Estoy sorprendido por la virulencia de las críticas que diversos voceros del poder financiero internacional están realizando a nuestro país por estas horas.

No son casuales las repercusiones en los medios locales de la reciente nota descalificatoria sobre Argentina del periódico The Wall Street Journal y de los nuevos resultados del “Índice de Libertad Económica” que anualmente realiza la ultraconservadora Heritage Foundation.

En ambos casos, se traduce una intolerancia por parte del lobby financiero mundial al camino de heterodoxia económica que viene llevando nuestro país desde el 2003.

Ni los voceros mediáticos del sistema financiero, como The Wall Street Journal, ni los “think tank” del neoliberalismo, como la Heritage Foundation, criticaban a nuestro país cuando los modelos económicos condenaban a los argentinos a la desocupación, la exclusión social y la indigencia.

Es muy curioso: en el año 2002 la Argentina estaba en el puesto 38 del ranking de “Libertad Económica”, cuando teníamos un 24 % de desocupados, un 57 % de pobres y un 35 % de indigentes. Ahora, con una desocupación del 7 % y una pobreza menor a los dos dígitos, la Heritage Foundation ubica a la Argentina en el puesto 166.

Esto deja a las claras que los intereses de estos sectores financieros no son los mismos del pueblo argentino, por más que algunos dirigentes y medios de comunicación opositores pretendan mezclar las cosas.

Hay una clara intencionalidad de diversos sectores económicos, con la complicidad de ciertos medios de comunicación, para reinstalar en la Argentina los criterios de evaluación de los modelos económicos vigentes durante el Consenso de Washington.

A la Argentina nunca le fue bien cuando siguió las recetas de los “think tank” del neoliberalismo. Al contrario: la enorme mayoría del pueblo terminó postrado en la exclusión social mientras que una minoría vinculada a los intereses del poder financiero mundial terminaba enriqueciéndose.

Hoy todos se sorprenden de lo que pasa con la inseguridad en la provincia de Santa Fe, más especialmente en Rosario. Pero el tema viene de lejos. De hecho, desde nuestro espacio político veníamos advirtiendo la creciente gravedad de la situación desde la segunda mitad del gobierno de Hermes Binner.

En julio de 2011, en plena coyuntura electoral, denuncié que detrás de los llamados “ajustes de cuentas” no había meros conflictos interpersonales sino enfrentamientos entre bandas que disputaban negocios delictivos y territorios. En octubre de ese año dije con claridad que era incomprensible que los vecinos supieran dónde funcionaban los kioscos de drogas y la policía nada supiese de ellos. En enero de 2012 -tras el famoso “triple crimen de Villa Moreno”- planteé la necesidad urgente de un acuerdo político para la seguridad democrática en Santa Fe. Un mes más tarde, planteé que había que tener fuertes señales políticas para que la ciudadanía recupere la confianza en la política de seguridad y en la policía. Nunca fuimos escuchados.

Cuando en octubre del año pasado se desató el llamado “narcoescándalo”, muchas de las cosas que veníamos denunciando quedaron a la luz. La crisis no sólo provocó la renuncia del ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli sino que puso en evidencia la connivencia de cierto sector de las fuerzas de seguridad con el delito, especialmente el comercio de drogas. Pedimos cambios profundos en la política de seguridad y en el gobierno de las fuerzas de seguridad. Pero, una vez más, no fuimos escuchados. El socialismo santafesino vio detrás del “narcoescándalo” una supuesta operación desestabilizadora y terminó ratificando en la conducción policial a toda la cúpula que acompañaba a Tognoli. La “fuga hacia delante” tuvo sus costos: el 2012 terminó con 182 homicidios en el gran Rosario y 102 asesinatos en el gran Santa Fe. Como dato comparativo: el año pasado se registraron en Rosario un 140% más de homicidios que en la capital cordobesa.

La tendencia en los comienzos de este 2013 se profundizó: a la fecha ya se registraron 20 homicidios en Rosario y 10 en Santa Fe. El gobierno provincial, en lugar de tomar nota, vuelve a insistir con la victimización buscando deslindar responsabilidades. “El problema es la desigualdad social”, “narcotráfico hay en todos lados”, “el delito narco llegó para quedarse” son algunos de los lugares comunes a los que apelan los funcionario de gobierno. Cuanto Binner y Bonfatti más insistan en esta actitud, más lejos estarán de empezar a resolver el problema. Y cuanto más se agrave la situación, más indefensos estarán los santafesinos.

Como vemos, el problema que se vive en Santa Fe es muy serio, pero tiene solución. La crisis de la política de seguridad en la provincia debería convertirse en una oportunidad para avanzar con transformaciones de fondo: fuerte conducción política de las fuerzas de seguridad eliminando cualquier tipo de connivencia con el delito; policías de prevención municipales, comenzando por las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe; intervención profunda en los barrios donde el delito narco está más instalado; fuerte apelación a la participación ciudadana para controlar a la policía y definir estrategias barriales de abordaje; descentralización de fiscalías para la toma de denuncias.

Nuestro enemigo no es el socialismo que gobierna Santa Fe. Nuestros enemigos son las organizaciones criminales, principalmente vinculados al comercio de drogas, que se han enquistado en la provincia con la anuencia y la pasividad de una policía con niveles de autonomía inéditos. El socialismo gobernante debería aprender de las experiencias, dejar de ver fantasmas y asumir las responsabilidades para las que fue elegido por los santafesinos.