Que las instituciones estén al servicio de un movimiento político es grave pero es aún peor que lo estén de causas e intereses particulares de quienes detentan circunstancialmente el poder, aunque estemos hablando del máximo cargo ejecutivo. Esto expuso abiertamente la Presidente de la Nación cuando utilizó la red social Twitter para acusar y descalificar al juez que investiga los movimientos de una de sus empresas. El contragolpe se veía venir desde el momento en que, durante el acto de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), optó por dejar en claro que “a esta Presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar”.
No es una novedad en la Argentina la utilización de los recursos del Estado para intereses personales. Sin embargo, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, lo hace con un atrevimiento que ya no sorprende aunque -al menos a mí- asusta. En esta ocasión, la mira ha quedado dirigida sobre el juez Claudio Bonadio; su investigación sobre la empresa Hotesur S.A., propiedad de la Presidente, ha desatado una ola de ataques por parte de distintos funcionarios y dirigentes del oficialismo que se extiende en el tiempo y promete ir a fondo. No sorprende tampoco el recurso del contraataque para responder acusaciones. A una investigación –sea periodística o judicial- el kirchnerismo nunca le opone un argumento sino que utiliza básicamente dos caminos según la ocasión: responde con fuego sostenido en la dirección contraria, o se dedica a denostar al emisario. Sin embargo, últimamente lo más habitual es que ambos caminos se fusionen y retroalimenten para conformar así un furibundo ataque. Continuar leyendo