Frente al debate sobre la actualización del Fondo del Conurbano, el estado de las cuentas públicas tomó un papel protagónico en la agenda económica bonaerense. El ministro de Economía Hernán Lacunza y la propia gobernadora de Buenos Aires afirmaron que recibieron una provincia quebrada. La declaración de la emergencia en infraestructura (ley 14812/2016), sumada a las crecientes demandas de alimentos en el Conurbano, imponen a la provincia importantes exigencias en materia de políticas públicas y, por lo tanto, de recursos. ¿Qué capacidad tiene la provincia para afrontar estas demandas? El panorama fiscal bonaerense no es el de una provincia quebrada, pero sí desfinanciada para hacer frente a los problemas sociales y de infraestructura.
Mientras que para 2011 y 2012 el déficit representó, respectivamente, el 10% y el 12% de los ingresos de la provincia, para 2015 el rojo de la provincia fue del orden del ocho por ciento. Aún sumando las amortizaciones de deuda, las necesidades de financiamiento para el 2015 no son mayores a las de dichos años. En síntesis, el resultado negativo del año pasado, en relación con los ingresos totales de la provincia, no supone grandes variaciones respecto a la historia reciente de la provincia.
Ahora bien, más allá que los niveles de déficit de la provincia no sean tan alarmantes como para hablar de una provincia quebrada, Buenos Aires efectivamente presenta un desequilibrio estructural que tendió a agravarse en los últimos años, con excepción de 2013 y 2014, que presentaron cuentas prácticamente equilibradas producto de un importante aumento de la presión tributaria.
A la hora de buscar explicaciones a este comportamiento, se podría aducir que se corresponde con un aumento desbocado del gasto público o una mala administración de este. Sin embargo, el crecimiento del gasto bonaerense no se ha despegado significativamente del promedio de las restantes provincias. En efecto, la estructura de las erogaciones de la provincia es muy rígida (concentrado en un 96% en gasto corriente y un 48% en gasto en personal), lo que coloca al gasto de capital, fundamentalmente la inversión real directa, como la variable de ajuste histórica.
Durante los últimos años, Buenos Aires ha destinado en promedio sólo el 3% del presupuesto a la inversión en capital, mientras que para el conjunto de las provincias las erogaciones en capital representan en promedio más del 12% del gasto total. Más que un exceso de gasto (o un mal manejo), en la provincia se evidencia una profunda falta de recursos para financiar de manera autónoma y sostenida las necesidades de infraestructura de una provincia de 307.571 km².
La pérdida de participación relativa en la distribución de la coparticipación y la falta de actualización del Fondo del Conurbano obligaron a la provincia a aumentar la capacidad recaudatoria propia, fundamentalmente mediante incrementos de los ingresos brutos, impuesto profundamente regresivo que afecta la actividad económica provincial. En la actualidad no existe margen para un nuevo aumento en la presión tributaria bonaerense.
Ante esta falta de recursos, el endeudamiento público (eje del presupuesto 2016) tampoco puede presentarse como la panacea. El presupuesto de 2016 plantea un financiamiento vía deuda del déficit y la duplicación del gasto de capital, lo que supone un avance para hacer frente al déficit de infraestructura. El presupuesto para el corriente año aprobó una colocación de deuda de 65.446 millones de pesos. Menos de la mitad de dicho monto (29.993 millones de pesos) sería destinado a cubrir las necesidades de financiamiento del corriente año. El resto, según declaraciones de las autoridades provinciales, estaría afectado al déficit de infraestructura evidenciado en la provincia. Sin embargo, el crecimiento de las erogaciones de capital en montos absolutos es de aproximadamente 12 mil millones de pesos. De esta manera, de financiarse dicho incremento de capital con la deuda tomada, quedarían más de 20 mil millones de pesos sin destino específico, lo que impide un adecuado control.
Tanto en relación con su tamaño y su aporte a la producción nacional como por las problemáticas sociales contenidas en su territorio, la provincia precisa de una mayor participación en la distribución de los recursos nacionales. Dados los problemas para la modificación de los montos coparticipables (cuestión sumamente deseable y necesaria), es preciso encontrar alternativas de financiamiento para la provincia que resulten sustentables a lo largo del tiempo. El Congreso Nacional tiene un papel protagónico en esta tarea. La presentación del reclamo para la restitución del Fondo del Conurbano realizada por la gobernadora María Eugenia Vidal ante la Cámara de Diputados, junto con legisladores de todas las fuerzas políticas, es un paso en la dirección correcta.