Estamos de PASO

“Primarias abiertas secretas y obligatorias”, dijo y repitió sin ruborizarse el ministro de Justicia Julio Alak (vale aclarar para algún desprevenido que la “s” es por simultáneas), cuando trataba de justificar la demora de más de cuatro horas para cargar los primeros datos de las elecciones celebradas ayer. Así entramos en la primera conclusión de unas elecciones con mucha tela para cortar: El sistema de votación en la Argentina es arcaico y muy favorable a las nocivas prácticas que en cada elección se denuncian, pero que de ninguna manera van a solucionar quienes de este sistema se benefician en desmedro de los electores.

Los resultados a nivel nacional van en línea con lo que las encuestas más serias venían pronosticando. Un triunfo del Frente para la Victoria que no le permite evitar el ballotage. Desde hoy pocos serán los que puedan insistir con que el número mágico para Daniel Scioli es el 40. Ahora deben ir por el 45, y esa es una empresa difícil. El frente Cambiemos se situó en los 30 puntos, liderado por un Mauricio Macri que obtuvo el 80 % de los votos de esa interna. Si presumimos que muy probablemente un importante porcentaje de los votantes de UNA va a ir en octubre en busca del denominado “voto útil”, la alianza del PRO con la UCR y la Coalición Cívica tiene altas posibilidades de superar el 35 % de los votos, lo que obliga a Scioli a ir por ese 45 % que le permitiría evitar este ballotage “a la argentina”. Continuar leyendo

Poderes subyacentes y peligrosos

Doce años de kirchnerismo lograron que, incluso quienes siempre fuimos críticos, estemos anestesiados o, cuando menos, acostumbrados a intervenciones y situaciones propiciadas desde el Poder Ejecutivo Nacional que serían inimaginables para ciudadanos de otras democracias, incluso de América Latina. El caso Nisman desnudó muchos de los infortunios por los que atravesamos durante los últimos años y para los cuales es casi imposible llevar registro. Tuvo que suceder una tragedia humana, política e institucional de enorme envergadura para comprender que muchas cosas se hacen muy mal en la Argentina.

Uno de estos puntos, tal vez el más visible, es la falta de seriedad y profesionalismo en la comunicación presidencial. En la cadena nacional del pasado viernes, la Presidente se mostró sorprendida porque algunos integrantes del Poder Judicial (fiscales y abogados) solicitaron mayor mesura en sus dichos sobre la muerte de Alberto Nisman. Conjeturas, hipótesis cruzadas, rumores y demás habladurías estuvieron en boca de Cristina Kirchner desde que se conoció el hecho. Sin dudas que todas ellas van en contra del declarado principio de “dejar actuar a la justicia”. Ser la máxima autoridad en un país presidencialista es lo que aconseja no actuar como un ciudadano más. El cargo tiene una responsabilidad que no le impide expresarse libremente sino que le “pide” hacerlo con prudencia. Esa prudencia que el jefe de gabinete le reclama al senador republicano Marco Rubio.

Contrariamente a lo que Cristina Kirchner piensa, no es el grupo Clarín, y todos los medios “opositores”, quienes devalúan su palabra sino que ella misma es la que lo hace. La imperiosa necesidad del Gobierno de afianzar su propia hipótesis choca de frente con la independencia judicial. Más aún, esa insistencia en la supuesta “relación íntima” entre el experto en informática Diego Lagomarsino y el fiscal realmente devalúa fuertemente la palabra presidencial y deja en clara evidencia la intención de direccionar la investigación hacia un crimen pasional.

