La Hora del Pueblo fue aquel documento multipartidario que presionó, con éxito pasajero, a la dictadura militar conocida como Revolución Argentina (1966-1973) para forzar una convocatoria a elecciones que finalmente llamó bajo presión el general Alejandro Agustín Lanusse el 11 de marzo de 1973 y a través de las cuales se consagró Héctor J. Cámpora (delegado de Perón) como presidente. Funcionó al mismo tiempo como un período de acercamiento entre los distintos partidos políticos (sobre todo peronistas y radicales) en un paréntesis de recelos mutuos que sirvió para abrir canales de participación e influencia que les estaban vedados.

Tal vez sea este modesto ensayo y no el Pacto de la Moncloa español (citado hasta el hartazgo por políticos e intelectuales de diversos sectores) un buen antecedente de acuerdos básicos sobre los cuales asentarse para cambios institucionales que resultan fundamentales. En este sentido, se conocieron algunos proyectos en los últimos días que generan un moderado entusiasmo pero que deben superar, como es natural, fuertes resistencias para no morir en el olvido o demorarse hasta tornarlos de aplicación imposible.

Por un lado, varios miembros de distintos partidos de la oposición se pusieron de acuerdo para pedir que se difundan cuestiones que hacen a la transparencia en un Congreso de la Nación caracterizado por su opacidad (dietas, personal contratado, viajes, declaraciones juradas, etc.). Los diputados Laura Alonso (Pro), Manuel Garrido (UCR), Carla Carrizo y Martín Lousteau (Sumá + UNEN), Adrián Pérez (Frente Renovador), Pablo Javkin (Coalición Cívica-UNEN) y la senadora Laura Montero (UCR) con la colaboración de distintas ONGs bregaron porque se den a conocer datos que hoy son casi un misterio.

Por otro lado, el Frente Renovador de Sergio Massa presentó un proyecto para limitar a dos mandatos consecutivos la elección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, eliminar las listas sábana e impulsar el voto electrónico. Si bien el proyecto tiene otros elementos que son discutibles, entiendo que debería ser apoyado mayoritariamente si se busca torcer una historia que se remonta a décadas de infortunio. Dueños de sus municipios, muchos de los intendentes toman a la comuna como parte de su patrimonio. Con clientelismo político, prebendas, dominio territorial y caudillismo evitan el surgimiento de otros candidatos y nuevos canales de participación usando para ello los recursos públicos. Entre los más “longevos” intendentes, también conocidos como barones del conurbano, están Raúl Otacehé en Merlo (23 años), Hugo Curto en Tres de Febrero (23 años), Julio Pereyra en Florencio Varela (22 años), Alberto Descalzo en Ituzaingó (19 años), y Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas (19 años).

Obviamente, y como era de esperarse, se alzaron algunas vergonzantes voces para impedir el avance de estos cambios. Desde el lado del FAUNEN piensan acertadamente que el massismo pretende mejorar su posicionamiento político a través de la instalación de este tema. Recuerdan que varios legisladores de su espacio han presentado proyectos que apuntan en al mismo sentido y no terminan de entender por qué nunca habían podido instalarlo ellos en la agenda pública. Seguramente es un acierto comunicacional de un hábil Sergio Massa que ningún celo político debería frenar. Sabemos que el propio Frente Renovador tiene intendentes con varios períodos en el poder y que a regañadientes aceptaron esta propuesta. El amalgamiento de los proyectos en base a una negociación política debería destrabar cualquier tipo de desacuerdo entre los miembros de la oposición.

Que este tema haya prendido en los medios, incluso por encima de temas más acuciantes como la inflación y la inseguridad, habla bien de la sociedad. A este proyecto, el Pro de Mauricio Macri quiere sumarle un ataque al nepotismo impidiendo que familiares directos de los intendentes puedan presentarse para el cargo y evitar así un continuismo de hecho, mientras que al mismo tiempo plantea la restricción para las reelecciones indefinidas también en el ámbito legislativo de la provincia. Es positivo que este último punto sea debatido pero de ninguna manera se puede equiparar al poder que un ejecutivo perpetuo puede ejercer sobre el pago chico.

Desde el Frente para la Victoria, que nunca ha mostrado genuino interés por lograr transparencia y mejorar la institucionalidad en el país durante sus 12 años de gobierno (más allá de la renovación de la Corte Suprema en sus inicios y la promesa de mejorar las instituciones por parte de Cristina Kirchner durante la campaña del 2007), la descalificación pasa por ningunear el interés que este tema pueda generar en la población. Sobre todo los intendentes de este sector esgrimen que esto implicaría una restricción para la libre elección de candidatos. Es claro que la falta de límites en el ejercicio del poder y el apoltronamiento en el gobierno sólo otorgan mayor libertad de acción al gobernante mientras que ciñen fuertemente la voluntad de los electores.

La política comparada en consonancia con la ciencia económica ha dado muestras más que contundentes de que la calidad institucional de un país es la base más sólida para el desarrollo económico, la mejora en salud, la calidad educativa, el transparente uso de los recursos públicos y la seguridad ciudadana. Es aceptable tal vez que esto sea difícil de ver para el ciudadano de a pie pero en el caso de la clase política sólo denota una real malicia y un claro intento por no ceder lugares de poder por parte de quienes se sienten con derecho de perpetuidad sobre los mismos. Muchos políticos se llenan la boca hablando de la diferencia entre crecimiento y desarrollo sin querer comprender que la disparidad entre uno y otro radica justamente en la conformación de instituciones sólidas que puedan mantenerse en el tiempo.

¿Cuál es el momento oportuno para avanzar sobre estos proyectos? Este es el momento más apropiado ya que el tiempo que resta para las elecciones presidenciales de 2015 ponen un manto de dudas sobre posibles vencedores. Pretender que este tipo de proyectos se impulsen desde el Poder Ejecutivo es de una ingenuidad suprema. Cual contrato social donde aún no se sabe quién será el encargado de conducir los destinos del país (el ganador), esta es la coyuntura adecuada para aprovechar la igualdad de oportunidades políticas que esto implica.

Arribismo político, convicción moral o responsabilidad institucional, lo importante es que la sociedad se involucre en un apoyo masivo hacia todas las reformas que permitan transparentar la política, generar alternancia, empoderar (palabra de moda) al ciudadano y brindar una mirada a largo plazo que pueda de una vez por todas sentar bases sólidas que pongan límites reales a la discrecionalida