Una de las herencias fatídicas que nos dejó el kirchnerismo la encontramos en los más de quinientos mil juicios realizados por jubilados en reclamos de reajustes de haberes contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El Gobierno anterior tuvo una actitud perversa frente a este reclamo al apelar cada fallo en contra y dilatar las soluciones sin tener en cuenta que quienes reclamaban son adultos mayores de 70 o 75 años, a quienes se obligó a esperar un tiempo prolongado, aunque atente contra sus expectativas de vida.
El cambio de gobierno trajo nuevas perspectivas para la política previsional. La primera gran noticia es que la administración del presidente Mauricio Macri no piensa utilizar la caja de la Anses como caja política útil a todo servicio, como hacía el kirchnerismo, que abusó de sus recursos al punto de que alineaba intendentes con promesas de obras y fondos que provenían de la caja de todos los jubilados.
Esa decisión marca una gran diferencia con el anterior Gobierno, la más importante tanto en términos de rendimiento de esos fondos como en su utilización. Celebramos que, a partir de ahora, será más transparente y dedicada al fin para que se recaudan: el bienestar de todo el sector pasivo.
Pero aún hay que darles una solución a todos los jubilados litigantes lo antes posible. Hace dos años nos prometieron terminar con el flagelo de las demandas por ajustes, pero nunca dejaron de apelar sentencias. Por eso, es una gran decisión del Gobierno actual que la Anses haya dispuesto no apelar más esas sentencias a favor de los jubilados, al evitar procesos judiciales que superan los diez años hasta su instancia final y avanzar así para encontrar una solución inmediata.
El tema es complejo, pero solucionable. Hay que recordar que las sentencias no se pagan con fondos de la Anses, sino con partidas presupuestarias especiales aprobadas por el Congreso. Este año se esperan liquidar cincuenta mil sentencias, un número interesante pero que apenas alcanza menos del 10% del total de las demandas, sin olvidar de que en el mismo Congreso existen proyectos para extender a todos los jubilados, con o sin demanda, los beneficios del fallo de la Corte (caso Badaro) y que además la misma Corte Suprema de Justicia tiene pendiente y sigue sin resolver esa extensión por un pedido que hizo la Defensoría del Pueblo en 2010.
Ante este escenario, sería muy importante buscar una solución alternativa y rápida que no debe exceder el año 2017, incorporando partidas especiales en el presupuesto del año entrante. En ese sentido, el Congreso debe trabajar con el Poder Ejecutivo sobre un proyecto realizable que contemple distintas soluciones de acuerdo con la edad del beneficiario.
Podríamos avanzar en la idea de pagar las deudas por reajustes con bonos a 5 y 10 años a todos los jubilados menores de 70 años, en efectivo y en cuotas a la franja entre 70 y 75 años y en un sólo pago en efectivo a los mayores de 75.
Estamos ante una situación límite, nuestros adultos mayores merecen que prestemos una atención considerable a sus demandas y dejemos de lado una política de dilatación que caracterizó al Gobierno anterior, que ni siquiera cumplió con el compromiso adoptado frente a la Organización de Estados Americanos de no hacerlo.
Los jubilados deben ser prioridad y sus necesidades deben ser atendidas de inmediato. Entre todos debemos encontrar una salida inmediata para poder actuar con celeridad con el fin de brindar una pronta solución que esperan desesperadamente decenas de miles de argentinos.