La segunda cuestión que suscita gravedad es que la Presidente se declare víctima de su propio servicio de inteligencia. Esta situación es curiosa en un Gobierno que lleva 12 años ininterrumpidos en el poder. Resulta bastante evidente que el haber conducido primero la SIDE y luego la SI por caminos alternativos al de la ley, no haber recurrido nunca al control parlamentario, y usar este servicio para beneficio de la propia facción, traía aparejado el riesgo de que finalmente escape a su control. Cuando se promueven carpetazos, es factible que en algún momento salgan en direcciones no queridas. Pedir que actúen conforme a derecho cuando se los venía utilizando de una forma sinuosa es una tarea difícil, más para aquellos gobiernos/regímenes que están en retirada. Los países de la ex Unión Soviética tienen innumerables y trágicos ejemplos de esta situación durante el período de transición. El misil de alto impacto extraviado hace algunos días por el Ejército Argentino –noticia opacada por el caso Nisman- podría ser también un alarmante ejemplo.

Cuando todas estas circunstancias parecen sacar al gobierno de su eje opta, con cierto éxito, por instalar nuevos temas en agenda. Así sucede con la propuesta de Roberto Carlés para reemplazar a Raúl Zafaroni como miembro de la Corte Suprema. Está claro que un abogado de 33 años, kirchnerista militante está destinado a levantar polvareda, pero el gobierno de Cristina sabe que es un revuelo harto preferible a las sospechas que sobrevuelan sobre su participación en la muerte del fiscal.

Si hay algo que debe reconocérsele al kirchnerismo es que hace honor al pregonado “nunca menos”. En momentos donde muchísimos sectores sociales, políticos y judiciales cuestionan severamente a la procuradora Alejandra Gils Carbó por su notoria sumisión a las órdenes de la Presidente –habría que tener en cuenta qué opositores (hoy indignados) votaron a favor de su designación- propone en la nueva ley de inteligencia dejar bajo responsabilidad de la Procuración las “escuchas legales” o “pinchaduras”. Pretende al mismo tiempo designar un director y un subdirector para la proyectada Agencia Federal de Inteligencia con acuerdo del Senado (donde tiene mayoría) y con una estabilidad de 4 años en el cargo.

El kircherismo, al menos en su versión pura y dura, ya no será gobierno a partir de diciembre de este año. No obstante ello queda bastante claro que todavía conserva en sus manos una alta capacidad de daño. Sería importante que los candidatos presidenciales con opciones de triunfo, con la apoyatura de los partidos que representan, y la coordinación de asociaciones (como el Club Político Argentino) puedan consolidar un entendimiento que impida transformar las instituciones en una tierra arrasada donde agentes públicos descarriados, estructuras paralelas al Estado hípercorruptas, lealtades cruzadas y “bombas” activadas por doquier, nos conminen a tener que soportar largos años más de decadencia.

Cómo esconder a un vice

Amado Boudou es hoy un paria político. Está aislado, sin referentes ni dentro ni fuera del Frente para la Victoria. Tanto es así que, en su cada vez más estrecho círculo de confianza, adjudican el comienzo de todos sus problemas a informaciones que salieron del propio seno del gobierno. El único motivo por el que sigue en funciones es porque la Presidente teme que luego de “colgar la cabeza” de su vice también vayan por la de ella. La punta del ovillo estaría en las causas que investigan al empresario K Lázaro Báez y allí se explicaría tanto énfasis en la destitución del fiscal José María Campagnoli.

Las estrategias que adopta la oposición frente a la situación de Boudou son disímiles. Así como el Frente Amplio UNEN propugna por pedirle al vicepresidente que se tome una licencia, tanto el Peronismo Disidente como el Pro fueron por el juicio político a pesar de saber que, al menos en una primera instancia (sería diferente si se confirmara otro procesamiento), no tendría éxito ni siquiera para superar la Comisión de Juicio Político que preside la diputada kirchnerista Adela Segarra. Así las cosas, los ocho proyectos presentados para enjuiciar al vicepresidente fueron rechazados “in limine”.

Este rechazo inicial al juicio político en la Cámara de Diputados es para el vicepresidente una gota de agua en un desierto de arena. Además del procesamiento por estar acusado de quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica, también es investigado por enriquecimiento ilícito, el uso de un helicóptero de Gendarmería Nacional para apoyar a un candidato local, la compra de vehículos sin licitación para el Ministerio de Economía mientras era su titular, y hasta por falsificar la documentación de un vehículo para evitar que entre en la división de bienes con su ex esposa Daniela Andriuolo.

