Existen en la actualidad más de 600 mil demandas judiciales por ajustes previsionales, la gran mayoría de los jubilados que se encuentran en esa situación deberán esperar muchos años para que se les abone lo que realmente les corresponde y eso se debe, entre otras cosas, a que el gobierno nacional sigue apelando los fallos en primera instancia llevando la situación directamente a un camino sin salida.
Cada día que pasa, una eternidad y un sufrimiento inmerecido para estos jubilados, nos convencemos de que el gobierno nacional realiza estas apelaciones para retrasar estos pagos y para así poder seguir manejando la caja de la ANSES como caja política. Porque desde que se estatizaron los fondos previsionales está más que claro que el gobierno nacional privilegia el manejo discrecional de la caja sobre los genuinos derechos de nuestros adultos mayores. Esto ya quedó demostrado cuando insensiblemente vetaron la ley, que legítimamente había sancionado el Congreso de la Nación que garantizaba el derecho constitucional de cobrar el 82% móvil a nuestros jubilados, nos dijeron que lo hacían para que no quiebre el estado, nos mintieron, ahora están manejando arbitrariamente esos fondos y vaciando la ANSES.
Es injusto desde todo punto de vista que se obligue a nuestros jubilados a judicializar sus demandas, haciéndoles perder un tiempo irrecuperable en una etapa complicada de la vida de una persona que trabajó por más de 30 años. Estas demandas, que siguen apilándose en fueros judiciales, pueden tardar hasta 23 años en solucionarse y el estado sigue apelando sentencias sin respetar el compromiso a no hacerlo adoptado años atrás ante la Organización de Estados Americanos. Necesitamos darle una salida inmediata a este atolladero. Lo ideal sería que inmediatamente se extienda la doctrina de la Corte Suprema de la Nación sobre la actualización de haberes a todos los jubilados para evitar más juicios. Además hay otros caminos, en ese sentido he presentado un proyecto de ley que permite, a los jubilados que obtuvieron un fallo favorable de la justicia, embargar ese dinero de los fondos de la ANSES que no estén afectados a sueldos como una manera de garantizarlos para que no sean usados para otros fines.
Estamos convencidos que si hay voluntad de dar un debate serio, los legisladores podemos encontrarle una solución a este problema. Para ello será necesario que exista la decisión política del oficialismo de dejar de usar los fondos de la ANSES para fines políticos y electoralistas. Si no comenzamos a buscar hoy una solución integral a las demandas judiciales por ajustes previsionales en los próximos años será demasiado tarde para ordenar esta situación que se convertirá en una de las grandes deudas que nos dejará esta década de gobierno kirchnerista que, para los jubilados, de “ganada” no ha tenido nada.