Como senador nacional, productor agropecuario, pero principalmente como entrerriano, observo con preocupación cómo en forma lenta pero de modo sostenido, comienza a ser instalada, en mi provincia, la idea de un “Entre Ríos Petrolero”. Esta sutil campaña, avalada por diferentes sectores, que, por desconocimiento de la realidad productiva entrerriana o por el interés en la obtención de supuestos recursos fiscales fáciles, no contempla las consecuencias que conlleva para la provincia, para su sistema productivo y para sus habitantes, comenzar a perforar nuestro suelo en búsqueda de petróleo.

La cuestión adquiere ribetes más peligrosos cuando para llevar cabo esta extracción se debe aplicar necesariamente la técnica denominada “Fractura Hidráulica”.

Entre Ríos se encuentra asentada sobre la cuenca “Chaco-Paranaense” que, según los expertos, después de la cuenca neuquina, alberga el mayor reservorio hidrocarburifero no convencional de la República Argentina. Pero, a su vez, la provincia reconoce histórica y materialmente al recurso hídrico-ambiental-paisajista, como su fuente primaria, generadora, base y motor de su tremendo potencial y desarrollo agroindustrial-turístico.

Es la provincia con más recursos hídricos por habitante de la Argentina. Ríos y arroyos surcan su territorio; a lo que se le agrega el descubrimiento de una de las mayores, sino la mayor, reserva mundial subterránea de agua dulce: el “Acuífero Guaraní”. Este “mar” se extiende subterráneamente por parte de los territorios del Uruguay, Brasil, Paraguay y de nuestro País.

Desde ya desapruebo la extracción y explotación del recurso hidrocarburífero en mi provincia y menos a través de esta técnica tan cuestionada. No tengo duda que la actividad petrolera como la técnica extractiva a emplear incidirán negativamente no solo en nuestro ecosistema provincial  -ya lo estamos padeciendo con la pastera asentada en territorio uruguayo- como también en la actividad turística y agropecuaria, a la salud y calidad de vida de los entrerrianos, bienes estos innegociables como sociedad.

Se podrá ponderar respecto de los altos estándares de seguridad alcanzados en nuestro país y en el mundo respecto de esta técnica, pero un error que se cometa lleva irremediablemente a una situación fáctica-ambiental de no retorno. Y esto en términos sociales, productivos, ambientales y de hábitat resulta inaceptable.

De acuerdo con estudios realizados, el Acuífero Guaraní se encontraría entre 1.000 y 1.200 metros de profundidad, mientras que las formaciones y reservas no convencionales estarían entre los 2.500/3.500 metros de profundidad. Hay que “pasar”, necesariamente, a través del acuífero para poder extraer el llamado “shale oil” o “shale gas”. Perforaciones peligrosas, no exentas de riesgo.

Un error ocasionaría un desastre de consecuencias inimaginables, respecto de un recurso -el agua dulce- que, a mi entender, resulta fundamental priorizar sobre el petróleo mismo. No existe, respecto de mi provincia, disyuntiva alguna: entre petróleo y agua, elijo, priorizar, cuidar y preservar el recurso agua.

No reniego ni me opongo a la industria petrolera. El país necesita del petróleo, negarlo sería necio. Necesitamos el abastecimiento hidricarburifero de modo de no dilapidar los miles de millones de dólares que a la fecha hemos malgastado. Pero existen provincias y gobiernos provinciales que han demostrado tener la infraestructura acorde, el debido conocimiento técnico-territorial, la experiencia necesaria y suficiente, y han implementado y adecuado su legislación para explotar los hidrocarburos de modo constante, productivo y racional. Ellas son las provincias petroleras por excelencia y por tradición.

No es el caso de mi provincia. Por historia, tradición e idiosincrasia de sus habitantes, nuestra matriz productiva ha sido, es, y será prioritariamente agroganadera- industrial y turística.

Entre Ríos tiene una enorme oportunidad de ser el epicentro agroindustrial de la región conformada por el sur de Brasil, Uruguay, la pampa húmeda argentina y Chile. Por eso, creo, fundamentalmente, en una provincia generadora de alimentos. No sólo de comodities.

En este sentido defiendo y apoyo incondicionalmente no solo la aplicación de la normativa ambiental provincial, sino el precepto constitucional, incorporado sabiamente en la reforma del 94, que establece, en su artículo 41, el derecho de los habitantes de la Nación Argentina, a gozar a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que no comprometa al de las generaciones futuras. Ambiente que debe ser preservado de manera integral.

Siendo esta manda constitucional categórica y determinante respecto de gobernantes y funcionarios, mi deber, como senador nacional por Entre Ríos y plenamente convencido de ello, es el de velar por los intereses de la provincia, proteger y defender este derecho humano por excelencia, así como la utilización y conservación racional de todos los recursos naturales  -tierra y agua primordialmente- y preservar no sólo el patrimonio natural y cultural de mi provincia, sino, en este caso, de mis comprovincianos.