas estrictamente políticos.
Esta inactividad tiene un costo notorio. A modo de mera ejemplificación, se observan demoras exorbitantes en el avance de los diversos procesos judiciales, con dictados de sentencias que promedian entre cuatro o cinco años en el mejor de los casos; juzgados colapsados por expedientes de papel que no encuentran lugar; edificios en condiciones deplorables; escaso personal; falta de recursos materiales; demoras inadmisibles en la selección de magistrados para cubrir los numerosos cargos vacantes existentes; la casi nula aplicación del régimen disciplinario en los casos de jueces denunciados. La lista podría seguir. El acceso a la justicia se torna cada vez más abstracto.
En la Argentina, la anormalidad pareciera ser la regla. Que una sentencia promedio tarde entre cuatro o cinco años de proceso judicial es patológico. Que la participación política dentro del Poder Judicial sea usual, es inconcebible. Ningún país realmente serio y desarrollado padece estos problemas.
Está fuera de discusión que la política es el verdadero poder transformador; que es la única capaz de realizar los fines mismos del Estado. Son los partidos políticos los canales naturales para llevar adelante dichas acciones, pero de acuerdo a nuestro sistema republicano de gobierno tienen un claro ámbito de incumbencia.
Ahora bien, cuando los diversos partidos o sectores políticos deciden invadir el ámbito del Poder Judicial, lo único que logran es fraccionar el sistema, ya que como la palabra lo indica, partido es “parte”, “facción”, y por tanto, un partido no representa al todo sino a determinadas sectores.
De esta manera, la Justicia pasa a tener un carácter disfuncional a la hora de actuar con imparcialidad, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Una mirada sesgada no permite dar a cada uno lo suyo.
Por estos días se llevarán a cabo diversas elecciones para renovar gran parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. En su actual composición de trece miembros, siete son directamente representantes del poder político (tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo); tres representan al Poder Judicial; uno al mundo académico y dos integrantes representan a los abogados (uno por la Capital Federal y el otro por el resto de las provincias).
La primera elección será este martes 9 de septiembre donde se elegirá el representante de los abogados de la Capital Federal. Diversos partidos políticos han tomado intervención directa a través de frentes o alianzas electorales. En otras palabras, no conformes con los siete representantes que por ley se les ha otorgado, han decidido participar también dentro del único cupo que le pertenece a los abogados.
No asombra que una elección que a priori debe ser propia de los abogados independientes, se transforme en una elección de aparatos partidarios. Todo pareciera normal y tolerable, y la verdad que no lo es. Que los partidos tengan participación en la Justicia no es normal; que un juez federal tenga gran cantidad de denuncias en su contra y no pase nada tampoco es normal.
Es natural la tendencia del poder político de querer inmiscuirse en los otros poderes del Estado. Sin embargo, en los países desarrollados, existen vallas de contención institucionales que funcionan de manera efectiva e impiden los desbordes y avances de dicho poder. Debemos reconstruir dichos límites institucionales para volver a recuperar esa Justicia verdaderamente independiente que hizo grande a nuestro país.
Es necesario plantearnos desafíos básicos: la defensa y el fortalecimiento de las instituciones para garantizar la efectiva división de poderes, el respeto a la Constitución, la existencia de resortes y límites infranqueables evitando que el poder político avasalle el Poder Judicial.
La justicia decide sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestra vida. Por tanto, dicha independencia es vital. Los jueces buenos deben ser reconocidos y los jueces malos destituidos. Así funciona un verdadero sistema republicano de gobierno. Con nuestro compromiso y participación podemos afianzar verdaderamente esa justicia que tanto anhelamos.