El Gobierno ha anunciado una “reparación histórica” con los jubilados. En este artículo vamos a discrepar muy fuertemente con esa afirmación. Se está por consumar un nuevo desfalco con nuestros abuelos. No es el primero: lamentablemente la historia es larga. En los últimos años vimos cómo las malas liquidaciones, que sometían a la miseria a trabajadores que habían aportado toda su vida, llevaban a juicios interminables, donde el Estado sistemáticamente apelaba las sentencias, con la perversa intención de que el demandante finalmente falleciera. Así, llegamos a un achatamiento de la pirámide jubilatoria donde más de la mitad del total de los jubilados percibe la retribución mínima, de 4.959 pesos, cuando la canasta de subsistencia del jubilado, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, asciende a 11 mil pesos.

Ciertamente, con los jubilados no se ha cometido una injusticia, sino la injusticia misma. ¿Se está por saldar esta deuda histórica? De ninguna manera. Veamos:

Sólo cobrarán el total de las deudas pendientes aquellos que ya tengan sentencia firme (alrededor de cincuenta mil jubilados). Sin embargo, recibirán al contado sólo el 50% y el resto en doce cuotas trimestrales. Esto insume tres años, a lo que hay que sumar que el pago no será instantáneo para todos, sino que se irán liquidando paulatinamente, según un cronograma.

A aquellos que no tienen aún sentencia firme (alrededor de 380 mil demandas) se les va a pagar sólo cuatro años de retroactivo. La mayoría de los juicios tienen reclamos por siete años, por lo que los jubilados tendrán que soportar una quita sobre sus derechos de cerca del cuarenta por ciento.

En ambos casos, se procede además a reactualizar los haberes. El Gobierno afirma que eso significará un incremento promedio del 40 por ciento. Pero lo que no dice es que el índice de actualización que tomará como base del haber inicial entre los años 1995 y 2009 (a partir de ahí se aplica el ajuste por movilidad jubilatoria) será la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales (RIPTE), elaborada por el Ministerio de Trabajo y no el índice que había fijado la Corte Suprema en sus fallos —el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción, ISBIC. En el total de esos años, el ISBIC es más del doble de RIPTE. De esta forma, la actualización terminará siendo sustancialmente menor a la establecida en los fallos. Otro recorte en lo que cobrarán.

En lo que respecta a aquellos que no han iniciado juicios, pero que están en condiciones de hacerlo, aproximadamente 1.800.000 personas, deberán renunciar a ello si quieren recibir el reajuste de sus haberes. Esto es un requisito general para todos los casos: se juega con el chantaje de que los ancianos, desesperados por recibir algo, renuncien a lo que legítimamente les corresponde.

Por si todo esto fuera poco, en todas las circunstancias los pagos estarán sujetos a descuentos del impuesto a las ganancias. Otro hecho injustificable.

Pero la cosa no termina ahí. Se acaban las moratorias para aquellos que, producto de haber sido empleados en negro, o sufrido desempleo, no cumplen los años de aporte. A partir de ahora percibirán una pensión universal para adultos mayores que será del 80% de la ya miserable jubilación mínima: a valores de hoy, apenas 3.967 pesos.

Y un punto que no debe olvidarse si se habla de reparación histórica es que para el resto de los jubilados, más de cuatro millones, que incluyen mayoritariamente todos los que cobran la jubilación mínima, no habrá un solo peso de aumento, más allá de las movilidades ya establecidas de marzo y septiembre. Seguirán sometidos a vivir en la miseria o depender de la solidaridad intergeneracional de sus familias.

Es obvio que el objetivo del Gobierno es cerrar los juicios, con una enorme quita que caerá sobre los hombros de la clase pasiva. Y busca esconderlo jugando con la desesperación de los que necesitan cobrar algo en efectivo.

Pero el problema no termina ahí. Otra cuestión terriblemente reaccionaria surge cuando analizamos la forma de financiamiento de estos pagos. Se habla de recurrir a los fondos del blanqueo de capitales. Pero ese monto es un stock que se recibe por única vez, mientras el reajuste de haberes jubilatorios es un flujo que hay que pagar mes a mes (en concreto, a partir de 2017, 75 mil millones de pesos a valores actuales). Si sumamos los 250 mil millones que implica el monto total aproximado de los pagos de retroactivos, es evidente que no alcanza. Por eso, el Gobierno plantea recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se habla de utilizar las utilidades de rentas de ese fondo (aproximadamente 75 mil millones de pesos) y, si no alcanza, recurrir a la venta de las acciones en poder de este fondo (que a valor actual suman 60 mil millones de pesos).

En concreto: se va a descapitalizar el FGS. Si a esto le sumamos que el flujo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también está sufriendo una poda por la pérdida del 15% de coparticipación de impuestos que recibía hasta ahora, la situación futura del financiamiento del sistema previsional se tornará insostenible.

La única solución es el incremento de la masa de aportantes, pero eso no está en ningún discurso oficial. Hoy aportan al sistema 9,7 millones de trabajadores, en una relación insostenible de 2 a 1 con la masa de jubilados. Pero en la Argentina hay otros cinco millones sometidos al régimen de trabajo en negro. Si se los blanqueara, la suma de aportes patronales más retenciones alcanzaría para volver sustentable el sistema, más aún si se eliminan las llamadas “sumas no remunerativas”, léase: porciones del salario que no se incluyen en el descuento jubilatorio —y que son avaladas y fomentadas por el propio Ministerio de Trabajo en las negociaciones convencionales.

Claro que nada de esto se lo propone el actual Gobierno. Al contrario, su programa de “primer empleo” se basa en más exenciones a las patronales (y, por lo tanto, más desfinanciación al sistema).

Resumamos: los jubilados terminarán perdiendo parte de lo que legítimamente ya les pertenecía. Así y todo, el sistema quedará en crisis. ¿Cuál será la perspectiva? La pista la da una frase terrorífica en el discurso presidencial: “Necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y sustentable en el tiempo”. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple: se pondrán en marcha los mecanismos para reformar, en un plazo de tres años, el conjunto del sistema de jubilaciones y pensiones, una vez que se ha desfinanciado y, así, demostrado su insustentabilidad. Ya sabemos qué significa esto por la experiencia mundial: volver a un esquema meritocrático y privatizado y, por sobre todas las cosas, subir la edad jubilatoria. En síntesis: será la clase pasiva quien terminará pagando, otra vez, los platos rotos.