Doce años de kirchnerismo lograron que, incluso quienes siempre fuimos críticos, estemos anestesiados o, cuando menos, acostumbrados a intervenciones y situaciones propiciadas desde el Poder Ejecutivo Nacional que serían inimaginables para ciudadanos de otras democracias, incluso de América Latina. El caso Nisman desnudó muchos de los infortunios por los que atravesamos durante los últimos años y para los cuales es casi imposible llevar registro. Tuvo que suceder una tragedia humana, política e institucional de enorme envergadura para comprender que muchas cosas se hacen muy mal en la Argentina.
Uno de estos puntos, tal vez el más visible, es la falta de seriedad y profesionalismo en la comunicación presidencial. En la cadena nacional del pasado viernes, la Presidente se mostró sorprendida porque algunos integrantes del Poder Judicial (fiscales y abogados) solicitaron mayor mesura en sus dichos sobre la muerte de Alberto Nisman. Conjeturas, hipótesis cruzadas, rumores y demás habladurías estuvieron en boca de Cristina Kirchner desde que se conoció el hecho. Sin dudas que todas ellas van en contra del declarado principio de “dejar actuar a la justicia”. Ser la máxima autoridad en un país presidencialista es lo que aconseja no actuar como un ciudadano más. El cargo tiene una responsabilidad que no le impide expresarse libremente sino que le “pide” hacerlo con prudencia. Esa prudencia que el jefe de gabinete le reclama al senador republicano Marco Rubio.
Contrariamente a lo que Cristina Kirchner piensa, no es el grupo Clarín, y todos los medios “opositores”, quienes devalúan su palabra sino que ella misma es la que lo hace. La imperiosa necesidad del Gobierno de afianzar su propia hipótesis choca de frente con la independencia judicial. Más aún, esa insistencia en la supuesta “relación íntima” entre el experto en informática Diego Lagomarsino y el fiscal realmente devalúa fuertemente la palabra presidencial y deja en clara evidencia la intención de direccionar la investigación hacia un crimen pasional.
La segunda cuestión que suscita gravedad es que la Presidente se declare víctima de su propio servicio de inteligencia. Esta situación es curiosa en un Gobierno que lleva 12 años ininterrumpidos en el poder. Resulta bastante evidente que el haber conducido primero la SIDE y luego la SI por caminos alternativos al de la ley, no haber recurrido nunca al control parlamentario, y usar este servicio para beneficio de la propia facción, traía aparejado el riesgo de que finalmente escape a su control. Cuando se promueven carpetazos, es factible que en algún momento salgan en direcciones no queridas. Pedir que actúen conforme a derecho cuando se los venía utilizando de una forma sinuosa es una tarea difícil, más para aquellos gobiernos/regímenes que están en retirada. Los países de la ex Unión Soviética tienen innumerables y trágicos ejemplos de esta situación durante el período de transición. El misil de alto impacto extraviado hace algunos días por el Ejército Argentino –noticia opacada por el caso Nisman- podría ser también un alarmante ejemplo.
Cuando todas estas circunstancias parecen sacar al gobierno de su eje opta, con cierto éxito, por instalar nuevos temas en agenda. Así sucede con la propuesta de Roberto Carlés para reemplazar a Raúl Zafaroni como miembro de la Corte Suprema. Está claro que un abogado de 33 años, kirchnerista militante está destinado a levantar polvareda, pero el gobierno de Cristina sabe que es un revuelo harto preferible a las sospechas que sobrevuelan sobre su participación en la muerte del fiscal.
Si hay algo que debe reconocérsele al kirchnerismo es que hace honor al pregonado “nunca menos”. En momentos donde muchísimos sectores sociales, políticos y judiciales cuestionan severamente a la procuradora Alejandra Gils Carbó por su notoria sumisión a las órdenes de la Presidente –habría que tener en cuenta qué opositores (hoy indignados) votaron a favor de su designación- propone en la nueva ley de inteligencia dejar bajo responsabilidad de la Procuración las “escuchas legales” o “pinchaduras”. Pretende al mismo tiempo designar un director y un subdirector para la proyectada Agencia Federal de Inteligencia con acuerdo del Senado (donde tiene mayoría) y con una estabilidad de 4 años en el cargo.
El kircherismo, al menos en su versión pura y dura, ya no será gobierno a partir de diciembre de este año. No obstante ello queda bastante claro que todavía conserva en sus manos una alta capacidad de daño. Sería importante que los candidatos presidenciales con opciones de triunfo, con la apoyatura de los partidos que representan, y la coordinación de asociaciones (como el Club Político Argentino) puedan consolidar un entendimiento que impida transformar las instituciones en una tierra arrasada donde agentes públicos descarriados, estructuras paralelas al Estado hípercorruptas, lealtades cruzadas y “bombas” activadas por doquier, nos conminen a tener que soportar largos años más de decadencia.