Medidas urgentes y extraordinarias para jubilados en litigio

Alicia Terada

Este Gobierno en reiteradas oportunidades se ha jactado de ejercer medidas extraordinarias con poco tiempo de estudio y elaboración, anteponiendo la urgencia como la principal excusa para llevarlas adelante. Así, reformó la Corte Suprema de Justicia y estatizó YPF y Aerolíneas, entre otras actuaciones. Sin embargo, con los jubilados, siempre que pudo, el oficialismo puso un pie en el freno a las iniciativas parlamentarias de la oposición que procuraban mejorar su calidad de vida. Recordemos que luego de estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), la Presidente vetó la ley que garantizaba el 82 % móvil a nuestros jubilados y comenzaron a utilizar la caja de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para todo tipo de uso político, desde financiar la publicidad oficial hasta para costear obras públicas a distintos intendentes alineados con el oficialismo o, también, para sostener bonos que se emiten para hacerse de un dinero fresco salido de la Anses que les permita tapar los agujeros fiscales producidos por una pésima administración.

Hoy necesitamos que se tome una medida extrema y urgente para que se aceleren los tiempos de cobro de los miles de jubilados que esperan que les paguen sus actualizaciones previsionales que ya ganaron en la Justicia.

Es por esto que la semana pasada solicité a la excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social que informe los avances que se han producido en la implementación de lo dispuesto a través de la acordada n.o 14/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las otras medidas procesales o de fondo que se han adoptado ante el colapso del fuero de la seguridad social. Los motivos de este pedido de informes se basan en que, en mi carácter de integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, he recibido numerosos reclamos de jubilados y pensionados que se encuentran en juicio contra la Anses por la demora que se está produciendo en el trámite de esos expedientes, principalmente en aquellos casos donde alguna de las partes apela la sentencia y, por tal razón, la causa es derivada a la Cámara Federal de la Seguridad Social para su tratamiento. No se me escapa que la grave situación que afecta al fuero de seguridad social está directamente relacionada con la actitud procesal asumida por la Anses en las causas previsionales, donde muchas veces apela la sentencia cuando su normativa interna autoriza a consentirlas. Por lo tanto, y ante la situación de colapso en que se encuentra el fuero mencionado, es que entendemos que llegó el momento de atender con medidas urgentes y excepcionales que logren satisfacer los derechos alimentarios de los litigantes.

Necesitamos conocer e interiorizarnos sobre la magnitud de este grave problema, cuál es la situación general, qué tipos de posibilidades existen de acelerar las sentencias y si es posible mediar ante la Anses para que de una vez por todas los jubilados con sentencia a favor cobren lo que les corresponde. Además, necesitamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actúe y solicite acelerar los tiempos de ejecución de las sentencias trabadas en el fuero de la seguridad social.

Todos los legisladores debemos ponernos a disposición de esta urgencia, lo mismo que la Anses y el poder judicial, y entre todos debemos encontrar una salida inmediata para poder actuar con celeridad con el fin de brindar una pronta solución que esperan desesperadamente decenas de miles de jubilados. A la mayoría de los que atraviesan una difícil situación económica se les está yendo la vida sin poder cobrar lo que les corresponde. Para ellos, ganarle al tiempo sería su mayor triunfo.