Seguramente las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que señalan que en el país “prácticamente se han erradicado la pobreza y la indigencia” sorprendieron a todos los argentinos que, sin la necesidad de consultar estadísticas o apelar a los valores reales de la economía como la inflación y su real impacto en el consumo cotidiano, sabemos que se trata de una de las peores mentiras que puede decir un funcionario, aquella que intenta ocultar deliberadamente algo doloroso.

En este caso a los pobres. Como si implícitamente reconocieran que, al no poder ofrecer soluciones concretas, es mejor negar el problema y esconder a las víctimas de la desigualdad del modelo económico.

Pero Capitanich no se equivoca: sencillamente miente. No podemos pensar otra cosa de quién dice, suelto de cuerpo, algo así y aún es gobernador del Chaco, una de las provincias más azotadas por la pobreza y la indigencia.

Veamos. Chaco es una provincia que supera el millón de habitantes y casi la mitad es comprobadamente pobre. Según el Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana), en el Chaco el 40,3% de la población es pobre porque sus ingresos familiares no superan los $5600 y el 17% es indigente al no superar ingresos mensuales los $2650. A eso deberíamos agregar la trágica situación de las comunidades aborígenes que son víctimas del maltrato, social y del desamparo estatal, que solo recurre en su ayuda cuando necesita “clientelizar” su voluntad política, un comportamiento corriente de parte del partido de gobierno que los chaqueños comprobamos cotidianamente.

Si en el Chaco se contabilizaran como desocupados, como debería ser, a los 86.000 adultos beneficiarios de Planes Sociales, sobre un total de 310.000 personas que cobran algún tipo de beneficio social y a los jóvenes entre 18 y 24 años que no buscan trabajo por desaliento y porque, esto duele decirlo, para ellos es más sencillo someterse a la extorsión política de un plan social, nos encontraríamos con que más de 100 mil chaqueños no tienen trabajo. Es que en la mal llamada “década ganada” en el Chaco el empleo público creció un 42%, casi 10 veces más que el empleo privado, del que casi no existen ofertas en el mercado. No está mal que el sector público emplee personal si necesita hacerlo, pero se convierte en una bomba de tiempo si el motivo es netamente político, como la construcción de una mayoría de votos a través del trabajo estatal, un abuso que hace que en muchos municipios sea absolutamente innecesario.

El clientelismo en el Chaco es moneda corriente, se gastan millones en camisetas de fútbol, shows mediáticos. La asistencia social no tiene otra lógica que no sea la prebenda política, siempre buscan algo a cambio, coaccionando al ciudadano. Señalamos esto con preocupación porque ninguna de estas medidas populistas va a sacar a los chaqueños de la pobreza. Podrá paliar su angustia, mejorar su situación momentáneamente, pero con este tipo de políticas los pobres nunca dejarán de serlo.

El problema de la vivienda en el Chaco es grave. Con el anunció del Plan PROCREAR, muchos chaqueños se llenaron de expectativas ante la posibilidad de poder acceder a su casa propia. La falta de viviendas es uno de los grandes problemas sociales que padecemos, situación agravada por toda la corrupción que existió y existe sobre el uso de los fondos de viviendas. En ese oscuro sitial podemos ubicar al tristemente afamado Programa Sueños Compartidos que llevó a la Justicia a los hermanos Schoklender, caso muy conocido en el Chaco, y donde aún existe un sinfín de denuncias cruzadas que salpican, entre otros actores, a muchos funcionarios que no terminan de aclarar su situación. Además constantemente nos anoticiamos de programas de viviendas inconclusos, con adjudicaciones cuestionadas por su discrecionalidad política o peor aún, viviendas que se entregan y son inhabitables. Fueron muchas las viviendas que se debieron construir en estos últimos años con fondos propios del Ministerio de Planificación y, sin embargo, gran parte de esas sumas millonarias fueron entregadas sin control y pasó lo que ya sabemos, la gente que confió y necesita su casa propia nunca pudo acceder a la misma.

En el Chaco falta agua potable. La tan anunciada obra pública conocida como El Segundo Acueducto para el Interior del Chaco, rebautizada por el gobernador Capitanich como Acueducto Néstor Kicrhner, está muy demorada. En el 2004 se anunció esta obra, unos 512 kilómetros de tubería que abastecería de agua potable a 350.000 chaqueños. Sin embargo, diez años después solo se han instalado 12 kilómetros de tubería en medio de escándalos por sobre precios y polémicas por las fuentes de financiamiento. Desde aquel anuncio se cambiaron todas las reglas. Mientras tanto, miles de chaqueños padecen la falta de agua potable sobre todo en las zonas del Impenetrable Chaqueño y el Departamento de Güemes, donde habitan las comunidades Tobas y Wichis. Allí se estima que más de 60.000 personas son víctimas de la falta de agua potable, lo que afecta su salud e imposibilita desarrollar una vida normal. La desertización de la zona agrava la situación.

Podríamos agregar también que el Chaco cuenta con una de los indicadores más altos del país en cuanto a la deserción escolar en el nivel medio. También hablar sobre los graves problemas de salud pública que atraviesa la provincia para que la sociedad observe que las declaraciones del jefe de Gabinete sobre la desaparición de la pobreza y la indigencia en el país tienen una provincia que lo desmiente a simple vista. Justamente ese distrito es el Chaco, que aún lo tiene como gobernador con uso de licencia.