En el aspecto político tampoco serán fáciles estos meses para el vicepresidente y, por ende, tampoco para su jefa política. En la Cámara Alta, ya fueron varios los senadores de la oposición, con Luis Juez y Norma Morandini a la cabeza, que anticiparon que no estarían presentes en una sesión que sea presidida por Boudou. El presidente de bloque de su propio partido en ese recinto, Miguel Ángel Pichetto, conocido por su amor incondicional pero finito a los líderes del peronismo (Menem, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina), también dejó muy en claro que no piensa inmolarse en la hoguera del descrédito total por culpa de Boudou. Por si a alguien le quedaban dudas acerca de su deseo de que el vicepresidente renuncie a su cargo, el senador por Río Negro sostuvo que Boudou “analizará el planteo (de licencia) y resolverá en función de sus íntimas convicciones”. Fue más lejos aún al elogiar a la oposición por haberse manejado con prudencia en este caso.

La Presidente tenía previsto viajar a Paraguay el pasado miércoles pero, de manera sorpresiva, canceló su vuelo aduciendo una “faringolaringitis aguda”. Esto impidió que sea la primera vez en la historia argentina que haya un vicepresidente procesado a cargo del Ejecutivo. Si ese es el plan del gobierno, mantener oculto a su vice, no parece algo fácil con la eternidad de tiempo que resta para diciembre de 2015.

Sin dudas que esta situación tiene a la mandataria en una encrucijada de difícil resolución. A medida que se vayan sumando evidencias en las distintas causas que afectan a Boudou, cada vez se le va a hacer más complicado seguir sosteniéndolo. Sin embargo, ella considera que también tiene mucho para perder si finalmente le suelta la mano. El recuerdo de su anterior y fallido vicepresidente, Julio Cobos, también la atormenta, aunque en este caso el peso de la elección recae enteramente en ella dado que se jugó por el ex ministro de Economía cuando muchos integrantes del gobierno y parte de su círculo íntimo no estaban felices por tenerlo en la campaña.

Tampoco habría que descartar el temor de la Presidente a una posible reacción de Boudou si se encuentra acorralado. Ya ha dado muestras de endeblez y fragilidad cuando está asediado en entrevistas con medios no amigos. La Constitución Nacional establece como las principales funciones del vicepresidente las de presidir las sesiones del Senado de la Nación, algo que difícilmente pueda volver a realizar, y la de reemplazar al presidente en caso de viaje o licencia, intentarán por diversas vías de que esto no suceda. Ante estas circunstancias queda claro que Amado Boudou ha perdido toda su razón de ser y estar en el cargo que ocupa, transformándose en una especie de exiliado interno.

La multiplicidad de causas que afectan al vice son una fuente de información que excede lo meramente judicial. Si tomamos la causa de la falsificación de papeles del auto, vemos allí un recurso de nivel muy bajo que nos hace sospechar que es difícil que Boudou sea el último eslabón de la causa Ciccone. Tal vez entonces restaría saber si apropiarse mediante The Old Fund de la “fábrica de billetes” fue un encargo del difunto ex presidente Néstor Kirchner y si su esposa y actual presidente estaba o no al tanto de esta operación. En este aspecto hay tal vez cierta indolencia de parte de la oposición para frenar su embate o su deseo de investigar en la figura del vicepresidente. Es probable también que teman que es un riesgo poner la lupa sobre la propia Cristina Kirchner.

Si antes de fin de mes se confirma el segundo procesamiento del vicepresidente en la causa por falsificación de documento público, se les hará muy difícil detener el llamado a juicio político. Seguramente Cristina Kirchner no tenga ninguna intención de brindarle a la oposición ese triunfo político y por lo tanto lo que se avecinan son reuniones de alto contenido de tensión entre la primera mandataria y su vice, donde Cristina tratará de imponerle una licencia y Boudou tratará de asegurarse que se prolongue la protección que hasta ahora viene teniendo.