Si analizamos el comportamiento del sistema tributario argentino durante la última década, uno de los primeros aspectos a ser destacado es el crecimiento sostenido que ha experimentado la capacidad recaudatoria del Estado en los últimos años de la década del 90, los recursos tributarios recaudados por el Estado Nacional representaban alrededor del 17% del Producto Bruto Interno (PBI), para 2012 la recaudación nacional representó algo más del 31%. Esta importante mejora en el desempeño recaudador permitió exhibir una mayor solvencia fiscal, lo que posibilitó, a su vez, el financiamiento de programas y políticas públicas orientadas la inclusión social y la mejora en la distribución del ingreso (Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad, Ley de Movilidad Jubilatoria, entre otras).
Por otra parte, sin dejar de lado las mejoras en cuanto a la administración tributaria de la AFIP, esta mayor capacidad recaudatoria se explica en gran medida por la dinámica de los impuestos que impactan en los sujetos económicos que presentan una mayor capacidad contributiva (impuestos progresivos). En este sentido, mientras que en 1997, la recaudación por impuestos al consumo (fundamentalmente el IVA y los Impuestos Internos) representaba el 40% del total recaudado, para 2012 lo percibido por dichos impuestos llegó a un 28%. En contraposición, los derechos de exportación y el impuesto a las ganancias ampliaron su participación en la estructura tributaria, dotando de una mayor progresividad al sistema.
Estas dos cuestiones, mayor capacidad recaudatoria y menor participación de los impuestos sobre el consumo, marcan una ruptura esencial en el sistema tributario actual respecto al de convertibilidad. En efecto, durante los noventa la política tributaria estaba limitada únicamente a reducir la brecha fiscal. Asimismo, como los gravámenes sobre las utilidades y la ganancias eran considerados distorsivos porque alteraban los precios relativos que determinaba el “todopoderoso mercado”, el IVA se convirtió en el impuesto central, aumentando su participación en la recaudación.
A partir de 2003, la instauración de los derechos de exportación, sumado al mejor desempeño del impuesto a las ganancias, producto de la mejora constante en la actividad económica, permitió alterar el peso de los diferentes gravámenes en pos de aquellos con mayor progresividad.
Las recientes modificaciones en el impuesto a las ganancias giraron en torno al aumento del mínimo no imponible a $15.000 y la eliminación de las exenciones a la renta financiera, que suponen una profundización en el camino recorrido. Este tipo de decisiones permite dotar de mayor progresividad y equidad al sistema tributario, sin descuidar el financiamiento de las políticas públicas. El incremento del mínimo no imponible reduce la carga tributaria para una gran cantidad de trabajadores registrados, quedando alcanzado por el impuesto solo el 10%.
La incorporación al impuesto a las ganancias de la compra venta de acciones que no cotizan en los mercados, incluyendo a los sujetos del exterior, impacta en la equidad del sistema al poner en pie de igualdad este tipo de actividad con otras fuentes de ingreso que sí tributan ganancias. Por último, el gravamen de la distribución de dividendos se propone perjudicar una práctica propia al modelo de valorización financiera, incentivando la reinversión de las utilidades de manera de apuntalar el proceso productivo.
De esta manera, analizando la trayectoria de la política tributaria durante la última década, se observa en los proyectos impulsados por el gobierno relacionados al impuesto a las ganancias una coherencia de la que las propuestas expresadas por dirigentes de la oposición carecen. Estos últimos planteaban, como una suerte de slogan, la necesidad imperiosa de aumentar el mínimo no imponible, sin precisar fuentes para su financiamiento. La impostura de la repentina preocupación por la progresividad del sistema impositivo de algunos dirigentes se puso en evidencia al no acompañar la votación del oficialismo para gravar la renta financiera.
En síntesis, puede decirse que en consistencia con el comportamiento de la política tributaria de la última década, los proyectos del oficialismo permiten una mayor progresividad y equidad al sistema tributario, sin poner en riesgo la capacidad recaudatoria, fuente esencial para el financiamiento de las políticas de inclusión social.