El fiscal federal Alberto Nisman murió hace un año. Somos muchos los que sospechamos que alguien lo mató y parecería que en el único lugar donde hay dudas sobre si fue un homicidio o un suicidio es en el expediente judicial, donde —como trascendió a través de los medios— ocurrieron varias inoperancias, ineficiencias, demoras y absurdos.
La deuda del Poder Judicial con el país y con la gente es enorme y recordar ahora todo lo que funciona mal sería demasiado largo para esta columna. Los sistemas judicial y de seguridad argentinos están muy mal, como lo muestran los hechos y las encuestas sobre la bajísima confianza de la gente en esos sectores del Estado.
La investigación por la muerte de Nisman no es el único delito que sigue en un limbo, porque es parte del altísimo porcentaje de impunidad que asola a nuestro país y que nos coloca a todos en una situación de indefensión que percibimos como casi absoluta. Continuar leyendo