Por: Agustín Pesce
Luego de años de desgaste y tensión entre el Gobierno nacional saliente y el Poder Judicial, desde la asociación civil Abogados de Pie y la consultora Isonomía decidimos evaluar cuál era la opinión de la ciudadanía en relación con el funcionamiento, la independencia y la imagen del Poder Judicial hoy. De dicha encuesta se extrajeron datos realmente alarmantes y, por cierto, grandes conclusiones en cuanto a los desafíos por venir.
En primer lugar, un 62% de los encuestados dice no creer en la Justicia. Este dato es sumamente preocupante, puesto que significa que una gran mayoría de ciudadanos no concibe al Poder Judicial como un canal institucional válido y legítimo para resolver de manera eficiente sus conflictos y, por tanto, cuando la Justicia no logra intervenir de manera adecuada, se utilizan otros medios no institucionales para intentar solucionarlos, tales como la violencia o la corrupción.
Más grave aún es la consideración que tiene casi un tercio de la ciudadanía respecto al Poder Judicial. Un 30% entiende que dicho poder representa un gasto innecesario para el Estado y que es un mero trámite burocrático. Dentro de ese porcentaje hay quienes consideran al Poder Judicial como una corporación al servicio de intereses distintos a los de la sociedad.
Aquí vemos que no sólo los encuestados no creen en la Justicia, sino que la consideran superflua e innecesaria. Su confianza y su consideración hacia dicho poder están severamente dañadas.
Se preguntó también si, por el contrario, un Poder Judicial independiente les generaría un cambio positivo en su realidad cotidiana. Un 39% sostuvo directamente que no, mientras que un 11% entendió que a veces, y un 45% consideró que sí. Este dato explica que la Justicia no está entendida como un verdadero servicio al ciudadano, como podría ser el servicio de salud o de educación, con efectos directos en la población, por tanto, un deficiente servicio de su parte atentaría contra intereses vitales de la sociedad. En el caso de la Justicia, la ciudadanía la percibe más ligada a un mero trámite burocrático, lento, engorroso y lejano a la realidad cotidiana de la sociedad.
Se evaluó, en otro orden, la imagen que tiene la ciudadanía respecto de los jueces y los fiscales. Los resultados fueron alarmantes. Un 77% de los encuestados contestó que tenía una imagen entre mala y regular. También se les preguntó si conocían a algún juez o fiscal, y un 63% dijo que no, mientras que solamente el 34% manifestó conocer a alguno. Estos datos reflejan una falta de conocimiento en general por parte de la ciudadanía de quiénes son los encargados de prestar el servicio de Justicia hacia la comunidad. La mala imagen está dada en muchos casos por jueces emblemáticos que son acusados por mal desempeño en sus funciones y que aún siguen en sus cargos, sin recibir una sanción ni legal ni moral. Lo mismo ocurre con los grandes hechos de corrupción que quedan en el olvido o directamente se cierran sin más. Todo ello desgasta la imagen de la Justicia y de quienes están a cargo de impartirla.
Respecto al acceso, sólo el 14% dijo haber accedido al sistema judicial. De dicho porcentaje, seis de cada diez afirmaron haber tenido una experiencia entre mala y regular.
Esta baja concurrencia se puede explicar no solamente por la mala imagen que se tiene, sino por la percepción respecto de que el Poder Judicial no puede resolver sus conflictos en tiempo y forma, y que, por lo tanto, resulta un gasto en tiempo y en dinero innecesario.
Asimismo, puede ocurrir que haya un alto grado de desconocimiento en la manera de acceder a la Justicia. En este caso, se presenta una falla en la información y la comunicación por parte del Poder Judicial, y en brindar herramientas eficaces a la hora de acercar la Justicia al ciudadano. La mala o regular experiencia obedece en general a la lentitud en dictar sentencias.
¿Qué es lo que pide la ciudadanía para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial? Un 48% sostiene que debe ser más veloz y transparente, y un 32% considera que no debe hacer diferencias entre ciudadanos y ser verdaderamente ecuánime en sus decisiones.
Por todo ello, es necesario reconstruir la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Tanto la Justicia como el Gobierno deben generar un profundo shock de credibilidad, con el objetivo de lograr un servicio de Justicia moderno, ágil, transparente e independiente, que afiance consolide un verdadero sistema republicano de gobierno.