Contar plata delante de los pobres es siempre algo obsceno. Ni hablar si esa plata proviene del lavado, el enjuague o el blanqueo de los fregaderos de la corrupción. Así corre este otoño despiadado, mostrando dinero que supo ser de todos pero ahora es de unos pocos. Redistribución de la riqueza, si las hubo. Plata “contante y sonante” o reconvertida en bienes muebles e inmuebles, registrables y registrados, o simplemente pasados de mano en boletos de compraventa cruzados por contradocumentos y sobrefacturación.

Silvina Martínez, la abogada de Margarita Stolbizer, sumará elementos en las próximas horas a la ruta del dinero K. Aportará a la causa datos para que se investiguen al menos dos propiedades en Tierra del Fuego. Con un boleto de compraventa a nombre de Alfredo Benjamín Zárate, un hombre sin recursos propios, y un contradocumento en el que se explicita que Zárate compró como apoderado de Badial S. A., una empresa del grupo Báez, o sea, él deviene el verdadero dueño de la Estancia La Violeta. Una operación que se realizó en 2012 por 800 mil dólares y no por 1.200.000, como figura en el acuerdo complementario que atribuye su titularidad a la empresa del santacruceño.

Según Margarita Stolbizer, este inmueble y otros adquiridos bajo la misma y enrevesada modalidad no fueron inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble, lo que hace muy difícil su rastreo y su localización.

Se sugiere que Zárate, quien no cuenta con capacidad tributaria alguna —se registró como autónomo en 2008 y actualmente está dado de baja por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)—, es el testaferro de Báez en la isla del fin del mundo. Piden que se profundice la investigación.

Si la presentación hecha por los abogados de Leandro, el menor de los Báez, recusando al juez Sebastián Casanello y pidiendo que se investigue a Cristina Fernández, significa un cambio en la estrategia de la defensa de Báez padre, se sabrá en las próximas horas.

Hay quienes aseguran que el ahora detenido empresario K aportará datos sobre el reparto de la obra pública que permitirán conocer los detalles del sistema o el modus operandi con el que consolidó el descomunal patrimonio que actualmente se disputan los legítimos acreedores de Austral Construcciones y otras empresas del grupo, la ex esposa y el juez que lo tiene embargado.

Si aportará a la Sala II de la Cámara la carta en la que la ex Presidente le pide que involucre a Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, con lo que se meterían de lleno los K en la causa, para iniciar un juego propio, también está por verse.

Esta posibilidad parece haber generado un creciente desasosiego en el sur. Dicen los que saben que quien no la pasó nada bien en la noche del sábado fue el abogado de Leandro Báez, Santiago Viola, quien recibió advertencias y reconvenciones k, y el pedido de retirar la recusación de Casanello, ahora en manos de la Sala II de la Cámara Federal.

Los desvelos alcanzaron también a CFK, quien en la tarde del domingo se despachó en su cuenta de Twitter, abordando el espinoso tema de sus supuestos encuentros con el juez Casanello, hechos que, por supuesto, desmintió.

Norma Calismonte, la hasta hace poco legítima señora de Báez, recurrió presurosa a acogerse en los beneficios del divorcio exprés que le permitirá salir de la escena incendiaria que acorrala a su familia y probablemente poner bajo resguardo la parte ganancial de la millonada en bienes registrados que no cayeron todavía bajo el embargo judicial. Los hijos, agradecidos.

Si el amor terminó o la familia está más unida que nunca en sus objetivos, es también a esta hora una cuestión que espera respuesta.

Mientras el fiscal Guillermo Marijuán llega al lejano sur dispuesto a encabezar nuevos allanamientos con un listado de setenta propiedades detectadas, aquí, en Buenos Aires, una movida en las redes junta firmas para pedir a la Justicia que recupere lo saqueado.

Con la consigna “El dinero es nuestro”, se solicita a los jueces Casanello, Claudio Bonadio y Julián Ercolini la recuperación de los fondos públicos robados en los últimos años a través de actos de evidente corrupción. Entre los firmantes, Santiago Kovadloff y Marta Oyhanarte.

Mucho más limitado pero conmovedor es el pedido elevado por Margarita Stolbizer. En un escrito, la legisladora y su letrada solicitan al juez Casanello que provea al hospital de la pequeña localidad de Los Antiguos de una ambulancia utilizando parte del producto del decomiso de los bienes de Báez y sus empresas. Según queda documentado en el escrito, cuando Austral Construcciones inició, en 2010, la obra de la ruta provincial 41, tramo Los Antiguos, “tomó prestada” la única ambulancia al pueblo, de sólo 4 mil habitantes, para cumplir con el pliego licitatorio que obligaba a disponer de una en el obrador, con lo que dejó a esa localidad sin medio de transporte en la emergencia y obligó a hacer todos los traslados y las derivaciones a Las Heras, distante a 260 km, en autos particulares. La penuria se prolongó durante meses hasta que la ambulancia fue devuelta, en pésimo estado, tras ser arrastrada por vehículos de la empresa constructora.

La obra en cuestión, cuyo valor llegó a los 300 millones, figura en la lista de las que quedaron inconclusas. Con cifras de pobreza que superan el 33% y tanta vulnerabilidad social a la intemperie, repugna ver pasar la plata multiprocesada en las cocinas del dinero fácil y la corrupción.