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Los costos del enfrentamiento entre el poder político y el Poder Judicial

Luego de años de desgaste y tensión entre el Gobierno nacional saliente y el Poder Judicial, desde la asociación civil Abogados de Pie y la consultora Isonomía decidimos evaluar cuál era la opinión de la ciudadanía en relación con el funcionamiento, la independencia y la imagen del Poder Judicial hoy. De dicha encuesta se extrajeron datos realmente alarmantes y, por cierto, grandes conclusiones en cuanto a los desafíos por venir.

En primer lugar, un 62% de los encuestados dice no creer en la Justicia. Este dato es sumamente preocupante, puesto que significa que una gran mayoría de ciudadanos no concibe al Poder Judicial como un canal institucional válido y legítimo para resolver de manera eficiente sus conflictos y, por tanto, cuando la Justicia no logra intervenir de manera adecuada, se utilizan otros medios no institucionales para intentar solucionarlos, tales como la violencia o la corrupción.

Más grave aún es la consideración que tiene casi un tercio de la ciudadanía respecto al Poder Judicial. Un 30% entiende que dicho poder representa un gasto innecesario para el Estado y que es un mero trámite burocrático. Dentro de ese porcentaje hay quienes consideran al Poder Judicial como una corporación al servicio de intereses distintos a los de la sociedad. Continuar leyendo →

¿Es el inicio de un mani pulite argentino?

Curiosa coincidencia: la marcha de silencio en homenaje a la muerte de Alberto Nisman, convocada por un sector importante de fiscales y magistrados de la Nación y acompañada fuertemente por gran parte de la ciudadanía, se realiza un día después de que se conmemora un nuevo aniversario de uno de los  procesos judiciales más importantes de Italia, la denominada “mani pulite” o “mano limpia”.

El 17 de febrero de 1992, y a instancias del fiscal Di Pietro, se puso al descubierto una red de corrupción e impunidad de gran magnitud que involucraba a sectores importantes del gobierno, empresarios, entre otros protagonistas. A través de dicho proceso se denunció a la cúpula del poder de aquel momento, con un fuerte respaldo de la ciudadanía y de algunos medios de comunicación.

En aquella oportunidad hubo un fiscal que, dispuesto a cumplir con su trabajo y consciente de los riesgos que implicaba, decidió enfrentar al poder. Un fiscal que decidió investigar a fondo sin medir las consecuencias, abriendo en toda Italia un nuevo capítulo en su historia, un capítulo de renovada confianza y esperanza en sus instituciones.

En Argentina todavía hay sectores que ven en la marcha del 18 de febrero un  intento desestabilizador. Una vez más nuestro querido país se encuentra divido.

¿Será esta marcha, encabezada por jueces y fiscales de la Nación, el comienzo de una nueva etapa? ¿Será que la hora de una Justicia independiente y sin miedos ha comenzado?

Siempre es delicado investigar al poder pero, un país que sueñe con ser realmente justo y desarrollado, no sólo debe tener un sistema institucional que así lo permita, sino también debe contar con hombres y mujeres que, con idoneidad, honestidad y coraje estén dispuestos a afianzar la justicia y consolidar la paz interior.

Se abre una nueva oportunidad para que los argentinos nos encontremos y decidamos apostar por la búsqueda de la verdad. Se abre una oportunidad para que el Poder Judicial recupere su credibilidad y su confianza. ¿Podremos aspirar a nuestra mani pulite?

Aspirar a la independencia del Poder Judicial

Nuestro Poder Judicial pasa por uno de sus peores momentos. Su legitimidad y la confianza por parte de la ciudadanía están cuestionadas. La Justicia argentina no puede demostrar su efectividad ya que carece de los medios para hacerlo y la discusión política necesaria en este sentido es sumamente pobre. La agenda es puramente coyuntural, lo cual no permite pensar y debatir temas de fondo.

El Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de la selección y remoción de los jueces, así como de la administración general de la justicia, está prácticamente paralizado y sin actividad alguna. La razón: problemas estrictamente políticos.

Esta inactividad tiene un costo notorio. A modo de mera ejemplificación, se observan demoras exorbitantes en el avance de los diversos procesos judiciales, con dictados de sentencias que promedian entre cuatro o cinco años en el mejor de los casos; juzgados colapsados por expedientes de papel que no encuentran lugar; edificios en condiciones deplorables; escaso personal; falta de recursos materiales; demoras inadmisibles en la selección de magistrados para cubrir los numerosos cargos vacantes existentes; la casi nula aplicación del régimen disciplinario en los casos de jueces denunciados. La lista podría seguir. El acceso a la justicia se torna cada vez más abstracto.

En la Argentina, la anormalidad pareciera ser la regla. Que una sentencia promedio tarde entre cuatro o cinco años de proceso judicial es patológico. Que la participación política dentro del Poder Judicial sea usual, es inconcebible. Ningún país realmente serio y desarrollado padece estos problemas.

Está fuera de discusión que la política es el verdadero poder transformador; que es la única capaz de realizar los fines mismos del Estado. Son los partidos políticos los canales naturales para llevar adelante dichas acciones, pero de acuerdo a nuestro sistema republicano de gobierno tienen un claro ámbito de incumbencia.

Ahora bien, cuando los diversos partidos o sectores políticos deciden invadir el ámbito del Poder Judicial, lo único que logran es fraccionar el sistema, ya que como la palabra lo indica, partido es “parte”, “facción”, y por tanto, un partido no representa al todo sino a determinadas sectores.

De esta manera, la Justicia pasa a tener un carácter disfuncional a la hora de actuar con imparcialidad, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Una mirada sesgada no permite dar a cada uno lo suyo.

Por estos días se llevarán a cabo diversas elecciones para renovar gran parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. En su actual composición de trece miembros, siete son directamente representantes del poder político (tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo); tres representan al Poder Judicial; uno al mundo académico y dos integrantes representan a los abogados (uno por la Capital Federal y el otro por el resto de las provincias).

La primera elección será este martes 9 de septiembre donde se elegirá el representante de los abogados de la Capital Federal. Diversos partidos políticos han tomado intervención directa a través de frentes o alianzas electorales. En otras palabras, no conformes con los siete representantes que por ley se les ha otorgado, han decidido participar también dentro del único cupo que le pertenece a los abogados. 

No asombra que una  elección que a priori debe ser propia de los abogados independientes, se transforme en una elección de aparatos partidarios. Todo pareciera normal y tolerable, y la verdad que no lo es. Que los partidos tengan participación en la Justicia no es normal; que un juez federal tenga gran cantidad de denuncias en su contra y no pase nada tampoco es normal. 

Es natural la tendencia del poder político de querer inmiscuirse en los otros poderes del Estado. Sin embargo, en los países desarrollados, existen vallas de contención institucionales que funcionan de manera efectiva e impiden los desbordes y avances de dicho poder. Debemos reconstruir dichos límites institucionales para volver a recuperar esa Justicia verdaderamente independiente que hizo grande a nuestro país.

Es necesario plantearnos desafíos básicos: la defensa y el fortalecimiento de las instituciones para garantizar la efectiva división de poderes, el respeto a la Constitución, la existencia de resortes y límites infranqueables evitando que el poder político avasalle el Poder Judicial.

La justicia decide sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestra vida. Por tanto, dicha independencia es vital. Los jueces buenos deben ser reconocidos y los jueces malos destituidos. Así funciona un verdadero sistema republicano de gobierno. Con nuestro compromiso y participación podemos afianzar verdaderamente esa justicia que tanto anhelamos.