Los últimos indicadores oficiales del Indec sobre desocupación y pobreza contrastan de tal manera con los números de la política social del gobierno nacional, y también con la de los gobiernos locales, que no podemos hacer otra cosa que denunciarlos como datos mentirosos manipulados por el oficialismo con el fin de alimentar el tan famoso “relato K” con buenas noticias.
¿Cómo es posible que tengamos tan baja desocupación y pobreza cuando paralelamente se invierten año tras año más fondos públicos en planes sociales? Observemos que, mientras el año pasado existían 58 planes sociales diferentes que tenían como beneficiarios a 16 millones de personas por los que el Estado invertía 74 mil millones de pesos, este año los planes pasaron a ser 60 con una cobertura de 18 millones de personas y con una inversión de 120 mil millones de pesos. Esto indica que el 40% de los argentinos reciben algún tipo de ayuda social.
Ningún país donde 4 de cada 10 habitantes recibe ayuda social del Estado puede, paralelamente, mostrar datos de pleno empleo y de pobreza casi inexistentes. Nunca nos opusimos a que el Estado asista a los sectores más rezagados; al contrario, desde el ARI fuimos impulsores de la Asignación a la Niñez hace más de 10 años, sí nos oponemos al uso político de la pobreza, a la que se oculta para mejorar los indicadores sociales pero se asiste de manera clientelar como indica la matriz populista de este gobierno que hace que su propio partido construya una dependencia política del ciudadano con el aparato estatal que ellos mismos administran.
Es que desde un comienzo nunca se pensaron los planes sociales como una ayuda para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables como hicieron en muchos países luego de una crisis donde se implementaban como una asistencia coyuntural para terminar siendo, con el correr del tiempo y al compás de una mejora, un complemento en los salarios de los nuevos trabajadores. Aquí no: decidieron que esta fuese la única fuente de ingreso de gran parte de la sociedad para que la subordinación con el partido del gobierno y sus representantes provinciales se extendiese a lo largo del tiempo atropellando los derechos republicanos que deben tener todos los ciudadanos.
En las provincias más pobres, como en el Chaco, podemos ver ese manejo arbitrario y esa coacción hacia las familias apartadas del mercado formal de trabajo y marginadas de la vida económica.
Pero hay un dato que explica aún más y mejor el modelo social inequitativo que propone el kirchnerismo, que es el del origen de los fondos con es financiada gran parte de los planes sociales. Notamos que es la ANSES una gran fuente de financiamiento al aportar 61 mil millones de pesos, poco más de la mitad de lo que invierte en total el Estado nacional; es decir que usan el dinero de los jubilados para financiar la mayor parte de la ayuda social, o sea que en lugar de gravar la especulación o la renta financiera para tener otras fuentes de recaudación y poder pagar así el 82% móvil, deciden usar el dinero de nuestros jubilados soslayando que 3 de cada 4 son categóricamente pobres, ya que sus ingresos no cubren la mitad del costo de la canasta básica de un jubilado, según lo indica la Defensoría de la Tercera Edad.
Así es el modelo populista, cuya inequidad se pone de relieve al financiar la ayuda social a los más pobres con dinero que les corresponde a otros tanto o más necesitados, como son la mayoría de nuestros jubilados. Les quitan a los pobres para financiar la asistencia a otros igualmente pobres; así la base de la pirámide es cada vez más ancha y la brecha con los sectores más acomodados es más amplia. La indignación es mayor aun al observar la opulencia que ostentan los nuevos ricos, muchos de ellos funcionarios y dirigentes oficialistas que, para colmo, se dicen progresistas.
Parece una broma de mal gusto.