En reiteradas oportunidades hemos denunciado los abusos que comete el gobierno nacional con los fondos previsionales. Hemos calificado a la ANSES como “la caja política útil a todo servicio” del partido de gobierno. Es que desde la estatización de los fondos de las AFJP, la ANSES se convirtió en ese recurso permanente al que se echa mano cada vez que se necesita otorgar financiamiento para alguna obra pública que condicione el alineamiento político de un Intendente. Esos “favores”, discrecionales y selectivos, que no exigen ningún tipo de requisito salvo el de enrolarse en las filas del gobierno, no solo le permiten a este sostener el armado de un gran aparato político, sino también intervenir en las internas partidarias ajenas canjeando favores por posicionamientos, lo cual lo hace aún más ilegitimo y perverso. Basta ver qué obra o proyecto se elige difundir en la costosa propaganda oficial, que a esta altura es solo comparable con la utilizada por los gobiernos de países más autoritarios, para darse cuenta que el paquete del financiamiento también incluye una cuota de difusión pública.
Una parte de este estilo populista de reparto sin planificación, se financia con plata de los jubilados, ya sea directamente porque los fondos provienen de la ANSES o indirectamente cuando se recurre a esa caja para que sea sostenedora de Letras del Tesoro, con las cuales el gobierno financia parte de su déficit fiscal. Y no es poco dinero, solo la ANSES emitió en los últimos años ocho Letras del Tesoro por un total de $23.503 millones tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y decimos “solo la ANSES” porque a ello habría que sumarle las letras emitidas por el PAMI, que de manera progresiva prestó dinero al estado desde el año 2007, primero en alrededor de $500 millones, suma que fue creciendo en $1000 millones en el 2008, para terminar sumando $2380 millones en los años sucesivos. Algo alarmante porque hay que tener en cuenta que esas cajas, el PAMI y la ANSES, se conforman tanto con aportes de trabajadores activos como de los mismos jubilados, por lo tanto tomar esos recursos para financiar bonos que permiten al estado cubrir su déficit producto de una pésima y desprolija administración es algo inmoral, propio de los gobiernos que creen que la justicia social se alcanza con un buen aparato de propaganda política y no con acciones concretas que promuevan equidad y mejoren la calidad de vida de la gente.
Cualquier ciudadano sabrá que no exagero si digo que todos tenemos experiencias directas o a través de parientes, vecinos o amigos que dan cuenta que la atención del PAMI a sus afiliados no es considerada de excelencia, al contrario, siempre faltan insumos, las prestaciones suelen ser tardías o las ambulancias no dan a basto para cubrir la demanda de emergencias, sobre todo en el interior del país. Evidentemente esta percepción no es la misma que tiene el gobierno nacional, ya que puede darse el lujo de financiarse quitándole recursos al ente encargado de prestar un servicio de salud al sector con menores ingresos del país. No olvidemos que 3 de cada 4 jubilados reciben haberes que no cubren el 50% de la canasta básica.
Así que la cuenta es sencilla, si le sacan dinero a la ANSES y al PAMI para prestarle al mismo estado que permite, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal administrada por funcionarios que se identifican con la Agrupación La Cámpora que en 6 años dio pérdidas por $18.100 millones, antes que utilizarlo para mejorar los haberes previsionales o el servicio y las prestaciones de salud, tenemos que acordar entonces que a este gobierno le interesa privilegiar el financiamiento de la militancia y el aparato político antes que mejorar el presente de nuestros adultos mayores.
Jubilados que le pagan el déficit fiscal al Estado: ésta es una definición que los pone en un lugar muy lejano al de un perfil verdaderamente “progresista”, ese mismo con el que gustan vanagloriarse.