Negar la estrecha relación entre emisión monetaria e inflación ya no resulta razonable. Los dirigentes y los economistas lo saben cabalmente. Sin embargo, la política contemporánea prefiere brindar una infantil e incorrecta descripción del problema.
Esto no es casualidad. El oficialismo no está dispuesto a dejar de emitir irresponsablemente porque ello implicaría reducir el gasto estatal con todo lo que conlleva esa determinación. Los políticos no desean hablar de ajuste. Temen por las consecuencias electorales que se derivan de ese término. Después de todo, son ellos los que se han ocupado con perseverancia de engordar el aparato estatal durante años. Desarmar ese engendro significaría, para su concepción de la política, una absoluta calamidad.
Su estrategia es buscar responsables fuera de su entorno, culpando a los especuladores, comerciantes y empresarios, formadores de precios, para luego fabricar la ficción de una verosímil conspiración que pretende sacarlos del poder. Sus intelectuales y técnicos se ocupan de darle contenido a la gran mentira, manoseando números, aportando rebuscados razonamientos y manipulando hechos aislados que hagan posible su interpretación.