En los últimos días el titular de la ANSES anunció con bombos y platillos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanzó la suma de $419 mil millones de pesos con un crecimiento del 317% desde que lo administra el Estado.

Ahora bien, cuando observamos en detalle el movimiento de estos fondo,s lamentablemente llegamos a la conclusión de que la noticia, que puede ser buena en términos de impacto periodístico, no va a repercutir positivamente en los haberes jubilatorios. Pero lo más preocupante es que deja expuesto que su sustentabilidad futura está en peligro por varias decisiones políticas que el Gobierno adoptó sobre estos recursos.

Existe una razón principal: queda claro que está desbalanceada la relación aportantes-beneficiarios que, en un sistema solidario como el nuestro, debería ser de 4 a 1 para que su crecimiento sea sustentable en el futuro y que hoy no alcanza el de 1,4 a 1 -hasta fin del 2013 la relación era 8,1 millones de aportantes para 7,3 millones de beneficiarios-.

Pero también incide el uso indiscriminado de los recursos del FGS sin fijar un tope tanto para fines que no corresponden a su órbita como para inversiones financieras que hoy resultan muy riesgosas porque los mercados están menos confiables y alertas ante la situación judicial que beneficia a un sector de bonistas conocidos como “fondos buitre” que jaquean nuestras finanzas.

Además, y esto es una decisión política de este gobierno, porque cada vez que se echa mano a los recursos de la ANSES, se está postergando la consideración y el derecho de cada jubilado que debería ser el principal beneficiario de todos estos aportes recaudados.

La situación es cada vez más delicada porque, como bien lo señala la Defensoría de la Tercera Edad, de lo que recauda el sistema el 48% proviene de impuestos, principalmente del IVA, el impuesto más regresivo y que afecta a los más pobres. Todo esto en un marco donde la renta financiera no aporta, como tampoco lo hacen la renta minera y la de hidrocarburos.

Sabemos también que el último aumento de los topes y montos de las asignaciones familiares  no compensó la inflación; esto hace que cada día más trabajadores dejen de cobrar las asignaciones y de esta manera la Ansés puede transferir mayores recursos al Tesoro Nacional que servirán para tapar el déficit fiscal, algo parecido a lo que ocurre con el impuesto a las ganancias, porque la lógica del Gobierno es usar la inflación como medio para absorber recursos que se recaudan para un fin pero que finalmente se destinan a financiar el crecimiento del gasto público. De esta manera pueden anunciar que crece el FGS en todos los medios oficialistas y venderlo como si fuera una buena noticia, pero la realidad señala que el 80% de los jubilados cobra un ingreso por debajo de la canasta de necesidades básicas y esto ocurre no por falta de dinero, sino porque esos recursos se utilizan como caja política para alinear intendentes con obra pública, en propaganda oficial, para regular la cotización del dólar y también porque participan de la timba financiera y para tapar los desbarajustes fiscales de una política económica que hace agua ante la inflación y el déficit fiscal.

Se sigue gastando a cuenta sin siquiera prever la intangibilidad de una buena porción de estos fondos que alcancen para adoptar el camino correcto, que sería pagar el 82% móvil. Si así se hiciera evitaríamos que éste o cualquier otro gobierno pueda en el futuro tomar los fondos previsionales para otros usos que no sean, ante todo, garantizar el mayor bienestar posible a sus verdaderos beneficiarios que son nuestros jubilados y pensionados.